CAMPAÑA

Sería deseable que se dejara en paz al Tribunal Fiscal
Juan Manuel Soria Acuña
Durante la campaña presidencial, Sergio Massa arremetió contra el Tribunal Fiscal de la Nación haciendo suyos los penosos fundamentos y finalidades del proyecto de ley presentado a principio de año por el senador Oscar Parrilli. Ese proyecto, de haber sido aprobado, habría significado la lisa y llana destrucción del Tribunal Fiscal. El editorial de este diario del 09.01.23 se ocupó oportunamente de dar cuenta de eso (https://www. lanacion.com.ar/editoriales/elproyecto-parrilli-para-destruirel-tribunal-fiscal-nid09012023/). La derrota del candidato de Unión por la Patria aventó el grave riesgo que se cernía sobre el tribunal en caso de que triunfara.
Lamentablemente, a pocos días de que se informara que Mariano Cúneo Libarona se haría cargo del Ministerio de Justicia, trascendió que existía un proyecto para trasladar el Tribunal Fiscal a ese ministerio, sacándolo de Economía, donde se encuentra alojado desde su creación, en 1960. El fundamento de tal innovación sería que el Tribunal Fiscal estaría, como institución jurisdiccional, en un “limbo jurídico”. Esta última afirmación revela que quienes están detrás del proyecto de traslado del tribunal desconocen su historia y antecedentes, así como su correcto encuadre constitucional.
El Tribunal Fiscal fue creado por el Congreso en 1960, durante la presidencia de Arturo Frondizi. Tuvo como único modelo la Tax Court de los Estados Unidos. Su principal inspirador fue el entonces joven y brillante abogado, especialista en derecho tributario, Horacio García Belsunce –fallecido el 27.01.22–, quien tuvo también una activa participación en la selección y designación de los primeros y prestigiosos jueces del tribunal.
Fue el ejemplo de la Tax Court norteamericana el que determinó, en 1960, tanto el emplazamiento del Tribunal Fiscal en la Secretaría de Hacienda como la inexistencia de reparos constitucionales en que el Congreso lo estableciera, en uso de facultades propias, en el seno del Poder Ejecutivo –no en el Poder Judicial–, considerándose igualmente el Tribunal Fiscal uno de los “tribunales inferiores a la Corte Suprema” (artículo 75, inciso 20 de la Constitución).
Sin necesidad de mayores precisiones jurídicas (impropias de una nota de opinión), puede definirse constitucionalmente al Tribunal Fiscal argentino, como ocurre con su par norteamericano, como un tribunal legislativo. Tal caracterización, común a ambos tribunales –el de EE.UU. y el de la Argentina– se asienta en la completa identidad entre los textos de nuestra Constitución y la de los Estados Unidos en lo que respecta a las normas que regulan al Poder Judicial (Fallos: 2:36, “Gómez”, 01.06.1865). La organización judicial federal de nuestra Constitución (arts. 75 inc. 20, 108, 110, 116, 117, 118 y 119) tiene su fuente directa en la Constitución de los Estados Unidos (art. I sección 8 -9- y Art. III, secciones 1ª y 2ª) no advirtiéndose en ella vestigios de otros ordenamientos constitucionales (conf. Bianchi,
Alberto: Comunicación a la Academia Nacional de Derecho, Buenos Aires, 2018, págs. 5 y 6).
Los tribunales legislativos federales de Estados Unidos (la Tax Court, pero también los de quiebras, militares, de reclamos administrativos, en su momento los aduaneros, entre muchos otros) han sido considerados por la jurisprudencia centenaria de su Suprema Corte sustancialmente indistinguibles de los tribunales del Poder Judicial federal, siendo las funciones jurisdiccionales de ambas especies de tribunales idénticas (e.g. “Canter” 1 Pet. 511, 546 –1828–; “Bakelite” 279 US 438 –1929–; “Williams” 289 US 553 –1933–; “Glidden” 370 US, 530 –1962–; “Palmore” 411 US 389 –1973–; “Freytag” 501 US 868 –1991–). Tal caracterización constitucional de los tribunales legislativos –la Tax Court entre ellos– nunca se vio afectada por el hecho de que estos tribunales se encuentren orgánicamente fuera del Poder Judicial, alojándose en el Poder Ejecutivo o en el Congreso.
La referida jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados Unidos afirmó así que los tribunales legislativos federales de ese país (llamados del art. I) son funcionalmente indistinguibles de los tribunales del Poder Judicial (llamados del art. III) pese a no formar parte los primeros del tercer poder del Estado. De modo simétrico, los tribunales legislativos y sus jueces –como la Tax Court– jamás pueden confundirse con los jueces o tribunales administrativos del mismo Poder Ejecutivo: la división infranqueable entre ellos no es otra que la derivada del principio constitucional de separación de poderes.
Vale señalar que en 1960, cuando se creó el Tribunal Fiscal argentino, por el conocimiento que tenían sus inspiradores de las limitaciones culturales de nuestro medio judicial, se reforzó legalmente su carácter judicial mediante la equiparación de sus vocales con los jueces de las cámaras federales, en cuanto a su remuneración, estabilidad e incompatibilidades funcionales. De tal modo las garantías de inamovilidad e intangibilidad del art. 110 de la Constitución se asignaron de modo reflejo a los jueces del Tribunal Fiscal a fin de asegurar su imparcialidad e independencia.
El emplazamiento del Tribunal Fiscal en el Ministerio de Economía reproduce lo ocurrido históricamente en Estados Unidos, donde su Tax Court se alojó desde un principio en la Secretaría del Tesoro. Ello es natural, puesto que las sentencias del Tribunal Fiscal se proyectan sobre la interpretación de las leyes y reglamentaciones impositivas y aduaneras, como sobre la política fiscal diseñada, de modo concomitante, por la Secretaría de Hacienda e, indirectamente, por las innumerables regulaciones de la AFIP (DGI y Aduana). Eso hace que –tomando las palabras del chief justice de la Suprema Corte de Estados Unidos John Roberts Jr. cuando argumentó el caso “Freytag”– ese departamento del Poder Ejecutivo sea el “mejor hogar” de la Tax Court.
Explicado lo anterior, que fundamenta por qué el Tribunal Fiscal –con su emplazamiento en el Ministerio de Economía– no está en un “limbo jurídico”, me permito postular una reflexión final, la cual sé que es compartida por la mayoría absoluta de mis colegas jueces del tribunal.
El nuevo gobierno ha postulado como compromiso en su campaña electoral el respeto irrestricto a la independencia del Poder Judicial. Entendido que el Tribunal Fiscal es, en su naturaleza constitucional, un tribunal legislativo indistinguible de los tribunales judiciales, hacemos votos para que la nueva administración no repita el error de gobiernos anteriores, inmiscuyéndose indebidamente en el desenvolvimiento del tribunal o en la designación de sus jueces.
Tal como se postula respecto del Poder Judicial, sería deseable que, también, se dejara en paz al Tribunal Fiscal, a fin de que se concentre en el cumplimiento cabal de sus esenciales funciones jurisdiccionales.
Que la nueva administración no repita el error de gobiernos anteriores inmiscuyéndose indebidamente en el desenvolvimiento del tribunal o en la designación de sus jueces

Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación

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La Argentina se convirtió en un hervidero de miedos cruzados
Hasta el domingo durará un último temor, específico: el que provoca la esperanza insensata de ser algo mejor de lo que uno creía y la posibilidad muy razonable de no serlo; pronto sabremos quiénes somos

Gonzalo Garcés

En este último tramo de la campaña se habló mucho del miedo, en general para referirse a la campaña de Massa contra Milei, que alcanzó su paroxismo en el debate presidencial, aunque también Milei, a su manera, fogoneó el miedo a Massa. En todos los casos se dio por sentado que el miedo es algo malo. ¿Por qué? Porque tiene una connotación moral negativa, porque se supone que paraliza. Pero lo cierto es que el miedo es una emoción compleja; hay muchas emociones diferentes que reciben, engañosamente, el mismo nombre. No es lo mismo el miedo a una amenaza real que a una potencial (en cuyo caso es más justo hablar de pusilanimidad), así como no es igual el miedo a que ya nada cambie en una ruta perdedora (que mejor puede llamarse desesperanza) que el miedo a que las cosas familiares se vuelvan extrañas (que Freud denominaba das Unheimliche, lo siniestro).
En todos los casos, el miedo crea imprevisibilidad: nadie sabe exactamente cómo va a actuar una persona que siente miedo, y por eso usarlo en política es un arma de doble filo. Hace tres años, en medio de la pandemia, Axel Kicillof lo fogoneaba así (cito de memoria, cada uno sabrá encontrar la frase si la busca): “¿A dónde quieren salir? No hay más afuera, porque afuera está el virus”. Eran los días de las publicidades oficiales que mostraban que cualquiera, como en una película de zombis, podía ser el portador de la muerte, y animaban a la gente a denunciar a los infractores, de modo que el miedo al vecino asintomático se duplicaba en el miedo al vecino delator. Esa clase de miedo físico, el miedo que hace desbordar al cuerpo de adrenalina, suele transformarse en furia, y, cómo no, a ese miedo siguieron los banderazos que resquebrajaron antes de tiempo al gobierno de Alberto Fernández.
En este último mes, la Argentina se convirtió como nunca en un hervidero de miedos cruzados. Esta nota modesta quiere enumerar los más evidentes y, quizá, señalar también alguno que todavía no se ha nombrado. Hubo miedo cuando Patricia Bullrich anunció abruptamente, dos días después de quedar fuera del balotaje, que apoyaba a Javier Milei. Miedo a que la ruptura de Juntos por el Cambio, que por largo tiempo fue un ruido en sordina, se precipitara con estruendo; miedo a volver al mapa político de 2011, con un peronismo aplastante y una oposición atomizada. También era la Unheimlichkeit freudiala na, lo siniestro de ver a los líderes de la coalición republicana abrazados al populismo de derecha, como cuando Arnold Schwarzenegger, en la película El vengador del futuro, ve un video de sí mismo, cuando todavía no había perdido la memoria, abrazado a su peor enemigo: “Perdona”, le dice ese yo pasado a su yo presente, “pero hacerte olvidar quién eras era la única forma de hacerte cumplir esta misión”. ¿Acaso, piensa Arnold con miedo, estuve siempre del lado de los malos?
El miedo al triunfo de Massa, desde entonces, se convirtió en desesperanza, ese sentimiento que los antiguos llamaban acedia, que los padres de la Iglesia contaron entre los siete pecados capitales, y que Santo Tomás de Aquino identificaba con ese demonio que nos susurra: “Esto es demasiado difícil; es inútil esforzarse”. Es el miedo, en particular para los que ya han conocido varias iteraciones del ciclo argentino de la ilusión y decepción, de saber que ya nunca conoceremos nada diferente de este lento hundirse en la mediocridad, la ignorancia, la indignidad, la sumisión. La Argentina de Massa es un lugar quieto: villas miseria al mediodía, calles de barro medio seco, periodistas alguna vez críticos que envejecen repitiendo sus chicanas sin dientes, en canales a merced del hombre fuerte, la misma madre llorando por el mismo hijo que nunca hizo mal a nadie y a quien mataron por el celular, votando eso sí contra la derecha, los mismos empresarios amigos que no son amigos haciendo los mismos asados en las mismas quintas. Un lugar quieto o casi quieto, como el que le daba pesadillas a ese personaje de La dolce vita que dice: “Me da miedo esta calma; temo que oculte el infierno”.
El miedo a Milei es distinto: es un miedo móvil. A veces es miedo a la intolerancia del tipo que le gritaba burra a una mujer que le hizo la pregunta que no debía o que en actos litúrgicos, que recordaban menos al fascismo que a recitales de heavy metal (que son, por otra parte, casi imposibles de distinguir), hacía repetir tres veces a la multitud enardecida: “¡Viva la libertad carajo!” o volvía a agradecer a sus hijos de cuatro patas “aunque les moleste a los periodistas mugrosos”. Con más frecuencia, desde la votación general y en especial desde el debate, es el miedo inverso: miedo a la debilidad política de un aficionado que llega rodeado de saltimbanquis, que no tiene gente ni para cubrir los puestos mínimos en un aparato de gobierno y que parece ignorar que el comercio entre los países requiere que los gobiernos acuerden marcos tarifarios, tratados, normas sanitarias y otras cuestiones sin las cuales los empresarios no pueden exportar ni importar. Miedo a un amateurismo que puede frustrar buenas ideas, como la independencia económica del Poder Judicial, la obra pública a la chilena, el fin de la pauta oficial en los medios o la eliminación de las retenciones. Este miedo se parece al vértigo: puede engendrar el deseo de saltar al vacío, en especial cuando la alternativa es una agonía sin fin.
Pero el miedo más misterioso apareció también en el debate: cuando Massa, a fuerza de profesionalismo, de encarnar a la perfección al sistema, de pronto dio miedo. Cuando por un instante ese perfecto control de la situación se reveló, en una epifanía televisiva, como control sobre mí, que miraba al otro lado. Y el miedo inverso, cuando la debilidad de Milei fue mi debilidad y su desorientación, la mía. Cuando Massa le refregó no haber pasado lo que se insinuaba como un test psicotécnico para una pasantía remota y Milei, en vez de estallar de furia, respondió con una sonrisa triste: “Todos tenemos nuestros fracasos”. En ese momento pensé que Milei se había hundido; pero casi enseguida empezó a oírse, en lugares diversos, la opinión de que ese hundimiento fue su momento más apreciado: ¿la revelación paradójica de su verdadera fuerza, lejos de la vociferación y la motosierra? Si esto fuera cierto, y sin importar la capacidad o la ineptitud de Milei, ni la propensión a la trampa y el desprecio por las normas de Massa, la conclusión es que la sociedad argentina no es como uno creía. ¿Cómo es? Hasta el domingo durará este último miedo, el miedo específico que provoca la esperanza insensata de ser algo mejor de lo que uno creía y la posibilidad muy razonable de no serlo. Pronto sabremos quiénes somos
El ciclo argentino de la ilusión y la decepción
Saber que ya nunca conoceremos nada diferente de este lento hundirse en la mediocridad, la ignorancia, la indignidad, la sumisión

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¿Más universidades o más calidad universitaria?
El Gobierno refuerza, en todos los órdenes, la cultura del facilismo y alienta la idea de que las cosas no se conquistan ni se ganan con esfuerzo, sino que se conceden desde el Estado “ampliando derechos”
Luciano Román
Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández en el recinto del Congreso
“Joven argentino: no te esfuerces por llegar a la universidad; la universidad te la hará más fácil y se ocupará de llegar a vos”. Este eslogan podría sumarse, en cualquier momento, a las costosas campañas de propaganda oficial. El Gobierno refuerza, en todos los órdenes, la cultura del facilismo. Y alienta la idea de que las cosas no se conquistan ni se ganan por la vía del esfuerzo, sino que se otorgan y se conceden desde el Estado a través de “la ampliación de derechos”. Nunca falta la retórica del falso progresismo para disfrazar la simple y llana demagogia.
Un párrafo del farragoso discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa debería tomarse como una confesión reveladora: “Nosotros queremos asegurar que cada día sea más fácil acceder a la educación universitaria… la universidad debe acercarse al alumno que quiera estudiar”. El objetivo, entonces, no es que los jóvenes accedan a la universidad, sino que la universidad acceda a los jóvenes: una idea que condensa la trampa del facilismo que ha debilitado los cimientos del sistema universitario y de la educación en general. Es un concepto reñido, incluso, con las ideologías de izquierda a las que el populismo no representa ni interpreta, y se presume que tampoco ha leído: “No se trata de llevar el arte al nivel del pueblo, sino el pueblo al nivel del arte”, decía Lenin, el teórico del marxismo.
Las nociones de exigencia, selección y mérito han sido estigmatizadas por el poder y confinadas a un diccionario maldito. Representan “la exclusión”, “la Argentina para unos pocos” y “la eliminación de tus derechos (y derechas)”. Esta cultura, que el oficialismo ha explotado y exacerbado, pero no inventado, ha hecho que el sistema universitario confunda “democratización” con facilismo. La mayoría de las facultades han eliminado los exámenes de ingreso y flexibilizado al máximo las condiciones de regularidad. Esto significa que ni siquiera se exige aprobar un mínimo de materias por año para mantener la condición de estudiante regular. Es un modelo que no existe en ningún país del mundo, ni siquiera en los admirados por el populismo argentino. ¿O era “fácil” ingresar a la universidad pública de Chuquisaca en la Bolivia de Evo Morales?
Esta es la clave para entender datos que hoy resultan asombrosos: la mitad de los ingresantes a la Facultad de Medicina de La Plata son extranjeros. ¿Vienen atraídos por el prestigio científico y académico? No, vienen “porque es fácil” y porque lo paga otro. No se les toma examen, no se les exige un promedio destacado ni un ritmo intenso de estudio; tampoco una contraprestación después de graduarse. En muchos casos, ni siquiera se les pide que vayan a la facultad. Medicina, en La Plata, se ha convertido casi en una carrera virtual después de haber descubierto, con la pandemia, el confort de la enseñanza remota.
Pero el Presidente quiere “asegurar que cada día sea más fácil” acceder a la enseñanza superior. Impulsa, entonces, la creación de ocho nuevas universidades nacionales de un plumazo. En algún caso, se trata de la conversión en nacional de universidades provinciales (como la de Ezeiza) con el evidente afán de cooptarlas políticamente. Otros responden a la ambición de intendentes o caciques que buscan crear más burocracia, más resortes de poder y, de paso, más centros de militancia y adoctrinamiento partidario.
¿El país necesita expandir su sistema público de enseñanza universitaria? ¿Con qué sentido estratégico? ¿Para fomentar qué carreras o especialidades y para responder a qué demanda? ¿Cuáles son las prioridades del Estado en materia educativa? ¿Hay que multiplicar la enorme oferta de carreras de grado o garantizar la educación inicial, reforzar la escuela primaria y bajar la deserción en el nivel medio? El debate en torno de estas preguntas brilla por su ausencia. No hay datos ni diagnósticos rigurosos que avalen esas iniciativas. Se apela a la retórica ampulosa de “la educación para todos”, mientras se esconde bajo la alfombra un sistema cada vez más desigual: la mitad de los adolescentes argentinos no terminan la escuela secundaria, pero sí financian una universidad a la que nunca llegarán. Los resultados de las pruebas Aprender muestran indicadores dramáticos: la mayoría egresa de la primaria sin herramientas para comprender un texto elemental y sin poder resolver operaciones básicas de matemática.
¿Dónde están las prioridades? La Argentina tiene un grave déficit de jardines de infantes y en el conurbano se desmorona la infraestructura escolar. La doble jornada parece un objetivo lejano y los recursos destinados a la formación de maestros y profesores se escurren en los oscuros laberintos del sindicalismo docente. Sin embargo, durante los gobiernos kirchneristas se crearon 17 universidades nacionales (ya hay 58 en todo el país, muy por encima del estándar internacional en relación con la población) y a algunas de las que tenían antigüedad y prestigio les asignaron cajas millonarias a cambio de alineamiento y disciplina política. Un caso típico es el de La Plata: convirtieron a la universidad en una gran empresa estatal, que hasta construyó un hotel, una línea ferroviaria y un canal de televisión propios. Todo fue tan llamativo que el diario El Día puso la lupa sobre las declaraciones patrimoniales de autoridades del rectorado.
Asistimos, entonces, a un doble propósito: crear una mayor burocracia universitaria (más cargos, más militancia rentada, más cotos propios y estructuras de negocios) y acentuar, al mismo tiempo, el populismo universitario. No sería extraño que, por este camino, se llegue a la entrega de títulos profesionales sin exigir la aprobación de toda la carrera. Haría juego con la ideología que subyace detrás de la última moratoria previsional: si hay jubilaciones sin aportes, ¿por qué no podría haber títulos universitarios sin cursadas aprobadas? Ya lo propuso Kicillof: que se prohíba repetir y sea más fácil pasar de año, mientras se regalan viajes de egresados. Es toda una arquitectura ideológica que tributa a un principio troncal, también citado por el Presidente en la apertura de sesiones: “Donde hay una necesidad, hay un derecho”. ¿Y donde hay un derecho no hay una obligación? ¿Qué es una necesidad en la era de la autopercepción? El populismo hace silencio. Se desentiende de las consecuencias y del futuro: alguien lo pagará. Cuando estalle el sistema jubilatorio (si es que ya no estalló), se le echará la culpa a otro. Cuando los pacientes sean atendidos por médicos sin formación, nadie se acordará del alegato de Alberto Fernández a favor del facilismo universitario ni unirá los cabos sueltos de la tragedia argentina.
¿Las universidades deben florecer en todos lados, como sí deberían hacerlo los colegios, los jardines de infantes y las escuelas de oficios? La creación indiscriminada de casas de altos estudios implica, inexorablemente, una devaluación del sistema. La idea de “llegar” a la universidad supuso, históricamente, el sacrificio y la experiencia enriquecedora de cierto desarraigo. Eso generaba movilidad social e integración cultural. Ayudaba a forjar el carácter de los jóvenes y el sentido del esfuerzo y la responsabilidad. Consolidaba, además, el espíritu cosmopolita y vibrante de las ciudades universitarias. La distancia no era, necesariamente, una barrera económica. Las pensiones, albergues y comedores universitarios fueron siempre muy accesibles y propiciaban la convivencia policlasista. El esfuerzo del Estado, en todo caso, podría dirigirse al otorgamiento de becas que deberían ganarse con otra palabra maldita: mérito.
Varios presidentes de la democracia son un ejemplo de esa saludable movilidad: Alfonsín vino de Chascomús a estudiar a la UBA; Menem fue de La Rioja a la Universidad de Córdoba, y Kirchner vino de la Patagonia a La Plata. No eran hijos de familias ricas. Tampoco perdieron la pertenencia a su terruño. ¿De dónde sale la idea de que las universidades deben acercarse a los jóvenes y no los jóvenes a las universidades? En la respuesta se conjugan intereses políticos e ideas paternalistas de gobiernos que conciben al ciudadano como cliente y al Estado como un barril sin fondo.
Por supuesto que puede haber una expansión territorial de la oferta universitaria, y en muchos casos garantizará una evolución. Tal vez la Patagonia necesite una mayor cercanía para formar ingenieros en petróleo, y el norte, una mayor oferta en carreras vinculadas a la explotación del litio o las energías renovables. Pero cada proyecto debería ser el resultado de planificaciones estratégicas y debates profundos, además de una cuidadosa evaluación de costos. ¿El país necesita más abogados y psicólogos? Crear universidades a pedido de los intendentes, en apurados “paquetes” legislativos, se parece más a un revoleo irresponsable de “cajas” y facilidades que a una política universitaria consistente y con visión de largo plazo. ¿Necesitamos más universidades o más calidad y más transparencia en las universidades que tenemos? ¿Necesitamos más burocracia o más becas? Es un debate que no se resuelve con eslóganes y oportunismo, sino con responsabilidad y visión de futuro.

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Larreta sumó a Redrado, Wolff y Lospennato al gabinete porteño
El objetivo es incorporar dirigentes con peso propio que defiendan la gestión y su candidatura presidencial; Ocaña y Hotton se integrarían durante el verano
Jaime RosembergHoracio Rodríguez Larreta y los tres nuevos colaboradores de su administración
“Está claro que lo que te ayuda a terminar el gobierno de la ciudad no es lo que te va a ayudar a ser presidente”. De ese modo, una de los colaboradores más importantes del jefe de gobierno porteño explicó a la nacion las incorporaciones que Horacio Rodríguez Larreta hizo públicas esta mañana, siempre con su obsesión presidencial como principal eje. Sumar voces que defiendan la gestión porteña de las críticas propias y ajenas e incorporar figuras con peso y vuelo propios, despegados de la estructura original del larretismo, fueron las bases de la decisión de las incorporaciones.
De las tres anunciadas, la designación del economista Martín Redrado es la más novedosa, aunque a ambos los une un pasado común como “jóvenes brillantes” en la última etapa de la gestión menemista. Los diputados Silvia Lospennato y Waldo Wolff, aun con matices, ya formaban parte del esquema del jefe de gobierno porteño pensando en las elecciones del año que viene, mientras otras dos nuevas caras, las de la exministra de Salud Graciela Ocaña y la exdiputada nacional Cynthia Hotton, suenan para sumarse “durante el verano”.
¿Qué hará cada uno? Despegado desde hace tiempo del ministro de Economía, Sergio Massa –con quien, cada tanto, conversa–, Redrado se centrará en la búsqueda de “oportunidades productivas en el exterior” desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos, en conjunto con el secretario general porteño, Fernando Straface.
Redrado aceptó el cargo días atrás, pero sus trabajos fuera del país como asesor financiero de distintas empresas y fondos de inversión requirieron de unos días adicionales para efectivizar el anuncio.
Conocido defensor mediático y parlamentario de Pro y Juntos por el Cambio, Wolff estará en la revitalizada Secretaría de Asuntos Públicos para “sumar voces para defender la gestión de Horacio”, según explicó el todavía diputado nacional. Wolff renunciará en las próximas horas a la banca. “Entro con una libertad absoluta, tengo un compromiso con Jorge (Macri) desde que ingresé en la política y seguimos trabajando juntos para su candidatura”, expresó Wolff, aunque Larreta ya “bendijo” candidaturas de su propio espacio, como las de sus ministros Fernán Quirós (Salud) y Soledad Acuña (Educación).
En tanto, el actual presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Gabriel Sebastián Mraida, asumirá en reemplazo de Wolff en la Cámara de Diputados.
Mraida, que figuraba en el decimoquinto lugar de la lista de Juntos por el Cambio en el distrito porteño, completará el mandato de Wolff hasta diciembre de 2023.
La otra incorporación
Lospennato, en tanto, colaborará en el Consejo Consultivo para la Investigación y Evaluación de Políticas de Género. De esa forma, integrará parte de la mesa chica en la que Larreta diseña políticas y toma decisiones para la ciudad y también para alimentar su sueño presidencial. Desde el larretismo aseguran que Lospennato “soltó hace rato” amarras con su antiguo jefe político, Emilio Monzó, aunque el expresidente de la Cámara de Diputados “conversa cada tanto” con el jefe de gobierno porteño. Lospennato es la única que aclaró que su cargo será “ad honorem”.
La llegada de nuevas figuras coincide con una dura y sorda pelea de posicionamiento de Larreta con la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, que tiene la misma ambición de ser la candidata. Ambos dialogaron en los últimos días con el expresidente Mauricio Macri, firme en su papel actual de “mediador” en la pelea y eventual “gran elector” del postulante presidencial de Juntos por el Cambio el año próximo.
Las incorporaciones fueron anunciadas mientras la Ciudad redobla la apuesta en su conflicto con la Nación por los fondos coparticipables. “Siguen incumpliendo con el fallo de la Corte Suprema. A la policía no se le paga con bonos, sino con efectivo”, retrucan desde el gobierno porteño. Se trata de en respuesta al anuncio de la Casa Rosada de que pagará con bonos TX31 el 0,6 por ciento que la Corte Suprema devolvió a la Ciudad con la medida cautelar firmada la semana pasada. “Hoy más que nunca necesitamos un equipo fuerte y comprometido que dé las peleas necesarias para resolver los problemas de los argentinos”, dijo ayer Larreta.●

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