DANIEL BILOTTA PIENSA Y ESCRIBE,

Cristina y un extraño incidente con la policía
Daniel Bilotta


Es natural que el reclamo salarial de la policía haya quedado involucrado en el prolongado conflicto por el control del conurbano entre Cristina Kirchner y los intendentes que conducen el peronismo bonaerense. Se trata del cuerpo encargado de proveer seguridad y, en interacción con la Justicia, garantizar el orden público en lo que usualmente se denomina la calle. Un espacio cuyo manejo adquiere dimensiones casi mitológicas en las creencias del kirchnerismo. Considera su manejo una fuente insustituible de poder. Era inevitable que la protesta realizada la semana pasada por un sector de los uniformados reprodujese ese cuadro de tensión en un momento crítico para los jefes comunales, acorralados por la ley 14.032, que limita a un solo mandato la posibilidad de ser reelegidos.
A menos que renuncien antes de cumplir la mitad del último para quedar en condiciones de volver a presentarse. Necesitan para eso un contexto económico más favorable que el actual. Pero aun así tendrían otro problema. La creciente gravitación de la vicepresidenta. No solo en el Frente de Todos. También en el gobierno nacional y el bonaerense. Es la figura más relevante del oficialismo. El enfrentamiento que mantienen desde hace más de 10 años es suficiente para ser pesimistas. No tendría motivos para concederles el beneficio que precisan: resolver su situación antes del 22 de mayo, cuando vence el plazo para inscribir candidaturas en las PASO. Existe otro inconveniente: es muy difícil que haya lugar para todos en las listas.
Una situación angustiante que los empuja a cerrar filas con Alberto Fernández. Y a reivindicar un oxidado espíritu de cuerpo que intentaron renovar con el plan de seguridad encargado a Jorge Ferraresi, el ingeniero de los intendentes. El Presidente tiene motivos para mirar el conurbano. El Frente de Todos obtuvo allí la ventaja de casi dos millones de votos que garantizó su triunfo. Una región crítica para consolidar la gobernabilidad de la administración central y la bonaerense. La diferencia es que Kicillof cuenta con el respaldo de Cristina, enemiga de los intendentes en ese territorio. Ese enfrentamiento recrudeció por el control de los fondos del plan de seguridad.
Los jefes comunales no se resignan a que el Tesoro bonaerense distribuya entre los municipios el dinero aportado por el gobierno nacional, la base para presentar a Fernández como la solución a la principal demanda de la marcha del 17 de agosto, pero también la clave para que el kirchnerismo desarticule el reagrupamiento de los intendentes bajo una peculiar consigna: “Queremos la nuestra”, como confió uno de ellos. La puja no tuvo en cuenta la caída en los ingresos de los policías por la Compensación de Recarga de Servicios (Cores) que percibían por custodias en espectáculos y otras actividades recreativas suspendidas por la pandemia.
Berni introdujo otro cambio importante el 13 de mayo con la resolución 343. Facultó a los intendentes a proponer al jefe de estación de policía, la figura con la que sustituyó a la organización por departamentos. Esa curiosa democratización no mejoró su relación con ellos, pero despertó en la cúpula policial una contradicción inquietante. La autonomía de los jefes de estación de las superintendencias de seguridad y su acercamiento a los jefes comunales. Otro factor para que un recurso escaso, las horas Cores, sea fuente de disputa. Hasta ahora, habían sido manejadas con discrecionalidad por las superintendencias. El kirchnerismo le atribuye al de la región AMBA Norte Uno, Gabriel Hugo Natiello, la movilización de efectivos a la residencia de Olivos y un vínculo muy estrecho con Massa, enemigo de Berni.
Lo que el ministro caracteriza como “un intento de desestabilización” su entorno lo adjudica a quienes dieron “gobernabilidad a Vidal”. Un eufemismo que permite aludir a un grupo de intendentes sin violar la obligación inexcusable de todo funcionario público ante la sospecha de una conducta delictiva: efectuar una denuncia judicial. Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Granados (Ezeiza) serían los incluidos en este grupo. Lomas de Zamora y Almirante Brown fueron focos importantes de las movilizaciones, en las que predominaron efectivos retirados, familiares y miembros del comando de patrullas, cuyo titular es designado a propuesta del jefe de estación. Esos municipios duplicaron los cupos de vacantes asignados para la policía local, sin que eso ni la laxitud de los exámenes de ingreso llamara la atención del ministro de Seguridad de Scioli: Granados.
Los efectivos de esa fuerza representan el 40% del total de la policía bonaerense. La Superintendencia AMBA Sur II comprende Lomas de Zamora, Al miran teBrown, Esteban Eche ver ría yEze iza. La concentraciónde efectivo sen olivos derivó en otras peripecias. La más llamativa fue el fracaso de Julio Vitobello y Juan Pablo Biondi en invitar a los policías a dialogar con el Presidente. Las razones de la negativa son un misterio. Pero condicionó la puesta en escena en la que Fernández aparecería activo frente a la demanda ciudadana de seguridad, según el kirchnerismo. Lo mismo que se intentó hace dos semanas con el lanzamiento del plan.
El traspié del secretario general de la Presidencia y del vocero obligó a rectificar la marcha hacia la residencia organizada por Juan Grabois, jefe de los cartoneros del Movimiento Evita. Uno de sus líderes, Fernando Navarro, mantiene fricciones con Berni por la ocupación de tierras. Grabois debió conformarse con la logística en percusión aportada a la protesta en Lanús por Los Inquietos de Acuba. La murga de la agrupación Simón Bolívar de Villa Caraza alineada con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
En Olivos fueron sorprendidos por el anuncio del recorte de un punto de la coparticipación de la ciudad Néstor Grindetti (Lanús), Jorge Macri (Vicente López) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).
Los intendentes de Juntos por el Cambio concurrieron a respaldar al Presidente cuando los efectivos rodearon la quinta. Quedaron en una posición muy incómoda. No pueden criticar un recorte a la ciudad de 30.000 millones de pesos que significarán el ingreso a la provincia de 45.000 millones el año que viene. Valenzuela rechazó desayunar el 10 como le propuso el Presidente para explicarle en detalle la aparente desinteligencia del protocolo oficial. Fernández le achacó a Kicillof no avisarles antes del anuncio que iba a efectuar.
Horas después, el gobernador dispuso aumentar de 37.000 a 44.000 pesos el salario mínimo de la policía. Un 20% de reajuste que contrasta con la alta exigencia promovida por el reclamo: un incremento de 60 puntos. De forma llamativa, la protesta se apagó rápidamente después de esta decisión. El kirchnerismo está seguro de haber superado el desafío de los intendentes a Cristina con el intento de provocar un desgaste a Kicillof y a Berni. Los dos resultaron fortalecidos con la vicepresidenta después de este episodio.
La inseguridad seguirá siendo un asunto complejo mientras no se resuelva una cuestión mucho más profunda, descripta por un comisario a punto de retirarse: “El crimen organizado no existe. Porque la única forma de imponer ese tipo de orden es a través nuestro. Somos la organización que lo articula. Lo que queda fuera de eso es el caos”. Una conclusión que vuelve más extraño el incidente de la policía bonaerense.

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Los piqueteros que complican a Cristina
Daniel Bilotta
La inseguridad está ganando un espacio importante en la agenda electoral del kirchnerismo. Es la rectificación más significativa que Cristina Kirchner se propone introducir en la filosofía garantista que impregna al Frente de Todos. Y quizás la primera evidencia concreta de haber asimilado la derrota de 2013 en la que se impuso con propuestas sobre este tema su exjefe de Gabinete Massa. Un resultado que contribuyó a que la oposición fortaleciera la creencia de que era posible vencer al peronismo si permanecía dividido.
Fue lo que ocurrió. Aunque de forma errónea se lo interpreta como un deseo de venganza, a la vicepresidenta la moviliza su afán perfeccionista. Lo padecen aquellos a quienes estima responsables de errores que complican sus planes. No figuraba en ellos la victoria de Macri. Ni las causas judiciales en su contra que asocia al expresidente. Massa comprendió la necesidad de librarse de culpa por haber sido parte de ese proceso. Al menos en lo inmediato, parece predispuesto a defraudar la expectativa que conserva la oposición de retomar el diálogo interrumpido la semana pasada en el Congreso. Esa reconversión acelerada lo obligó a coincidir con uno de sus peores enemigos: Sergio Berni. Los dos condenaron la usurpación de tierras, fenómeno donde el Movimiento Evita adquirió un rol preponderante.
Un aparente imprevisto que podría complicar la planificación de la estrategia electoral del oficialismo en 2021, de la que probablemente esa organización desee tomar parte activa. Sobre todo en la confección de las listas de candidatos: la parte menos visible del conflicto. La tirantez con el Evita no es una novedad. Pero sí la confrontación. Una sorpresa para Frederic. La ministra de Seguridad defendió la toma en el lago Mascardi. Hasta Kicillof habló de la necesidad de hallar una solución desde el Estado. Es la situación en la que Massa cerró filas con Berni. No solo para persuadir a Máximo Kirchner y Wado de Pedro de que Jorge D’onofrio lo suceda en el Ministerio de Seguridad bonaerense. También porque Berni fue el único oficialista que se pronunció en contra de la ocupación de tierras en Presidente Perón, donde gobierna Blanca Cantero, aliada de Massa.
En su única aparición pública, la intendenta acusó a fuerzas de izquierda por la toma. Es probable que los acuerdos electorales de 2019 le impidan ser más precisa y repudiar el comportamiento de Ariel Jiménez, concejal del Frente de Todos y delegado local del Movimiento Evita. Pero sobre todo el aparente vínculo que mantendría con Sopapita. Apodo del sindicado como responsable de la venta de lotes en un audio que circula entre propietarios de la zona. Alberto Fernández evitó pronunciarse sobre el futuro en su gobierno del Movimiento Evita. Navarro ocupa un despacho vecino al de Fernández en la Casa Rosada. El Presidente lo designó secretario de Enlace Parlamentario después de ser un estrecho colaborador en la campaña. Las habladurías le atribuyen haber financiado una parte.
También la marcha contra el hambre el 28 de agosto del año pasado con gran protagonismo de Grabois, titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Clima enrarecido en el que Elisa Carrió le pidió al Papa que modere al oficialismo. Fue el mensaje que le envió a Mario Poli por Facundo del Gaizo, legislador porteño de la Coalición Cívica que supo asistir a Bergoglio como chofer. No está claro el efecto que pueda surtir la intervención del arzobispo de Buenos Aires. Uno de sus auxiliares, Ernesto Giobando, será el nuevo obispo de Lanús y Avellaneda. Con velocidad inusual, Francisco le aceptó la renuncia a Rubén Frassia. No es la única curiosidad del trámite. Confirmada por la agencia católica AICA el 7 de agosto, la noticia fue adelantada en calidad de primicia el día 6 por el canal de Youtube que tiene Madres de Plaza de Mayo.
Giobando es jesuita. Igual que Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora. Los dos están relacionados con Grabois, con emprendimientos cartoneros en Villa Caraza y Villa Fiorito, localidades que divide la calle Hornos. También a Lanús de Lomas de Zamora. Las tomas de tierras son una fricción entre Grabois y el kirchnerismo. Francisco participó el año pasado del encuentro mundial de Movimientos Populares en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia con la consigna “Tierra, techo y trabajo”. Frassia renunció para formalizar su jubilación. Fue luego de un conflicto con Francisco “Paco” oliveira el año pasado. El obispo le retiró las credenciales para dar misa en la Isla Maciel. El cura párroco defendió el aborto y cuestionó la presencia de la vicepresidenta Gabriela Michetti en un oficio religioso por Enrique Angelleri en La Rioja. Paco trabaja ahora en la diócesis de Merlo y Moreno. En este municipio, la intendenta Mariel Fernández se distanció de Juan José “el Gringo” Castro, cercano a Grabois. La CTEP integra el Movimiento Evita. Fernández es afín a Pérsico y al diputado nacional Leo Grosso, crítico en Twitter de la gestión de Berni. La intendenta municipalizó el servicio de recolección de residuos. La cooperativa Ayelén se encargará del reciclado. Fernández es la titular de Ayelén.
El Presidente recibió el 25 de marzo a Paco y otros sacerdotes por pedido de Larroque, nexo entre La Cámpora y los curas villeros. Juntos por el Cambio intenta saber si los municipios donde gobierna accederán al mismo beneficio que el de Morón. El ministro de Desarrollo Comunitario le giró 60 millones de pesos del programa de atención de emergencias en zonas de alta circulación del Covid-19, creado por el decreto 434, que Kicillof firmó el 4 de junio. La oposición tiene dificultades con el gobernador por el envío de fondos. La semana pasada envió 72 de los tres mil millones comprometidos por el nuevo endeudamiento que le votó en la Legislatura. El temor es que siga el mismo criterio con la distribución de los 12.000 millones destinados a 24 municipios del área metropolitana anunciados este fin de semana como parte del plan de seguridad.
Una inversión que no tiene previstas partidas para atender el reclamo salarial de la policía bonaerense, que ayer cumplió con una retención de tareas. El último reajuste a los efectivos fue la suma fija de cuatro mil pesos en abril. El sueldo promedio es de 37.000 pesos. Desde el viernes el Ministerio de Seguridad está vallado. Parece improbable que sea por la amenaza de una movilización del Movimiento Evita como réplica a las críticas de Berni. El ministro tiene su despacho en Puente 12 y no asiste a las oficinas de La Plata. Pero el rumor es un síntoma del desafío a Cristina en un momento sensible. Las vísperas de comicios. Navarro y Pérsico forman parte de las imperfecciones que la vicepresidenta desearía corregir si se presenta la oportunidad. Duda si ahora es la más adecuada.
Lo mismo le ocurre con los Moyano pese a la insistencia de Máximo y De Pedro para auxiliar a Pablo en la causa que le sigue la Justicia bonaerense por supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente. Fernández sería más receptivo. Es lógico. Máximo quiere a Hugo de aliado para disputarle en octubre la CGT a “los Gordos” e independientes que analizan desplazar a Héctor Daer de la secretaría general. Un paso previo a decretar la división de esa central. El titular del sindicato de la Sanidad desea postergar hasta marzo ese debate. Daer es aliado de Fernández. Los dos reivindican al Papa. El éxito de Cristina con la seguridad depende de sortear esas dificultades.

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Un decreto a la medida de Cristina y de Macri

Daniel Bilotta
El DNU 690 refleja el impacto en el Gobierno de la marcha del 17 de agosto. Sobre todo en la idea más ambiciosa de Alberto Fernández: crear, con sectores de la oposición, un polo de poder equidistante de las posiciones extremas atribuidas a Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Un fundamento de esa construcción teórica puesto en crisis por la movilización de la semana pasada.
Desde las PASO de 2019, la participación en ellas es percibida como la oportunidad de pronunciarse a favor o en contra de Cristina y de Macri. Un efecto confirmado por la del lunes 17 que obliga al Presidente a dejar en suspenso el acuerdo con la oposición, observado con desconfianza por los sectores duros del Frente de Todos. El resultado de esa experiencia es el mejor argumento del kirchnerismo. La mayoría de los sondeos coincide en que favorece a Horacio Rodríguez Larreta, al que Cristina imagina como candidato presidencial en 2023. Haber elegido al jefe de gobierno porteño como socio ideal es el defecto insalvable del proyecto de Fernández.
Algunas de esas cavilaciones parecen contenidas por el decreto del 21 de agosto que se gestó el 18, según publicó el día 22. Algo que Fernández omitió adelantar a los representantes del sector de las telecomunicaciones con los que se reunió el 19 para analizar una actualización tarifaria.
Los empresarios disimulan el malestar por la inclusión de la televisión por cable, la telefonía móvil e internet en los servicios públicos y el congelamiento de precios que rige para ellos hasta fin de año. No trascendió si el Gobierno tomó la precaución de adelantarle la medida a David Martínez. El empresario tiene inversiones en Cablevisión y Telecom. Fue uno de los que ayudaron al Gobierno con el canje de bonos. Si lo hizo, marcaría una diferencia con el trato hacia algunos aliados locales. Las autoridades de la CGT se enteraron por las llamadas que recibieron para adherir al hilo de tuits con el que Fernández comunicó esa decisión. Excepto Héctor Daer, la mayoría apeló a una buena excusa.
Los rotulados “Gordos” e independientes no tienen afición por las redes. La actividad del chat de la CGT se concentró en los detalles de los 1500 millones de pesos que la Superintendencia de Salud girará a las obras sociales para compensar las pérdidas de ingresos en mayo.
Los gobernadores no tuvieron esa suerte. A los de Mendoza, San Juan y Entre Ríos el Banco Nación les retuvo sin aviso la coparticipación para descontar un crédito de 2016 financiado por el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses. Salvo Córdoba, Santa Fe y San Luis, el resto accedió a ese préstamo. Incluida la ciudad de Buenos Aires. La mayoría tiene vencimientos en septiembre.
Pero negociaron con el Ministerio del Interior su refinanciamiento para cubrir la caída de la recaudación en la cuarentena. La Anses le ordenó al Banco Nación la restitución de esos fondos a las provincias damnificadas. Solo Rodolfo Suárez se quejó por el trámite accidentado.
Resulta comprensible. Aunque critiquen la emisión monetaria, dependen de los billetes que imprime el Gobierno. Sin embargo, el dinero no alcanza para resolver todos los problemas que enfrenta. Sobre todo si se convierte en el único recurso al que echar mano. Es la paradoja de esa sobreabundancia: ser un recurso escaso.
Esa insuficiencia pone en duda que el decreto pueda atender los reclamos que expresó la marcha. Especialmente en el primer anillo que rodea a los centros urbanos del Gran Buenos Aires, donde los electores definen su voto por el grado de satisfacción con la situación económica. Es una de las enseñanzas de los dos últimos comicios presidenciales.
Un fenómeno que preocupa en la tercera sección, el bastión de Cristina para garantizar el triunfo en 2019, pero en el que Macri dejó un precedente llamativo en La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown. Mejoró en cinco puntos el resultado en las elecciones generales con relación al obtenido en las PASO, pese al corte de boleta promovido por Juntos por el Cambio en territorio bonaerense.
El expresidente conserva un nivel de adhesión similar al de Cristina después de perder las elecciones de 2015. La mayoría de quienes dieron por cerrado su ciclo de dirigente después de ese episodio integran el Frente de Todos. Entre ellos, el exjefe de campaña de Sergio Massa y Florencio Randazzo: Fernández.
Solo Elisa Carrió parece tener en cuenta esa experiencia. Para no entrometerse en la disputa por el liderazgo instruyó a la Coalición Cívica a “ir por el camino del medio.” Una curiosa evocación de Massa, de estrecha relación con Rodríguez Larreta, a quien Carrió intenta marcarle límites en sus alianzas.
Hay otra dificultad que Fernández intenta resolver con el decreto. Convencer a Cristina de que el suyo no es un gobierno débil. La familia de la vicepresidenta no lo ayuda. Este domingo recibió a Hugo Moyano a pedido de Máximo Kirchner. En apariencias, una situación incómoda. La foto del encuentro fue borrada. Al camionero le preocupa el avance de la causa por supuesta asociación ilícita con barras de Independiente que los involucra a él y su hijo Pablo.
Tras la suspensión por 90 días a Enrique Ferrari el expediente recobró ritmo. El 28 de julio la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora desestimó el recurso de los exdirectivos del club Noray Nakis y Héctor Maldonado, que impedía elevar a juicio el primer tramo de la causa. El fiscal general disolvió en diciembre la Unidad Delitos Complejos conducida por Sebastián Scalera y derivó sus expedientes a otras fiscalías. Envió el de Independiente a Elvio Toledo. La primera intervención del fiscal de Avellaneda fue el mes pasado para pedirle colaboración a Scalera, que citó a indagatoria a Pablo el 21. La impugnación de Daniel Llermanos a esa medida fue aceptada por la jueza Brenda Madrid. El defensor de los Moyano planteó que Toledo debió hacer ese pedido.
Llermanos festejó su éxito con una infidencia: la reunión que mantuvo en los días previos con autoridades del Ministerio de Justicia bonaerense. No mintió. Se habría entrevistado con Inti Pérez Aznar. Lo mismo que Toledo. El subsecretario de Justicia se subordina a Máximo. No toma decisiones sin la autorización de su jefe político. Lo que vuelve más curiosa la solicitud del hijo de la vicepresidenta a Fernández. El Presidente suele recomendar a los intendentes que traten con Máximo y Wado de Pedro los asuntos relacionados con la provincia. Es probable que esa sea la naturaleza de la inquietud que le transmitió Moyano después de las dificultades que halló su hijo Hugo para reunirse el sábado pasado con Diego Santilli.
Ese día fue recibido por Juan José Méndez y Clara Muzzio, los ministros de Obras Públicas y Medio Ambiente, cercanos al vicejefe del gobierno porteño. Hugo comparte la defensa de su padre y de su hermano con Llermanos. Santilli resolvió la conflictiva relación del clan con Macri cuando conducía la ciudad por un tema espinoso, el servicio de recolección de residuos. El vínculo de Cristina con los Moyano nunca fue bueno.
El Presidente reveló anteayer un diálogo con Macri al inicio de la cuarentena. Su antecesor le habría aconsejado “dejar la gente en la calle y que mueran los que tengan que morir”. Fernández le reprochó adherir a la marcha y le sugirió medir sus palabras. Algo que correspondería a todo hombre público, aseguró. Aunque él viole esa regla con frecuencia. Es la contradicción latente en el DNU y que lo hace parecer hecho a medida de Cristina y de Macri.