EL ANÁLISIS DE FERNANDO LABORDA

Un libertario esclavo de sus promesas
El presidente Milei cometió indisimulables yerros al referirse a las jubilaciones y al defender a Ariel Lijo hasta que llegó la mano salvadora de Cristina Kirchner

Fernando Laborda
Javier Milei
Por distintos motivos, el presidente de la Nación quedó en los últimos días atrapado por su propio discurso y sus promesas. Pero tuvo suerte: tanto Cristina Kirchner como, en menor medida, Mario Firmenich acudieron involuntariamente en su ayuda con sus respectivas intervenciones mediáticas.
Lo mejor que puede seguir pasándole a Javier Milei es ser descalificado públicamente por la líder del kirchnerismo, como ocurrió anteayer cuando la expresidenta dio a conocer a través de las redes sociales una carta de ocho páginas titulada “Es la economía bimonetaria, estúpido”. El hecho de que la principal fuerza opositora no haya sido hasta ahora capaz de articular una alternativa coherente frente al oficialismo, al tiempo que continúa enfrascada en sus sucesivos escándalos de corrupción, ayuda a Milei y legitima su gestión.
Hay coincidencia entre un buen número de analistas de opinión pública en que mientras la sociedad perciba que en la vereda de enfrente está Cristina Kirchner, habrá mucha más gente dispuesta a acompañar al actual gobierno y a perdonarle a Milei cualquier desliz. Ni que hablar si al coro de voces del kirchnerismo se suma el tren fantasma del pasado montonero, con el propio Firmenich a la cabeza.
A Milei le encanta debatir sobre economía y especialmente con personalidades como Cristina Kirchner, que ni son especialistas en esa materia ni han dejado un buen recuerdo de sus gestiones. Así como Carlos Menem jubiló a Antonio Cafiero entre fines de los años 80 y principios de los 90, y Néstor Kirchner se ocupó de jubilar a Menem y Eduardo Duhalde una década después, no parece haber hoy en el seno del peronismo alguien con la voluntad y la fuerza necesarias para jubilar a Cristina. La vigencia de la expresidenta en la conducción al menos espiritual del peronismo es vista como una buena noticia en el Gobierno. Durante la presidencia de Mauricio Macri, no pocos de sus funcionarios creían lo mismo, pero el final de la historia no fue feliz.
La pasión de Milei por la economía no le asegura estar exento de cometer grandes yerros. El fin de semana último, luego de firmar el veto total a la ley de movilidad jubilatoria que aumentaba los haberes, el Presidente afirmó, en una entrevista con Luis Majul en LN+, que las jubilaciones le estaban ganando a la inflación, al tiempo que voló en dólares el poder adquisitivo de los jubilados.
Un estudio de Chequeado, sin embargo, señala que la actual jubilación mínima, equivalente a 304.540 pesos si se incluye el bono compensatorio de 70.000 pesos, es en términos reales un 5,8% inferior a la de diciembre de 2023. En tanto, los haberes jubilatorios que se ubican por encima de aquella cifra y que no reciben bonos aumentaron un 10,3% real con relación a diciembre, aunque mantienen una caída del 13% en términos interanuales.
Para el Presidente, el haber de los jubilados le ganó a la inflación, pero estudios privados lo desmienten
Por otro lado, es cierto que las jubilaciones subieron en dólares desde la asunción de Milei hasta hoy. Sin embargo, el Presidente exageró ese crecimiento, por cuanto el dólar blue no cotizaba a 1300 pesos cuando él llegó al Gobierno, como afirmó, sino a 990 pesos.
Sí le asiste la razón al primer mandatario cuando puntualiza que durante el gobierno de Alberto Fernández los haberes de los jubilados sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo: la jubilación mínima cayó el 10,25% y el promedio de todas disminuyó el 28,35%. También es cierto que las irresponsables políticas previsionales del kirchnerismo, con su secuela de moratorias que permitieron jubilar a un gran número de personas sin aportes, han provocado un desfinanciamiento del sistema, que hoy tiene alrededor de 1,3 trabajadores aportantes por cada jubilado, cuando esa relación debería ser de tres a uno. Del mismo modo, un punto cuestionable de la ley de movilidad que rechazó el Poder Ejecutivo es que no especificaba de dónde saldrían los recursos para financiar los aumentos proyectados.
En la misma entrevista con LN+, al justificar su propuesta de nominar al juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, Milei afirmó que su candidato era “el único que conoce perfectamente cómo funciona el sistema judicial” y “el único especialista” en ciberataques. Se trató, por cierto, de una defensa más que endeble y exagerada respecto de alguien que ha sido cuestionado por numerosas organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales del quehacer judicial y académico, así como por juristas de reconocido prestigio. ¿Cómo puede afirmar un presidente que ninguno de los actuales jueces o camaristas conoce el funcionamiento del sistema judicial, a excepción de Lijo? ¿Y acaso puede aseverar que no hay en la Argentina otros especialistas en ciberdelincuencia?
Antes de asumir, Milei prometía que la meritocracia iba a reemplazar a la cleptocracia
Entre otras graves cuestiones, a Lijo se lo ha criticado por sus lamentables cualidades éticas; por las denuncias y sospechas que acumuló en su contra en los últimos años, que apuntan tanto a su incremento patrimonial como a su lentitud en el manejo de causas judiciales sobre hechos de corrupción; por sus limitados antecedentes académicos, y por su falta de independencia respecto de ciertos sectores políticos.
Lo que Milei no puede admitir en público es que, detrás de su propuesta de designar a Lijo junto a Manuel García-Mansilla –un jurista con sobrados antecedentes académicos y respetado en el ámbito judicial–, existe su creencia de que, sumando ambos nombres y al actual juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, se asegurará en el máximo tribunal una mayoría de tres sobre cinco miembros que no obstaculizarían las reformas estructurales de su gobierno y sus decretos que puedan ser tildados de inconstitucionales. Ese plan, en cuyo diseño mucho tuvo que ver la recomendación de Lorenzetti de nominar a Lijo, tal vez apostando a que sería potable para los 33 senadores kirchneristas que tienen la llave para alcanzar los dos tercios necesarios en la votación, está cerca de naufragar.
Lo cierto es que a Cristina Kirchner no le satisface esa fórmula para la Corte. No confía en García-Mansilla y sabe que la composición propuesta por Milei no le garantizará la ansiada impunidad. Por eso ha instruido a sus laderos que negocien con el Gobierno el aumento del número de miembros de la Corte de cinco a siete o nueve, con la intención de completarla al menos con dos candidatas mujeres que gocen de su confianza. Por si esto fuera poco, dentro de la negociación, el kirchnerismo buscaría acordar la designación de un buen número de jueces federales y del futuro titular de la Procuración General de la Nación, hoy a cargo interinamente de Eduardo Casal.
Algunos analistas de opinión pública indican que la designación de Lijo no es una cuestión que preocupe a la sociedad, en tanto que un buen porcentaje de argentinos no conocen al candidato de Milei para la Corte. Sin embargo, según la consultora Synopsis, de Lucas Romero, quienes no conocen o no tienen una opinión formada sobre ese juez representan el 37,3% de la población, en tanto que entre quienes dicen conocerlo, ocho de cada diez poseen una opinión negativa sobre su nominación.
En cualquier caso, es claro que cualquier intento de contubernio con el kirchnerismo tendría un efecto negativo sobre la reputación de quien llegó a la presidencia de la Nación proclamando que “una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”.
El cuestionado presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala
Ya desde antes de asumir, Milei también prometía que la meritocracia iba a reemplazar a la cleptocracia. Sin embargo, los desaguisados producidos en los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza lo están desmintiendo. Días atrás, nada menos que el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, confesó alegremente que tenía un gran número de asesores en la Cámara alta que mayoritariamente hacen trabajo territorial en su provincia, San Luis, con el fin de fogonear su candidatura a gobernador. Dijo que tenía no menos de 15 asesores, de los cuales al menos 13 se desempeñaban en San Luis. Se quedó corto, porque se pudo confirmar después que, en rigor, cuenta con 20, incluida su hija.
Desde luego que Abdala no es el único senador que, con el dinero de los contribuyentes, financia a militantes políticos o familiares. No hace mucho se tuvo conocimiento de otra senadora de La Libertad Avanza, la jujeña Vilma Bedia, quien había nombrado a 11 familiares –entre hermanos, hijos, sobrinos y una nuera– en diferentes cargos en su despacho, aunque la difusión de tan escandalosa situación la forzó a dar de baja varios contratos.
Se trata de episodios que dan cuenta de que al menos buena parte del oficialismo se está abusando del cheque de confianza que le extendió la ciudadanía y que, en torno de la agrupación de Milei, se está conformando una nueva casta con más rasgos populistas que liberales. Que otras fuerzas políticas vengan haciendo lo mismo no exculpa a quienes prometieron ser distintos.
La insistencia del Presidente en agraviar al periodismo y su reciente decreto para acotar la ley de acceso a la información pública constituyeron otra señal de alarma. Corre Milei el innecesario riesgo de terminar siendo identificado con los rasgos de intolerancia y crispación hacia la prensa y hacia quienes piensan distinto que caracterizaron a Néstor y Cristina Kirchner. Mimetizarse con el estilo autoritario de quienes sostienen que en política solo puede haber súbditos o enemigos no será su mejor elección.
Tal vez el Presidente debería recordar una frase de Francis Bacon, célebre filósofo y político inglés, que, hacia el siglo XVII, afirmó: “El que da buenos consejos construye con una mano; el que da buenos consejos y ejemplos edifica con ambas; pero el que da buena advertencia y mal ejemplo construye con una mano y tira abajo con la otra”.

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EL ANÁLISIS DE FERNANDO LABORDA

La virtual guerra fría entre Milei y Villarruel

Fernando Laborda
Javier MIlei y Victoria Vilarruel
La tensión que por momentos caracteriza la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel reconoce no pocos antecedentes sobre conflictos entre presidentes y vicepresidentes argentinos. Ya desde la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, entre 1868 y 1874, existen registros de rispideces entre el llamado padre del aula y su vice, Adolfo Alsina. Se ha escrito que Sarmiento le advirtió a su compañero de fórmula: “Usted no se meta en mi gobierno. Limítese a tocar la campanilla en el Senado durante seis años y lo invitaré de tiempo en tiempo a comer para que vea mi buena salud”. Tal frase fue premonitoria de las complejas relaciones, tantas veces dominadas por los celos personales y las desconfianzas mutuas, entre presidentes y vicepresidentes.
Nuestra historia está plagada de situaciones conflictivas entre esas dos figuras. Uno de los datos más curiosos es que ninguno de los cinco presidentes argentinos que gobernaron durante más de un período –esto es, Julio Argentino Roca, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Carlos Menem y Cristina Kirchner– repitió a su vicepresidente en su segundo mandato. En rigor, solo Perón accedió a que su primer vicepresidente, Hortensio Quijano, lo acompañara en su segundo mandato, pero este falleció en abril de 1952 y no pudo asumir el cargo, que quedó vacante hasta que, en 1954, se realizó una elección que consagró como vicepresidente al almirante Alberto Teisaire.
Quijano podría ser considerado como el prototipo del vicepresidente ideal por aquellos líderes políticos temerosos de ceder poder. Se lo ha caracterizado como un hombre dócil y de bajo perfil, que no opuso mayores reparos a los manejos de Perón. Incluso, toleraba con resignación que Eva Duarte lo llamara Mar Caspio, debido a la caspa que caía profusamente sobre sus hombros, tal como lo recuerda Nelson Castro en su libro La sorprendente historia de los vicepresidentes argentinos. En cambio, la relación entre Perón y Teisaire fue algo tirante, a tal punto que, tras la caída del peronismo en septiembre de 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora hizo pública una filmación en la que se veía a Teisaire acusando a Perón de desleal y cobarde.
Arturo Frondizi, tras asumir la presidencia de la Nación en 1958, enfrentó un serio conflicto con su vicepresidente, Alejandro Gómez, quien presentó su renuncia seis meses después de iniciado su mandato, en discrepancia con la política de concesiones petroleras a empresas extranjeras.
Uno de los conflictos más recordados fue el que se manifestó en el año 2000 entre el presidente Fernando de la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez, quien renunció a la vicepresidencia poco antes de cumplir diez meses en el cargo. La dimisión se produjo en medio del escándalo desatado por una denuncia sobre supuestas coimas a senadores para que apoyaran una ley de reforma laboral impulsada por el gobierno. Apuntando contra el titular del Poder Ejecutivo, Álvarez, en una elíptica referencia a que, así como habría senadores coimeros, también habría alguien responsable de ofrecer los sobornos, sentenció: “Se necesitan dos para bailar un tango”. Su renuncia fue el principio del fin de la coalición entre la UCR y el Frepaso y debilitó al presidente De la Rúa, cuyo gobierno caería en diciembre de 2001 en el contexto de una grave crisis política, económica y social.
No menos complicada fue la relación entre Cristina Kirchner y Julio Cleto Cobos, en particular luego de que este último, como presidente del Senado, desempatara en 2008 la votación por el proyecto kirchnerista tendiente a incrementar las retenciones a las exportaciones agrícolas, votando en contra de la posición de su propio gobierno. Cristina Kirchner completó su primer mandato presidencial reprochándole a su esposo, Néstor, la elección de Cobos. Su alivio llegó en su segundo mandato presidencial (2011-2015), para el que Cristina eligió como su compañero de fórmula a Amado Boudou, aunque la historia no terminó bien: el vicepresidente fue procesado y, en 2018, condenado a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz de la adquisición irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica.
Los celos entre Milei y su vicepresidenta se manifestaron por primera vez durante la misma noche del triunfo electoral de la fórmula presidencial de La Libertad Avanza, en el escenario montado junto al Hotel Libertador para los festejos. No solo se le negó la palabra a Victoria Villarruel, sino que se la relegó a un segundo plano en las fotos. Poco después, con la incorporación de los extrapartidarios Luis Petri y Patricia Bullrich a los ministerios de Defensa y de Seguridad, respectivamente, Milei olvidó su anuncio público de que iba a dejar ambas áreas en manos de su vicepresidenta.
Sus detractores no admiten que la vicepresidenta no se resigne a tocar la campanita del Senado
Desde entonces, los desencuentros entre el Presidente y la vicepresidenta fueron en aumento. Cobraron intensidad cuando Victoria Villarruel calificó a Milei como “pobre jamoncito” que debía lidiar entre ella y su hermana Karina Milei. Se intensificaron con un tuit en el que la vicepresidenta tildó a Francia como un país colonialista, en medio de la controversia suscitada por una canción con tufillo racista que habían entonado futbolistas de la selección argentina tras la obtención de la Copa América, y que movió a Karina Milei a concurrir a la embajada de Francia a pedir disculpas en nombre del gobierno nacional por lo sucedido.
El presidente y la vicepresidenta prácticamente no se hablan y miden muy cuidadosamente la necesidad y la conveniencia de participar juntos en actos públicos oficiales, al tiempo que la virtual guerra fría entre ambos se ha trasladado a las milicias digitales que operan en las redes sociales.
Desde el llamado “triángulo de hierro”, que integran Karina Milei y Santiago Caputo, se imagina a Victoria Villarruel al frente de un proyecto político propio, que asimilan a un complot político contra el primer mandatario. La desconfianza y los recelos aumentan cuando aprecian los resultados de las encuestas.
Los analistas de opinión pública les asignan a Milei y Villarruel niveles de imagen positiva muy semejantes, que rondan el 50%, aunque algunos de ellos, como Cristian Buttié, de la Consultora CB, estiman que el mayor grado de desconocimiento de la vicepresidenta, en torno del 20%, le brinda a esta última un potencial de crecimiento mayor, pese a tener un menor núcleo duro fidelizado que el jefe del Estado.
Las suspicacias crecen también ante el hecho de que la vicepresidenta quiera imponer una agenda propia. Sus detractores en la Casa Rosada no admiten que quien supuestamente le debe el lugar que ocupa pura y exclusivamente a Milei no se resigne a consagrarse a tocar la campanita del Senado, tal como le sugirió Sarmiento a Adolfo Alsina más de un siglo y medio atrás.
Además de su rechazo a la nominación de Ariel Lijo para la Corte, el anuncio hecho por Victoria Villarruel en el sentido de que buscará reabrir todas las causas de víctimas del terrorismo para que la Justicia condene a los responsables de las organizaciones guerrilleras que pusieron en vilo al país en los años 70 provocó una reacción negativa en la Casa Rosada. “La lucha de Victoria Villarruel es un tema que hoy no es agenda del presidente de la Nación”, afirmó el vocero de Milei, Manuel Adorni.
En rigor, la actual vicepresidenta viene bregando desde hace mucho tiempo, desde el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), por la visibilización de las muertes provocadas por el accionar de los grupos terroristas y por la puesta en práctica del beneficio de la prisión domiciliaria para los militares mayores de 70 años que se encuentran detenidos en cárceles comunes por estar procesados o condenados por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad.

En octubre de 1989, el presidente Menem indultó a 220 militares y a 70 civiles. Pero luego de que, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso anulara las leyes de punto final y obediencia debida que, en tiempos de Raúl Alfonsín, habían beneficiado a militares acusados de violaciones de los derechos humanos, la Corte Suprema anuló los indultos de Menem a la cúpula del régimen militar iniciado en 1976. Así, se reabrieron innumerables causas por delitos de lesa humanidad contra militares y funcionarios, pero no así aquellas contra los integrantes de organizaciones terroristas como Montoneros o el ERP.
La intención de Victoria Villarruel es reivindicar a los familiares de 17.000 personas agredidas, secuestradas o asesinadas por aquellas células terroristas, de las cuales 1074 perdieron la vida en unos 21.000 atentados y en unos 500 “ajusticiamientos”, según datos del Celtyv. Los nombres del sindicalista José Ignacio Rucci, asesinado en 1973 por Montoneros, o del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el ERP y muerto después de 372 días de cautiverio, son algunos de los casos más recordados.
El hecho de que Milei señale públicamente que la agenda de la vicepresidenta no es la suya puede relacionarse con su objetivo de fidelizar su piso y limitar el techo electoral de Villarruel. Otra interpretación posible del distanciamiento presidencial respecto de la bandera que expone la vicepresidenta es que Milei no estaría dispuesto a arriesgar su capital político innecesariamente cuando su principal nicho electoral son los representantes de una joven generación alejada hoy de los conflictos setentistas.
Lo cierto es que la hipotética profundización de un conflicto entre el Presidente y la vicepresidenta perjudicaría a ambas figuras, del mismo modo que terminaría de dañar la potencialidad de La Libertad Avanza como marca política que pretende diferenciarse de la llamada casta. Una posibilidad que ya han advertido las primeras espadas del kirchnerismo.

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EL ANÁLISIS DE FERNANDO LABORDA

Cuando el poder corrompe y también enferma
Fernando Laborda

Las dramáticas imágenes que dan cuenta de la violencia física sufrida por Fabiola Yañez, al igual que el contenido de los chats encontrados en el teléfono de María Cantero y el denigrante video filmado por el propio Alberto Fernández, que lo muestra en una insólita sesión de histeriqueos con Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada, nos indican que, en ocasiones, el poder no solo puede corromper, sino también enfermar.
Filósofos como Santiago Kovadloff advierten en estas horas la enorme dificultad para disociar la práctica del delito político de las desmesuras de carácter psicopatológico.
Hasta hace pocos días, Alberto Fernández era recordado por su inoperancia en la gestión presidencial, su soberbia y su llamativo afán por desmentir lo indesmentible, como cuando en un principio negó la fiesta de Olivos en plena cuarentena, o por tergiversar sus propios dichos, como cuando llegó a escribir que “solo un necio diría que el encubrimiento del gobierno de Cristina Kirchner a los iraníes no estaba probado” y más tarde sostuvo todo lo contrario. Pero al menos la inmensa mayoría de la ciudadanía desconocía su presunta afición por golpear a su pareja.
En los mismos tiempos en que se habrían registrado las golpizas denunciadas por Fabiola Yañez, Fernández afirmaba públicamente que le daba vergüenza que una sola mujer padeciera violencia de género en la Argentina y se autoproclamaba como “el primer feminista”. Y en momentos en que la economía del país se caía a pedazos, se deleitaba grabando sus conquistas amorosas en su lugar de trabajo. Actuó indigna y cínicamente, además de humillar la investidura presidencial.
Aunque disten de ser exclusivos de Fernández, algunos de los síntomas queDavidOwenyJonathanDavidson identifican con el llamado síndrome de hubris le caben al expresidente. Entre ellos, una visión del mundo como un lugar de autoglorificación a través del ejercicio del poder; la pérdida de contacto con la realidad; un celo mesiánico y exaltado en el discurso y la autoconcesión de licencias morales para superar ciertos límites que imponen las normas legales o éticas. Al igual que a sus antecesores del kirchnerismo al frente del Poder Ejecutivo Nacional, a Fernández lo nubló una sensación de impunidad que lo habilitó a mentir, a utilizar los recursos del Estado como propios y a llevar a cabo negociaciones incompatibles con la función pública para favorecer a amigos como el broker de seguros y esposo de su secretaria, Héctor Martínez Sosa.
El historial de corrupción en el peronismo en general y en el kirchnerismo en particular exhibe cómo sus actos delictivos están asociados a conductas personales que solo pueden ser llevadas a cabo bajo una percepción de impunidad, alimentada por un sistema de relaciones políticas que consiente esos atropellos.
Los aberrantes actos de Fernández tienen su correlato en otras formas de violencia empleadas por el kirchnerismo para imponer prácticas corruptas y saquear las arcas públicas, junto a un afán totalitario sustentado en la idea de que los adversarios son enemigos y de que, en política, solo puede haber súbditos o enemigos.
Cortes de calles, bloqueos de accesos a empresas, paros extorsivos, patoterismo sindical y prácticas feudales de ciertos gobernadores e intendentes son otros indicadores de la cultura de violencia que caracteriza a distintos sectores del peronismo, a los que ahora podría añadirse la violencia de género, a partir de las denuncias contra empinadas figuras como José Alperovich, Fernando Espinoza y Alberto Fernández.
Al desconcierto inicial con que el kirchnerismo recibió la difusión de los chats de la secretaria del expresidente, primero, y la grave denuncia de la ex primera dama, poco después, le siguió una estrategia de manual. Se intenta transformar a Alberto Fernández en el chivo expiatorio de todos sus males. La dificultad para desarrollar con éxito esa estrategia fue advertida por el psicólogo Marcelo Ceberio, quien sugirió que no se puede presentar como “el loco de la familia” a quien, en este caso, sería el emergente de la disfuncionalidad de un sistema.
No se descarta, incluso, que desde el kirchnerismo se pretenda utilizar el caso de violencia de género que lo involucra para tapar otros escándalos de corrupción que salpican a muchos más personajes.
Habría que recordarles a esos operadores del kirchnerismo que no fueron sus políticas de Estado en defensa de la mujer ni su ola verde las que permitieron conocer la situación que vivía Fabiola Yañez, sino justamente las derivaciones del escándalo de los seguros, a partir del secuestro por la Justicia del celular de la secretaria de Fernández.
La dimensión del escándalo de corrupción por los seguros del Estado, por el que se pagaron tan millonarias como innecesarias comisiones abrokers amigos del poder, es mayúscula. Se habla de unos 3500 millones de pesos dilapidados por el sector público que, a valores de hoy, se verían multiplicados por la aplicación del índice inflacionario.
Declaraciones de dirigentes como Mayra Mendoza y Eduardo “Wado” de Pedro ejemplifican el esfuerzo que el kirchnerismo está haciendo por victimizar a Cristina Kirchner e instalar la idea de que la personalidad machista de Fernández fue un impedimento para aceptar la conducción de la Pasionaria del Calafate. La intendenta de Quilmes acusó a Fernández de “utilizar a sus operadores mediáticos para decir que Cristina está loca, que es bipolar y que no lo dejaba gobernar, culpándola a ella de su inoperancia”. El exministro del
Interior, por su parte, aseveró que fue “testigo del maltrato, el ninguneo y las operaciones que Alberto realizó contra Cristina durante su gobierno, y también del esfuerzo que hizo ella soportando todo eso para permitir que el expresidente pudiera finalizar su mandato”.
Por todos los medios, los adláteres de Cristina Kirchner intentan desligar a su jefa de cualquier responsabilidad sobre los actos de un hombre que jamás habría llegado al sillón de Rivadavia si no hubiese sido inesperadamente nominado por ella a través de las redes sociales aquella recordada mañana del sábado 18 de mayo de 2019. Desde luego, nadie podrá endilgarle a la expresidenta responsabilidad por los presuntos actos de violencia de Fernández contra su mujer. Pero no pocos observadores políticos se preguntan si la entonces vicepresidenta de la Nación no habría tenido conocimiento de algunos de esos graves episodios, al igual que muchos otros funcionarios que, de haberlo sabido, habrían incumplido su deber de denunciarlos.
Mientras sus amanuenses buscan encontrar la vuelta para victimizar a Cristina Kirchner, entre quienes formaron parte del último de los gobiernos kirchneristas cunde el pánico por la interminable onda expansiva que podría surgir de los teléfonos de María Cantero y del expresidente en poder del juez Julián Ercolini. Sus efectos podrían resultar impensados no solo para Fernández, sino también para un relato kirchnerista herido de muerte.
De las charlas por WhatsApp entre María Cantero y Martínez Sosa surgen datos de otros funcionarios y sectores políticos, como Sergio Massa y La Cámpora, tomando intervención en maniobras tendientes a beneficiar abrokers de seguros en contratos con dependencias del Estado.
No menos temor provocan en exfuncionarios las declaraciones de la propia Fabiola, quien ya anticipó que “mucha gente sabía que esto pasaba”, al declarar horas atrás ante profesionales de la Dirección de Protección a las Víctimas. Se ha abierto una caja de Pandora.
Hay otra cuestión que podría complicar a muchos. Si, como habría dejado trascender Alberto Fernández entre íntimos, su expareja le habría reclamado una suma que ronda los tres millones de dólares, sería porque cree que el expresidente ha amasado durante su gestión presidencial una fortuna incalculable que no pudo haber construido de manera decente y que va más allá de su asignación mensual vitalicia de privilegio, que hoy ronda los 10 millones de pesos.
Javier Milei aprovechó con rapidez el episodio de violencia de género que involucra a su predecesor para justificar la eliminación de organismos estatales como el Ministerio de las Mujeres o el Inadi. Al mismo tiempo, se jactó de que todo el escándalo “arrancó cuando la tan criticada ministra Sandra Pettovello denunció a la Justicia las maniobras irregulares con los seguros durante el gobierno kirchnerista”. Quizás debió haberle rendido un tributo a Osvaldo Giordano, el efímero titular de la Anses que descubrió las irregularidades y fue injustamente despedido por el Presidente luego de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de algunos artículos de la frustrada ley ómnibus en febrero.
Lo cierto es que existe entre analistasdeopiniónpúblicaunconsensoen que lo ocurrido con Alberto Fernández le otorga aire al gobierno de Milei, prolongando el período de paciencia social con su gestión y potenciando la crisis de la oposición peronista, a la que el gobierno de Fernández parece no terminársele nunca. “Que un expresidente que nos decía que era el primer defensor de las mujeres se convierta de pronto en un golpeador constituye un nuevo ataque a la credibilidad de la dirigencia tradicional, que impacta en su reputación. Al posicionarse como un outsider de la política, Milei alimenta su legitimidad como líder de la demanda de cambio”, afirma el director de Synopsis, Luca Romero.
Nadie puede asegurar que se esté frente al final de una era. En especial si se recuerda que el kirchnerismo se regeneró luego de los escándalos de los bolsos de José López y de los cuadernos de Oscar Centeno. Sin embargo, el presente escándalo parece ser el epílogo de un derrotero signado por un fracaso político, económico y moral del cual Alberto Fernández es solo una de las caras más visibles.ß
Entre exfuncionarios cunde el pánico por la onda expansiva de los teléfonos de María Cantero y del expresidente

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EL ANÁLISIS DE FERNANDO LABORDA

Cristina Kirchner no le suelta la mano al chavismo

Fernando Laborda
Cristina Kirchner, junto a Nicolás Maduro
Como en la moraleja del cuento “El traje nuevo del emperador”, de Hans Christian Andersen, el dictador Nicolás Maduro está más desnudo que nunca, aunque Cristina Kirchner se niegue a soltarle la mano. Todo el mundo sabe ya que el régimen chavista ha sufrido en las urnas una derrota sin atenuantes que ni sus presuntos aliados en la región pueden desconocer. Esta vez la oposición venezolana hizo lo que debía hacer: logró unirse y se garantizó la presencia de unos 80.000 fiscales en las 30.000 mesas de votación dispuestas para los comicios presidenciales, merced a lo cual pudo reunir más del 80% de las actas electorales digitalizadas, que arrojan un triunfo para Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos, contra el 30% de Maduro, y recorren las redes sociales. El Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el gobierno, proclamó la victoria del actual presidente con el 52,1% de los sufragios, sin exhibir hasta el momento ningún acta.
Maduro fue el protagonista de la crónica de una farsa anunciada por él mismo, cuando pocos días antes de la contienda electoral aseguró que iba a ganar “por las buenas o por las malas”. Confirmó así el grotesco fraude masivo dirigido a consolidar un régimen dictatorial bajo la ficción de un proceso electoral viciado desde el comienzo hasta el final. Desde la proscripción de candidatos opositores, como María Corina Machado, hasta la detención ilegal de sus asesores y otros dirigentes disidentes, y desde las trabas para que casi 5 millones de ciudadanos venezolanos en el extranjero pudieran ejercer su voto hasta la persecución de fiscales y la manipulación de las urnas pusieron en evidencia la naturaleza represiva y fraudulenta del régimen.
Además de experimentar el más grande éxodo de la historia del hemisferio occidental, con más de 7,7 millones de venezolanos exiliados en la última década, tanto la ONU como distintas organizaciones de derechos humanos han reportado años de continuos crímenes de lesa humanidad, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales para borrar las disidencias.
La relación entre el kirchnerismo y el régimen de Maduro sigue gozando de buena salud
La muerte del Estado de Derecho en Venezuela se produjo a la vista de todos. Y si hasta hace poco algunos distraídos pretendían desconocer las violaciones de los derechos humanos del régimen de Maduro, estas se potenciaron en la opinión pública mundial tras los últimos acontecimientos.
El Helicoide fue concebido en los años 50 como un centro comercial futurista que representaba el afán de entonces por el progreso y la modernidad en medio de la bonanza petrolera venezolana, pero hoy es el mayor símbolo de la opresión y represión ilegal del régimen de Nicolás Maduro. Este caracol de cemento de 13 pisos ubicado sobre una colina de Caracas, en Roca Tarpeya, se ha convertido en el más grande centro de torturas de América Latina, por el que han pasado innumerables presos políticos. Su diseño, cuya originalidad había sido reconocida por Pablo Neruda y Salvador Dalí, imita el de la Torre de Babel y apuntaba a que los clientes del proyectado shopping pudieran llegar en automóvil hasta la propia puerta de cada local comercial, pero paradójicamente terminó siendo una unidad del siniestro Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) llena de oscuras celdas.
Informes de organizaciones como Human Rights Watch y un más reciente documental realizado por el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas (Cescos), la Fundación Friedrich Naumann Argentina y Atlas Network, titulado “Ecos de libertad: historias del Helicoide”, han recreado, a través de testimonios de prisioneros y carceleros, los escalofriantes hechos vividos por quienes pasaron por ese centro de detención: descargas eléctricas, asfixia, brutales palizas y constantes amenazas de muerte.
Hasta el 23 de enero de 2018, Víctor Navarro era un joven estudiante universitario consagrado al trabajo social para ayudar a personas en situación de calle. Un día después, 35 oficiales encapuchados, sin orden de captura ni de allanamiento, ingresaron en su domicilio y lo llevaron al Helicoide, donde fue detenido y torturado durante cinco meses, al cabo de los cuales fue liberado tras una negociación política y bajo condiciones tales como la prohibición de salir del país, usar redes sociales o hacer declaraciones a la prensa. Pudo escaparse de Venezuela y pedir refugio en la Argentina. Hoy tiene 29 años de edad y es un activista de derechos humanos cuyo propósito es visibilizar lo que está sucediendo en su país con el fin de lograr el apoyo de la comunidad internacional para cerrar los centros de torturas en Venezuela y en el mundo. Para eso ideó una experiencia de realidad virtual, “Realidad Helicoide”, que permite apreciar a quien transita por el inhóspito centro de detención las atrocidades que él y miles de personas vivieron como presos políticos del chavismo.
Entre los muros del Helicoide se han perpetrado actos de violencia que dejaron cicatrices indelebles en quienes fueron allí privados de su libertad. “La dimensión del daño puede llegar a deshumanizarte tanto que sientes que estás perdiendo tu propia identidad y que no sepas quién eres, y hasta te generen culpabilidad. La cárcel no se termina cuando sales de allí. Es una tortura constante”, narra Navarro. La posibilidad del suicidio pasó más de una vez por su cabeza mientras estuvo detenido. Y aun hoy el sonido de las llaves, el tamaño de los edificios o la luz del sol han pasado a tener una percepción distinta para él: el daño es irrecuperable.
Los testimonios que se escuchan en “Ecos de libertad” son elocuentes sobre el horror que se vivió y aún se vive en El Helicoide. “Te vamos a llevar a una entrevista en la que vas a conocer al diablo”, recuerda Diannet Blanco que le dijeron cuando se la trasladó a ese centro de detención; más tarde recibiría descargas con una Taser en sus senos y en otras partes de su cuerpo. En tanto, Javier Tarazona, reconocido defensor de los derechos humanos que dirige la organización FundaRedes, lleva 1129 días de detención arbitraria, acusado de traición a la patria e instigación al odio.
Precisamente, la llamada ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, sancionada en noviembre de 2017 por la objetada Asamblea Constituyente de Venezuela, conformada exclusivamente por militantes del chavismo, se convirtió en el instrumento para justificar las persecuciones del régimen contra sus opositores y para intentar silenciar a la prensa. La norma establece penas de hasta 20 años de cárcel, el cierre de medios de comunicación y multas a empresas y medios electrónicos. Ha sido fuertemente criticada por considerársela diseñada para penalizar la disidencia política y para promover la censura y la autocensura.
El rey Maduro está desnudo. Pero nada garantiza que vaya a dejar el poder ni mucho menos admitir su derrota electoral. Ni él, ni muchos de sus funcionarios ni los jefes militares de Venezuela podrían salir de su país sin correr riesgos de ser apresados, puesto que tanto en la Corte Penal Internacional de La Haya como en distintos países hay procesos abiertos contra ellos por violaciones de los derechos humanos. Quienes gobiernan hoy Venezuela están convencidos de que podrán sostener el statu quo mientras la fuerza de las armas esté bajo su control. ¿Es en este contexto viable el cambio político por la vía de las urnas? El reconocimiento de los legítimos vencedores y la salida hacia una auténtica democracia no parecen sencillos, aunque la presión internacional podría hacer que en algún momento se rompa la cadena de mando y se desmorone el régimen.
El propio Maduro, quien afirmó que esta vez “no habrá perdón” para los disidentes, anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad y habló de “campos de reeducación” para los díscolos. De sus declaraciones se desprende que se avecina una nueva etapa de represión ilegal y terrorismo de Estado en su máxima expresión.
Las salvajes historias del Helicoide y de otros centros de detención venezolanos, tan parecidas a las atrocidades que vivió la Argentina en los años 70, parecen ser ignoradas en nuestro país por los cultores de un falso progresismo, probablemente con el afán de ocultar los espurios negocios que los ligaron con el chavismo. Hoy Maduro puede representar una mancha venenosa para el kirchnerismo, pero ya es muy tarde para que este intente despegarse.
La vigencia de la sintonía entre el kirchnerismo y el chavismo quedó en evidencia ayer, durante la conferencia que ofreció Cristina Kirchner en la jornada organizada en México por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Allí la expresidenta elogió el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países que siempre ha reivindicado México y destacó el avance de los gobiernos nacionales y populares durante la primera década del siglo XXI, mencionando en primerísimo lugar a Hugo Chávez.
La expresidenta argentina también expresó que en Venezuela “no hay diablos ni ángeles” y le envió un irónico mensaje a la líder opositora María Corina Machado, al señalar, en referencia a su participación en una marcha pública efectuada ayer en Caracas: “Nos sentimos halagados de que haya terminado con su período de clandestinidad”. En su única diferenciación con el régimen de Maduro, pidió que “por el propio legado de Chávez se publiquen las actas” electorales, en sintonía con un comunicado que firmaron los presidentes de México, Brasil y Colombia, países que se abstuvieron de firmar el proyecto de declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar transparencia en los comicios venezolanos.
La relación entre el kirchnerismo y el régimen de Maduro, en síntesis, sigue gozando de buena salud. Javier Milei, agradecido.

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EL ANÁLISIS DE FERNANDO LABORDA

El agotamiento de un estilo presidencial
Tras el Pacto de Mayo, Javier Milei enfrenta demandas de fondos por parte de los gobernadores y las dudas de los operadores en el mercado financiero; sus agravios a la prensa y a sus críticos son otro peligro para la confianza en su gobierno


Fernando Laborda
El presidente Javier Milei, en la Bolsa de Comercio, arremetió contra los "degenerados fiscales"
La firma del Pacto de Mayo representa una novedad en un país cuyo presidente reniega de la moderación y se siente cómodo en el plano de la confrontación permanente. No es una cuestión menor que 18 gobernadores provinciales hayan acompañado a Javier Milei y suscripto un acuerdo de coincidencias programáticas para una Argentina jaqueada desde hace mucho tiempo por las grietas políticas y la ausencia de políticas de Estado.
Particularmente destacable resulta el hecho de que los diez puntos del Acta de Mayo firmada el 9 de julio no son exclusivos del ideario libertario que caracteriza a la fracción gobernante, sino que comprenden cuestiones que podrían haber sido impulsadas por cualquier dirigente moderado y con un mínimo de sentido común frente a los prolongados problemas que atraviesa la Argentina. Y no menos relevante fue una frase de Milei que apuntó a que el país se halla ante un punto de inflexión, donde “el cambio se convierte en una obligación y una urgencia”.
La duda que subyace después del acto celebrado en Tucumán es cómo se llevará a la práctica el acuerdo para que no termine en algo meramente testimonial.
Dos puntos del Pacto de Mayo resultan claves. Son aquellos que postulan que el equilibrio fiscal es innegociable y que el gasto público, que hoy representa alrededor del 42% del PBI en las esferas nacional, provincial y municipal, debe retornar a niveles históricos del 25%.
Javier Milei y Karina Milei en la firma del Pacto de Mayo en Tucumán
Ninguno de los firmantes del pacto pudo obviar que los gobiernos provinciales y municipales son en conjunto responsables de más de la mitad de ese gasto público, y que entre 2003 y 2023 el número de empleados públicos en los niveles nacional, provincial y municipal creció de poco más de dos millones a casi cuatro millones.
Paradójicamente, tras un acuerdo que apunta entre otras cosas a reducir el gasto estatal, el primer reclamo de no pocos de los gobernadores firmantes al gobierno nacional será por más fondos para sus provincias. “Nosotros cumplimos. Ahora es el turno del gobierno nacional”, advierten esos gobernadores.
Una de las demandas, que comparten los mandatarios de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, es que el gobierno nacional cumpla con el compromiso legal de financiar los déficits de sus sistemas previsionales. Otro de los reclamos es que el Estado nacional se apure a cumplir con el esquema de financiamiento acordado para la finalización de obras públicas que quedaron paralizadas. Finalmente, el gobierno porteño exige la recuperación de los puntos de coparticipación que le había quitado la gestión de Alberto Fernández para financiar mejoras salariales en la policía bonaerense; se trata de una demanda avalada por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, pero que aún la administración de Milei no ejecutó. El jefe de gobierno Jorge Macri le hará llegar el viernes próximo su reclamo al ministro de Economía, Luis Caputo: unos 2,5 billones de pesos por la pérdida neta desde la quita de los puntos coparticipables entre 2020 y 2022, más 1,7 billones de pesos por la pérdida de los dos últimos años, desde el fallo de la Corte hasta junio último. Un total de 4,2 billones de pesos, a lo debe sumarse la demanda porteña por la transferencia de la administración del puerto de Buenos Aires, la terminal de ómnibus de Retiro y la Inspección General de Justicia.
El estilo pendenciero de Milei no mide la dimensión de sus reiterados agravios
¿Será factible llevar a la práctica concreta los consensos enunciados en el Pacto de Mayo si esos entendimientos no se traducen en una coalición de gobierno? Son muchos los actores políticos que dudan al respecto. El bloque de diputados Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que “estos objetivos no se alcanzan con una foto o la firma de un papel, sino con acciones concretas”.
Las relaciones entre el mileísmo y el macrismo también están signadas por cierta dosis de incertidumbre. Milei proyecta ir absorbiendo poco a poco a Pro, comiéndole dirigentes. Es una estrategia que Mauricio Macri conoce bien, pues cuando fue presidente de la Nación procuró hacer con sectores del radicalismo lo mismo que Milei pretende hacer hoy. Macri nunca fue partidario de que su alianza electoral, Cambiemos, se convirtiera en una coalición de gobierno. Mucho antes, Fernando de la Rúa tuvo una actitud parecida: había llegado al poder merced a una alianza electoral con el Frepaso, pero jamás se vio seducido por la idea de armar una coalición gubernamental; los límites de la alianza se desdibujaron y no tardaron en aparecer desinteligencias que siguieron con la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, tras el escándalo de las coimas en el Senado, y el fin del propio gobierno delarruista.
Por estas horas, el Gobierno enfrenta otro desafío más candente, representado por las dudas del mercado acerca de cómo y cuándo se dejará atrás el cepo cambiario y sobre cuándo volverá a crecer la economía. En los últimos días, se asistió a la estampida del dólar; el aumento del riesgo país por encima de los 1500 puntos básicos; el incremento de la brecha cambiaria a niveles del 60% entre la cotización oficial y la del segmento libre; la caída de las reservas del Banco Central, y las diferencias públicas entre el FMI y la conducción económica. La liquidación de divisas por las exportaciones se encuentra bastante por debajo de los cálculos que se habían estimado para esta época, algo que entre analistas económicos del sector privado se relaciona con la hipótesis del atraso cambiario, que el Gobierno insiste en relativizar.
El registro del 4,6% de inflación en un mes caliente como junio, para el que muchos esperaban un número peor, le otorgó un respiro al Gobierno. Todo el mundo le reconoce a Milei que evitó la espiralización inflacionaria tras los alarmantes picos de diciembre último. Pero se le critica haberse aferrado al cepo a la compra de dólares y a la tablita cambiaria del 2% mensual. Este truco les permite a las autoridades contener alzas en alimentos, pero la continuidad del cepo impide la acumulación de más reservas y coarta el crecimiento de la economía.
La estampida del dólar continuó en los últimos días y lo llevó a $1500 pesos en el mercado paralelo
Mientras los operadores esperan que se levante el cepo para seguir invirtiendo en bonos argentinos, lo que haría bajar el riesgo país, el Gobierno aguarda a que baje el riesgo país para dejar sin efecto el cepo. Una circularidad en la que ha quedado atrapado el Gobierno, según señala el economista y diputado de Pro Luciano Laspina. Llegamos así a un peligroso cóctel conformado por una conducción económica temerosa y un mercado escéptico.
En el Gobierno, sin embargo, se asegura que, si se siguen haciendo los deberes macroeconómicos, más el compromiso de emisión cero, la inestabilidad solo será temporal y no debería pasar mucho tiempo antes de que el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación converjan en un valor razonable. La falta de pesos y el esperado ingreso de dólares por el blanqueo alimentan sus expectativas favorables.
Pero hay otro peligro para la confianza en el Gobierno. Deriva del propio estilo pendenciero del Presidente, que no mide la dimensión de sus reiterados agravios contra personas e instituciones. Ni sus funcionarios más conciliadores, como Guillermo Francos, ni su sufrida canciller, Diana Mondino, pueden pasarse todo el tiempo reparando los daños que las irreflexivas y a veces soeces expresiones presidenciales provocan. La consigna “libertad para todos” se vacía de todo sentido si la palabra del jefe del Estado genera a diario un clima de hostilidad hacia el periodismo. Ayer, volvió a hacerlo al repostear un tuit de Agustín Laje que, al repudiar el atentado contra Donald Trump, acusó a los medios de prensa de trabajar “para lavarle la cabeza a la gente”. Su lenguaje colérico es impropio de quien inviste la más alta jerarquía de la Nación y de ningún modo puede ser justificado por el supuesto hecho de que Domingo Sarmiento “era también un gran puteador”, como afirma Milei en defensa propia.
Si el Presidente es capaz de diferenciarse claramente de la diatriba populista y demagógica que caracterizó a las gestiones kirchneristas, debería hacer un esfuerzo adicional para no terminar siendo identificado con los rancios rasgos de intolerancia que exhibieron tanto Néstor como Cristina Kirchner hacia la prensa y hacia quienes pensaran distinto. Néstor Kirchner solía decir que, antes que a los periodistas, prefería a los fotógrafos porque no hacían preguntas; para él y para su sucesora en la Casa Rosada, no había adversarios: solo súbditos o enemigos. Si Milei aspira a parecer otra cosa, debería tener presente que, históricamente, las intimidaciones a la prensa y a los críticos de una gestión gubernamental han tendido a ocultar mecanismos para violentar leyes y deberes morales en pos del enriquecimiento ilícito de funcionarios, familiares y amigos. Y que muchos de esos nefastos engranajes pudieron ser descubiertos merced a la labor del periodismo independiente.

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EL ANÁLISIS DE FERNANDO LABORDA

Javier Milei y los límites de la paciencia social

Fernando Laborda
Javier Milei, de cara al segundo semestre y los cambios en la expectativas ciudadanas
Una de cal y una de arena. Los sondeos de opinión pública más recientes dan cuenta de que la inflación –créase o no– ha dejado de ser la mayor preocupación de los argentinos y la mayor parte de la ciudadanía valora positivamente el desempeño del gobierno de Javier Milei para lograr bajarla. En contrapartida, se multiplicó la inquietud de la población por el desempleo, al tiempo que las expectativas sobre el futuro y la percepción acerca del presente en relación con el pasado experimentaron por primera vez un cambio de tendencia y comenzaron a descender.
En sintonía con la caída del índice de confianza del consumidor, que mide la Universidad Torcuato Di Tella y que cayó un 2,8% en junio tras cuatro meses de mejora consecutiva, la última encuesta nacional de Synopsis, concluida a mediados de junio sobre 1372 casos, exhibió un incremento en los niveles de pesimismo social.


De acuerdo con este sondeo, los niveles de aprobación de la gestión del Gobierno para bajar la inflación siguen siendo altos (51,8%). Pero esa buena calificación no parecería ser suficiente para sostener los niveles de ilusión que la gente tiene respecto de que Milei producirá los cambios anhelados para la Argentina. Si en abril el 47,5% de los consultados se declaraba muy o bastante ilusionado con que se produzcan los cambios deseados, en junio ese porcentaje cayó al 43,3%, mientras que quienes dicen estar poco o nada ilusionados registran un máximo del 52,7%.
Frente a la pregunta sobre cómo cree la gente que será la situación económica del país dentro de un año, quienes opinan que mejorará cayeron del 51,6% en mayo al 46,1% en junio, en tanto que quienes consideran que empeorará crecieron del 34,9% al 40,8% en igual período. Una tendencia similar se advierte cuando se interroga sobre la actual situación económica del país respecto de un año atrás: quienes juzgan que empeoró aumentaron entre mayo y junio del 51,8% al 55,9%, mientras que quienes creen que mejoró constituyen hoy el 32,3%, apenas un punto más que el mes anterior. La misma tendencia se verifica cuando se consulta sobre las expectativas en términos personales.
La política exterior de un país debe estar guiada por sus intereses y no por caprichos
El dato más llamativo es que la inflación solo representa hoy la principal preocupación para el 19,9% de las personas consultadas, cuando a principios de año era mencionada por dos tercios de la población. En cambio, el desempleo, que no llegaba al 5% de las menciones en enero último, ahora es reconocido como el mayor problema por el 31,2% de la gente.
En forma paralela a la baja de las expectativas en la población, los días posteriores a la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal transcurrieron en medio de las dudas del mercado financiero sobre el devenir económico. El viernes 28 de junio, el ministro Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, anunciaron el inicio de un ciclo de “emisión cero” y el traslado de los pasivos remunerados de la entidad monetaria al Tesoro de la Nación. Una forma de limpiar deudas del Banco Central, cuyos elevados intereses se venían pagando con emisión monetaria y que, a partir de ahora, deberán ser solventados con ahorros del fisco. Pero no pocos operadores económicos entendieron que, en manos del Tesoro, esa deuda pasaría a tener un mayor riesgo de ser defaulteada.
Distintos economistas interpretaron que el dato central del anuncio de Caputo y Bausili fue la simple ratificación de que habrá cepo cambiario para rato y de que el tipo de cambio oficial seguirá ajustándose a razón de solo el 2% mensual, contra una inflación proyectada del 140% anual, al tiempo que continuará el llamado dólar blend para los exportadores, que equivale hoy a unos 1000 pesos por dólar, cuando este cotiza en el segmento libre en alrededor de 1400 pesos. Como producto de la desconfianza, el riesgo país superó la barrera de los 1500 puntos, aunque se ubicó al término de la semana en 1406.
No faltaron economistas que pusieron en duda la política monetaria oficial. Roberto Cachanosky apuntó contra el Gobierno por emitir pesos: “Hay algunas declaraciones de Milei que sorprenden. Dijo que va a sacar una ley para que quien emita moneda sea juzgado por delito de lesa humanidad. Le diría que tiene que ir preso él, porque la emisión que está haciendo el Banco Central es fenomenal”.
Un informe del economista Agustín Monteverde, sin embargo, destacó que entre el último día hábil previo a la asunción de Milei (7 de diciembre de 2023) y el 27 de junio, la base monetaria amplia, formada por el circulante, el dinero de los bancos en el Banco Central y los pasivos remunerados de este, cayó de 36,5 a 36,3 billones de pesos, por efecto del descenso de los pasivos remunerados de 26,4 a 17,7 billones de pesos. Si se toma solo la base monetaria estricta, sin incluir los pasivos remunerados del Banco Central, esta creció de 10,1 a 18,6 billones de pesos, en sintonía con el 86% de crecimiento de la inflación en el mismo lapso.
Estos números, sumados al hecho de que las reservas netas del Banco Central, que eran negativas en 12.200 millones de dólares al 10 de diciembre, hoy tienden a cero, al tiempo que las reservas brutas pasaron de 21.200 a 29.700 millones de dólares, deberían ser interpretados como positivos. No obstante, en distintos sectores se ponen en tela de juicio los logros del Gobierno, por el hecho de que la acumulación de reservas tiene como contracara el mantenimiento del cepo cambiario; el superávit fiscal choca con la licuación de salarios y el diferimiento de deudas del Estado, y la desaceleración de la inflación puede reconocer como contrapartida la caída de la actividad económica, con el consecuente incremento del desempleo.
El segundo semestre de Milei se inicia así con el desafío de mantener aquellos logros, pero con fundamentos que resulten más genuinos. A medida que la inflación deje de ser el mayor problema, la población demandará reactivación económica y los operadores financieros reclamarán un riesgo país en niveles tolerables para que retorne el crédito.
Por supuesto que es fácil cuestionar desde el llano la falta de reactivación económica como si la salida pudiese llegar de la mano de una mera solución técnica, del voluntarismo de los dirigentes políticos o de una mayor sensibilidad social que, por arte de magia, resuelvan los desequilibrios que la economía argentina arrastra desde hace muchos años, como consecuencia de políticas populistas, intervencionistas e inflacionarias.
La oposición dialoguista y una sociedad por momentos impaciente deberán entenderlo. Del mismo modo que Milei deberá comprender que no es factible gobernar con el solitario apoyo de siete senadores y 38 diputados nacionales, ni se puede esperar a que la ciudadanía le otorgue dentro de 15 meses un triunfo en las elecciones legislativas que le permita empezar a revertir su situación de debilidad parlamentaria.
El distanciamiento que experimentaron el Presidente y Mauricio Macri en los últimos tiempos –no conversan desde hace casi dos meses– es consecuencia de una relación que no ha sido cuidada y administrada inteligentemente desde un gobierno que se sabe en minoría.
Los frecuentes insultos que Milei les dirige a representantes del radicalismo o a economistas de cuño liberal como Ricardo López Murphy o Carlos Melconian, para no hablar de las injustificables agresiones a periodistas tan críticos de su gestión como diferenciados de la prensa militante del kirchnerismo, reflejan el perfil de un líder gobernado por sus emociones antes que por sus razones. Es probable que detrás de la curiosa elección de sus adversarios exista en Milei la intención deliberada de forzar la conformación de un escenario sin grises, donde todo sea blanco o negro y él pueda asumir la representación de uno de los extremos. Su estrategia polarizadora conduciría a la necesidad de que no haya disidencias en el segmento que pretende liderar, algo que puede encerrar el riesgo de las tentaciones autocráticas.
Este estilo es particularmente peligroso llevado al plano de las relaciones internacionales. La política exterior de un país debe estar guiada por sus intereses y no por las relaciones de amistad o los caprichos personales de sus líderes. Resulta difícil que los argentinos puedan ganar algo por el enfrentamiento de su presidente con Lula. Milei debe evitar caer en la necedad y buscar la virtud; esto es, el justo medio que Aristóteles definió como la recta razón que decide el hombre prudente, alejado tanto del exceso como del defecto.

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EL ANÁLISIS DE FERNANDO LABORDA

El estrepitoso fracaso de una conjura
Sectores del kirchnerismo buscaron valerse del accionar de grupos terroristas para frustrar el tratamiento de la Ley Bases

Fernando Laborda
Victoria Villarruel, el tiro penal decisivo que desempató la votación

Como aquel 18 de diciembre de 2017, recordado por las 14 toneladas de piedras. el miércoles último la Argentina se deslizó por el túnel del tiempo de la violencia contra las instituciones. Pero esta vez, al final de ese tortuoso y oscuro pasadizo, encontró la luz. Al igual que aquella vez, cuando el gobierno de Mauricio Macri intentaba tratar una reforma jubilatoria en el Congreso, el kirchnerismo buscó valerse de los graves disturbios callejeros promovidos por delincuentes para frenar la sesión en la que se discutía la Ley Bases propiciada por Javier Milei. El recurso con el cual en 2017 logró su cometido, en esta oportunidad, mostró su ineficacia. La sesión legislativa continuó y, tras largas horas de debate, el proyecto de ley terminó siendo aprobado, sin que los senadores kirchneristas y sus violentos aliados tácticos de la izquierda pudiesen invadir el campo de juego antes de que la vicepresidenta Victoria Villarruel ejecutara el tiro penal decisivo que desempató la votación.
Milei puede respirar tranquilo. Muy probablemente tendrá su primera ley antes del 9 de julio, luego de su convalidación final por la Cámara de Diputados. Aunque deberá tomar nota de algunos detalles. La aprobación de la Ley Bases en el Senado dejó al descubierto los errores estratégicos iniciales de la gestión presidencial. Quedó tras la sanción en evidencia que el Presidente pecó originalmente de ambicioso e inflexible, y que la intransigencia es incompatible con la debilidad parlamentaria del oficialismo. Casi seis meses debieron pasar para que el primer mandatario advirtiera su equivocación inicial. Es cierto que el Congreso le debía al Poder Ejecutivo una ley que le permitiera contar con herramientas para llevar a la práctica algunas de las políticas que fueron votadas por la mayoría de los votantes. Pero esto solo fue posible por la buena voluntad de un dialoguista sector de la oposición y por la capacidad negociadora de un puñado de hombres encabezados por el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La mejor semana de Milei desde que llegó a la Casa Rosada se complementó con el acuerdo con China para la renovación del swap por unos 5000 millones de dólares, con la favorable revisión del programa económico por parte del FMI y por el descenso de la inflación al 4,2% en mayo, que pese a representar la más alta del mundo fue la más baja desde enero de 2022.
Escenas de vandalismo en la zona del Congreso durante el debate por la Ley Bases
Sin embargo, lo más importante desde el punto de vista simbólico, aunque parezca una paradoja, fue lo ocurrido en la calle. Pasó por el rotundo fracaso de una conjura para forzar la caída de una sesión parlamentaria. Impedir que uno de los tres poderes haga su trabajo configura un golpe institucional, al que se añaden la comisión de atentados contra la población civil, como el sufrido por el periodista de Cadena 3, Orlando Morales, y el empleo de bombas molotov, lanzas incendiarias –¿un homenaje al tristemente célebre “gordo del mortero” de 2017?– y hasta granadas. No eran manifestantes, eran terroristas.
La frustrada maniobra del kirchnerismo solo reforzó el miedo al pasado
La frustrada maniobra del kirchnerismo tendiente a obturar el debate de la Ley Bases y de los activistas callejeros para sembrar el caos no hizo más que reforzar el miedo al pasado en la porción más blanda y volátil del 55,6% del electorado que apoyó a Milei en el balotaje de noviembre último, según interpretan distintos analistas de opinión pública. Ayudó también a acrecentar el relieve de la victoria parlamentaria de una fuerza política que apenas cuenta con siete senadores sobre 72. Milei aprobó así su más desafiante test de gobernabilidad.
La Ley Bases se ha demorado bastante más de lo que la economía del país lo demandaba. En el zigzagueante camino hacia su aprobación en el Senado, el Gobierno debió resignarse a aceptar muchas modificaciones al texto original a fin de salvar el proyecto. Entre otras cosas, se dejó de lado del plan de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, al Correo Argentino y a la Radio y Televisión Argentina. Del mismo modo, se acordó darle continuidad a aquellas obras públicas que presentasen un avance del 80% o que cuenten con financiamiento internacional asegurado. Finalmente, por la conjunción de distintos sectores de la oposición, el Senado volteó enteras las reformas de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales, una cuestión que el oficialismo buscará revertir cuando el proyecto vuelva a ser tratado en la Cámara de Diputados.
Algunos observadores, como Alejandro Catterberg, creen que la aprobación parlamentaria no fue tan importante por lo que logró como por el desastre político que evitó. Los vaivenes del mercado financiero y del riesgo país, que volvió a descender tras la sanción del Senado, parecen dar cuenta de que al mundo inversor no le preocupa tanto hacia dónde nos conduce Milei como hacia dónde se dirigirá el país si Milei fracasa.
Pero aun con los cambios sufridos, la ley puede ser el punto de partida para una serie de reformas estructurales de peso. En tal sentido, las privatizaciones proyectadas implicarían menor gasto público y menor déficit fiscal; el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) podría atraer capitales en las actividades petrolera y minera, y la reforma laboral aportaría algo de seguridad jurídica y un aligeramiento de los costos para generar empleo formal en el sector privado.
Guillermo Francos ha venido a representar lo que el Gobierno puede hacer. Consciente de que la política es el arte de lo posible, refleja aquello de lo que el Presidente adolece: la flexibilidad indispensable para la gestión política de la acción gubernamental. Es probable, sin embargo, que quien mejor represente lo que Milei quiere hacer sea Federico Sturzenegger.
Javier Milei, entre Federico Sturzenegger y Luis Caputo

Al exponer en el seminario internacional “El renacer de la libertad en la Argentina y el mundo”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso y el Instituto Cato, Sturzenegger planteó la necesidad de desarmar la maraña de intereses que denominó “el triángulo de las Bermudas”, formado por “la corporación empresaria, la corporación sindical y el partido peronista, con sus distintos nombres y pieles”. Los caracterizó como “agentes bloqueantes del cambio” y enfatizó que “el peronismo es el gestor de las castas, el verdadero partido conservador de la Argentina”. Con ese discurso, el inspirador del megadecreto 70/2023 se prepara para aterrizar en el gabinete y liderar la etapa de instrumentación de las reformas estructurales que surgen de la Ley Bases y las desregulaciones impuestas en el citado decreto.
La llegada de Sturzenegger al Gobierno, en un puesto ministerial aún no definido oficialmente, supone otro desafío por los viejos rencores que lo separan del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien en los últimos días dejó atrás su perfil identificado absolutamente con lo técnico para incursionar en el terreno político.
En sintonía con el lenguaje del Presidente, quien tiene claro que la moderación ha pasado de moda porque la confrontación da más votos, Caputo denunció que “la oposición tiene un único objetivo, que es tratar de voltear a este gobierno” y enfatizó que “ellos están acá para que nos vaya mal”.
Otra declaración del ministro de Economía dio que hablar. Sostuvo que “siempre la economía estuvo supeditada a la política y esta es la primera vez que la economía manda sobre la política”. Su frase llamó la atención de muchos. Como si lo hubiera escuchado, tres días después de esa opinión de Caputo, desde Bari, donde expuso ante el G-7, el papa Francisco dijo que “ciertamente, para muchos la política es una mala palabra” y que “a esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología”, antes de preguntarse si puede funcionar el mundo sin política y afirmar: “Nuestra respuesta es ¡no! ¡La política sirve!”. Pareció otro tiro por elevación del Sumo Pontífice dirigido a Milei, que se sumó al encuentro, con foto incluida, que días antes mantuvo Francisco con sindicalistas del sector aeronáutico, en un gesto que fue leído como un apoyo a la continuidad de Aerolíneas Argentinas bajo la esfera del Estado, en momentos en que se debatía su posible privatización.
Los gestos papales pueden admitir distintas interpretaciones y tal vez generen menos inquietud que el hecho de que el cántico “La patria no se vende” se haya escuchado recientemente en iglesias. Es cierto que un Presidente debe velar por evitar la espiral del odio y que el rencor sea el combustible de la vida política. Pero nadie puede pedirle que invite a tomar el té a los más genuinos representantes de la corrupción y los espurios privilegios corporativos y del Estado.

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EL ANÁLISIS DE FERNANDO LABORDA

La era Milei: un baño de alivio que no despeja temores
Fernando Laborda
La llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación ha provocado una sensación de alivio en buena parte de la ciudadanía –incluida una porción de votantes de Sergio Massa– que ansiaba ponerles un punto final a los ciclos kirchneristas. Pero el arribo del líder libertario al poder no despeja inquietudes ni temores por lo inédito de este experimento a cielo abierto que llama la atención de no pocos observadores internacionales y que el propio Milei ha denominado “el primer gobierno liberal libertario de la historia de la humanidad”. No solo asume por primera vez la jefatura del Estado argentino un economista. Nunca antes había llegado a la Casa Rosada alguien que hiciera campaña prometiendo un severo ajuste, al tiempo que jamás un gobierno se animó a proyectar tan profundas transformaciones con tan escaso fuego parlamentario y nulo poder territorial.
¿Tendrá el gobierno de Milei el soporte político suficiente para afrontar la grave situación del país e imponer su anunciada reforma del Estado y el ajuste fiscal que se propone? El hecho de contar apenas con el 15% de los diputados nacionales y con menos de la décima parte de los senadores, con cero gobernadores y apenas tres intendentes en todo el país, habla a las claras de la debilidad política de un presidente como no se vio a lo largo de todo el período democrático iniciado en 1983. Y si se revisa toda la historia argentina, solo podría equipararse con el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, quien en 1916 arribó al poder con 47 diputados radicales sobre un total de 120 y con cuatro senadores sobre 30.
Intentar suplir la debilidad parlamentaria con el apoyo de la opinión pública puede ser una alternativa. Pero como estrategia para asegurarse la gobernabilidad resultaría inmurphy suficiente. Para el acto de asunción presidencial de hoy, Milei buscaría darse un baño de popularidad, hablándole a una multitud de fieles desde las escalinatas del Congreso en lugar de pronunciar el tradicional discurso ante los integrantes de la Asamblea Legislativa, donde jurará y recibirá los atributos de mando, Si quisiera transmitir una señal de ratificación de su lucha contra la casta política de esa manera, estaría cometiendo un error, por no decir un gesto de menosprecio hacia quienes necesitará para la sanción de las leyes fundantes de su gestión gubernamental. Rompería, por otra parte, con una tradición de los presidentes surgidos tras la reapertura democrática, de la que hoy se cumplen 40 años.
No menos inquietud genera en los operadores económicos si el diagnóstico de Milei y su objetivo de llevar a cabo un ajuste fiscal de al menos cinco puntos del PBI será consistente con la elección de sus ejecutores, a la luz de que hasta ayer se buscó desesperadamente un secretario de Hacienda que secundase al designado ministro de Economía, Luis Caputo. Se trata nada más y nada menos que del hombre que tendrá a su cargo el manejo de la motosierra. El hecho de que se hubiera pensado en recurrir a algunos de los funcionarios de Massa para cubrir lugares hasta que se consiga a los técnicos definitivos no deja de revelar una dosis de improvisación. Fuentes cercanas al presidente electo reconocen que “no es fácil convencer a muchos profesionales de comprometerse con la función pública en medio de los líos que tiene el país”. No obstante, aseguran que el déficit cero será una realidad, con motosierra o con bisturí.
La dimensión del ajuste previsto por el nuevo gobierno surge si se lo compara con el que, en 2001, intentó llevar a la práctica Ricardo López como efímero ministro de Economía de Fernando de la Rúa. La corrección fiscal planteada en aquellos difíciles momentos en que la convertibilidad y el 1 a 1 agonizaban equivalía a 0,7 puntos del PBI, cerca de una décima parte de lo que se proyecta recortar ahora. A diferencia de aquellos tiempos en que la presión política y social derivó en la rápida eyección de López Murphy, que dio lugar al retorno de Domingo Cavallo al Palacio de Hacienda, hoy el achicamiento de los gastos improductivos del Estado es un reclamo de buena parte del electorado, que quiere terminar con la inflación y que desde 2003 hasta hoy ha visto crecer la planta de empleados públicos de la Nación, las provincias y los municipios de 2,2 millones de personas a 3,9 millones; un aumento siete veces mayor al de la población de toda la Argentina en el mismo período.
La desventaja de Milei es que, a diferencia de cuando Carlos Menem accedió al poder en 1989, quien gozó de casi dos años para probar tres planes económicos –primero con técnicos de Bunge y Born, luego con Antonio Erman González y, finalmente, con Cavallo y la convertibilidad– hoy el margen para el ensayo y error es muchísimo menor. De ahí que Milei se muestre particularmente preocupado por preparar a la sociedad para lo peor y que hable del peligro de una hiperinflación, que conduciría a la pobreza al 95% de los argentinos, si no se desactivan las bombas sembradas por el kirchnerismo ni se efectúan las reformas necesarias.
Tal vez no importe tanto cuánto sepa el nuevo presidente de economía, sino cuánto sepa de política. Por lo pronto, no repetirá el error de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, de no plantear con absoluta crudeza la pesada herencia recibida. Del fundador de Pro, Milei recibió otro consejo: que no incurra en la equivocación que aquel cometió al asumir la presidencia, de girarle de entrada dinero a la provincia de Buenos Aires, por entonces a cargo de María Eugenia Vidal, para que se pudieran pagar los aguinaldos. De ahí que el líder de La Libertad Avanza, siguiendo la recomendación de Macri, se esté plantando detrás de una frase que parece haber convertido en bandera: “No hay plata”.
Al mismo tiempo, Milei tiene claro que lo peor que podría pasarle para articular los sólidos acuerdos que requerirá la sanción de leyes sería que se identificara su relación con Macri con la que unió a Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Tal vez por eso su designado ministro del Interior, Guillermo Francos, declarara que “Macri no compró acciones de La Libertad Avanza” y venga tendiendo puentes de negociación con más sectores políticos que los que se podía imaginar en un principio, incluido el peronismo.
Milei tiene claro que la ira del león debe ceder paso a la astucia de la zorra y al pragmatismo, aunque sabe que los alquimistas del resentimiento que procurarán una revuelta hacia la cultura del populismo y el pobrismo castigada en las urnas lo estarán esperando.
En su libro El poskirchnerismo, publicado en 2009, Mariano Grondona recuerda que, cuando aún era una incipiente ciudad-estado, Roma fue a una guerra contra la vecina ciudad de Alba. Para evitar una matanza, ambos gobernantes acordaron que a cada ciudad la representarían tres guerreros, convirtiendo la guerra en una competencia mortal pero limitada. Alba designó en su representación a tres hermanos, los Curiacios, en tanto que Roma hizo lo propio con otros tres hermanos, los Horacios. Tan pronto como se inició el combate, los Curiacios mataron a dos Horacios. El Horacio que quedaba emprendió lo que a sus rivales les pareció una fuga, por lo que los Curiacios comenzaron a perseguirlo, confiados en que le podrían dar muerte fácilmente. Pero, como corrían a velocidad desigual, se fueron distanciando entre ellos. Y cuando advirtió que los Curiacios se habían separado lo suficiente uno del otro, el Horacio que quedaba vivo pegó la vuelta y los enfrentó, matándolos de a uno.
La historia de Horacio da cuenta de que, como sostuvo en su obra La clase política Gaetano Mosca, cientista social y parlamentario italiano fallecido en 1941, el poder no consiste en la supremacía de una mayoría sobre una minoría, sino en la supremacía de una minoría organizada sobre una mayoría desorganizada. ¿Podrá Milei seguir la lección de Horacio?
El poder no consiste en la supremacía de una mayoría sobre una minoría, sino en la supremacía de una minoría organizada sobre una mayoría desorganizada

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EL ANÁLISIS DE FERNANDO LABORDA

La construcción del enemigo, de Cristina a Milei
Fernando Laborda
Durante una conferencia dictada en la Universidad de Bolonia, en 2008, el recordado semiólogo y escritor italiano Umberto Eco narró el asombro que le provocó la pregunta que una vez le formuló un taxista pakistaní en Nueva York: “¿Quiénes son los enemigos de su país?”, quiso saber cuando se enteró de que su ocasional pasajero venía de Italia. “Quería saber con qué pueblos estábamos en guerra desde hacía siglos por reivindicaciones territoriales, odios étnicos, violaciones permanentes de fronteras, etcétera, etcétera. Le dije que no estábamos en guerra con nadie. Con aire condescendiente, me explicó que quería saber quiénes eran nuestros adversarios históricos, esos que primero nos matan y luego los matamos nosotros o viceversa. Le repetí que no los tenemos, que la última guerra la hicimos hace más de medio siglo, empezándola con un enemigo y acabándola con otro”, contó Eco. Pero el taxista, nada satisfecho con la respuesta, seguía preguntando: “¿Cómo es posible que haya un pueblo que no tiene enemigos?”. Terminada la conversación, el ilustre pasajero, avergonzado de su indolente pacifismo, se bajó del taxi, no sin antes dejarle al conductor pakistaní dos dólares de propina.
Tras ese extraño diálogo, Eco reflexionó que no era verdad que los italianos no tuvieran enemigos. En rigor –pensó– no tienen enemigos externos y, en todo caso, no logran ponerse de acuerdo jamás para decidir quiénes son, porque están siempre en guerra entre ellos.
Tener un enemigo, según Eco, es importante no solo para definir nuestra identidad, sino también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores. Por lo tanto, cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo. Sin embargo, el propio autor de El nombre de la rosa advierte que la construcción del enemigo puede resultar manipuladora y peligrosa, porque simplifica la realidad, alimenta el prejuicio y fomenta la intolerancia hacia el otro.
Si algo tienen en común el kirchnerismo y Javier Milei es justamente su habilidad para construir enemigos.
Para el kirchnerismo, la política no es otra cosa que una pugna entre discursos hegemónicos y, en función de las enseñanzas que Cristina Kirchner ha tomado del fallecido filósofo y politólogo Ernesto Laclau, el avance hacia cualquier proyecto revolucionario supone necesariamente dividir a la sociedad. Si bien la historia argentina está plagada de antinomias y relatos, el kirchnerismo, detrás de un discurso supuestamente inclusivo, fue especialista en delimitar las fronteras entre un “nosotros” y un “ellos”. Su más reciente enemigo simbólico no es otro que “la derecha”, una expresión en la que intenta fundir a sus opositores, a los que acusa de venir por “los derechos” del pueblo. El relato kirchnerista deriva en una pretendida antinomia entre “proderechos” y “antiderechos”, que sucumbe ante la propia realidad social: merced a las políticas populistas y a la colosal inflación, los derechos han pasado a ser letra muerta para demasiados argentinos privados de dignidad y libertad.
Milei, por su parte, ha construido su propio enemigo, “la casta”, un término bajo el cual agrupa a toda la dirigencia que pretende vivir del Estado. Se trata, a juzgar por los resultados de las PASO que rompieron el bicoalicionismo, de una estrategia exitosa. Sin embargo, también encierra limitaciones que, en los últimos días, se tornaron evidentes, a partir de las contradicciones desnudadas por el enuna cuentro entre el líder libertario y el gremialista Luis Barrionuevo o los acuerdos en función de los cuales aparecieron dirigentes massistas en listas de candidatos de La Libertad Avanza.
Tal vez la vaguedad en la definición de “la casta” ayudó a la fuerza de Milei a disputarle votos de sectores medios y altos a Juntos por el Cambio, y votos de estratos mediobajos y marginales al peronismo. Lo cierto es que el apoyo electoral al candidato libertario encuentra diferentes motivaciones. Muchos valoran su voluntad para terminar con “la casta”; otros aprecian la posibilidad de que su hipotético gobierno asuma la necesidad de una gran austeridad fiscal que permita reducir la presión impositiva, y hay quienes fantasean con Argentina dolarizada, imaginando un horizonte de estabilidad que les permita ver incrementada su capacidad de ahorro y consumo. Un último sector del electorado ve en Milei, y especialmente en su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, una reivindicación de las víctimas del terrorismo de Montoneros y el ERP, y de otros valores puestos en duda durante la era kirchnerista, como el derecho a la vida frente al aborto voluntario, libre y gratuito.
El avance de Milei sigue provocando dudas en sectores empresariales. Es llamativo que en los encuentros que las primeras espadas del candidato en materia económica vienen manteniendo con inversores nacionales y extranjeros no solo haya consultas sobre las políticas que aplicará el candidato y la gobernabilidad, sino también acerca de su estabilidad emocional.
La reacción anti-milei se extendió a sectores de la Iglesia Católica, tras los duros calificativos del candidato libertario al papa Francisco –lo tildó de “representante del maligno en la tierra”–, y a un grupo de 170 economistas de distintas corrientes que desacreditaron el plan dolarizador, al que consideraron un “espejismo” y “un falso atajo” que llevará a “una nueva y más dramática frustración”.
Pero el más llamativo de los movimientos anti-milei estuvo dado por la convergencia de intelectuales de diversas orientaciones en un documento titulado “Compromiso electoral: ante las amenazas a la democracia”, en el que se señala que el triunfo de La Libertad Avanza en las PASO constituye “una conmoción de los fundamentos del pacto democrático instituido en 1983”. Este grupo, en el que sobresalen figuras como Graciela Fernández Meijide, Beatriz Sarlo, Alejandro
Katz e Hilda Sabato, junto a otros 22 intelectuales, sostuvo que “la emergencia demanda una presencia masiva en las urnas” y propuso “un compromiso explícito de las restantes coaliciones políticas para que “en la segunda vuelta, en caso de ser Milei uno de los candidatos finalistas, llamaran a votar a quien lo enfrente, quienquiera que sea”. Esto es, que Juntos por el Cambio convoque a votar por Sergio Massa y que Unión por la Patria llame a apoyar a Patricia Bullrich, si alguno de los dos queda fuera de un ballottage al que sí llegue Milei. Se trata de una petición tan inimaginable hasta hace poco tiempo como de difícil cumplimiento por las dos fuerzas hasta hoy tan mayoritarias como antagónicas.
Se advierte detrás de esa declaración la esperanza de que el temor a la agenda de cambios radicales o a un salto al vacío impida la llegada al poder de Milei, generando una reacción como la que bloqueó el triunfo de la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen ante Emmanuel Macron en 2022, o como la que imposibilitó meses atrás la reelección de Jair Bolsonaro en Brasil, merced a la alianza que Lula supo enhebrar con sectores de centroderecha. Sin embargo, el documento provocó numerosas críticas entre quienes consideran que es una invitación a excluir, al tiempo que pretende equiparar a una oposición republicana como la que encarnaría Juntos por el Cambio con un populismo hegemonista representativo del kirchnerismo. Como señaló Jorge Sigal, en respuesta a los firmantes de la propuesta: “El populismo mileísta es consecuencia directa de su contracara kirchnerista. ‘Ustedes lo hicieron’, les dijo Picasso a los vándalos nazis cuando le preguntaron cómo había hecho el Guernica”.ß
La construcción del enemigo puede resultar manipuladora y peligrosa, porque simplifica la realidad y alimenta el prejuicio y la intolerancia

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