EL ANÁLISIS DE JOAQUÍN MORALES SOLÁ

Una guerra sorda para nombrar jueces
Ni la inflación ni la inseguridad son temas prioritarios para Cristina Kirchner: sí el organismo que elige y controla a los magistrados

Joaquín Morales Solá
.Alfredo Sábat
Ni la inflación que liquida con premura el poder adquisitivo de los argentinos ni la inseguridad que convierte a los ciudadanos, sobre todo a los más pobres, en potenciales víctimas de ladrones y asesinos. Ninguno de esos temas son la prioridad de Cristina Kirchner, aunque está segura de que el Presidente terminará mal por el manejo del conflicto económico. Su única prioridad es, ya sea cuando está en Buenos Aires o en El Calafate, la nueva composición inminente del Consejo de la Magistratura, el organismo constitucional que elige y destituye a los jueces. Si le fuera posible, aspira también a designar, en los apenas ocho días que le quedan de vigencia al actual Consejo, a los cruciales cinco jueces federales que deben ser nombrados en esa instancia que juzga la corrupción política. El Senado debatirá este jueves, si no hay tropiezos oficialistas de última hora, el proyecto de ley para la nueva integración de la Magistratura, de la que excluye a la Corte Suprema de Justicia. Es raro, al menos: el Consejo es un organismo de la Justicia y la Corte es la más alta instancia de ese poder del Estado, pero esta no tendrá representación en la institución que elige a los futuros jueces, si es que fuera aprobado el proyecto del Gobierno.
Según información coincidente de distintas fuentes senatoriales, la Cámara alta sancionará el proyecto del Gobierno con algunos cambios cosméticos para justificar la adhesión de los dos senadores que siempre terminan al lado del kirchnerismo. Sin embargo, versiones recurrentes plantean algunas dudas sobre cuatro o cinco senadores del propio bloque oficialista, más cercanos a Alberto Fernández que a Cristina Kirchner, o cuyos líderes son gobernadores que simpatizan más con el Presidente que con la vicepresidenta. La sesión fue convocada ya formalmente. Nadie supo explicar si aquellos rumores son solo impresiones. Están seguros, en cambio, los dos aliados permanentes, que son el exgobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. Weretilneck, que fue gobernador durante ocho años, cultiva un viejo enojo con la Corte Suprema porque esta le impidió postularse a una re-reelección en 2019, que le prohibía la propia Constitución provincial. Aunque el proyecto inicial de Weretilneck incluía a la Corte en el Consejo de la Magistratura, el senador rionegrino desistió rápidamente de esa idea a cambio de unos pocos cambios en el proyecto oficial.
Probablemente no el viernes 15, porque será feriado por Semana Santa, sino el lunes 18, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, asumirá como presidente del Consejo. Cumpliría, así, con la ley que rigió hasta que la entonces senadora Cristina Kirchner eyectó del Consejo a la Corte con una ley nueva de su autoría, en 2006, sobre la integración del Consejo. Esa ley es la que hace poco fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema; todavía se escuchan en el Senado los ecos de los gritos de indignación de la vicepresidenta por esa irreverencia intelectual del máximo tribunal de justicia del país. ¿Cómo ella, que funge de experta en leyes y en la Constitución, pudo haber escrito una ley que contradice a la Constitución misma? ¿A quién se le ocurre semejante disparate? Desde ese instante preciso decidió que tampoco en la nueva integración del Consejo estaría la Corte Suprema. Y no está. El proyecto oficial para la nueva integración eleva de 13 a 17 el número de miembros del Consejo, pero no respeta la proporcionalidad política y profesional que le exige la Corte. La política no debe olvidar que dos jueces de la Corte, el propio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, fueron constituyentes en 1994 y que ellos contribuyeron a escribir el artículo de la Constitución que creó el Consejo de la Magistratura. La letra y el espíritu de ese artículo es el de sacarles al Poder Ejecutivo y al Senado, cámara que les da acuerdo a los nuevos jueces, el monopolio de las designaciones de los miembros del Poder Judicial. La Constitución creó el Consejo, pero una ley debe reglamentar su integración. Esa ley es la que estuvo en discusión antes de 2006, en 2006 y ahora. Es probable que Cristina Kirchner vea aprobado este jueves su proyecto en el Senado, pero también es probable que no haya una ley sancionada por Diputados antes del 15 de abril, fecha límite que la Corte estableció para que los poderes Ejecutivo y Legislativo elaboren y aprueben una nueva integración del Consejo. Por eso, asumiría Rosatti, porque volvería a tener vigencia la ley que rigió hasta que Cristina metió mano y la cambió en 2006. En la ley vieja, el presidente de la Corte era, al mismo tiempo, presidente del Consejo de la Magistratura. Es lo que corresponde si se quiere que la cabeza del Poder Judicial sea una sola. Como escribió Roberto Lavagna, “la Argentina tiene tres poderes constitucionales, no cuatro”.
La última ocurrencia de Cristina Kirchner es que, en caso de que volviera a regir la vieja ley por ausencia de una nueva, será ella la que nombrará los dos representantes del Congreso que faltarían. En rigor, esos dos cargos le corresponden a Juntos por el Cambio y deberían ser designados a propuesta de los bloques de la coalición oficialista en el Senado y en Diputados. Pero como ella nunca firmaría tales designaciones (y lo presionaría también a Sergio Massa para que este no firme nada a favor de la oposición), sus candidatos son el senador Oscar Parrilli y la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. La maniobra tiene su explicación: la eventual designación de Parrilli sería una arbitrariedad, pero ella puede en el Senado darse el lujo de reincidir con el absurdo. Está segura de que ahí triunfará. La de Bregman sería, en cambio, el intento de canjear en Diputados ese cargo por los votos del bloque de izquierda, integrado por cuatro diputados. La izquierda había anticipado que no votaría el proyecto oficial porque presentaría un proyecto propio. Es difícil, con todo, que la vicepresidenta (o Massa) cambie la opinión de los diputados de izquierda por un cargo. La historia indica que los legisladores de izquierda son coherentes, aunque estén conceptualmente equivocados.
Al oficialismo le faltan en Diputados cinco o seis votos. Los dos diputados que responden al senador Weretilneck y los representantes de algunos partidos provinciales (también los dos misioneros, entre ellos) se agregarán a los 117 con que cuenta el Gobierno. El oficialismo necesita en Diputados 129 votos para la aprobación definitiva del proyecto que llegará del Senado. Un voto clave es la de la diputada Graciela Camaño, que integra el Interbloque Federal, una coalición legislativa que tiene como líderes a Lavagna y al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. También cuenta con dos socialistas. Son siete en total. Pero Camaño tiene voz propia por su larga experiencia en la Cámara de Diputados y como consejera en la Consejo de la Magistratura. Camaño adelantó que no quiere un futuro Consejo sin la Corte, pero tampoco con la Corte presidiendo el Consejo. “Presidir la Corte y el Consejo es demasiado poder para la Corte Suprema”, explicó. Es decir, que votará en contra de los proyectos del Gobierno, que descarta a la Corte en el Consejo, y de la oposición, que prevé al presidente de la Corte como titular del Consejo. La idea de Camaño es que un juez rotativo de la Corte forme parte del Consejo de la Magistratura, pero no como presidente del organismo. Camaño propone también que ni la Corte ni los jueces integren la Comisión de Disciplina del Consejo, porque, asegura, la solidaridad corporativa frena todas las denuncias por corrupción que existen sobre varios jueces. Sí estará de acuerdo con que el juez de la Corte forme parte de la decisiva Comisión de Administración Financiera. El Consejo administra los recursos financieros de la Justicia. En síntesis, Camaño no votará un proyecto sin la Corte en el Consejo, pero tampoco con la Corte al frente del Consejo.
Cristina Kirchner estaba hasta ayer en El Calafate, que más que su lugar en el mundo es su madriguera, el lugar donde se refugia cuando quiere huir de compromisos indeseables en la Capital. Y quería huir de la presencia en Buenos Aires del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, un joven de izquierda que condena las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua y que censuró vehementemente la invasión de Putin a Ucrania. Cristina Kirchner demostró con esa actitud que pertenece más a la izquierda jurásica latinoamericana que a la nueva marea de jóvenes progresistas. Para la izquierda de Cristina, los derechos humanos solo son violados por gobiernos de derecha, nunca por los de izquierda. La izquierda europea ya perdió esos prejuicios hace mucho tiempo. Y Putin es un amigo de ella, aunque esté cometiendo atroces crímenes de guerra en Ucrania. Lo único importante para ella es que Putin está enfrentado con el gobierno de los Estados Unidos (un vetusto reflejo de la izquierda de América Latina), aunque haya posado sonriente con el simpático embajador norteamericano, Marc Stanley. Los enemigos de Washington son mis amigos, según la arcaica regla de cierta izquierda demodé.
Con todo, la mayor distancia de Cristina Kirchner con Boric es la decisión de este de continuar con la política de Estado de Chile de reclamarle a la Argentina la extradición del exguerrillero Galvarino Apablaza, líder del Frente Patriótico Manuel Rodriguez. Apablaza fue juzgado y condenado en Chile por el asesinato de un senador cuando ya existía en el país vecino un sistema democrático de gobierno. Se exilió en la Argentina. Su extradición fue reclamada por los entonces presidentes chilenos Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Boric continúa con esa política. En 2010, la Corte Suprema de Justicia argentina autorizó la extradición de Apablaza, luego de analizar el delito que había cometido en su país y las pruebas que acompañaban el expediente. Apablaza dejó de ser entonces un exiliado y se convirtió en un refugiado político, que es una categoría que establece el gobierno político de un país. El exguerrillero se presentó en la Justicia cuando Mauricio Macri le quitó la condición de refugiado. Ese trámite no ha concluido por las dilaciones interminables (e inexplicables) de la Justicia argentina. Es también una decisión política, porque el Gobierno ya tiene la autorización de la Corte Suprema para ordenar la extradición de alguien que cometió el delito de matar. La esposa de Apablaza fue muy cercana al gobierno de Cristina Kirchner hasta 2015. La propia legislación argentina señala que la condición de refugiado concluye si el que tiene ese beneficio cometió un delito contra personas en su país. Cuando autorizó la extradición, la Corte Suprema señaló, como lo hace formalmente siempre, que el Gobierno debe velar por la seguridad de la persona extradita en el país que lo reclama (que no sea torturado o condenado a muerte, por ejemplo). Puro formalismo, del que se aferran los kirchneristas locales. En Chile existe el Estado de Derecho y su Justicia es más creíble que la justicia argentina.
Ahora bien, ¿justificaban esas diferencias que Cristina Kirchner no haya estado en ningún acto del que participó el presidente de Chile? Aunque fue una visita de Estado (la categoría más importante para la visita de un jefe de Estado extranjero), no hubo convocatoria a una Asamblea Legislativa, como sucede con todos los presidentes que visitan el país. Ni siquiera hubo una reunión de los presidentes de todos los bloques de diputados y senadores en el Salón Azul del Senado, que es la otra forma que usa el Congreso para homenajear a un jefe de Estado extranjero. Boric fue recibido en el Congreso solo por Massa y por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala. Cristina prefirió el viento y el frío de la Patagonia infinita. Desconfiada hasta la soledad. Lejos de todo, cerca de todo.

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EL ANÁLISIS DE JOAQUÍN MORALES SOLÁ,

Cristina avanza y no se frena
Joaquín Morales Solá
Carlos Melconian, el único economista que es un amigo histórico de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, dijo ayer que la decisión de la empresa Falabella de irse del país es un “punto de inflexión” que debería llevar a la dirigencia política a repensar el país. “No hay inversión ni para lo que se deprecia. Es la prueba de la destrucción sistemática del capital y el trabajo”, argumentó.
En ese contexto, en el que no hay certezas económicas ni seguridad jurídica (y cuando importantes empresas extranjeras se van del país), la Corte Suprema de Justicia debió aclarar, con un estilo más elíptico que claro, lo que es obvio: como máximo tribunal del país, se abocará a establecer si es constitucional o no la remoción de jueces que juzgaron a la actual vicepresidenta. Dicho de otro modo, reivindicó su papel de intérprete final de la constitucionalidad de los actos de los otros poderes del Estado.
Seguramente la redacción implícita y sucinta (y también oscura) del documento de la Corte se deba más que nada a la necesidad del consenso interno dentro del tribunal. La Corte espera ahora que se pronuncie la instancia inmediatamente inferior, la Cámara en lo Contencioso Administrativo (de la que se espera una posición cercana al Gobierno), para tomar el asunto y proteger o desproteger a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que juzgaron y procesaron a Cristina Kirchner.
Aunque para la Corte ningún acto de gravedad institucional es irreparable, porque debe pasar antes por la aprobación o la desaprobación de ese tribunal, lo cierto es que existe el precedente del exprocurador de Santa Cruz Eduardo Sosa. Sosa fue despedido de su cargo por los Kirchner y la Corte Suprema insistió varias veces en que debían reponerlo en el cargo. Desobedecieron siempre a la más alta instancia judicial del país y Sosa terminó jubilándose sin haber vuelto a su cargo. Los protagonistas de aquel atropello institucional son lo mismo de ahora: los Kirchner y Carlos Zannini, entonces presidente de la Corte de Santa Cruz y ahora procurador del Tesoro (jefe de los abogados del Gobierno).
Mientras la Corte Suprema va por un camino judicial extrañamente sereno, exageradamente respetuoso de las instancias inferiores, Cristina Kirchner no espera ni frena. Avanza. La reunión del Senado convocada para hoy es una reliquia de la arbitrariedad. El primer punto del orden del día lo dice todo: aprobar la continuidad de las sesiones virtuales, a distancia, por otros 30 días. Nadie habló nunca con la oposición. Ni ella, como presidenta del cuerpo, ni el bloque de senadores oficialistas que le responden como si fueran feligreses de una religión sin orden moral. Los períodos anteriores de sesiones por videoconferencia habían sido conversados, al menos, entre la oposición y el presidente del bloque oficialista, el formoseño José Mayans. Esta vez, el bloque de senadores cristinista no habló con nadie. Ellos tienen mayoría para aprobar cualquier cosa. La oposición deberá soportar su condición de minoría. La victoria da derechos.
El segundo asunto es, con todo, el más grave desde el punto de vista institucional. Es la aprobación o el rechazo de los acuerdos de tres jueces: Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli. Bruglia y Bertuzzi juzgaron a Cristina; Castelli es juez de un tribunal oral que juzgará en cuatro juicios a la expresidenta. El más importante es el de la causa de los cuadernos de las coimas. La venganza prevalece con Bruglia y Bertuzzi, aunque estos todavía tienen que juzgar aspectos menores de causas que involucran a Cristina; con Castelli sobresale, en cambio, el objetivo de buscar la impunidad.
Los traslados de esos jueces a sus lugares actuales fueron propuestos en su momento por el Consejo de la Magistratura, con su composición de entonces, y concretados por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri. Dos acordadas de la Corte Suprema (la 4 y la 7) establecieron que los traslados son posibles, legales y legítimos cuando se trata del mismo fuero y en la misma jurisdicción. En tales casos, no se necesita un nuevo acuerdo del Senado para los jueces que son trasladados. Ahora, una nueva composición política del Consejo de la Magistratura (¿no era que la política no iba a influir nunca más en la Justicia?) decidió que esos jueces, cruciales para Cristina, deben tener un acuerdo nuevo del Senado, del que ella es la dueña. Tan cruciales son que el Consejo mandó los pliegos de diez jueces, pero Cristina puso en el orden del día solo a los tres que la molestaron, la molestan o la molestarán. Esa es la verdadera reforma judicial. La otra, la que se debate en la Cámara de Diputados, es solo un despilfarro de dinero que no hay para cubrir las apariencias.
A último momento, Cristina advirtió que estaba a un paso del ridículo con una denuncia sobre el procurador general (jefe de los fiscales), Eduardo Casal. Se había propuesto la semana pasada que en la reunión de hoy se tratara una denuncia sobre Casal porque este no les había tomado juramento a los nuevos miembros del jurado de enjuiciamiento de fiscales. Todos sabían que Casal había convocado a un acto protocolar para el viernes pasado en el que les tomaría juramento a esos nuevos jueces de los fiscales. Casal tomó el juramento necesario. El objetivo de la presión estaba consumado. Cristina sacó el proyecto de denuncia judicial a Casal del orden del día. Increíble: sus senadores habían anticipado que votarían para aprobar la denuncia contra Casal porque no había hecho lo que ya había hecho.
El tribunal de juzgamiento del procurador general fue modificado. Algunos miembros fueron desplazadas y otros fueron incorporados. En síntesis, ahora hay más devotos de la expresidenta y de Justicia Legítima en ese tribunal que antes. Pero la pregunta es si corresponde juzgar a Casal en ese tribunal. Este sirve para juzgar la gestión de los fiscales, no del procurador general, que debe ser sometido a un juicio político en el Congreso y que necesita para su destitución del voto de los dos tercios de las dos Cámaras. Casal es un fiscal de carrera, que cumplió cabalmente con su función durante casi 50 años en los tribunales y que está en el cargo actual porque se jubiló Alejandra Gils Carbó. Casal era el fiscal que seguía a la exprocuradora en jerarquía por antigüedad; de hecho, reemplazó varias veces a Gils Carbó cuando esta se tomaba vacaciones.
Cristina Kirchner no puede desplazar a Casal con las buenas formas porque el candidato a reemplazar definitivamente a Gils Carbó, el juez Daniel Rafecas, no consigue el necesario voto de la oposición en el Senado para alcanzar los dos tercios necesarios. El problema no es Rafecas, sino Cristina. ¿Cómo pedirle los votos a la oposición después de que la vicepresidenta la maltrata como la maltrata todos los días? Como no puede desplazar a Casal por el buen camino, decidió cambiar el tribunal que juzga a los fiscales. Pero Casal no es ahora un fiscal más. Es el procurador. No importa. Para algunas cosas lo tratan como procurador general. Para otras, como un simple fiscal. Todo vale.
¿Por qué será que el cristinismo tuvo siempre problemas con los procuradores generales, es decir, con los jefes de los fiscales? Lo tuvieron con Sosa en Santa Cruz; lo tuvieron aquí con Esteban Righi, un respetado docente de la Facultad de Derecho al que eyectaron del cargo, y lo tienen ahora con Casal. El jefe de los fiscales es el que decide, por acción o por omisión, qué causas se investigarán. Es también el que supervisa la gestión de los fiscales. No por nada la principal acusación que le hacen a Casal es no haber sido demasiado severo con el fiscal Carlos Stornelli, quien investigó la causa de los cuadernos y recogió los primeros testimonios de los arrepentidos que contaron cómo y cuándo debían pagar y cobrar coimas durante el gobierno de los Kirchner. Stornelli fue sometido a una causa armada en su contra en Dolores por vicarios cristinistas. La famosa “operación Puf”, como la llamó el ahora influyente diputado Eduardo Valdés. Casal le instruyó un sumario a Stornelli porque no se presentó ante el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y le aplicó como sanción un apercibimiento. Cristina quería la destitución de Stornelli. Casal está pagando su independencia.
La propia Corte Suprema está en el aire a partir de la creación de una comisión que analizará si es conveniente ampliarla. La Justicia está en el aire. La situación es institucionalmente grave y tiene consecuencias en la maltrecha economía. La inversión indispensable necesita de programas económicos, pero también de seguridad jurídica. Volvamos a Melconian: “En ningún otro país hubo un éxodo de empresas como aquí y todos padecieron la pandemia. Nos caímos al vacío sin ser Venezuela. Solo con una lluvia interminable de malos mensajes”. Varios de esos mensajes saldrán esta semana del Senado, el nuevo señorío de Cristina Kirchner.

EL ANÁLISIS DE JOAQUÍN MORALES SOLÁ,

Una coalición peronista que no funciona
Joaquín Morales Solá
Era un país de gente infeliz con una sola excepción, podrán decir los historiadores cuando escriban sobre estos tiempos. Cristina Kirchner está feliz. Dinamitó el único puente de racionalidad y diálogo que Alberto Fernández conservaba cuando lo despojó de más 30.000 millones de pesos a Horacio Rodríguez Larreta. La vicepresidenta prepara al Senado para remover en la semana que se inicia a dos jueces que la condenaron y a un juez que todavía debe juzgarla por la pornográfica causa de los cuadernos de las coimas. La Corte Suprema demora su sentencia sobre esos jueces, ya sea porque la discute demasiado o porque prevalecen las viejas pendencias internas. La pandemia es una desgracia para todos, aunque la excepcionalidad le permitió a la expresidenta convertirse en dueña del Congreso y también de la administración política del país.
Alberto Fernández prometió otra cosa, pero la gestión de su gobierno es demasiado gris. El decreto que saqueó las arcas de la Capital lo inspiró Cristina, según la unánime certeza de oficialistas y opositores, pero él lo firmó. Es una violación en toda la regla a los principios del país federal que consagra la Constitución. Condena a la Capital a menos obras públicas y a una seguridad pública de baja calidad. Que todos sean igualmente pobres. Macri le aumentó por decreto la coparticipación a la Capital, pero luego todos los gobernadores suscribieron esa decisión en el pacto fiscal. El Presidente fulminó esa decisión con su sola firma. Llama la atención que la medida haya sido respaldada por 19 gobernadores peronistas (con la honrosa excepción del cordobés Juan Schiaretti) sin tener en cuenta que a ellos les podría pasar lo mismo si cambiara el signo político del gobierno federal. Experto en hurgar resentimientos propios y ajenos, el kirchnerismo gobernante acaba de resucitar la vieja y absurda querella entre el interior y la Capital. ¿Qué debió hacer para resolver la inoperancia del gobierno bonaerense, que solo reclama más recursos del gobierno federal y casi siempre los obtiene? Podría haber suspendido en el acto el debate sobre la reforma judicial, que, según cálculos de Martín Lousteau, le costará al Estado 14.000 millones de pesos por la increíble distribución de abundantes cargos judiciales. Hecho su sacrificio, el Presidente podría entonces haber conversado con Rodríguez Larreta para que este cediera otros 15.000 millones de pesos. La suma se hubiera acercado bastante a la cifra que le sustrajo al jefe porteño. ¿Qué opositor confiará en Alberto Fernández después de que este divulgara un diálogo inverosímil con Macri y de que destratara de esa manera al único opositor que insistió en seguir hablando con él, aun cuando debió enfrentar serias objeciones entre sus socios de Cambiemos? Al contrario de lo que se propuso, el Presidente debilitó su dimensión política.

Todo sucedió porque dos ahijados predilectos de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Berni, ni se enteraron de que había un clima explosivo en la policía bonaerense. Kicillof culpó –cuándo no– a Vidal de sus desventuras. El peronismo gobernó la monumental provincia 29 años de los casi 37 de democracia. Motines policiales hubo con Daniel Scioli y con Kicillof. No hubo ninguno con Vidal, a pesar de que esta metió presos a 1000 policías y sumarió a 35.000. ¿O, acaso, todos los policías bonaerenses son de Pro? Quién lo sabe. Pero lo más probable es que ni Kicillof ni Berni se hayan detenido en una información clave. La mitad de los ingresos de los policías de Buenos Aires proviene de trabajos extras, como la custodia de los partidos de fútbol (que pagan los clubes) o de mirar para otro lado frente a ciertos delitos. La pandemia los desplumó; los dejó solo con los salarios formales. Cadenas de Whatsapp, de Facebook o de Instagram anunciaron la sublevación policial. Sin embargo, los jefes tomaron conocide miento cuando ya el hecho estaba consumado. ¿Por qué el malestar se llevó a la residencia de Olivos si la autoridad natural estaba en La Plata? Inexplicable. La policía es una fuerza armada, verticalista y disciplinada, que obedece sin discutir una orden superior. Recomponer la cadena de mandos que se quebró llevará mucho tiempo. La soberbia uniformada llegó muy lejos. Los policías sublevados rechazaron una invitación del Presidente para dialogar en la casona de Olivos. Reclamaron que el mandatario bajara a hablar con ellos en la calle. Un chantaje grosero, puro y duro, hecho ante las cámaras de televisión. ¿Cómo se vuelve de semejante desvarío si, encima, consiguieron gran parte de lo que pedían?

La pandemia, que fue uno de los vectores del motín policial, tiene resultados magros (para llamarlos de algún modo). El país está entre los 10 con más contagios en el mundo y entre los 15 con más muertos. Solo un dato es relativamente bueno: la cantidad de muertos por millón de habitantes sigue siendo baja en comparación con otros países del mundo. Pero la Argentina lleva seis meses de restricciones y limitaciones a las actividades sociales y económicas. Hay más muertos de los que se cuentan por estrés y de personas que padecían enfermedades crónicas. Los chequeos médicos son escasos por temor al contagio. No hay cuarentena, como dice el Presidente, pero hay hipocresía. Las críticas a la Capital por la liberación de ciertas restricciones se respaldan solo en la formalidad. Cualquiera que se haya trasladado del conurbano a la Capital vio la diferencia. En la Capital hay más disciplina social; en el conurbano ha regresado la intensa vida social anterior a la pandemia. Lo que no ha vuelto es la vida económica.
La bruma de la enfermedad tapa todavía la crisis económica. Hay miles de pymes que cerraron y cerrarán para siempre. La industria sobrevive en la cuasi parálisis. Solo el campo se está moviendo con normalidad. Con todo, el problema más inmediato del Gobierno consiste en que las reservas de dólares son muy escasas. Tampoco tiene posibilidades objetivas de aumentarlas. Todas las señales ahuyentan a los inversores, que son verdaderos proveedores de dólares. Nadie sabe cuál es el plan económico del Gobierno, si es que hay un plan. La administración no quiere recurrir al crédito, ni del Fondo Monetario ni privado. Los productores rurales están sentados sobre montañas de trigo y soja. Esperan a que se estabilicen los precios internacionales, que están subiendo, y que se defina la brecha cambiaria en el país. Un productor de soja recibe 45 pesos por dólar (descontadas las retenciones), mientras que en el mercado paralelo el dólar está a 130 pesos.
Cristina Kirchner no se ocupa de esos problemas. Su agenda política es una agenda personal. Remover jueces que la condenaron o que podrían juzgarla. La Corte Suprema posterga su decisión sobre esos jueces. Versiones que salen de los tribunales indican que eso sucede porque Ricardo Lorenzetti fue reemplazado por Carlos Rosenkrantz hace casi dos años. ¿Querrán decir que la Corte funciona solo si la preside Lorenzetti?

Sería lamentable en un cuerpo colegiado. ¿O son versiones fabricadas por intrigas palaciegas? En tal caso, el máximo tribunal del país debería notificarse de que es una institución importante. No es un comité ni una unidad básica. Alberto Fernández no tuvo una sola noticia buena desde que asumió. Es verdad. Pero también lo es que su vicepresidenta es una figura que hace política a las patadas, que su gabinete es débil y que Cristina aprovecha esa debilidad. ¿Dónde quedó el presidente que prometió otro país, otros modos y otras políticas? Solo aparece un hombre sin rebelión aparente, sin nostalgia.
Cristina Kirchner no se ocupa de otros problemas. Su agenda política es una agenda personal. Remover jueces que la condenaron o que podrían juzgarla

EL ANÁLISIS DE JOAQUÍN MORALES SOLÁ,

Lázaro Báez, como una metáfora
Joaquín Morales Solá
La tragicomedia que tuvo como protagonista estelar a Lázaro Báez en la inverosímil noche del lunes y que los argentinos siguieron por televisión, minuto a minuto, fue casi una metáfora de muchas anomalías argentinas. También fue la expresión de una situación social demasiado tensa: núcleos importantes de la sociedad están literalmente hartos de la impunidad de la política.
Mirar el caso de Báez solo desde el prisma exclusivamente jurídico o como la obra de sectores sociales intolerantes (es lo que hace el oficialismo) significa desviar la mirada para no ver lo peor de esas horas escandalosas. Báez y Cristóbal López fueron los empresarios que más se enriquecieron durante el gobierno de los dos Kirchner. Báez era (¿es?) socio y testaferro del matrimonio más poderoso de la política en los últimos casi 20 años, según las pruebas que la Justicia acumuló desde 2008. Cristóbal López creó un imperio empresario con el dinero que recaudaba en nombre del Estado y que no le entregaba al Estado. No solo evadió impuestos; tampoco le entregaba al Estado lo que cobraba como agente de recaudación de impuestos cuando vendía naftas. Báez fue el mayor adjudicatario de obras públicas en Santa Cruz y recibió hasta concesiones de pozos petroleros y de distribución de electricidad. Ahora le dieron la buena nueva de que estará en prisión domiciliaria. A Cristóbal López acaban de beneficiarlo con una monumental amnistía fiscal. La deuda que tenía con el Estado podrá pagarla con un largo plan de cuotas. La cárcel ya no está en su horizonte.
Lo que sucedió con Báez el lunes fue el símbolo de un Estado impotente. No pudo trasladar a un preso ni cumplir con una orden de la Justicia. ¿Báez estuvo demasiado tiempo en prisión preventiva? Sí. Cuatro años es mucho tiempo para una persona que no fue declarada culpable. La ley prevé un máximo de dos años de prisión preventiva, aunque deja en manos de los jueces la posibilidad de extender ese plazo en casos muy excepcionales. Báez está siendo sometido a dos juicios orales y públicos en simultáneo: el del direccionamiento de la obra pública y el de la ruta del dinero K. Los tiempos son eternos para la Justicia: el juicio por la obra pública tenía hasta hace poco solo una audiencia semanal. Báez (y los Kirchner) tiene otras dos causas por el lavado de dinero en las causas Hotesur y Los Sauces. Cristina Kirchner debe enfrentar todavía, además, la causa de los cuadernos, que es la descripción casi obscena de un chofer sobre cómo y dónde los funcionarios kirchneristas recogían los sobornos y los entregaban.
La primera denuncia contra Báez por asociación ilícita por la obra pública data de 2008 y la formuló Elisa Carrió. Luego, en 2013, Margarita Stolbizer lo denunció por el lavado de dinero en hoteles y edificios que les alquilaba a los Kirchner. En todas esas denuncias figura también el matrimonio Kirchner. La primera pregunta que debe hacerse es por qué pasaron 12 años de la primera denuncia, y siete de la segunda, sin que haya aún un dictamen definitivo de la Justicia sobre la culpabilidad de Báez y su condena. Los jueces que investigaron esas causas no son malos magistrados ni nunca fueron sospechados de prácticas corruptas. El juez Julián Ercolini se encargó del direccionamiento de la obra pública. El juez Sebastián Casanello investigó la ruta del dinero K, y Claudio Bonadio se hizo cargo de Hotesur. El expediente de
Los Sauces cayó también en el despacho de Ercolini.
El Código Penal tiene una primera respuesta. Modificarlo para abreviar los tiempos judiciales sería realmente una reforma judicial propicia y necesaria. ¿Por qué, por ejemplo, se permite que todos los acusados en una causa puedan hacer la misma apelación ante instancias superiores cuando ya fue rechazada la primera apelación? ¿Por qué el Código Penal abre tantas ventanas a las chicanas de los abogados? Cada apelación requiere que la instancia superior analice todos los pormenores de una causa. Las instancias superiores son cámaras (la Federal o la de Casación Penal) y, por lo tanto, necesitan que tres jueces se pongan de acuerdo o que, en caso de disidencias, busquen una mayoría de dos jueces en una misma posición. La estrategia de alargar los juicios es la confesión implícita de los culpables. Una persona inocente aspira a ser sobreseída cuanto antes.
Cristina Kirchner está buscando desesperadamente hacer caer la causa por la obra pública, que tiene también a Lázaro Báez como figura estelar. Se explica: si esa causa se cayera, se derrumbarían al mismo tiempo las de la ruta del dinero K y las de Hotesur y Los Sauces. Estas dos causas no podrían existir si no existiera previamente la corrupción con la obra pública. La ruta del dinero K fue la maniobra para convertir en negro el dinero que el Estado pagaba forzosamente en blanco por la obra pública, para volver luego a convertirlo en dinero blanco (Hotesur y Los Sauces). La expresidenta planteó varias nulidades de pruebas ante la Corte Suprema de Justicia y pidió una auditoría de la obra pública desde 2003 hasta 2015. Solo esta auditoría necesitaría varios años antes de estar concluida. Su objetivo es a todas luces hacer caer la causa madre de esa saga: la de la obra pública que ejecutó Lázaro Báez.
Otro impedimento importante para el avance de esas causas fue la reacción del gobierno kirchnerista durante siete años, de 2008 hasta 2015. Nunca contestó los pedidos de informes de la Justicia. Ninguna oficina o agencia gubernamental respondió jamás al requerimiento de los jueces. Las órdenes de la Justicia pueden ser desobedecidas, si el que la desobedece es, claro está, quien tiene el poder. El caso más emblemático fue el de la Dirección de Vialidad, que le adjudicó muchísimas obras a Lázaro Báez. Solo cuando llegó un gobierno de otro signo político, el de Macri, en 2015, Vialidad contestó los pedidos de informes de los jueces. Entonces empezaron a avanzar las causas. Tampoco la Cancillería, en tiempos de Cristina Kirchner, gestionaba los exhortos de la Justicia argentina ante países como Suiza para conocer los movimientos de cuentas bancarias de Báez y sus hijos. La arbitrariedad y la impunidad han regresado con la ostentosa jefatura política del país por parte de Cristina Kirchner.
Cualquier Estado hace una evaluación previa cuando va a trasladar a un preso. Báez no está en libertad, sino en teórica prisión domiciliaria. ¿Cómo los agentes del Servicio Penitenciario se enteraron en las puertas del country Ayres de Pilar de que los vecinos no querían tener cerca a Lázaro Báez? ¿Cómo, si todos saben, desde la masiva liberación de presos a principios de año, que el estado de ánimo social no admite más impunidades? ¿No hubiera sido más eficiente pedirle a Báez que eligiera otra, más aislada y menos expuesta, entre las más de 1400 propiedades que tiene en el país? Fue conmovedora la impotencia del Estado cuando la camioneta del Servicio Penitenciario intentó cuatro veces infructuosamente ingresar a ese country. Fue tan increíble ese querer y no poder que el canal oficialista C5N, propiedad de Cristóbal López, dio el operativo por cumplido durante una media hora de esa noche febril. “Lázaro Báez ya está en el country. Entró por la puerta de proveedores”, desinformó. La función principal del periodismo, que es informar, es ya una noción que desapareció en los medios oficialistas.
Párrafo aparte merece la actitud de sectores sociales. ¿Es propietario Lázaro Báez de una casa en Ayres de Pilar? Sí, lo es. ¿Tiene derecho a ingresar a su casa, aunque deba expensas por varios cientos de miles de pesos como las deben sus hijos en los edificios donde tienen departamentos? Sí, lo tiene. ¿Tenía derecho a estar en las puertas del country? Sí, porque un tribunal de la Justicia le había otorgado la prisión domiciliaria. ¿Los que le impidieron el ingreso cometieron, entonces, un acto injusto e ilegal? Esta pregunta no puede responderse con un simple sí o no. Merece alguna explicación. Desde que asumió el nuevo gobierno kirchnerista, todos los exfuncionarios que estaban presos recuperaron la libertad. La consiguió también el empresario Cristóbal López, y ahora Báez logró el beneficio de hacerse pasar por preso en su casa. La impunidad de los que hicieron enormes fortunas en pocos años es una amenaza intolerable para muchos argentinos, que viven en un país con una profunda crisis económica. Las pruebas acumuladas contra aquellos exfuncionarios hacen dudar todavía a la Justicia, pero no a vastos sectores de la sociedad. Y si algo comprobó la administración de Alberto Fernández en estos nueve meses de gobierno es que hay un núcleo significativo de la sociedad que está movilizado. Es el hecho nuevo de la política argentina, el descubrimiento que derrumba las viejas certezas.

EL ANÁLISIS DE JOAQUÍN MORALES SOLÁ,

El verdadero golpe de los Kirchner
Joaquín Morales Solá
Máximo Kirchner era una mezcla de Felipe González, Julio Sanguinetti y Ricardo Lagos. Esa era la versión que distribuían, hasta hace poco, amigos y conocidos. Puro marketing para instalar al delfín como una figura consensual, casi presidencial. Como las personas se conocen no por lo que se dice que son, sino por los hechos que consuman, debemos concluir que el gen autoritario de la familia está presente en el vástago. Tampoco Sergio Massa es una víctima de la familia Kirchner. Lo han dejado sin margen para sus acrobacias políticas, es cierto, pero cualquier político (y cualquier persona) puede decir que no. O puede decir que no aceptará las imposiciones a cualquier precio.
No es que los peronistas sean alérgicos a la conversación, son inservibles. Todos deben consultar todo, hasta los mínimos detalles, con Cristina
Los dos han convertido la Cámara de Diputados en una institución vacía, en la que ya nadie cree, sobre todo porque nadie está seguro de que es legal lo que aprueba o rechaza. Cristina Kirchner, desconfiada hasta la soledad, ya había declarado al Senado en estado vegetativo. Una cámara que baila al ritmo de la expresidenta, si es que ella quiere que baile algún ritmo. Los dos Kirchner, con no pocas complicidades, están perpetrando el verdadero golpe, después de que se hablara de tantos golpes. Es el que busca anular a la institución parlamentaria y, de paso, también a la judicial. Las dos instituciones van de la mano en estos momentos, camino al cadalso.
Desde diciembre pasado no hay reuniones de labor parlamentaria en el Senado. Esas reuniones son importantes, indispensables. Son convocadas por el presidente del cuerpo (Cristina en este caso, si las convocara) y concurren todos los jefes de bloques. 

Sirven para organizar las reuniones de la cámara y para ordenar el tratamiento de los temas. La vicepresidenta decidió ser solo ella la que organiza y ordena las reuniones del cuerpo. La oposición no tiene diálogo con ella ni existe interrelación con el peronismo. No porque los peronistas sean alérgicos a la conversación, sino porque son inservibles. Todos deben consultar todo, hasta los mínimos detalles, con Cristina. Un secretario administrativo o parlamentario designado a dedo por ella tiene más poder real que un senador peronista elegido popularmente. La vicepresidenta aprovecha las reuniones telemáticas para cerrarle el micrófono a la oposición o para decidir quién habla y quién calla. “Es más que una líder o una jefa. Es la dueña del Senado”, sintetiza un senador.
Cristina no ignora lo que significa ser minoría extrema. Lo fue cuando el peronismo de Menem la expulsó del bloque justicialista. Conoce la segregación que pueden llegar a cometer mayorías pasajeras. En aquellos años, su opinión se conocía por medios periodísticos que hoy aborrece y por algunos periodistas que ella persiguió cuando fue presidenta. Cristina no agradece ni perdona ni olvida.
Las cosas en la Cámara de Diputados eran más civilizadas hasta que estalló el reciente escándalo. La disputa no habría existido si el kirchnerismo no se preparara para votar y aprobar, con buenas o malas artes, la reforma judicial. Apareció Máximo Kirchner, el auténtico, el que dinamitó cualquier esbozo de acuerdo que no incluyera la votación por videoconferencia de la reforma judicial. Es una forma ostensible de anticipar que habrá trampa. En síntesis, lo que el peronismo no quiere (y la oposición sí quiere) es prorrogar el protocolo de las reuniones telemáticas, pero con una clara excepción de los temas de seriedad institucional, como la reforma judicial. El oficialismo está en desventaja con la reforma en el conteo previo de los votos, pero solo necesita que se caiga el sistema de internet en Córdoba para dar vuelta los resultados. Los números de la votación eventual, hoy favorables a la oposición, son relativos.

 Los diputados de Roberto Lavagna y de Juan Schiaretti fueron solidarios con el kirchnerismo en las maniobras para aplicarle a la reforma judicial el protocolo de la crisis sanitaria. La crisis sanitaria, que se está llevando miles de vidas, sirve para cualquier cosa cuando deciden el poder.
Sergio Massa, que ya no ilusiona ni decepciona a nadie, se dejó llevar por Máximo Kirchner, genio y temperamento de su madre. Massa no aceptó la presencia formal de 93 diputados opositores, pero los dejó hablar. Eran fantasmas, cuyas voces se escuchaban aunque formalmente no estaban presentes. Tampoco los dejó votar. Como el protocolo de la Cámara está vencido, la oposición decidió ir a todas las reuniones de manera presencial, aunque no les tomen asistencia. No repetirán la experiencia de Venezuela, donde las ausencias opositoras permitieron hasta redécada formas constitucionales. El protocolo debía renovarse por consenso (es decir, por el acuerdo de todos los bloques), pero Massa lo renovó por la mayoría de los bloques. No es una diferencia menor. Consenso tiene un significado distinto de mayoría, según todos los diccionarios. Algunos políticos libran una pelea eterna y perdidosa con el diccionario. Dejar fuera del acuerdo a Juntos por el Cambio constituye segregar al 45% de los escaños de la cámara. El peronismo controla el 46% de las bancas. Massa acordó solo con el 9% restante. Esa es la ayuda (¿complicidad?) de los seguidores de Lavagna, de Schiaretti y de la izquierda.
El jefe del interbloque del viejo Cambiemos, Mario Negri, concertó con los partidos de la coalición que irán a una reunión con Massa si este los convocara. Pero no llevarán ninguna propuesta. Irán a escuchar. Massa empieza siempre con la misma pregunta (“¿qué proponen?”) y termina anunciando que hará lo que él quiera (o lo que le ordenen). “Yo voy a fondo”, suele desafiar. Máximo Kirchner lo aprueba. Maestro y alumno se confunden. La oposición se cansó de proponer, de tomar un camino hacia ninguna parte. “¿Para qué seguir proponiendo? Que propongan ellos”, concluyeron los de Cambiemos. La Justicia acaba de darle la razón cuando una cámara señaló que el protocolo estaba vencido. Esa Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo algo más: admitió a trámite la presentación de la oposición contra el Gobierno.

 El escándalo legislativo actual puede terminar, entonces, resuelto por los jueces.
Alberto Fernández les cedió el control del Congreso a los Kirchner, madre e hijo. Tan ajeno le es el golpe institucional al Parlamento que dio por no hecha una reunión que se había hecho y por no aprobada una ley que se había aprobado. Nunca otro presidente se había equivocado tanto con una reunión parlamentaria. Peor: culpó a la oposición de no querer aprobar una ley de asistencia al destruido turismo cuando la oposición había planteado en la sesión anterior de la cámara que ese proyecto se tratara sobre tablas por la urgencia que tenía. Se necesitaban los dos tercios, pero el peronismo votó en contra. No se pudo. El Presidente acomodó la realidad a su argumentación y no esta a la realidad. Luego, se dedicó a atacar con palabras duras como nunca a los manifestantes del 17 de agosto, que reclamaron sobre todo por la reforma judicial, el mismo proyecto que promueve las ilegalidades de ahora de Cristina y de Máximo. Las heridas políticas del 17-A no cicatrizaron aún en el Presidente.
El manejo del Senado quedó expuesto el viernes cuando una comisión cristinista decidió de un plumazo rechazar los acuerdos para los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que condenaron en su momento a Cristina. La Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó el viernes la cautelar de Bruglia y Bertuzzi para que no los toquen. El trámite completo está hecho en las instancias inferiores, entonces. Y es la Corte Suprema la que debe tratar cuanto antes el caso de esos jueces. Ya dejó pasar demasiado tiempo. Luego puede ser tarde. No es cierto, como dijeron versiones surgidas de algún sótano de los tribunales, que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, es remolón para poner ese tema en la agenda. Fue una clara operación para desgastarlo. Rosenkrantz no hace la agenda de la Corte; la agenda la decide una mayoría de jueces del máximo tribunal. Eso se sabe desde que eligieron a Rosenkrantz. Pero Cristina tiene aliados impensados hasta en la cresta judicial. Necesita de esas ayudas para anular al Congreso y para disciplinar a la Justicia. Esas cosas son las únicas que le importan en su decisión de ir hasta el final, y hasta después del final.

EL ANÁLISIS DE JOAQUÍN MORALES SOLÁ,

Un golpe de palacio innecesario
Joaquín Morales Solá
Si Alberto Fernández no fuera lo que es como presidente,cristina kirchner podría tener razones para asestarle un golpe de palacio. No las tiene. El Presidente ha hecho suyas todas las posiciones de su vicepresidenta y, a veces, va más allá de donde ella llega, como cuando decidió declarar “servicio público” y congelar las tarifas a los servidores de internet, telefonía celular y televisión por cable solo porque no le gustó la cobertura periodística de una protesta social. O como cuando no puso ningún reparo a la reforma de la reforma judicial que hizo la mayoría cristinista en el Senado.
En efecto, para que exista un golpe palaciego con las iniciales de CFK se necesita un presidente molesto con las iniciativas, las prioridades y las obsesiones de la vicepresidenta. Las apariencias de Alberto Fernández, al menos, lo muestran muy cómodo con la posición en la que está; parece, más bien, que prefiere quedarse con el estilo y los métodos del cristinismo. La única diferencia consiste en que todos saben hacia dónde va Cristina. Alberto, en cambio, es más imprevisible, tal vez porque despertó expectativas que no se cumplieron o porque modifica sus posiciones con demasiada frecuencia.
Sectores importantes de la oposición hasta desconfían de la distancia que Cristina tomó de la reforma judicial. Pero ¿acaso no fue esa declaración pública un maltrato al Presidente? Maltratar no es nuevo en ella. Es su estilo. El hipercristinista Marcelo Fuentes, un exsenador al que la vicepresidenta nombró secretario parlamentario del Senado, ayudó a develar la incógnita. En la madrugada del viernes, cuando se acababa de sancionar el proyecto de reforma judicial, y con el micrófono involuntariamente abierto, Fuentes se acercó al oído de Cristina y le susurró: “¡Terminó el parto!”. ¿Cómo? ¿Era un parto la reforma judicial que, según Cristina, es una reforma que no vale la pena? La estrategia consiste en alejar a Cristina y a sus seguidores de la reforma para hacer posibles en la Cámara de Diputados algunas modificaciones negociadas con la oposición. Es decir, que el oficialismo no pague en Diputados por el maltrato permanente que Cristina le propina en el Senado a la oposición. ¿Aceptó la expresidenta cumplir ese papel en el farragoso trámite legislativo? Cristina sabe que su rol en el drama nacional será siempre el de una heroína cruel. ¿O acaso no lo aceptó cuando a través de un tuit nombró a Alberto Fernández candidato a presidente y se reservó para ella la aparente grisura vicepresidencial, que ya no tiene nada de gris?
Protagonista y coprotagonista (los papeles a veces se invierten) tendrán que pasar por la prueba de la crisis económica y social que promoverán la pandemia y la cuarentena. A ese futuro incierto se refiere Elisa Carrió cuando se propone alejar a la oposición de cualquier acusación posterior de que provocó una crisis política en el oficialismo. En todo caso, dice la líder opositora, que sea el oficialismo el que se haga cargo de eventuales crisis entre sus distintas facciones.
El problema del oficialismo es que la oposición no le cree. El Presidente ha hecho su propio aporte a esa desconfianza, aunque empezó creando perspectivas dialoguistas, que luego naufragaron. El bloque opositor a la reforma judicial, hoy mayoritario en Diputados, se propone rechazar el proyecto sin negociar ninguna enmienda. ¿Por qué? Simplemente porque las eventuales modificaciones de Diputados regresarían al Senado, la cámara de origen, y este podría ratificar su propio proyecto por mayoría simple; es decir, por la mayoría cristinista, que existe. El oficialismo y sus aliados en Diputados cuentan ahora con 124 o 125 votos y la oposición agrupa entre 129 y 130 votos. Los números son ajustados, pero si no cambiaran podrían tumbar definitivamente el proyecto de reforma judicial. El oficialismo tiene
117 votos, aunque cuenta con 118 votos propios, pero el presidente del cuerpo, Sergio Massa, no vota, salvo en casos de empate. La aprobación o el rechazo necesitan de 129 votos. Mario Negri, jefe del bloque opositor más numeroso, le propuso al Gobierno que retire el proyecto y empiece de cero con la reforma judicial. “Es preferible la resignación antes que la derrota”, le mandó decir. Esa inopia en la aritmética parlamentaria llevó al Presiente a convocar al senador Martín Lousteau y al infatigable todoterreno Enrique Nosiglia a un almuerzo en Olivos. Son maniobras para dividir a sus oponentes (o para simular una división entre ellos) recurrentes en el historial de Alberto Fernández. Pero Lousteau debió ser más respetuoso con su partido y su coalición.
Otro esperpento se estaría pergeñando en la Cámara de Diputados. José Ignacio de Mendiguren es diputado por Sergio Massa, pero está en uso de licencia porque es presidente del BICE, un banco público que no admite en su directorio a funcionarios judiciales o legislativos. De Mendiguren está lo mismo presidiendo el directorio. Todo vale. El oficialismo podría hacerlo regresar solo para el día de la votación y devolverlo luego al banco. Si De Mendiguren renunciara, asumiría en su lugar un diputado de Margarita Stolbizer, que fue aliada de Massa, con un discurso claramente opositor al Gobierno. Stolbizer reclama a los gritos que le den la banca que le corresponde a su espacio político. De Mendiguren enlodaría definitivamente su carrera empresarial y política si aceptara semejante conspiración contra la institución parlamentaria.
El proyecto de reforma judicial está hecho para lograr la impunidad de Cristina Kirchner. Ya no hay dudas después de la sinceridad que la aquejó durante un instante febril a la senadora cristinista de Corrientes Ana Almirón: “Esta no es una reforma judicial –dijo para seguir con la estrategia de Cristina–, sino que se busca el reordenamiento de la Justicia Federal para evitar (…) la arbitrariedad con que se manejaron las detenciones durante el gobierno de Macri”, se descargó ante el pleno del Senado. Se refería a las detenciones por notables casos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Evitar las detenciones. Esto es: evitar que la Justicia cumpla con su función de castigar los delitos de los funcionarios públicos.
El costo de la reforma pasó de 3000 millones de pesos a 6000 millones, aunque otros estudios lo elevan a 10.000 millones, por las modificaciones que le hicieron los cristinistas del Senado. Increíble despilfarro en un país que está muy cerca del colapso económico. ¿Y hay que creer que a Cristina no le gusta la reforma judicial? ¿Hay que creerle cuando creó el triple de cargos en la Justicia Federal, casi 1000 cargos nuevos que se podrán cubrir según el antojo del Gobierno?
Alberto Fernández suele decir que las vacantes serán cubiertas mediante rigurosos concursos en el Consejo de la Magistratura. No será así. ¿Ejemplo? Veamos uno. El fiscal Ignacio Mahiques, uno de los dos que escribieron el dictamen más preciso y devastador sobre la corrupción en la obra pública en los tres primeros gobiernos de los Kirchner, concursó para juez federal de Mercedes. Está primero en la terna para cubrir ese cargo. El Gobierno avanza con la designación de Elpidio Portocarrero en el juzgado federal de Mercedes, que salió sexto en el concurso del Consejo y que figura en una lista complementaria, una especie de banco de suplentes. ¿Cubrirán así todos los nuevos cargos que crea la reforma judicial?
Un albertista inaugural, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, habló despectivamente de “ellos” y “nosotros” para referirse a las diferencias con el gobierno de la Capital por la reanudación de las clases. ¿No fue su líder, Alberto Fernández, el que prometió terminar con la grieta? ¿O Trotta fue cooptado también por la impronta de Cristina, a pesar de ser un hombre joven que podría mirar la política con otros ojos? Y, a su vez, la Corte Suprema podría tratar en la semana que se inicia los casos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que pidieron un per saltum para frenar sus desplazamientos. Ellos juzgaron y condenaron a la vicepresidenta. El Presidente no ha dicho nada sobre esa maniobra injusta y arbitraria en la Justicia. Nada indica que Alberto Fernández esté incómodo. Nada sugiere que Cristina necesite más poder del que ya tiene.
Ya no hay dudas de que el proyecto de reforma de la Justicia aprobado por el Senado está hecho para lograr la impunidad de Cristina Kirchner

EL ANÁLISIS DE JOAQUÍN MORALES SOLÁ,

Massa, entre dos comisarios

Joaquín Morales Solá
Ayer, cuando se estaba por cumplir un mes sin diálogo (ni presencial ni telemático ni telefónico) con la oposición de Cambiemos, Sergio Massa decidió convocar a los jefes de los bloques. En rigor, había tomado antes la decisión de prorrogar por su cuenta y orden un protocolo para las reuniones de los diputados, que estaba vencido.
Y así, Massa anunció la convocatoria a una sesión especial para tratar temas que no son polémicos. La principal oposición, que es la de Cambiemos y que reúne a 116 diputados, sospecha que ese modo es una simple exploración para tratar después de la misma manera, a la distancia y sin un conteo pulcro del número de diputados, la reforma judicial, la modificación de la fórmula para actualizar las jubilaciones y el presupuesto de 2021. “Han pasado casi 30 días sin hablarnos y sin hablarme habiendo vencido el protocolo para las sesiones telemáticas”, le reprochó ayer a Massa en la cara el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri.
¿Nostalgias de los tiempos de Emilio Monzó? Monzó era un árbitro respetuoso y pluralista de la Cámara, a quien todos los bloques eligieron y elogiaron y a quien todos también despidieron con un aplauso unánime. La nostalgia es peor para Massa. Extrañan a Alberto Balestrini y a Julián Domínguez, que fueron presidente de Diputados en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, respectivamente. 

Por extrañar, hasta extrañan a Alberto Pierri, que fue titular del cuerpo durante el gobierno de Carlos Menem, o a Rafael Pascual, que ocupó ese cargo en la breve gestión de Fernando de la Rúa. La tradición indica que el presidente de la Cámara de Diputados, un cuerpo siempre fragmentado en muchos bloques y difícil para construir mayorías, suele ser un político consensual que trata de comprender los intereses de todos. Sus antecesores conservaron el diálogo permanente, al menos, con los bloques opositores, aunque todos entendieron también que el presidente de los diputados es siempre un oficialista que trabaja para que se aprueben los proyectos de su gobierno. Es el cuidado de las formas, imprescindibles en un sistema democrático. Habría que remontarse a décadas atrás para encontrar un jefe de la Cámara baja que haya decidido ningunear a los opositores como lo está haciendo Massa. “Es el primer presidente de la Cámara que no es un árbitro, sino un barrabrava”, señala un veterano diputado, hoy opositor.
Es cierto que resulta difícil para Massa cumplir con los ritos amables de la política si quiere llevarse más que bien con Máximo Kirchner, el “comisario de abajo” como lo llaman algunos diputados, y con Cristina Kirchner (la “comisaria de arriba”). No hay nada que Massa valore más ahora que la relación política con Máximo Kirchner, tal vez porque cree que el delfín tendrá los mismos límites electorales que su madre y que él cumplirá el papel que está desempeñando Alberto Fernández. Es decir, quiere ser el presidente de la Nación en nombre de otro Kirchner. La reforma judicial es el gran obstáculo para ese objetivo, porque es el encargado de llevarle al Gobierno (incluidos los Kirchner, madre e hijo) la mala nueva: por ahora, no hay votos para aprobarla. Por ahora, siempre. Incluso Negri suele responder a la pregunta sobre si la reforma judicial será aprobada con una fórmula relativa: “No, si se votara hoy”, dice como quien abre un paraguas antes de que caiga la lluvia. Todos saben que la Cámara de Diputados ha sido un escenario histórico de travestismo político.

El problema para la aprobación de la reforma no es Massa, sino la reforma en sí y, encima, las arbitrariedades que cometió la vicepresidenta en el Senado. Las modificaciones al proyecto original, que significan elevar el gasto de la reforma de 3000 millones de pesos a 10.000 millones, fueron notificadas en los últimos 20 minutos de la reunión senatorial y sin aviso previo a la oposición. “Un bochorno que no podemos explicar”, califica un diputado del propio peronismo. Los senadores repartían poco antes de lavotación cargos de camaristas y de jueces federales en el interior como si hubieran levantado un enorme árbol de Navidad. La políticas e reparte cargos judiciales desde los tiempos inaugurales de la democracia, pero esas cosas se hacían entre los bastidores del espectáculo, no en el teatro de la política. Las formas, otra vez.
Es hora de que el Congreso vuelva a sesionar con senadores y diputados presentes y que los legisladores del interior puedan trasladarse libremente a la Capital. El absurdo es un territorio demasiado vasto en el país. Los legisladores de algunas provincias deben cumplir cuarentena cuando vuelven, obligación que no tienen los gobernadores cuando acuden a los llamados del gobierno central. En el sistema feudal, la ley está hecha como un instrumento de poder del que gobierna, aunque el que manda está exento de cumplirla.
¿Cómo retomar las sesiones clásicas sin correr el riesgo de los contagios, que existen ahora más que nunca? Los senadores, que son 72, podrían reunirse en el recinto de la Cámara de Diputados, que tiene bancas para 257 legisladores. Los diputados deberían encontrar un lugar más amplio (algunos propusieron el Centro Cultural Kirchner) para preservar las distancias necesarias. La obligación del tapaboca debería ser permanente mientras dure la sesión. También sería necesaria una reorganización del trabajo del personal del Congreso para evitar los contagios. Es estrafalario, sin embargo, que sea el sindicato de empleados parlamentarios el que señale cuándo se sesiona y cuándo no. Esas son las tretas de Massa, que cuenta entre sus amigos con los dirigentes del sindicato.
La realidad no solo embraveció en el Congreso. Los funcionarios del Gobierno discuten entre ellos qué hacer con las tomas de tierras, que se multiplicaron. Los epicentros están en el cordón que rodea a la Capital y en algunos lugares de la Patagonia, como Villa Mascardi y El Bolsón. Villa Mascardi es una cuestión familiar de 15 personas que dicen ser de la comunidad mapuche. En El Bolsón y el conurbano se argumentan razones de necesidades sociales básicas para perpetrar las ocupaciones de terrenos que son ajenos, del Estado o de privados. El intendente de El Bolsón señaló que las tierras ocupadas ya están siendo vendidas por sus circunstanciales ocupantes. La necesidad es, en todo caso, otra. La discusión entre funcionarios, mientras el tiempo pasa, se refiere a si las tomas son delitos o si son reivindicaciones propias de gente necesitada. Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, señaló que tiene que haber una respuesta del Estado a las necesidades sociales. Pero es él quien está a cargo del Estado. Su último descubrimiento es que la carencia de viviendas es resultado de la gestión de Cambiemos. Todas las desgracias nacionales sucedieron en apenas cuatro años. No hay culpas ni responsabilidades para los diez años anteriores en poder de los dos Kirchner. Pero su ministro de Seguridad, Sergio Berni, considera que las tomas son un delito y que las tierras ocupadas deben ser desalojadas. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sostiene la tesis de Kicillof: son necesidades sociales, no delitos. Frederic tiene la cabeza en el cielo y Berni tiene los pies en la tierra. Es el eterno juego entre ellos. La Justicia parece esperar que la política se ponga de acuerdo.
El Presidente no se pronunció ni sobre el escándalo en el Congreso ni sobre la toma de tierras. O lo hizo a su manera. ¿Qué fue el relato de su “culpa” por la bella Capital si no la aceptación de que no hay interés (tal vez no lo hubo nunca) de acercarse a la oposición? ¿Habría dicho lo mismo si la Capital estuviera gobernada por peronistas?

Seguramente, no. La política predica la necesidad de negociaciones y acuerdos (que son necesarios) sin tener en cuenta el carácter de los protagonistas. Alberto Fernández ha cambiado su inicial propuesta de diálogo para terminar con la grieta por una posición abiertamente hostil hacia la oposición. Sergio Massa puede modificar radicalmente sus decisiones con la aparición de una necesidad personal o con la próxima encuesta. Cristina Kirchner no confunde nunca: simplemente no quiere ni ver a un opositor. Mucho menos hablarle.

EL ANÁLISIS DE JOAQUÍN MORALES SOLÁ,

El adiós a los moderados
Joaquín Morales Solá
¿ Cómo saber cuándo terminó una era? ¿Cómo, cuando otra era comenzó? Tal vez debamos detenernos en el lunes 17 de agosto para fijar una fecha en la que el Presidente les dijo adiós a los moderados. Incluso, a los peronistas moderados que habían confiado en él y que esperaban que prevaleciera sobre el proyecto cristinista.
Estos peronistas no son mansos; son pragmáticos. Saben que de la mano de la expresidenta caminan hacia una probable derrota electoral y, otra vez, hacia la eventual pérdida del poder. Nadie sabe por qué, pero Alberto Fernández se aferró a su vicepresidenta, a sus métodos y a sus ideas. Sin embargo, lo hizo para sorpresa de hasta muchos argentinos que votaron por él creyendo que era distinto de su mentora. El Presidente llegó a tener, al principio de la cuarentena, índices de valoración del 80 por ciento. Aunque bajó de tales niveles hace mucho tiempo, lo cierto es que no se llega a esos picos sin haber conquistado hasta muchos que votaron por Mauricio Macri. A ellos también les acaba de decir adiós.
Veamos la cronología a partir de ese lunes de multitudinarias manifestaciones opositoras, que enojaron más de lo que aceptan a casi todo los que mandan. El martes 18, Cristina Kirchner apuró en el Senado la aprobación en comisiones del proyecto de reforma judicial con una cláusula nueva (de la que se hizo cargo Oscar Parrilli, el viejo portavoz de la expresidenta), que obliga a los jueces a denunciar al “poder mediático”. La oposición no pudo leer el texto definitivo antes de la aprobación en comisiones. El Presidente consideró ese hecho como “ocioso”. Es decir, lo dejó pasar.
En la noche del viernes 21, Alberto Fernández firmó un decretó de necesidad y urgencia por el que declaró “servicio público” a la provisión de internet, telefonía celular y televisión por cable. Al mismo tiempo, congeló los precios hasta el 31 de diciembre. El domingo 23, denostó al expresidente Mauricio Macri y reveló supuestos contenidos de conversaciones privadas entre ellos. Fue algo inédito, aun en una política tan disparatada como la argentina. En esa política inverosímil, se acaba de ver a un expresidente, Eduardo Duhalde, ir a un estudio de televisión, sentarse con cierto desparpajo, cruzar las piernas y pronosticar un golpe de Estado como quien anticipa la próxima medición de la inflación. Los golpes de Estado son parte del pasado, no del futuro ni del presente del país. Pero el peronismo habita en el pasado siempre que está en el poder.
La cláusula Parrilli no es ociosa; es vaga. En la vaguedad se esconde el peligro. Según esa modificación de Parrilli al proyecto de reforma judicial, los jueces estarán obligados a denunciar ante el Consejo de la Magistratura la presión de varios actores de la vida pública, incluido el “poder mediático”. ¿Qué significa presión del “poder mediático”? ¿Acaso que un diario, un canal, una radio, un medio o un periodista informen sobre los avances de una investigación de corrupción de funcionarios públicos? ¿O que un periodista o un medio critiquen la gestión de un juez sobre determinada causa o sobre varias causas? ¿Qué hará el Consejo de la Magistratura luego? ¿Denunciará penalmente al medio o al periodista o a los dos juntos? Posiblemente ninguna causa de esta naturaleza tenga destino, pero ya que un periodista deba presentarse cinco, diez o quince veces en los tribunales es una condena por sí misma. Están buscando la autocensura del periodismo, que es la manera más eficaz de llegar a la censura.
La batalla por la libertad parecía terminada en el país, pero aquí ninguna guerra termina nunca.
En ese contexto, apareció de pronto el guillermomorenismo en la economía. El DNU de Alberto Fernández sobre internet, telefonía celular y televisión por cable vuelve a colocar al Estado dentro de las empresas privadas; hurgará en la cadena de costos y establecerá luego las tarifas. Esto es: el Estado será el que repartirá el capital del sector privado. El Presidente argumentó que seis mil niños se quedaron sin clases a distancia durante la cuarentena porque no tenían servicio de internet (o no podían pagarlo) y que eso lo llevó a firmar ese decreto. ¿Seis mil niños es todo el problema? En ese caso, y aunque fueran más los argentinos que no acceden a internet, el único camino posible era analizar con las empresas un subsidio compartido para que esos niños no queden fuera de la modernidad. Pero ¿por qué en nombre de seis mil niños se subsidiará a los usuarios de los barrios elegantes o a los sectores pudientes de la sociedad?
El caso semeja a la vieja frase de Guillermo Moreno: “Hay que cuidar la mesa de los argentinos”. Con esa premisa, se prohibió la exportación de carne y se le puso precios máximos en el mercado interno. El resultado fue que la Argentina liquidó en poco tiempo su stock ganadero. El ejemplo podría multiplicarse por decenas de casos.
Si bien se mira el mundo TIC (tecnología de la información y la comunicación), que incluye la telefonía móvil, el mercado reúne las condiciones de la competencia. Hay varios prestadores (incluidas pequeñas cooperativas en el interior) y existe la posibilidad de que se sumen nuevos, lo que genera incentivos para la inversión y precios competitivos. Es el mercado más dinámico e inversor del mundo. De hecho, Donald Trump se olvidó de la guerra comercial con China, pero centró su ataque a la potencia asiática en la competencia por la banda 5G. En pocos años, se saltó del 3G al 5G, del cable a la fibra óptica y ahora a la conexión satelital. Si bien se asocia a estas tecnologías con el entretenimiento (y, por cierto, están muy asociadas), lo cierto es que también involucran derechos fundamentales, como la libertad de expresión o la libertad de prensa. Esa tecnología es la herramienta del presente y del futuro para que la sociedad esté informada y pueda expresarse.
¿Qué necesidad había de un decreto para garantizar el acceso a internet o a la telefonía celular? Ninguna. Según datos del Indec, el 84 por ciento de los argentinos tiene teléfonos celulares y el 80 por ciento usa internet. Más de la mitad de los hogares argentinos, en cambio, no tiene acceso a los servicios de agua corriente, cloacas o gas natural. Durante los últimos años mejoraron sustancialmente la velocidad promedio de internet, la cantidad de hogares con ese tipo de conexión, la cantidad de localidades con 4G y la cantidad de kilómetros con fibra óptica. En los últimos diez años (2010-2020) la industria de las TIC invirtió 20.000 millones de dólares. La inversión incluye a los grandes operadores (Telecom, Telefónica y Claro) y a 1500 operadores medianos y pequeños.
Según datos de Telecom, esta empresa invirtió en los últimos años 3500 millones de dólares en internet de banda ancha, telefonía fija y móvil y televisión paga. Telefónica informó que en el trienio 2017-2019 invirtió en la Argentina 38.500 millones de pesos, una cifra mayor que la que había invertido en 2015 y 2016, que alcanzó los 30.000 millones de pesos. El incremento del tráfico de datos entre 2015 y 2019 fue de un 600 por ciento.
En el mundo se están comenzando a licitar y desplegar las redes de quinta generación conocidas como 5G. Chile acaba de anunciar la licitación del 5G. Podría significar, según el gobierno chileno, inversiones en el país trasandino por 3000 millones de dólares. En la Argentina, que es más grande y tiene más habitantes que Chile, se esperaba que la licitación se hiciera para fines de este año. La inversión hubiera sido superior a la de Chile. Ahora los operadores nacionales y extranjeros en la Argentina se han retraído. ¿Cómo invertir en una industria en la que el Estado decidirá cómo será la inversión y cuánto ganará cada empresa? ¿Cómo, en un país donde se sacó la competencia de los precios y se pusieron tarifas reguladas por el Estado? Alberto Fernández ha hundido en el pasado a la industria del futuro. Nada bueno puede resultar de semejante anomalía.
El 17 de agosto cambiaron la era y el Presidente. Ese día de rebeldía callejera (antes, propiedad exclusiva del peronismo) molestó especialmente al jefe del Estado. Menos le gustaron la cobertura que hicieron diarios, radios y canales de noticias de las masivas manifestaciones opositoras. Clarín, pero no solo Clarín, estuvo en el centro de su fastidio. Clarín es un actor importante en el mundo TIC. Tampoco le perdonó a Macri la adhesión de este a esas marchas. Puso en su boca una frase increíble (“que se muera quien tenga que morir”) por la pandemia y la cuarentena. Macri aseguró que ese relato es falso. Es fácil creerle no solo por lo que él dice, sino también por la información oficial de ambos lados de esa conversación telefónica entre ellos del 19 de marzo, según la reconstrucción que hizo la nacion. Solo hubo buenas ondas entre los dos. ¿Alberto se hubiera guardado seis meses semejante frase de Macri? Improbable, si no imposible.
La difusión de una conversación privada compromete seriamente al Presidente para futuros diálogos con los opositores. ¿Quién hablaría con él en el futuro, en confianza y con claridad, si esa conversación podría ser divulgada luego?
El Presidente también dijo que a la Argentina le fue mejor durante la pandemia que con Macri. Mostró estadísticas comparando lo que sucedió en un año con lo que pasó en un trimestre. Chicanas de política barrial. El problema es más grande. La pandemia significó que se terminaron prematuramente muchas vidas, que hay familias que sufren y que muchos de los que se recuperaron deberán soportar una larga y dolorosa recuperación. La vida no es comparable con ninguna estadística, que se puede leer, como toda estadística, del derecho o del revés. La vida no es comparable con simples datos de la economía. Hay 7500 muertos, señor Presidente. Merecen su respeto.
Alberto Fernández se aferró a su vicepresidenta, a sus métodos y a sus ideas