EL DÍA DE HOY

Cuando están en peligro las libertades

Joaquín Morales Solá

Hay una oficina que formalmente depende de la Corte Suprema de Justicia que se está convirtiendo en un servicio de inteligencia paralelo. Tiene un nombre estrafalario (Dajudeco) y es la dependencia encargada de escuchar las conversaciones telefónicas de las personas, siempre que tales interferencias hayan sido ordenadas por jueces. El gobierno de Macri transfirió esa oficina (que antes dependía de Alejandra Gils Carbó) a la Corte Suprema para garantizar su independencia y transparencia. Depende solo orgánicamente del máximo tribunal, porque en los hechos hace lo que quiere o lo que les sirve a sus jefes políticos. Jamás consulta nada con los jueces supremos, y nunca les remite copias de lo que hace. Acaba de avanzar gravemente sobre las libertades públicas garantizadas por la Constitución y de cuestionar principios tan sagrados como el de la división de poderes y la inmunidad parlamentaria.
El fiscal Franco Picardi es un funcionario judicial que llegó más allá de la simple pertenencia a la organización judicial prokirchnerista Justicia Legítima; es también muy amigo de La Cámpora. Recibe órdenes directas del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, que es el que conduce, junto con Carlos Zannini, una especie de Ministerio de la Venganza en las sombras. Picardi le requirió a esa oficina de escuchas telefónicas que hiciera una evaluación de las declaraciones públicas de funcionarios macristas durante toda la gestión de Macri, incluido el expresidente. También incorporó en la lista a personas que no fueron funcionarios de Macri, ni militan con el expresidente, como el extitular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera. En la lista de investigados están también Elisa Carrió y Mario Negri, que eran diputados nacionales en esos años. La oficina de escuchas entregó un informe de 360 páginas con los resultados de ese ciberpatrullaje, que se agregó a la causa sobre la supuesta existencia de una “mesa judicial” para perseguir al kirchnerismo durante la administración de Macri. El informe incluye hasta la cantidad de likes o “me gusta” en los tuits en los que se criticaba a la exjefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó y a los jueces Ana María Figueroa, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, entre otros cercanos al kirchnerismo. Un vaho a la desaparecida Alemania oriental impregna todo ese informe. Los jueces y fiscales kirchneristas no tienen remedio.
Si se ignoran la libertad de expresión, la inmunidad parlamentaria y la división de poderes, se vulnera el Estado de Derecho
La causa está en poder de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación en Picardi. La magistrada no tuvo conocimiento previo del requerimiento del fiscal a la oficina de escuchas, pero se enteró de que el informe había existido cuando fue agregado al expediente. No es la primera vez que Capuchetti tiene problemas con esta causa y con Picardi. El fiscal ya había pedido todo el listado de ingresos y egresos a la quinta presidencial de Olivos y a la Casa de Gobierno durante el gobierno de Macri. La decisión provocó entonces un enorme revuelo político porque nunca antes se había hurgado tanto en la agenda de un presidente de la Nación. La jueza le ordenó luego a Picardi que limitara su investigación a un tiempo razonable, y adujo que no podía negarle al fiscal ese pedido porque la agenda del Presidente es pública y está en manos de la ONG Poder Ciudadano. La jueza debería reflexionar, después de tantos desvaríos de ese fiscal, si sigue siendo sensata y prudente la decisión de delegarle a un funcionario judicial tan comprometido políticamente la investigación de una causa cargada de política.
La Dajudeco (en los tribunales aman los nombres largos y las siglas engorrosas) está a cargo de Juan Rodríguez Ponte, un exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, quien, a su vez, es un referente importante del expresidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti en los tribunales de Comodoro Py. Por encima de Rodríguez Ponte está el juez de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra, otro amigo cercano de Lorenzetti y del kirchnerismo. Durante la gestión de Lorenzetti como titular de la Corte se integró esa oficina de escuchas, donde incorporó a muchos amigos y familiares de jueces y fiscales de los tribunales federales de Comodoro Py. En los tribunales se dice que nada de lo que ocurre en esa oficina de escuchas deja de llegar a los oídos y a los ojos de Lorenzetti. En oficinas de la Corte se dedujo que la inclusión de Carrió en esa lista corresponde seguramente al deseo de Lorenzetti, a quien Carrió le viene pidiendo el juicio político desde hace mucho tiempo. Carrió nunca fue vinculada a la “mesa judicial” del gobierno de Macri, de la que, además, fue muy crítica. Sin embargo, otras voces no creen en la versión de que Lorenzetti haya incluido a Carrió, porque también está en la lista Ernesto Sanz, un dirigente radical de excelente vínculo con el expresidente de la Corte. Sin embargo, en la reunión del jueves pasado de la Corte, cuando el tribunal trataba una presentación de Carrió sobre esta persecución, Lorenzetti se opuso a que los jueces supremos intervengan en el conflicto creado por la oficina de escuchas. “Esa dependencia cumplió el pedido de un magistrado judicial”, argumentó Lorenzetti. Los tres jueces restantes (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda) no tuvieron en cuenta su opinión y decidieron pedirle a esa oficina un informe “circunstanciado” (es decir, pormenorizado) de por qué dispuso el ciberpatrullaje y en qué razones jurídicas se respaldó. De paso, la Corte aclaró implícitamente que no estaba enterada del ciberpatrullaje de la oficina bajo su dependencia. También le recordó a esa oficina que la Corte dictó en 2019 una acordada (se refería entonces a la difusión de conversaciones telefónicas privadas de Cristina Kirchner) en la que subrayó la importancia de preservar el derecho a la privacidad. Podría haber agregado que la jurisprudencia de la Corte indica también que los funcionarios públicos (incluidos los judiciales) deben tolerar las críticas, por más injustas que sean o parezcan. Si la crítica les resulta intolerable, los funcionarios tienen siempre la puerta abierta para regresar a casa. La patria no los considera imprescindibles.
“Si lo hubiera hecho el servicio de inteligencia, ya estarían todos procesados”, aseguró un fiscal que disiente claramente de Picardi. Por el contrario, la oficina de escuchas corrió en auxilio de Picardi en lugar de, al menos, pedirle una opinión a la jueza Capuchetti antes de fisgonear en la vida de las personas. El jefe de la oficina, Rodríguez Ponte, aspiró al juzgado que finalmente recayó en Capuchetti (antes fue el juzgado de Norberto Oyarbide) y ahora está propuesto para ser juez federal de Lomas de Zamora. El kirchnerismo exige siempre una prueba de amor antes de hacer favores.
El primer derecho que se violó es el de la libertad de expresión. Es la primera libertad garantizada por la Constitución, porque sin esa libertad no podrían existir las otras libertades. Es el caso de Lipera, por ejemplo, que opinó como ciudadano, no como funcionario que nunca fue. El caso de Carrió y Negri es directamente desopilante. Eran legisladores (Negri lo es) y tenían inmunidad parlamentaria para hablar. Los fueros están para que los legisladores hablen libremente (no para que roben libremente). Es además una clara injerencia del Poder Judicial en el ámbito de otro poder del Estado, el Legislativo. Si se ignora la libertad de expresión, se viola la inmunidad parlamentaria y se ignora la división de poderes, lo que el kirchnerismo y sus secuaces judiciales están haciendo es vulnerar el Estado de Derecho. Libertades esenciales oscilan muy cerca del abismo.

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EL DÍA DE HOY

Perón y Kirchner discuten el rumbo del “día después”


Jorge Fernández Díaz
Hay que crear un estado de conciencia popular de austeridad”, advirtió por cadena nacional al lanzar su flamante programa de estabilización; poco más tarde, redondeó el concepto: “Sabemos que hay exceso de consumo”. Y sorprendió a todos explicando que estaban obligados a colocar la producción en el centro de la acción política, y que “para equilibrar la economía popular” debía “el pueblo regular la satisfacción de sus necesidades a lo imprescindible”. El objetor de despilfarros y anunciador de sacrificios sociales se llamaba Juan Domingo Perón, y corría el año del Señor de 1952 en la república justicialista: el saldo de la balanza comercial, el déficit fiscal, las reservas monetarias, el índice de ventas minoristas y de actividad privada, y los quebrantos comerciales mostraban los efectos de una resaca. “Los ingresos de los trabajadores habían sufrido la pérdida de una tercera parte de su poder adquisitivo y algo había que hacer para detener la tendencia inflacionaria”, recuerda Félix Luna. La fiesta había terminado y había que hacer frente, entre otros fastidios y mishiaduras, a las famosas vedas de carnes rojas y a la ya mítica ausencia de pan blanco en la mesa familiar. Como narra detalladamente Hugo Gambini en su formidable Historia del peronismo, las cajas estaban vacías y el “Primer Trabajador” no dudó en activar el más puro pragmatismo, ni en operar un brusco viraje ideológico para eludir el inminente naufragio. Gambini cita, para la ocasión, al profesor Juan Carlos de Pablo: “Medida por precios al consumidor, en enero la inflación era de 57,6 por ciento anual. En los doce primeros meses del programa cayó al 13,1; en los segundos doce meses a menos del 7 por ciento”. Al evaluar el plan completo, De Pablo sintetiza sus luces y sombras: “Hubo éxito antiinflacionario, fracaso en el aumento del valor de las exportaciones y estancamiento económico con caída de la tasa de inversión”, pero indudablemente se detuvo la marcha hacia el “precipicio”.
La plasticidad de Perón y de Kirchner está en el genoma del peronismo. Sin embargo, parece olvidada por los clérigos del Instituto Patria
Perón acompañó este salvataje de su régimen y de su propio pellejo con un decidido acercamiento a los Estados Unidos, que se dio en distintas modulaciones públicas y privadas, pero que tuvo en la visita oficial de Milton Eisenhower –hermano del entonces hombre fuerte de la Casa Blanca– su acontecimiento crucial. El anfitrión de Olivos lo agasajó como a un rey, hizo que lo escoltaran las chicas de la UES en motonetas y accedió de inmediato a que ingresaran en el país la fábrica de automóviles Kaiser y la petrolera California, medida esta última por la que algunas facciones de la oposición lo acusarían luego de “entreguista”. El gran historiador marxista Milcíades Peña destaca un cable de la agencia Associated Press fechado el 9 de septiembre de 1954: “El Departamento de Estado expresó que anota con satisfacción la decisión argentina de permitir a las firmas norteamericanas que retiren del país algunos de sus beneficios. Con ese acuerdo se pone término a la congelación de transferencias de fondos”. No obstante, la situación más colorida la aporta una vez más Falucho Luna, cuando describe la visita de Henry Holland, subsecretario para Asuntos Latinoamericanos. En la confianza de una charla mano a mano y “sobre las afinidades que revelaba”, Perón se permitió otro consejo: “Había que tener cuidado con los errores de la propaganda norteamericana para no lastimar el nacionalismo prevaleciente en todo el continente y, sobre todo, en la Argentina”. Señaló entonces el caudillo que su pueblo era “muy sensible” respecto de la Antártida, pero a continuación formuló un ofrecimiento inesperado: “Estoy dispuesto a garantizarles todas las bases en la región austral de la Argentina que los norteamericanos puedan necesitar”. Aquella oferta quedó registrada oficialmente en el paper elevado por Holland a su superior, el secretario de Estado John Foster Dulles. La cantidad de anécdotas probadas y los datos concretos que existen acerca de este radical cambio de estrategia piloteado por el mismísimo jefe del Movimiento Nacional Justicialista pueden rastrearse en diversos documentos, crónicas históricas y ensayos clásicos y de nuevísima generación. Como no convenía al relato revolucionario y antiimperialista de los años 60, los escritores que diseñaron el setentismo –la izquierda peronista– barrieron bajo la alfombra este volantazo. A tal punto lo invisibilizaron que hoy les resulta prácticamente inimaginable a sus “herederos” e hijos putativos, estos muchachos grandes que solo tienen prejuicios y pensamientos automáticos, y que consideran los programas de austeridad como un abominable invento del “neoliberalismo”, los buenos vínculos con la nación más poderosa del mundo como una necesaria traición a la patria y las modificaciones del dogma como una grave claudicación. No hay flexibilidad frente a las circunstancias históricas y cambiantes; solo mantras fijos e inapelables, y clichés religiosos.
Una negación emocional de similares características se verifica en el orden público. La afectuosa indulgencia del lector habilitará hoy que este articulista se cite a sí mismo para señalar un ejemplo más actual. Durante los primeros doce meses del primer gobierno kirchnerista las relaciones entre la Presidencia y la Secretaría de Redacción de este diario eran muy ásperas. El 4 de abril de 2004, escribí en estas mismas páginas una columna titulada “El problema de la inseguridad no es de izquierda ni de derecha”: allí explicaba las ancestrales taras del progresismo con este tema tan espinoso y la necesidad de avanzar en una política realista para que el asunto no derivara, por la paradójica dinámica del péndulo, en un rústico fascismo policial. Esa misma mañana me llamó el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para anticiparme que al Presidente le había encantado ese concepto y que lo utilizaría de ahora en más; a la semana siguiente, el diario Página 12 me dedicó una larga y previsible refutación. Kirchner no se dejó arredrar, y eso que estaba en plena seducción de la progresía: abrazó las propuestas de Juan Carlos Blumberg e impulsó una serie de leyes. Por cierto, algo improvisadas y bastante polémicas. Una alta fuente de la Casa Rosada me lo explicó de este modo: “Néstor cree que esa demanda popular está creciendo y que amenaza la política. Ya conocés el viejo adagio peronista: la gente marcha con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. Había en esos meses convulsionados, como ahora mismo, manifestaciones multitudinarias y ardiente indignación en las calles. El escenario no daba para la indiferencia ni para la inacción ni para la retórica vacía; tampoco para un empecinamiento ideológico, es decir: un divorcio narcisista con la sociedad en nombre de ciertas “convicciones profundas”. La plasticidad de Perón y de Kirchner cuando les llegó el agua al cuello –su sentido de la realpolitik, su resistencia a “morir con la suya” y su libertad para remover creencias cristalizadas– está inscripta en el genoma peronista, y sin embargo parece olvidada por los clérigos del Instituto Patria, que siguen cegados por un “capital simbólico” al que le rezan con fervor cada noche: son prisioneros de esa superstición, esclavos de sus falacias y temerosos de una audiencia que ya no representa a las “grandes mayorías” y que solo acepta consignas sectarias y sesgos de confirmación. El desafío del “día después” es tan pero tan mayúsculo que bueno sería, compañeros, releer aunque sea su propia historia. Los libros no muerden.

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