PROTESTA, ALQUILERES. DNU POR CADENA NACIONAL A LAS 21 HRS

Un senador santacruceño se instaló en un pasillo y así consiguió un despacho
José María Carambia asumió el 10 de diciembre y desde entonces no tenía oficina; lo ubicaron en el Palacio

Gustavo YbarraXCarambia y Gadano se ubicaron ayer en el primer piso del Senado
A escasos metros de distancia y mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel recibía al embajador estadounidense, Marc Stanley, el senador por Santa Cruz José María Carambia organizó una escena digna de una comedia: instaló su despacho en uno de los pasillos del primer piso del Senado, en protesta por la demora de la gestión libertaria en adjudicarle una oficina para atender sus asuntos.
En su enojo por la situación, el legislador llegó a amenazar con quitarle el apoyo a la nueva gestión y complicarle el quorum para habilitar la sesión. Carambia y Natalia Gadano, que también participó de la protesta, conforman el bloque Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal, líder de una coalición que le arrebató al kirchnerismo la gobernación de la provincia patagónica. Ambos aportaron su presencia y sus votos para que Villarruel pudiera imponer al puntano Bartolomé Abdala como presidente provisional en la sesión de la semana pasada.
La singular protesta parece haber dado resultado. A media tarde, el secretario parlamentario, Agustín Giustinian, se preocupó por conseguirle un despacho en el palacio a Carambia y tramitaba la cesión de unas oficinas en el edificio anexo para Gadano.
En realidad, los legisladores pretendían que se les asignaran las oficinas en el edificio del Congreso que ocupaban los senadores por Santa Cruz que finalizaron su mandato la semana pasada. Desconocen que los despachos, sobre todo los que están en el palacio legislativo, que son las más codiciadas, no pertenecen a las provincias sino que los legisladores salientes las suelen negociar con los entrantes a cambio del mantenimiento de algunos empleados o, simplemente, se las dejan por afinidades políticas partidarias.
El de Carambia no es el único caso, ya que varios legisladores de La Libertad Avanza siguen deambulando sin un lugar donde trabajar. La diferencia es que el santacruceño decidió exponer su malestar y montar un show a la vista de todos los que circularon por las inmediaciones del comedor del Senado.
Carambia desplegó una mesa y dos sillas de camping que instaló contra uno de los ventanales y desde ahí se puso a atender a cuanto medio periodístico se acercara, mientras tomaba mates. El cuadro lo completaba un cartel casero, hecho con cartulina blanca, en el que se podía leer su nombre y la provincia a la que representa.
Para darle más repercusión a su protesta, Carambia publicó un video en Instagram. “Hay senadores que tienen tres o cuatro despachos y a nosotros lamentablemente todavía no nos asignaron pero no nos van a sacar las ganas de trabajar”, denunciaba allí el santracruceño.

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Martín Menem: “Vamos a intentar aprobar el paquete lo antes posible”
El titular de la Cámara baja anticipó la derogación de la ley
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, enfatizó que no bien ingrese el paquete de proyectos de ley al cuerpo lo someterá a debate para que sean aprobados “lo antes posible” y que, en función de ello, en los próximos dos días buscará cerrar con la oposición el armado de las comisiones más importantes, entre ellas las de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales.
“En estos días constituiremos las comisiones con el objetivo de despachar los dictámenes y llevarlos al recinto lo antes posible”, enfatizó Menem, quien, en diálogo con los periodistas parlamentarios, sostuvo ayer que se dará prioridad a aquellas iniciativas de corte económico.
El legislador indicó que en las próximas horas el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con desregulaciones económicas y reformas laborales. En ese DNU se incluirá, además, la derogación de la ley de alquileres. Añadió que antes del fin de semana –mañana o el viernes a más tardar– el Poder Ejecutivo enviará los proyectos de ley de ajuste del gasto público con los que pretende alcanzar el déficit cero en 2024. No tendrán el formato de una “ley ómnibus”.
“Serán dos o tres paquetes de leyes”, indicó Menem. En esas iniciativas el Gobierno incluirá la reversión del impuesto a las ganancias, que fue tema de discusión entre el presidente Javier Milei y los gobernadores.
“El Presidente está en contra de cualquier tipo de impuestos. Apenas se pueda sacar esa carga, lo va a hacer”, sostuvo el riojano, quien descartó el reclamo de un grupo de gobernadores peronistas para que se coparticipe la recaudación del impuesto al cheque para compensar a las provincias por la pérdida de ingresos coparticipables que generó la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. “Eso no va a correr”, sostuvo.
El paquete de reformas contendrá también el nuevo esquema de retenciones al campo, añadió. Consultado sobre la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria, Menem evitó ser preciso. “Entraría en el paquete. No puedo decir que sí o que no. No tengo información”, indicó.
El presidente de la Cámara baja anticipó que será un verano intenso en el Congreso. “Vamos a empezar a trabajar lo antes posible y, si se tiene que trabajar en enero, se trabajará en enero”, enfatizó. Adelantó que la voluntad de su bloque –La Libertad Avanza– es presidir al menos ocho comisiones, entre ellas dos claves: Presupuesto y Hacienda y Legislación General.

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El Presidente anuncia el megadecreto por cadena
Incluiría indemnizaciones limitadas y períodos de prueba laborales mayores

Jaime Rosemberg
Altos funcionarios se remitían a cuestiones técnicas “menores” y “pinceladas finales” cuando la consulta giró, en los pasillos de la Casa Rosada, alrededor del megadecreto que el gobierno de Javier Milei se preparaba para firmar “en la tardecita” de ayer, que se publicaría hoy en el Boletín Oficial y que contendría medidas de ajuste en los gastos del Estado, desregulaciones económicas y reformas del régimen laboral que impactarán en el corto plazo. El anuncio lo hará el propio Presidente este mediodía por cadena nacional.
“Hay un montón de pasos y chequeos legales”, afirmó uno de los encargados de darle forma al decreto de necesidad y urgencia, para explicar la demora. De todos modos, según pudo saber la de fuentes oficiales, el ambicioso nacion y voluminoso decreto en su versión final incluiría no solo cambios en la legislación laboral como la habilitación del “modelo Uocra” demo do optativo, para que las empresas puedan implementar un fondo de desempleo que reemplace las indemnizaciones, sino también modificaciones a los períodos de prueba laboral en las empresas, que pasarían de los tres meses actuales a ocho meses.
En el hasta ayer borrador del capítulo 3 del decreto, dedicado al mundo laboral, también se incluyeron especificidades, como en el caso de contratantes de empresas tercerizadas (vigilancia, alimentación, limpieza) que no serán “solidarias”, es decir, no llevarán las de perder en caso de litigio entre las tercerizadas y sus empleados. La distinción entre “salario” y “sueldo” excluiría a las bonificaciones en el caso de las indemnizaciones por despido. Y a pedido de la Iglesia, según informaron fuentes del Gobierno, los eventuales monotributistas de gremios como el de la construcción no tendrán tampoco ventajas a la hora de cobrar un resarcimiento indemnizatorio. Otros puntos, según publicó en su edición del domingo,apuntan a disminuir la litigiosidad laboral y a bajar los conflictos colectivos, bajo el argumento de “mejorar la competitividad de las empresas”. Son todas formulaciones que podrían generar fuerte resistencia de las centrales sindicales. Además, se planifica reducir el sistema de multas a los empleadores que está planteado en la ley de empleo 24.013.
El decreto, hasta anoche un misterio en buena parte de su contenido, contendría un plan de achicamiento de los gastos en la planta estatal, diseñado por el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger, que ayer asistió a la reunión de gabinete matinal en la Casa Rosada, y en el que colaboran distintos ministros y el consultor Santiago Caputo. El capítulo del achicamiento de los gastos del Estado incluiría la reducción de choferes para funcionarios y el traspaso de la flota de vehículos a las fuerzas de seguridad.

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LA PROTESTA NO DA LUGAR A LA VIOLENCIA

Cortes y piquetes: violencia vs. legalidad
Resulta sumamente preocupante que haya quienes pretenden naturalizar la violencia como un derecho derivado de la legítima protesta

Diversos movimientos sociales y grupos piqueteros anunciaron el pasado fin de semana que retomarán sus movilizaciones para el mes próximo y que tanto febrero como marzo venidero serán "movidos". Reclaman, entre otros puntos, que el 25% de las obras públicas de la provincia de Buenos Aires y de las compras que hace el Estado estén en manos de cooperativas. Más allá de la viabilidad o lógica de tal exigencia, está visto que, antes que el diálogo y la negociación, prefieren la amenaza, el corte y obstaculizar la vida de los demás, también sujetos de derechos.
Es un tema recurrente que quedó expuesto hace pocas semanas y de manera muy contundente cuando un grupo de guardavidas frenó el vehículo en el que se desplazaba la gobernadora Vidal y la increpó de forma agresiva. "La violencia es la peor manera de vincularnos", dijo la funcionaria al enfrentarse cara a cara con quienes le impedían circular.
Pocos días antes de ese episodio, hordas de manifestantes descontrolados habían destrozado todo a su paso en los alrededores del Congreso, en protesta por el debate parlamentario de la reforma previsional, aunque quedó demostrado que el objetivo final era impedir esa discusión, un hecho gravísimo en un sistema democrático. Casi un centenar de policías resultaron heridos. Hubo 60 detenciones -la mayoría de esas personas, rápida y llamativamente fueron liberadas- y las autoridades debieron reconstruir el desastre que dejaron 15 toneladas de piedras usadas como proyectiles contra la policía, arrancadas de veredas, locales y monumentos históricos.
A tal situación siguieron interpretaciones de algunos dirigentes políticos y de no pocos estudiosos de la ley que intentaron justificar ese derecho de protesta aun habiéndose cometido numerosos delitos. Es lo que claramente el constitucionalista Néstor Sagüés escribió en un artículo : la evidencia de que se está gestando en nuestro país desde hace varios lustros una deplorable "libertad de agresión" equiparada a la "legítima libertad de expresión". Y que, en tal descabellada hipótesis, "al derecho de agredir se le suma el derecho a la impunidad", la creencia disparatada de que no se puede ni se debe ser castigado por desmanes si se realizan en cumplimiento del ejercicio de un derecho.
"La libertad de expresión -afirma Sagüés con fundamento- es pervertida cuando se le suma, por un acto de prestidigitación ideológica y como un ingrediente presuntamente natural de aquella, la libertad de agresión. Si eso pasa, el derecho se convierte en 'contraderecho': un derecho intrínsecamente lesivo y dañoso para los demás".
Es indudable la fuerte politización que se viene verificando en cada una de esas manifestaciones sociales, ya sea por buscar -de la peor manera- diferenciarse de la gestión de los gobiernos nacional y bonaerense, como por la infiltración de sectores antidemocráticos que aprovechan los reclamos para generar el caos con el fin de provocar una ruptura del orden constitucional.

Hay estadísticas que lo confirman. Según un informe de la consultora Diagnóstico Político, una de las sorpresas de las mediciones realizadas en los últimos años es que las fuerzas político-partidarias treparon del sexto al cuarto lugar entre quienes realizan piquetes, casi duplicando sus bloqueos en 2017 respecto de 2016. Hubo 675 cortes que las tuvieron como protagonistas el año último de un total de 5221 piquetes registrados a lo largo de todo ese período.
En 2017 fue el sexto año consecutivo que el número total de piquetes en el país superó los 5000, una cifra exorbitante, que tiene en el tope de sus promotores a trabajadores estatales y organizaciones sociales.
Al número desproporcionado se suma el carácter violento que se verifica en el desarrollo de esas marchas. Un temperamento que viene siendo nefastamente abonado por los violentos de siempre, pero también por personas que, como el ex ministro de la Corte Suprema e increíblemente miembro aún de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Raúl Zaffaroni, desean que este gobierno termine antes de lo previsto para que sus políticas dejen de dañar a la ciudadanía. Acaso olvida el doctor Zaffaroni que la vía democrática por excelencia con que cuentan los ciudadanos es el voto.
Quienes transitamos por la ciudad de Buenos Aires hemos perdido la esperanza de no ser sorprendidos por un piquete a cualquier hora, en cualquier lugar y por cualquier motivo.
Resulta claro que la comunidad en general demanda orden y que los piquetes finalmente sean reglamentados, permitiendo su realización como manifestación pacífica de protesta, pero respetando el derecho del resto de la sociedad a trabajar, circular y cuidar su salud sin impedimentos. Ni las ambulancias se salvaron de quedar encerradas en esas verdaderas trampas de tránsito.

El protocolo antipiquetes, de casi nula aplicación en la ciudad, y el traspaso de la policía al gobierno porteño dieron lugar a imputaciones cruzadas entre ese distrito y la Nación respecto de en quién recae la responsabilidad de restablecer el orden.
La problemática que plantean los piquetes y cortes de calle no debería transformarse en inacción. El "piqueterismo" es un fenómeno social creciente que tiene la violencia y la intimidación como nefasto recurso para presionar a las autoridades y al resto de la sociedad. La necesidad de plantear soluciones de fondo, que pongan un límite a ese desborde cotidiano, no admite más dilaciones ni especulaciones sobre el costo político que pudiera ocasionar a quienes las apliquen.
La amenaza de que febrero y marzo serán caóticos ya ha sido pronunciada. Los gobiernos y la Justicia deberán actuar en forma coordinada para prevenir que, una vez más, se produzcan ataques brutales contra las personas y los bienes, tanto púbicos como privados. Ataques que no son otra cosa que afrentas a la libertad individual. En definitiva, embates directos contra la propia democracia.