EN 1ª PERSONA, PREPAGAS Y EL ESCENARIO

Prepagas: cabeza fría al servicio del corazón caliente
Juan Carlos de Pablo
Según mis rigurosas estimaciones sobre cuánto y cuándo cobran, no menos del 100% de los médicos que figuran en las cartillas de las empresas de medicina prepaga hablan pestes de la mamá de los dueños de las referidas instituciones. Por lo que tienen que esperar para ser atendidos, lo mismo ocurre con los afiliados. Y como si esto fuera poco, el Poder Ejecutivo acusa al sector de actuar de manera “cartelizada”.
Siguiendo a Alfred Marshall, propongo poner la cabeza fría al servicio del corazón caliente. Lo cual implica entender primero, para calificar y actuar después.
Un seguro de un auto contra todo riesgo es razonablemente fácil de celebrar porque son muy pocos los nuevos riesgos. Esto no ocurre en el caso de la salud. Ejemplo: cuando contraté mi seguro con una prepaga, ni la empresa ni yo imaginamos el Covid-19. ¿Debe atenderme dentro de la cuota o facturarme por separado?
Las autoridades agregaron muchas obligaciones que las prepagas debían cubrir, pero no hay que ir a la facultad para ver que esto es imposible sin aumentar la cuota ¡por de la inflación!, pagarles menos a los médicos o atender peor al resto de los afiliados. Además de lo cual no hay que ser médico para advertir que, en términos de equipos, medicamentos, etc., se atiende de manera diferente de como se hacía, digamos, hace 30 años.
Que las prepagas hayan aumentado sus cuotas de manera similar puede ser signo de cartelización o de que algún elemento de costo les pegó por igual. ¿Están cartelizadas YPF, Shell y Exxon porque también mueven de manera coincidente el precio de las naftas?
Me encantaría ver un cuadro o un gráfico que relacione las cuotas de las prepagas con la tasa de inflación. Pero no en los últimos 3 meses, sino, por ejemplo, en los últimos 3 años.
¿Qué diferencia existe entre el mercado de la pizza y el de las preencima pagas? Que si en una pizzería no me atienden como me gusta, voy a otra; pero esto es muy difícil en el caso de las prepagas. Esta es la justificación de la intervención estatal. Pero si los funcionarios les ladran a los integrantes del sector, estos olvidan sus diferencias y unifican posiciones frente a un enemigo común. En otros términos: ojo que el accionar público puede cartelizar al sector.
Funcionarios y propietarios de las empresas de medicina prepaga se tienen que sentar con datos, superando los entendibles gritos de facultativos y afiliados.
Las autoridades les agregaron muchas obligaciones a las empresas del sector

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Reglas diferentes, según cuál sea la prepaga
La resolución que pone tope a las subas abarca a siete entidades y la denuncia judicial es contra 18; las consecuencias y las explicaciones

Silvia Stang
¿Por qué una resolución que abarca a un grupo de entidades –y, por lo tanto, a un grupo de afiliados– y no a todas las que subieron sus cuotas en porcentajes similares? La inquietud surgió de forma inmediata entre los actores del sector y, con mayor intensidad aún, entre los usuarios del sistema dejados al margen, luego de que el Gobierno anunció su decisión de establecer límites para las subas de cuotas en la medicina prepaga.
La gestión de Javier Milei pasó, en cuatro meses, de disponer la liberación absoluta de los precios de los planes de salud a definir reglas que, más allá del camino transitado para definirlas, implican topes a los aumentos, con una particularidad: son reglas que discriminan, porque algunas entidades deberán aplicarlas y otras no, sin que eso esté justificado en comportamientos diferentes respecto de los precios.
Concretamente, lo resuelto es que, para definir cuánto cobrar a sus afiliados, siete prepagas deberán considerar el valor de sus cuotas de diciembre de 2023 y aplicar, como máximo, la inflación acumulada según el último dato disponible al período correspondiente. Por ejemplo, si en los cuatro primeros meses del año se acumulara una variación del índice de precios al consumidor (IPC) de 65%, y si la facturación se emitiera a mediados de mayo (cuando se conozca la inflación de abril), los precios serían un 65% más altos que los de fines del año pasado. En la práctica, los importes hoy facturados son muy superiores y, por eso, la medida implica una baja de precios, solo para los casos alcanzados.
En las siete entidades están, según el Gobierno, aproximadamente el 75% de los afiliados al sistema. El resto no queda sujeto a esa regla y las empresas en las que están pueden seguir cobrando –en principio y de no mediar una posible pronta decisión judicial– según sus criterios. Los incrementos acumulados desde enero y hasta el mes actual son de entre 140% y 165%, en general. Y para mayo se anunciaron en muchos casos subas que rondan el 10%.
La explicación dada por el Gobierno a la discriminación es que la resolución es una “medida de tutela”, emitida sobre la base del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNFC), hecho a su vez en repuesta a una denuncia que presentaron en enero referentes de la Coalición Cívica por supuesta cartelización. Y en esa presentación se mencionó a las siete entidades a las que abarca ahora la decisión oficial: Galeno, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, Hospital Británico y Hospital Alemán.
“Eso no está en control del Gobierno, sino de los denunciantes”, señalaron desde el Gobierno, ante la consulta de sobre por qué no la nacion se pudo llegar a emitir una medida generalizada. “La investigación no puede incluir a empresas no denunciadas, por riesgo de que se caiga por temas procesales”, agregaron.
Hernán Reyes, legislador porteño y uno de los denunciantes, afirmó que si bien el Gobierno –en el marco de una decisión tomada a partir de aquella presentación– no podría haber emitido una medida que involucrara a entidades no notificadas de una investigación contra ellas, sí podría haber avanzado previamente para determinar qué otras empresas estaban presuntamente actuando de forma abusiva, para darles aviso e incluirlas en el expediente. Según Reyes, desde la CNDC no se agregaron argumentos a los que habían sido presentados inicialmente ni se amplió la investigación.
Referentes del sector afirmaban ayer que, más allá de las consideraciones sobre la medida en sí, no parece sostenible que no abarque a todas las entidades. Entre las que quedan afuera hay algunas que tienen una población amplia de jubilados, especialmente afectados por la liberación de precios dispuesta por el Gobierno, que, a la vez, mantuvo congelados los haberes de la Anses en enero y febrero, los dos meses en que hubo incrementos más fuertes de las cuotas. “Va a haber presión de los afiliados”, consideró un directivo del sector, que rescató un dato no menor, considerando cómo se gobierna en estos tiempos: hubo muchas menciones en la red social X de entidades no incluidas, como el Hospital Italiano o Sancor Salud.
Desde el Gobierno señalan que la resolución emitida se complementa con la presentación hecha ante la Justicia por la Superintendencia de Servicios de Salud, también por supuesta cartelización: allí se pide que se le ordene a un grupo de empresas que retrotraigan los valores a diciembre y que devuelvan parte de lo cobrado en los últimos meses.
El pedido abarca a 18 entidades que, según el Gobierno, reúnen al 90% de los afiliados. Se trata de Medicina Esencial, Accord, Prevención, Hominis, Avalian, Federada Salud Sipssa, Hospital Italiano, Luis Pasteur, OSDE, Medifé, Sancor, Jerárquicos Salud, Medicus, Met Córdoba, Swiss Medical, Omint y Galeno. Entre las no incluidas, curiosamente hay dos que sí están nd alcanzadas por la resolución de Comercio: el Hospital Alemán y el Hospital Británico.
Más allá de los efectos desiguales para empresas y afiliados de las decisiones del Gobierno, hay un eslabón de la cadena que, según advierten sus referentes, agravará su crisis: el de los prestadores, como clínicas y centros de diagnóstico. Los que dan servicios a las prepagas tienen la actualización de sus aranceles (cobrados por lo general con demoras) atada a la suba de cuotas. El año pasado, mientras las prepagas advertían que las alzas autorizadas iban por detrás de las subas de costos, los pacientes notaban cada vez más problemas en las prestaciones: cobro o intentos de cobro de copagos, demoras en los turnos, salida de médicos de las cartillas y congelamiento de reintegros. “El tema –vaticinó un referente de la actividad– será el próximo que en materia de salud volverá a tomar protagonismo en la agenda pública”.

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Dudas en las clínicas y entre los médicos
Francisco Olivera
La cuota de una prepaga es una cuestión tan sensible al funcionario público que fue ese rubro, junto con el turismo y la lechuga, lo que empujó al gobierno de Néstor Kirchner a intervenir el Indec en enero de 2007. La diferencia con lo que pasaba entonces es que ahora el sistema de salud arrastra unos 15 años de un manoseo que provoca, entre otros efectos, que los precios no reflejen los costos. Un modelo inviable.
Ese déficit acumulado es lo que tentó al Gobierno y a las prepagas a intentar, desde lados opuestos, resolverlo en tres meses. Y estalló la bomba. Lo que se discute ahora es apenas el comienzo, porque los precios de todo el sector están encadenados: el valor de lo que la prepaga les cobra a sus afiliados es referencia de lo que está dispuesta a pagarles por una consulta médica, un análisis o una internación a sanatorios, hospitales y clínicas. Este eslabón, el de los prestadores, es con los médicos el más débil de un sistema que llegó al límite de la regulación en la última parte de la gestión de Sergio Massa, durante la campaña electoral.
Afinesde2023,unprofesionalpodía cobrar por una consulta $2500, y es la razón por la que muchos de ellos se borraron de las cartillas, cobraban copagos o daban turnos voladores a sus pacientes. La economía ajusta por precio o por volumen: en este caso fue por volumen, que en la industria de la salud es la atención y la calidad del servicio.
El decreto de Sturzenegger desencadenó alzas de hasta casi el triple en las cuotas, pero había atenuado parte de ese desequilibrio. En algunos casos, los honorarios de los médicos se triplicaron: a fines de abril, por la consulta en un hospital privado top de la ciudad se pagarán $ 10.200. La incógnita es qué pasará a partir de ahora. ¿Asumirán las prepagas el 100% del costo de la reducción que les pide el Gobierno o la trasladarán a los prestadores? ¿El médico volverá cobrar esos $2500? ¿Vienen más copagos?
Es la duda de Gerardo Figueroa, presidente de la Cámara de Prestadores de la Seguridad Social (Capres), entidad que agrupa a hospitales y clínicas del conurbano. Figueroa coincide con el Gobierno en que las prepagas están cartelizadas. “Nos ponen los precios: te ofrecen lo mismo”, dice, pero también se pregunta: “¿Ahora vamos a los precios de diciembre con los costos de ahora?”. La discusión lo sorprende además en medio de la paritaria. En febrero los trabajadores recibieron un aumento del 30%; en marzo, un 12%, y ya arrancó la negociación para los salarios de todo el año.
El camino es difícil de desandar. Mientras el IPC llegaba al 20,6% en enero, las prepagas les aumentaron a sus afiliados el doble, el 40%, y les trasladaron a su vez a los sanatorios el 38%. Y así fue todo el verano. Según datos de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados (Adecra), mientras las prepagas les subieron a sus afiliados las cuotas 115,7% entre diciembre y marzo, los prestadores recibieron 92,5%.
Si las prepagas absorben el costo, tendrán una pérdida económica importante; si no lo hacen, le darán la razón al Gobierno: evidentemente tenían espaldas para aplicar aumentos más graduales.
Es posible que esta crisis obligue a repensar el sistema. Las cuotas de la medicina prepaga estuvieron reguladas desde 2011, con la ley que impulsó Cristina Kirchner (la 26.682), que dispuso que todo aumento debía contar con la aprobación oficial. Fue así hasta el DNU 70 de Javier Milei, en diciembre.
En aquella ley se incluyó el programa médico obligatorio, un umbral que fue sumando prestaciones y que también hace subir los costos. Sigue vigente. ¿Habrá que reformularlo? ¿La cartilla de una afiliada de 70 años debe incluir obstetricia? ¿La de un padre de 7 hijos, tratamientos de fertilidad? ¿O se podrá acceder, como propone Carlos Regazzoni, exdirector del PAMI, a módulos de prestación con cuatro o cinco componentes según la preferencia del afiliado?
El 75% de los argentinos se atienden en el sistema de salud privada. Nunca un tema fue tan relevante y tuvo tantas inconsistencias

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