El fallo de la AMIA complica políticamente a Cristina Kirchner por su pacto con Irán
Casación caracterizó al Estado islámico como un país promotor del terrorismo; su impacto en la expresidenta
Hernán Cappiello
El fallo de la Cámara de Casación que ratificó que los iraníes estuvieron detrás del atentado contra la AMIA dejó mal parada a la expresidenta Cristina Kirchner por haber firmado el memorándum de entendimiento con Irán.
Independientemente de lo que decida la Justicia acerca de si hay o no delito en la firma de ese tratado, refrendado por el Congreso, la expresidenta quedó expuesta políticamente al haber pactado con un Estado que la Justicia ahora señala como promotor del terrorismo.
La denuncia contra Cristina Kirchner por la firma de ese pacto secreto, cuya existencia incluso fue negada en un comienzo por su gobierno, fue realizada por el fiscal Alberto Nisman, que cuatro días después fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero. Nisman, recogiendo y completando investigaciones de quienes lo precedieron, habló de que el Hezbollah, promovido por Irán, fue el que planificó y ejecutó el atentado, efectuado por agentes extranjeros.
El fallo de Casación finalmente termina por unir los cuatro momentos de la causa: la investigación del atentado, que señaló a Irán; la causa por las irregularidades en la investigación del atentado, con responsabilidades políticas por interferir en el descubrimiento de la verdad; la denuncia de Nisman por encubrimiento, y las averiguaciones sobre la muerte del fiscal, que para la Justicia fue asesinado.
Hay un último capítulo de esta causa que se contó el año pasado: la identificación de cuatro comerciantes libaneses que colaboraron para darles documentación a los que ejecutaron el ataque. Uno de ellos, que está en Brasil, está a punto de ser juzgado mediante un acuerdo diplomático con la Argentina.
Enhebran estas cuatro historias las necesidades políticas coyunturales de los gobiernos de los últimos 30 años para manejar un expediente que no tiene condenados y que cuenta con siete prófugos acusados de planificar y ejecutar la voladura de la AMIA, protegidos por Irán y el Líbano.
En el caso de la firma del pacto con Irán, la expresidenta espera para ser juzgada junto con el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini; el exviceministro de Justicia Juan Martín Mena; el ministro bonaerense Andrés Larroque; el senador Oscar Parrilli; el piquetero Luis D’Elía; el exembajador Eduardo Zuain, y la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, además del piquetero Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.
Esta causa fue cerrada sin llegar a juicio, pero se reabrió el año pasado. La expresidenta recurrió a la Corte. Es su última carta para evitar el juicio oral y público, lo que aparece bastante dudoso.
En tanto, se está terminando de definir quiénes serán los jueces que realicen este proceso. Por ahora son Javier Ríos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Los dos últimos ya juzgaron y condenaron a Cristina Kirchner por la causa de Vialidad.
Los jueces fueron recusados por Cristina Kirchner y el asunto está a estudio de la Sala I de la Cámara de Casación, para definir si confirman a estos tres magistrados o los apartan.
Lejos de ser una sentencia definitiva la dictada por Casación en la causa AMIA, el fallo será recurrido mediante dos vías; por un lado, los que estaban absueltos y fueron condenados plantearán lo que se llama un recurso de Casación horizontal, es decir que otra sala del mismo tribunal revise esas condenas, ya que la ley exige un doble conforme. El resto recurrirá a la Corte mediante un recurso extraordinario.
Los jueces de Casación Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, con la disidencia de Ángela Ledesma, resolvieron absolver al exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, que venía condenado por encubrimiento; dispusieron bajar las penas al exjuez Juan José Galeano a cuatro años; al propio Carlos Telleldín, que quedó con un año y medio en suspenso, y en el caso de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia se cambió la calificación y se los condenó por el delito de privación ilegal de la libertad como partícipes secundarios.
Lo llamativo es que esta causa, en la que se juzgó a supuestos encubridores del atentado y que hizo que el Estado argentino se allanara ante el reclamo de los familiares de las víctimas de privación de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se quedó sin condenados por encubrimiento.
Todos los condenados apelarán el fallo.
Los jueces de la Casación también dispusieron en una tercera sentencia sobreseer a los exsecretarios del juzgado federal de Galeano María Susana Spina, Javier de Gamas Soler y Carlos Alfredo Velasco, que vinieron cargando con el peso del proceso desde hace 20 años.
En el caso de Telleldín, el mecánico, ahora abogado, que fue acusado de entregar la Trafic para el ataque, fue absuelto.
La fiscalía a cargo de Raúl Pleé puede recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario para buscar revertir la absolución.
Los efectos del fallo de la Cámara de Casación respecto de señalar la responsabilidad de Irán detrás del ataque son más políticos que jurídicos.
Hezbollah y su ala militar fueron designados como organización terrorista por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Holanda y la Unión Europea.
El propio Mahiques, que desarrolló el voto más extenso, destacó la necesidad de que la ONU reforme su funcionamiento y se amplíe la jurisprudencia para poder juzgar a los Estados como terroristas y no solo a los individuos de esos Estados que cometieron los ataques. Una propuesta que envió a la ONU.
Lo mismo hizo con la propuesta de que se apruebe una reforma legal para juzgar a los prófugos del ataque a la AMIA en ausencia. Es decir, sin necesidad de que los prófugos se entreguen. Una parte de la dirigencia comunitaria auspicia esta reforma.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en una conferencia de prensa que ya tienen un proyecto de ley en este sentido, aunque señaló que de todos modos iban a trabajar con velocidad con el Ministerio de Justicia para su presentación. “Está en trámite”, dijo, lacónica, una fuente de ese ministerio a la nacion.
La declaración del atentado y de la causa por las irregularidades en la investigación como delitos de lesa humanidad permite seguir persiguiendo a sus responsables con el correr del tiempo, pues de este modo los casos son imprescriptibles. Ya lo habían dicho los jueces del tribunal oral que condenaron a los exfuncionarios que investigaron el caso.
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La Corte acelera los tiempos para tratar el DNU
En el máximo tribunal ven difícil que haya un acuerdo político
El fallo de la Cámara de Casación que ratificó que los iraníes estuvieron detrás del atentado contra la AMIA dejó mal parada a la expresidenta Cristina Kirchner por haber firmado el memorándum de entendimiento con Irán.
Independientemente de lo que decida la Justicia acerca de si hay o no delito en la firma de ese tratado, refrendado por el Congreso, la expresidenta quedó expuesta políticamente al haber pactado con un Estado que la Justicia ahora señala como promotor del terrorismo.
La denuncia contra Cristina Kirchner por la firma de ese pacto secreto, cuya existencia incluso fue negada en un comienzo por su gobierno, fue realizada por el fiscal Alberto Nisman, que cuatro días después fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero. Nisman, recogiendo y completando investigaciones de quienes lo precedieron, habló de que el Hezbollah, promovido por Irán, fue el que planificó y ejecutó el atentado, efectuado por agentes extranjeros.
El fallo de Casación finalmente termina por unir los cuatro momentos de la causa: la investigación del atentado, que señaló a Irán; la causa por las irregularidades en la investigación del atentado, con responsabilidades políticas por interferir en el descubrimiento de la verdad; la denuncia de Nisman por encubrimiento, y las averiguaciones sobre la muerte del fiscal, que para la Justicia fue asesinado.
Hay un último capítulo de esta causa que se contó el año pasado: la identificación de cuatro comerciantes libaneses que colaboraron para darles documentación a los que ejecutaron el ataque. Uno de ellos, que está en Brasil, está a punto de ser juzgado mediante un acuerdo diplomático con la Argentina.
Enhebran estas cuatro historias las necesidades políticas coyunturales de los gobiernos de los últimos 30 años para manejar un expediente que no tiene condenados y que cuenta con siete prófugos acusados de planificar y ejecutar la voladura de la AMIA, protegidos por Irán y el Líbano.
En el caso de la firma del pacto con Irán, la expresidenta espera para ser juzgada junto con el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini; el exviceministro de Justicia Juan Martín Mena; el ministro bonaerense Andrés Larroque; el senador Oscar Parrilli; el piquetero Luis D’Elía; el exembajador Eduardo Zuain, y la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, además del piquetero Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.
Esta causa fue cerrada sin llegar a juicio, pero se reabrió el año pasado. La expresidenta recurrió a la Corte. Es su última carta para evitar el juicio oral y público, lo que aparece bastante dudoso.
En tanto, se está terminando de definir quiénes serán los jueces que realicen este proceso. Por ahora son Javier Ríos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Los dos últimos ya juzgaron y condenaron a Cristina Kirchner por la causa de Vialidad.
Los jueces fueron recusados por Cristina Kirchner y el asunto está a estudio de la Sala I de la Cámara de Casación, para definir si confirman a estos tres magistrados o los apartan.
Lejos de ser una sentencia definitiva la dictada por Casación en la causa AMIA, el fallo será recurrido mediante dos vías; por un lado, los que estaban absueltos y fueron condenados plantearán lo que se llama un recurso de Casación horizontal, es decir que otra sala del mismo tribunal revise esas condenas, ya que la ley exige un doble conforme. El resto recurrirá a la Corte mediante un recurso extraordinario.
Los jueces de Casación Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, con la disidencia de Ángela Ledesma, resolvieron absolver al exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, que venía condenado por encubrimiento; dispusieron bajar las penas al exjuez Juan José Galeano a cuatro años; al propio Carlos Telleldín, que quedó con un año y medio en suspenso, y en el caso de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia se cambió la calificación y se los condenó por el delito de privación ilegal de la libertad como partícipes secundarios.
Lo llamativo es que esta causa, en la que se juzgó a supuestos encubridores del atentado y que hizo que el Estado argentino se allanara ante el reclamo de los familiares de las víctimas de privación de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se quedó sin condenados por encubrimiento.
Todos los condenados apelarán el fallo.
Los jueces de la Casación también dispusieron en una tercera sentencia sobreseer a los exsecretarios del juzgado federal de Galeano María Susana Spina, Javier de Gamas Soler y Carlos Alfredo Velasco, que vinieron cargando con el peso del proceso desde hace 20 años.
En el caso de Telleldín, el mecánico, ahora abogado, que fue acusado de entregar la Trafic para el ataque, fue absuelto.
La fiscalía a cargo de Raúl Pleé puede recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario para buscar revertir la absolución.
Los efectos del fallo de la Cámara de Casación respecto de señalar la responsabilidad de Irán detrás del ataque son más políticos que jurídicos.
Hezbollah y su ala militar fueron designados como organización terrorista por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Holanda y la Unión Europea.
El propio Mahiques, que desarrolló el voto más extenso, destacó la necesidad de que la ONU reforme su funcionamiento y se amplíe la jurisprudencia para poder juzgar a los Estados como terroristas y no solo a los individuos de esos Estados que cometieron los ataques. Una propuesta que envió a la ONU.
Lo mismo hizo con la propuesta de que se apruebe una reforma legal para juzgar a los prófugos del ataque a la AMIA en ausencia. Es decir, sin necesidad de que los prófugos se entreguen. Una parte de la dirigencia comunitaria auspicia esta reforma.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en una conferencia de prensa que ya tienen un proyecto de ley en este sentido, aunque señaló que de todos modos iban a trabajar con velocidad con el Ministerio de Justicia para su presentación. “Está en trámite”, dijo, lacónica, una fuente de ese ministerio a la nacion.
La declaración del atentado y de la causa por las irregularidades en la investigación como delitos de lesa humanidad permite seguir persiguiendo a sus responsables con el correr del tiempo, pues de este modo los casos son imprescriptibles. Ya lo habían dicho los jueces del tribunal oral que condenaron a los exfuncionarios que investigaron el caso.
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La Corte acelera los tiempos para tratar el DNU
En el máximo tribunal ven difícil que haya un acuerdo político
Hernán Cappiello
La Corte Suprema acelera los tiempos para pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/23, que dictó el presidente Javier Milei para avanzar con la desregulación de la economía. Hasta ahora, desde el tribunal transmitían que iban a esperar a que lo resolviera la política. Pero en las últimas horas el mensaje cambió. Ahora, en la Corte ven que el oficialismo muestra dificultades para llegar a un entendimiento y anticipan una definición judicial.
Se acortan los tiempos para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/23 del presidente Javier Milei, que desregula la economía. Hasta ahora, el mensaje era que debía resolverlo la política y evitar la judicialización. Pero en las últimas horas la percepción es que difícilmente la política llegue a una solución.
Entre antes y ahora hubo un giro. Hace un mes, el 12 de marzo, en la reunión de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (AmCham), el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dijo que iban a esperar a que la política resolviera la controversia por el DNU. El miércoles pasado, en una disertación en el Rotary Club de Buenos Aires, volvió con lo mismo y agregó: “Si los temas no se resuelven en un plazo razonable, lo hará la Justicia”.
La percepción en los tribunales ahora es que, a lo largo de este mes, entre la reunión de la AmCham y el almuerzo del Rotary, la situación política “está trancada, más trancada que antes”. Lo que hace que se aceleren los tiempos para que la Corte Suprema se pronuncie sobre el decreto.
“Se está trabajando en los temas, pero cuándo es el plazo razonable lo deciden los jueces; el plazo razonable está atado al éxito de la política y lo vemos complicado”, señalan en los tribunales. Ven que los problemas aparecen en el propio riñón libertario, con el quiebre del bloque de La Libertad Avanza, más allá de las negociaciones con la oposición dialoguista.
Esta situación hace que se vea un horizonte con nubarrones. “Es más factible que el oficialismo pueda perder un hombre propio en la Auditoría General de la Nación, plazo que se venció el viernes pasado, a que pueda destrabar el futuro del DNU”, dijo otro observador político.
El 12 de marzo pasado, en la AmCham, Rosatti mencionó a Juan Bautista Alberti, “tan citado y tan poco leído”, en una supuesta alusión a Milei. Y consideró que hay inseguridad jurídica cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política. “Esto ocurre en la Argentina desde hace muchos años. La judicialización de las cuestiones típicamente políticas. Frente a la incapacidad de la política de resolver determinadas situaciones, se proyecta el problema hacia una instancia judicial”, recalcó.
Un mes más tarde, en el almuerzo del Rotary de Buenos Aires, afirmó: “Hay que darle una primera chance a la política: hay charlas, reuniones, negociaciones en el Congreso que seguimos con avidez, pero si la política no resuelve este tema (por las demandas contra el DNU y los recortes del Gobierno a las provincias), la Justicia lo resolverá. No nos gusta que la judicialización sea el atajo para resolver los temas que no resuelve la política. Apostamos a que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea; si no, lo resolveremos en un tiempo razonable”.
Entre medio de ambas alocuciones, el presidente Milei criticó a la mayoría de la Corte porque no fallaba según sus deseos, rechazando las medidas cautelares que mantienen suspendido el capítulo laboral de su DNU. Esta era la expectativa del Gobierno, según dijeron a fuentes oficiales. Señalaron que tenían la información de que iba a haber una respuesta de la Corte ante los fallos de la Justicia Laboral que habían suspendido el capítulo 4 del DNU. En el Gobierno consideraban que lo más incruento era rechazar la cautelar por falta de legitimación de la CGT o porque estaba mal concedida. Ni siquiera la expectativa estaba puesta en un fallo por todo el DNU, como lo había reclamado La Rioja, sino para rehabilitar la vigencia del capítulo laboral. Nada de esto ocurrió.
Esto hizo que Milei, sin consultar con nadie, decidiera hacer público que pensaba cubrir la vacante de la Corte con la postulación del juez Ariel Lijo y adelantar la designación del jurista Manuel GarcíaMansilla para reemplazar al juez Juan Carlos Maqueda, que deja el máximo tribunal el 29 de diciembre, al cumplir 75 años.
Para comenzar el proceso de designación, el Gobierno publicará hoy y mañana una comunicación en el Boletín Oficial y en diarios nacionales, con las postulaciones. Así lo marca el decreto 222/03, que además inaugura así una etapa de impugnaciones y adhesiones que dura 15 días, una audiencia pública en el Senado y luego la votación para ver si los candidatos obtienen los dos tercios de los votos de los presentes.
Con Lijo y García-Mansilla, si prosperaran sus postulaciones, Milei busca alterar la mayoría de la Corte que hoy componen Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz.
Milei dijo que “al menos tres jueces de la Corte han tomado una posición bastante poco amigable” con el decreto. Lo dijo en una conferencia libertaria, dos sábados atrás. En Tribunales señalan: “A la Corte, con buen diálogo, no vino nadie. Ni nadie pidió nada. Si alguien llevó algún tipo de información, probablemente fue equivocada”.
No es un secreto que el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti es quien impulsó la designación del juez Lijo en el máximo tribunal a partir de su relación personal con Javier y Karina Milei, y que busca recuperar centralidad en el tribunal.
La Corte tiene en sus manos 30 causas iniciadas por 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros. En total, los reclamos ascienden a unos 1000 millones de dólares.
Mientras la Casa Rosada dialoga con los gobernadores en busca de un acuerdo para la votación de la nueva versión de la ley ómnibus, los mandatarios provinciales presentan en los tribunales sus demandas por los recortes de gastos que vienen sufriendo. La mayoría de las demandas iniciadas ya tienen dictamen de la Procuración General, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo
La Corte Suprema acelera los tiempos para pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/23, que dictó el presidente Javier Milei para avanzar con la desregulación de la economía. Hasta ahora, desde el tribunal transmitían que iban a esperar a que lo resolviera la política. Pero en las últimas horas el mensaje cambió. Ahora, en la Corte ven que el oficialismo muestra dificultades para llegar a un entendimiento y anticipan una definición judicial.
Se acortan los tiempos para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/23 del presidente Javier Milei, que desregula la economía. Hasta ahora, el mensaje era que debía resolverlo la política y evitar la judicialización. Pero en las últimas horas la percepción es que difícilmente la política llegue a una solución.
Entre antes y ahora hubo un giro. Hace un mes, el 12 de marzo, en la reunión de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (AmCham), el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dijo que iban a esperar a que la política resolviera la controversia por el DNU. El miércoles pasado, en una disertación en el Rotary Club de Buenos Aires, volvió con lo mismo y agregó: “Si los temas no se resuelven en un plazo razonable, lo hará la Justicia”.
La percepción en los tribunales ahora es que, a lo largo de este mes, entre la reunión de la AmCham y el almuerzo del Rotary, la situación política “está trancada, más trancada que antes”. Lo que hace que se aceleren los tiempos para que la Corte Suprema se pronuncie sobre el decreto.
“Se está trabajando en los temas, pero cuándo es el plazo razonable lo deciden los jueces; el plazo razonable está atado al éxito de la política y lo vemos complicado”, señalan en los tribunales. Ven que los problemas aparecen en el propio riñón libertario, con el quiebre del bloque de La Libertad Avanza, más allá de las negociaciones con la oposición dialoguista.
Esta situación hace que se vea un horizonte con nubarrones. “Es más factible que el oficialismo pueda perder un hombre propio en la Auditoría General de la Nación, plazo que se venció el viernes pasado, a que pueda destrabar el futuro del DNU”, dijo otro observador político.
El 12 de marzo pasado, en la AmCham, Rosatti mencionó a Juan Bautista Alberti, “tan citado y tan poco leído”, en una supuesta alusión a Milei. Y consideró que hay inseguridad jurídica cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política. “Esto ocurre en la Argentina desde hace muchos años. La judicialización de las cuestiones típicamente políticas. Frente a la incapacidad de la política de resolver determinadas situaciones, se proyecta el problema hacia una instancia judicial”, recalcó.
Un mes más tarde, en el almuerzo del Rotary de Buenos Aires, afirmó: “Hay que darle una primera chance a la política: hay charlas, reuniones, negociaciones en el Congreso que seguimos con avidez, pero si la política no resuelve este tema (por las demandas contra el DNU y los recortes del Gobierno a las provincias), la Justicia lo resolverá. No nos gusta que la judicialización sea el atajo para resolver los temas que no resuelve la política. Apostamos a que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea; si no, lo resolveremos en un tiempo razonable”.
Entre medio de ambas alocuciones, el presidente Milei criticó a la mayoría de la Corte porque no fallaba según sus deseos, rechazando las medidas cautelares que mantienen suspendido el capítulo laboral de su DNU. Esta era la expectativa del Gobierno, según dijeron a fuentes oficiales. Señalaron que tenían la información de que iba a haber una respuesta de la Corte ante los fallos de la Justicia Laboral que habían suspendido el capítulo 4 del DNU. En el Gobierno consideraban que lo más incruento era rechazar la cautelar por falta de legitimación de la CGT o porque estaba mal concedida. Ni siquiera la expectativa estaba puesta en un fallo por todo el DNU, como lo había reclamado La Rioja, sino para rehabilitar la vigencia del capítulo laboral. Nada de esto ocurrió.
Esto hizo que Milei, sin consultar con nadie, decidiera hacer público que pensaba cubrir la vacante de la Corte con la postulación del juez Ariel Lijo y adelantar la designación del jurista Manuel GarcíaMansilla para reemplazar al juez Juan Carlos Maqueda, que deja el máximo tribunal el 29 de diciembre, al cumplir 75 años.
Para comenzar el proceso de designación, el Gobierno publicará hoy y mañana una comunicación en el Boletín Oficial y en diarios nacionales, con las postulaciones. Así lo marca el decreto 222/03, que además inaugura así una etapa de impugnaciones y adhesiones que dura 15 días, una audiencia pública en el Senado y luego la votación para ver si los candidatos obtienen los dos tercios de los votos de los presentes.
Con Lijo y García-Mansilla, si prosperaran sus postulaciones, Milei busca alterar la mayoría de la Corte que hoy componen Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz.
Milei dijo que “al menos tres jueces de la Corte han tomado una posición bastante poco amigable” con el decreto. Lo dijo en una conferencia libertaria, dos sábados atrás. En Tribunales señalan: “A la Corte, con buen diálogo, no vino nadie. Ni nadie pidió nada. Si alguien llevó algún tipo de información, probablemente fue equivocada”.
No es un secreto que el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti es quien impulsó la designación del juez Lijo en el máximo tribunal a partir de su relación personal con Javier y Karina Milei, y que busca recuperar centralidad en el tribunal.
La Corte tiene en sus manos 30 causas iniciadas por 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros. En total, los reclamos ascienden a unos 1000 millones de dólares.
Mientras la Casa Rosada dialoga con los gobernadores en busca de un acuerdo para la votación de la nueva versión de la ley ómnibus, los mandatarios provinciales presentan en los tribunales sus demandas por los recortes de gastos que vienen sufriendo. La mayoría de las demandas iniciadas ya tienen dictamen de la Procuración General, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo
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