PAN LACTAL DESDE BRASIL, PREPAGAS

El Gobierno apura la importación de pan lactal desde Brasil
El Ministerio de Economía pretende acelerar la competencia en el rubro que domina Bimbo
Alfredo Sainz
El Gobierno tiene decidido que el negocio del pan lactal se convierta en el caso testigo de su política para desarmar lo que considera abusos de precios. La mira del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Comercio, Pablo Lavigne, está puesta en la empresa mexicana Bimbo, que a través de varias marcas controla más del 60% de las ventas de pan de molde, un producto que popularmente se conoce como pan lactal, aunque en realidad Lactal es una marca que pertenece, precisamente, a Bimbo.
En las últimas horas, funcionarios de Comercio y hasta el propio Caputo se encargaron de comunicar a los grandes supermercados que tenían vía libre para avanzar con la importación de pan de molde desde países vecinos, ante lo que consideraron los aumentos desmedidos que registró la categoría. La idea oficial es que las cadenas agilicen el ingreso de mercadería desde Brasil, aprovechando que, gracias a los avances que se introdujeron en el último tiempo en los procesos de elaboración, se estiró la vida útil del producto.
“Estuvimos haciendo números y logramos que nos den las fechas para poder importar el pan desde Brasil con un margen de 12 días para vender el producto”, explicaron en una cadena que está ultimando los detalles para iniciar la importación. El principal atractivo que tiene el negocio pasa obviamente por el precio. El mismo pan de 470 gramos que en la Argentina se comercializa a $3200 en un supermercado brasileño cuesta 9 reales, es decir, un poco menos de dos dólares. La situación se repite con una línea más premium como el pan “artesano”: en un comercio argentino ronda los $5000, y en Brasil, 12,5 reales (menos de tres dólares).
El liderazgo de los mexicanos en el mercado local del pan de molde se explica no solo por Bimbo, sino también por otra de sus marcas estrella: Fargo. El grupo azteca se alzó con el control de la tradicional marca argentina en 2004, cuando el gobierno de Néstor Kirchner aprobó una operación que difícilmente hubiera pasado en países con una política más estricta en materia de defensa de la competencia y abuso de posición dominante. “El jugador número dos comprando al uno no es precisamente una operación que ayude a la libre competencia”, explicó un especialista en el tema.
Fargo había nacido en la Argentina como una marca de Minimax, la cadena de supermercados de los Rockefeller, que saltó a la fama en 1969 cuando sus trece bocas fueron incendiadas por el grupo guerrillero FAR. Cuando Mimimax se fue del país, Fargo se independizó y en pocos años se consolidó como la empresa líder del mercado del pan de molde.
A fines de los 90, la firma controlada por las familias Preiti y Fernández fue adquirida por el fondo de inversión The Exxel Group en US$140 millones, aunque esta operación terminó mal, cuando el fondo de Juan Navarro tuvo que empezar a rematar todos sus activos. El primer comprador de Fargo fue un banquero mexicano llamado Fernando Chico Pardo, que a su vez, en 2004, le cedió sus acciones a Bimbo. La operación incluyó el traspaso de otras marcas, como Sacaan y Lactal, que también pertenecían a Fargo.
El liderazgo de Bimbo/Fargo igualmente no parece en peligro. Uno de sus principales activos sigue siendo el manejo de stocks y su política de entrega directa con servicio de recolección del producto unos días antes de su vencimiento. “Con el pan lactal pasa algo parecido a lo que ocurre con el mercado de los lácteos. A nivel nacional hay muchos jugadores, pero en la mayoría de los casos son empresas de alcance regional y un radio de acción limitado”, explicaron en un súper.

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Prepagas: el Gobierno evalúa ir a la Justicia
Es por presuntas “conductas abusivas”, ya que entiende que las principales firmas del sector habrían dispuesto aumentos de las cuotas muy por encima de la inflación

Ignacio GrimaldiCaputo cargó contra las prepagas por la red X
La Superintendencia de Servicios de Salud analiza presentarse en la Justicia contra las prepagas por presuntas “conductas abusivas” a la hora de aumentar las cuotas. A esa definición llegó el organismo mientras elabora un informe a pedido de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que investiga una supuesta cartelización de las empresas de medicina privada, tal como adelantó en su edición del la nacion domingo.
El enfrentamiento entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga sumó un nuevo capítulo. La Superintendencia de Servicios de Salud dijo ayer que evalúa presentarse en la Justicia contra las empresas por presuntas “conductas abusivas”, según anticiparon fuentes de la entidad
 Esta es una de las conclusiones a las que llegó ese organismo mientras elabora un informe por pedido de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que investiga una supuesta cartelización de las firmas, tal como adelantó este medio el domingo.
La Superintendencia de Servicios de Salud entiende que “los cinco principales actores del sector” habrían dispuesto aumentos muy por encima de la inflación, según informó una fuente del organismo. Los números con los que sustentan esta posición indicarían que cinco empresas subieron el valor de sus cuotas entre 142% y 163% desde enero hasta abril. “Son aumentos muy cercanos entre sí y, a la vez, muy lejanos a la inflación”, señalaron.
Esta es información que la Superintendencia planea incluir en el reporte que le solicitó la Comisión de Defensa de la Competencia la semana pasada y que tiene tiempo hasta el 17 de abril para responder.
La CNDC investiga una supuesta “colusión” entre las prepagas. Esto significa, en otros términos, que busca determinar si existió un acuerdo entre las empresas para fijar precios
Ante la consulta  fuentes de las empresas de salud privada dijeron: “Confiamos en que no hubo ningún tipo de colusión”.
Este es un capítulo más en el enfrentamiento entre la administración de Javier Milei y las compañías de medicina privada, justo un día después del posteo que realizó el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien había señalado que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”. Allí también aseguró que el Gobierno haría lo necesario “para defenderla”.
Las entidades de medicina prepaga nucleadas en las cámaras y asociaciones Cimara, Ademp y Cempra le respondieron el lunes pasado y comunicaron que le pedirán una audiencia a Caputo, “a fin de acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica –entre otras situaciones– el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años”.
Así, el Gobierno evalúa avanzar con una iniciativa propia, al mismo tiempo que se sumó a la denuncia que presentaron dirigentes de la oposición a principios de año, que es la que originó el expediente en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El 15 de enero último, un grupo de legisladores de la Coalición Cívica liderado por Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes, presentaron una acusación formal por “conducta anticompetitiva” que sostiene a la investigación de la CNDC. Casi tres meses después tomó un nuevo impulso.
Las fuentes del sector consultadas dijeron que por el momento no han sido notificadas de una instancia nueva. “En su momento se respondieron las notificaciones, pero no vamos a dar detalles de lo que presentamos”, explicaron.
La CNDC es un organismo dentro de la Secretaría de Comercio que funciona de manera “desconcentrada”. Su función es garantizar “la calidad de bienes y servicios, al menor precio posible”.
“En enero vimos que las empresas habían tenido algunas reuniones y cuando se confirmaron los aumentos los denunciamos por cartelización y pedimos que se haga un análisis”, dijo Reyes 
Según el texto de la denuncia, está fundamentada en declaraciones periodísticas de Claudio Belocopitt (titular de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud). Señalan que presuntamente habrían existido “reuniones para la coordinación de la fijación de un aumento a los usuarios, y que se habría acordado un incremento estimado en torno al 40%”. Este es uno de los expedientes más sensibles en poder de la Comisión. Se encuentra bajo secreto de sumario y se espera una “resolución firme” del organismo, según fuentes oficiales.
Se trata de la primera investigación formal contra las prepagas por presunta colusión que surge en los despachos públicos del Ejecutivo. Hasta ahora, los reveses contra las empresas habían surgido de la Justicia, cuando distintos jueces aceptaron medidas cautelares de los afiliados para retrotraer los precios a la situación anterior a los aumentos.
Un ejemplo: a fines de febrero pasado, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 dispuso ampliar, en principio para un centenar de personas, el alcance de una medida cautelar dictada a mediados de enero, a través de la cual se le ordenó a una entidad de medicina privada dejar sin efecto los aumentos de cuotas aplicados o anunciados bajo el amparo de lo establecido por el DNU 70. Lo resuelto es válido “hasta tanto se dicte sentencia definitiva” sobre el tema.

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