EL ANÁLISIS Y US $ 520 MILLONES DE PÉRDIDA

La CGT, ante una disyuntiva incómoda
Nicolás Balinotti
La CGT no está dispuesta por ahora a revivir la amenaza de parálisis constante que sostuvo contra los gobiernos radicales de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, que sufrieron un paro general cada 157 y 92 días, respectivamente. En la cúpula de la central obrera ya se vislumbra un consenso interno para frenar la conflictividad después de la contundencia de la huelga de ayer, la segunda contra la gestión de Javier Milei en cinco meses de gobierno.
La continuidad del plan de lucha activado a los 45 días de la llegada de Milei al poder es motivo de debate entre los sindicatos. Prima por el momento la postura de tomar distancia de ese pesado estigma del sindicalismo antropófago, capaz de engullirse a cualquier gobierno que no sea peronista.
“No hay contexto para escalar la confrontación”, fue el rápido diagnóstico desde una tribu dialoguista. Es decir, no hay luz verde para el esquema de paros a repetición como los que encabezó Saúl Ubaldini contra Alfonsín.
La segunda huelga en cinco meses contra Milei sirvió para descomprimir demandas internas y para que el sindicalismo ocupe fugazmente el liderazgo vacante que quedó en el peronismo después de la derrota electoral de Sergio Massa en el balotaje del año pasado y del repliegue del kirchnerismo. “Ahora es la política la que debe actuar”, repitió un sindicalista con más de tres décadas en su gremio y al que la idea de un conflicto permanente lo incomoda.
Con el paro, la CGT intenta condicionar la votación de la Ley Bases y el paquete fiscal, dos iniciativas sensibles para los sindicatos porque incluyen una reforma laboral y la restitución del impuesto a las ganancias.
La hoja de ruta gremial está vinculada directamente con lo que suceda en el Congreso y en la Justicia.
La reforma laboral fue edulcorada en el proyecto oficial por gestiones sindicales con el Gobierno y el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Hubo sectores que hasta dieron el aval con tal de evitar que rija el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, que prevé transformar la huelga en un delito y limita la recaudación y representación de los gremios.
Ese capítulo del DNU está suspendido, a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
La CGT no encontró respuesta de los jueces de la Corte Suprema cuando golpeó sus puertas. Espera que confirmen la inconstitucionalidad del decreto de Milei en el capítulo que los afecta.
Diferente es lo que sucede en el fuero laboral, donde los gremios mantienen intacta su influencia.
De hecho, ayer mismo, el poderoso gremio de los colectiveros de la UTA recibió un guiño en primera instancia, que hizo lugar a la medida cautelar presentada contra el Grupo DOTA, de los operadores José y Ángel Faija, por haberse escudado en la letra chica del DNU 70/23 para brindar el servicio de transporte en un día de paro.
“El DNU no resulta aplicable”, señaló José Ignacio Ramonet, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 69. Fue una respuesta exprés ante la presentación judicial de Roberto Fernández contra este grupo empresario en el que el jefe de la UTA no hizo pie, pero en el que manda Miguel Ángel Bustinduy, quien hasta hoy era un aliado de Pablo Moyano.
“Es un traidor al que seguramente le cortemos el chorro”, dijeron cerca del camionero, enojados porque Bustinduy y sus choferes no adhirieron al paro.
Hoy, el Gobierno, en su papel de financista porque porta subsidios, se sentará en la paritaria entre las cámaras empresarias y la UTA para definir un aumento salarial. Podría surgir de allí un nuevo incremento del boleto.
En el área metropolitana el sistema funciona hoy con $153.000 millones mensuales, de los cuales un 70% son aportados por el Estado y el 30% por el precio de las tarifas, según precisaron fuentes empresarias.
La huelga de ayer fue, en definitiva, la más contundente de los últimos 20 años y eso se debe a la adhesión casi total del transporte, el músculo más vigoroso para garantizar alto acatamiento.
Hubo otro rasgo distintivo en relación con las medidas contra las diferentes gestiones kirchneristas y la de Cambiemos. Esta vez no hubo cortes ni piquetes como método intimidante para no movilizarse por las calles.
La precoz reacción sindical, que ya activó dos paros generales en cinco meses, llevó a la CGT a un juego de equilibrios. Empujan las medidas de fuerza las presiones del kirchnerismo y la izquierda para profundizar las protestas, pero también un contexto de permanente caída salarial y hundimiento de la economía, tal como lo escenificaron los datos del miércoles en la industria y la construcción.
Definir una estrategia, no obstante, no les está resultando fácil. Tal vez Massa tenía razón cuando el 24 de enero, el día del primer paro contra Milei, reprochó el apresuramiento sindical. “Si a 45 días le haces un paro general, a los 90 días, ¿qué haces? ¿Un bombardeo?”, advirtió el exministro de Economía
Van 151 días de gobierno y se abre una imperiosa necesidad de negociar una salida. Los contactos entre los funcionarios de Milei y la CGT ya se reanudaron, incluso con contactos cara a cara. Resta saber si podrán explorar algún acuerdo o si el plan de lucha con un esquema de paros a repetición, como lanzó algún dirigente de poca representatividad, encuentra algún tipo de consenso.

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Estiman una pérdida económica de US$520 millones por culpa de la huelga
El cálculo fue realizado por el Gobierno a partir de la proyección del PBI

Ignacio Grimaldi
El Ministerio de Economía le puso un número al costo del segundo paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el primer semestre de la gestión libertaria. Le representará al país una pérdida de 520 millones de dólares.
Según explicaron fuentes oficiales, el cálculo considera las cifras mensualizadas del producto bruto interno (PBI) y el grado de adhesión a la medida de fuerza. De allí surge el número.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó ayer en las redes sobre la medida de fuerza: “Mi solidaridad para con todos los trabajadores que no pueden hoy ir a su trabajo y cobrarán menos a fin de mes, producto de este paro. Siento que el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad. La gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no malgastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos. Sigamos confiando, estamos por el buen camino”.
En paralelo, distintas oficinas del Estado también dimensionaron otras pérdidas. Tal es el caso del transporte. En la esfera nacional, la secretaría dirigida por Franco Mogetta indicó que producto del paro de trenes “se pierden $200 millones de facturación”.
En la ciudad de Buenos Aires tampoco funciona el subte. Si bien desde la administración de Jorge Macri no definieron cuánto dinero se perdería, puntualizaron que son 900.000 viajes menos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el valor del boleto asciende a $125, una facturación aproximada que se dejaría de percibir por el parate rondaría los $112 millones.
Estos números del Estado se complementan con las estimaciones del sector empresario. Varias cámaras expresaron su rechazo a la medida de fuerza, aunque evitaron polemizar con los sindicatos.
Según cifras de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), “el comercio genera entre 40 y 50 millones de dólares por día”. Sin embargo, la organización no proyecta una pérdida de esas dimensiones debido a las variaciones en el acatamiento. En virtud de ello, realizó un relevamiento de expectativas de acatamiento entre las entidades que la componen. Arrojó los siguientes resultados: “El 72% de las entidades consultadas determinó que no acatará y tomará medidas supletorias para compensar la falta de transporte público; solo el 19% de las entidades consultadas considera que el paro aportará alguna solución”.

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