ESTADO DE SHOCK Y EDITORIAL

Una implosión en capítulos que pone al PJ en estado de shock
La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género es un eslabón más de una cadena de escándalos judiciales que sacuden al kirchnerismo

Francisco Olivera
A último momento, ante ayer, el Frente Renovador suspendió el plenario que tenía previsto para hoy en Tornquist, Sierra de la Ventana, donde Sergio Massa reaparecería públicamente después de siete meses. El líder del espacio iba a mostrar equipos, a exponer sobre economía local y global, a diferenciarse del kirchnerismo, pero canceló todo. Tal vez retome la idea en dos semanas. La explicación que los organizadores dieron a la prensa fue que, como la convocatoria venía siendo muy superior a la calculada, el acto podía quedar desbordado. Un caso de estudio: que el éxito obligue a reprogramar. Dentro del PJ admiten en cambio la verdadera razón: después del escándalo de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández no hay nada para decir.
El peronismo quedó en estado de shock. Es lo que dijo ayer Kicillof sobre el caso. No habrá además una reacción coordinada del partido, principalmente porque tampoco existe un liderazgo vertical; todos están ahora más dispersos que en diciembre, después de la derrota con Milei. Hay que repasar los discursos: del tuit de Cristina Kirchner a la indignación del gobernador o los comentarios contra Alberto Fernández en la jura de la Constitución de La Rioja hay un espectro de ambigüedades y contorsiones.
Hasta que aparecieron anteanoche las primeras imágenes de Fabiola golpeada, algunos peronistas tenían la esperanza de que el expresidente pudiera llegar con ella a un entendimiento que atenuara los efectos de la causa. Repetían que esa relación había sido tóxica desde el principio y que, por lo tanto, no había que pensar en una ruptura definitiva. “Ella siempre fue un problema desde la campaña, pero no solo en el aspecto personal de Alberto: era un verdadero problema político”, dijo alguien que pasó horas al lado de ambos.
Este reducido elenco de amistades, en silencio desde que se difundió la primera noticia del caso, no le niega ahora a Fabiola la condición de víctima pero, al mismo tiempo, sigue sosteniendo que la denuncia se fue gestando a partir de un desencuentro económico. Dicen, por ejemplo, que a ella no le alcanzaba con que el exjefe del Estado le diera una parte de su pensión de presidente, y que llegó incluso a ofrecerle a un canal de televisión de aire, sin éxito y a cambio de dos millones de dólares, la exclusividad del documental que cuenta su vida y está a punto de presentar.
Hay empresarios que estaban al tanto de estas discusiones. Uno de Misiones, por ejemplo: Francisco “Pepi” Wipplinger, dueño de FJW, la mayor transportista de sustancias peligrosas del país, que recibió a fines de 2022 una llamada de Fabiola pidiéndole que le mejorara el sueldo a uno de sus choferes, Jorge Miranda, padrastro de la ex primera dama desde muy chica. “Yo vivo como una reina, pero no tengo ingresos”, fue la explicación.
El cambio de gobierno y la mudanza a España complicaron más las cosas que, dicen los allegados, Alberto Fernández tampoco resolvió. Ya está asumido su hábito de postergar. También su debilidad. Alguien de ese núcleo recordó esta semana el día de febrero de 2022 en que, furioso y enterado del viaje que Luana Volnovich y Martín Rodríguez a Riviera Maya, el entonces presidente quiso echar a Rodríguez del PAMI y fracasó. “Luana no le atendió el teléfono”, agregó.
Los chats plantean ahora una incógnita que la Justicia debe develar. ¿Nadie estuvo nunca al tanto ni pudo ayudar a Fabiola? ¿No emitió ella ninguna señal? Trabajo para el fiscal. Hay posteos de Instagram sugestivos al respecto. El 25 de noellas, viembre de 2022, por ejemplo, ella celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con varios mensajes. “Las prácticas y discursos de violencia que circulan a diario contra las mujeres y las diversidades impiden construir una sociedad inclusiva y justa”, decía el primero, todavía abierto a comentarios. El segundo: “Es imposible proyectar el desarrollo de nuestro país si la mitad de la población vive con miedo de ser agredida o sufre cualquier tipo de violencia solo por su género o identidad sexual”. ¿Estaba pidiendo ayuda? La publicación concluye con el 144, para víctimas de ese delito.
El escándalo promete crecer bastante más, pero ya supera en repercusión al del tráfico de influencias para la contratación de seguros. Según fuentes judiciales, hasta aceleró denuncias en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Entre dos rimbombantes cuyo nombre no ha sido todavía revelado: una persona del mundo del deporte y un empresario.
Dicen que Alberto Fernández está muy afectado y que habla desde entonces con muy pocos. El sábado, día anterior a que Claudio Savoia publicara que había fotos, y enterado de que el material estaba ya en manos del periodista, entró en estado de alteración. El lunes estaba peor y el martes, por fin, aceptó que Gabriela Cerruti le enviara un médico al departamento.
Para el peronismo es un cimbronazo de alcance incalculable.
“Pedile ahora a la gente que no hable de la casta”, se resignó un exfuncionario de aquel gobierno. La inquietud es corporativa y partidaria, pero también personal: el teléfono de María Cantero, exsecretaria de Alberto Fernández, podría complicar a unos cuantos. Al gabinete, por lo pronto. “Todo pasaba por María: en ese móvil estamos todos. Un comentario medio fuera de contexto en ese chat y te destrozan”, agregó alguien que trabajó horas con ella.
En la lista habría que incluir a empresarios y sindicalistas. La dimensión
Los chats plantean ahora una incógnita que la Justicia debe develar. ¿Nadie estuvo nunca al tanto ni pudo ayudar a Fabiola? ¿No emitió ninguna señal?
de los archivos que tiene Ercolini explica todo: está revisado apenas el 20% del móvil de Cantero, y solo los chats. Faltan la nube, los documentos borrados y otra veintena de teléfonos secuestrados a productores de seguros que, como Héctor Martínez Sosa, podrían ser citados a declarar. “Va a ser una novela turca por capítulos”, anticipan cerca del expresidente.
Fernández ya definió que Silvina Carreira será su abogada. Pero a su entorno le preocupa además que tampoco haya logrado mantener una buena relación con una parte importante de la Justicia. Ni con Ercolini, con quien empezó a estar enfrentado a partir de las causas de Vialidad y Hotesur-Los Sauces; ni con la Corte, contra la que presentó en 2023 un pedido de juicio político. Al contrario: elegido en 2019 por Cristina Kirchner para encabezar la fórmula entre otras razones por su llegada a la Justicia, terminó denunciado. Y su fracaso afectó seriamente al kirchnerismo desde adentro. Una verdadera implosión sin la cual se hace difícil entender el triunfo de Milei.
Esas banderas progresistas estropeadas explican parte de la retórica presidencial. Anteayer, en Chile, durante una exposición en Gas Andes, el Presidente les garantizó a los empresarios que la Argentina no volvería a cortarles el gas como en 2004: “Quien les habla es Javier Milei, no Néstor Kirchner”.
Para una parte del peronismo es como haber derribado una estatua de Chávez.

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La infraestructura que demanda el campo
Es necesario evitar que más capitales extranjeros abandonen el país ante las inseguridades jurídicas y físicas que soportan los sectores de la producción
Nadie se atrevió a corregir al presidente Milei cuando en su discurso de inauguración de la exposición anual de la Sociedad Rural Argentina denunció que el traslado de granos por 700 kilómetros de caminos, hasta llegar a Rosario, resulta más caro que enviarlos a Europa. Milei también pudo haberse escandalizado, sin temor a equivocarse, de que la carencia de suficiente calado en los puertos que rodean a esa ciudad vital para la agroindustria determina que muchos buques partan con la mitad de sus bodegas vacías. Terminan de llenarse en costas brasileñas, con la consiguiente pérdida de oportunidades para productos argentinos.
Por fortuna, ha comenzado a despertar en el país una conciencia crítica sobre las consignas huecas del populismo que han atrasado la Argentina de forma alarmante en relación con el desarrollo general de la constelación de naciones en las últimas décadas. Aquí, todo ha sido paralizado por largos años en función de reclamos inatendibles, de regulaciones burocráticas perturbadoras de la actividad de las empresas nacionales y hecho trizas la esperanza de que nuevas inversiones se radiquen para explotar nuestro potencial de riquezas naturales y expandir las fuentes de trabajo.
Ha ocurrido todo lo contrario. Decenas de empresas extranjeras han abandonado la Argentina hartas de las trabas sufridas para su desenvolvimiento pleno y por la suma de inseguridades jurídicas y físicas que completarían un cuadro irreal en otras partes del planeta.
El campo ha padecido ese fenómeno como pocos otros sectores de la economía. Esto se patentiza en el resultado absurdo de que cada 100 dólares producidos por la cosecha de soja, 71 dólares sean para el Estado, según ha sido documentado por institutos especializados en estudios agropecuarios. Menos luces que sobre esa verdad archisabida se echan a diario sobre la flaqueza de la infraestructura que debería ser parte de la base logística que haga posible de forma materialmente sustentable las actividades rurales. El presidente Milei puso en Palermo el dedo en la llaga con un solo ejemplo entre cientos.
La infraestructura es un componente crítico de la actividad agropecuaria, pues sin ella no hay transporte, ni almacenamiento, ni distribución de una producción que genera, aun con todas las deficiencias perceptibles en la actualidad, el 60% de las exportaciones y el 25% del empleo total. Según el Consejo Federal Vial, la Argentina tiene 100.000 kilómetros de caminos de tierra. Especialistas en la materia han denunciado que la falta de pavimentación determina que el traslado de ganado por esos caminos tenga una pérdida del 2% del peso de la hacienda. Que las pequeñas plantas tamberas, sin capacidad de almacenar leche refrigerada, deban tirar leche. Que recaigan sobre otras explotaciones, como la frutícola, perjuicios insalvables que de otra forma no ocurrirían.
Urge realizar mejoras en carreteras, en puentes, en ferrocarriles. Desregular hasta el límite de lo posible la actividad aérea, con absoluta conciencia de que el mundo reclama más y más productos de alta calidad y frescos, en consonancia con las nuevas tendencias sobre seguridad alimentaria. Lo sabemos: el Estado fue dejado en ruinas por años de dilapidaciones vanas, desconocimiento de los deberes ciudadanos, corrupción de los gobernantes y palabrerío ideológico cuyo impacto, si asusta vernos en nuestro propio espejo, digamos que ha derivado en situaciones extremas como las que se viven hoy en Venezuela.
Lo sabemos: “No hay plata”. Nada más natural entonces que ver prosperar reclamos como el que acaba de formular Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera. Pidió que se abra, por lo tanto, el mercado de capitales para las obras de infraestructura que se demoran e impiden al país, solo en el renglón de granos, producir 20 millones más de toneladas por año. En el centro de los requerimientos de esa naturaleza se halla la actualización operativa y jurídica de la Hidrovía Paraná-Paraguay -cuya proceso privatizador fue habilitado ayer–, de la que esencialmente dependen las terminales portuarias y las fábricas aceiteras del Gran Rosario, por donde sale el 80% de nuestros productos agrícolas. Es una vía acuífera que se nutre del tráfico de las deterioradas rutas 8, 9, 11, 12, 33 y 34.
Únicamente la movilización del capital privado en condiciones atractivas para los riesgos que suponen las inversiones de alto costo logrará no solo que esa hidrovía funcione en los términos que con razón se plantean. También, que se atiendan necesidades pendientes de atención, como las de una mayor y más eficiente electrificación rural y la conectividad en grado satisfactorio con vistas al uso de las nuevas tecnologías apropiadas para un mundo en verdadero desarrollo.
Manos a la obra; no hay tiempo que perder.
Urge realizar mejoras en carreteras, en puentes, en ferrocarriles, y desregular hasta el límite de lo posible la actividad aérea

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