VENEZUELA E INSTITUCIONES Y DESARROLLO ...(ALCOHOL AL VOLANTE )

Esta película ya la he visto
Sergio Ramírez Escritor, exvicepresidente de Nicaragua

La infeliz definición de república bananera que tanto ha agobiado la historia de América Latina parte de dos elementos: el golpe de estado, a veces incruento y a veces sangriento, pero siempre con matices bufos; y el fraude electoral, a veces sutil hasta volverlo creíble, y las más, tan burdo que es imposible ocultarlo.
El viejo Somoza mandó en 1947 a secuestrar las urnas electorales, que fueron encerradas en los sótanos del Palacio Nacional, hasta que sus jueces electorales publicaron los resultados que él mismo había elaborado, lápiz en mano. Para consumar los fraudes vale poco que haya o no sistemas sofisticados para contar los votos, biométricos o no biométricos.
En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas arrasó en las elecciones presidenciales como candidato disidente salido de la costilla izquierda del viejo y sempiterno PRI. Recién pasadas esas elecciones, Cuauhtémoc me mostró en México las hojas de computación que mostraban cómo iba ganando en todas las mesas. De pronto, “se apagó el sistema”, controlado por el PRI, y cuando fue echado a andar de nuevo, aparecía perdiendo en todas las mesas. Del fraude a punta de pistola se había pasado al fraude electrónico.
El último de los escenarios bufos, las elecciones de Venezuela, nos devuelve a los clásicos tiempos de las repúblicas bananeras en tierra caliente, una puesta en escena que parece salida de la pluma de don Ramón del Valle Inclán, experto en dictadores de esperpento, no en balde creó el prototipo de Tirano Banderas.
La representación se abre con una colorida escena: Maduro, que ha mandado a su Consejo Nacional Electoral que lo declare ganador de las elecciones que perdió tres a uno, se presenta delante de su Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso de ¿queja?, y los magistrados lo reciben en sesión solemne, todos elegantemente togados, mientras en su Asamblea Nacional sus diputados reclaman cárcel para el candidato despojado del triunfo, su Guardia Bolivariana reprime en las calles las protestas contra el fraude y su ministro de Defensa aparece en la televisión en traje de campaña denunciando que todo es una maniobra vil del imperialismo.
Maduro recurre a sus magistrados judiciales para que certifiquen el triunfo de Maduro, regalado por los magistrados electorales de Maduro y defendido por el ejército de Maduro, mientras la policía de Maduro reprime a los adversarios de Maduro. Una escena que se puede coronar con un epigrama de Ernesto Cardenal: “Somoza desveliza la estatua de Somoza en el estadio Somoza”.
Lo bufo es una falsificación grotesca de la verdad, y su expresión mayor es el esperpento. La gran bufonada en la situación de Venezuela es aparentar creer que existe allí un Estado de Derecho, donde ha ocurrido una anomalía electoral que puede ser subsanada de acuerdo con los mecanismos que el mismo Estado de Derecho prevé, apelaciones legales, procedimientos de revisión, recursos constitucionales. Y que Maduro, que ordenó consumar el fraude, va a someterse al fallo adverso de unos jueces serios e independientes que echarán atrás la expedita maquinaria del engaño, proclamado ganador antes aún de que los votos falsos terminaran de ser “contados”.
En Venezuela, lejos de un Estado de Derecho, lo que hay es una dictadura que desde hace tiempo decidió no dejarse arrebatar el poder, amenazando con un baño de sangre, aunque el voto popular así lo decidiera, como lo decidió. Un régimen que nació bajo una concepción mesiánica ya obsoleta, la revolución bolivariana ante todo y por sobre todo. Las elecciones son útiles mientras puedan ganarlas, y juegan a la democracia mientras puedan hacerlo con alevosía y ventaja. Esta película yo ya la he visto.
Cuando el combustible revolucionario se agota, se malgasta, se malversa o se falsifica, y los votos necesarios para ganar ya no ajustan, porque los sueños se convierten para la gente en pesadillas, y esos votos ya no pueden ser contados de manera transparente, las máquinas sofisticadas se vuelven un estorbo, pero eso no impide el fraude. No se puede perder. Entonces hay que echar mano de la pistola o del apagón. Hacer que se caiga el sistema.
Los fraudes electorales no son ni de izquierda ni de derecha. Son fraudes. Una izquierda que hace la vista gorda sobre los fraudes, o los justifica, o los apoya, porque quien lo consuma es de izquierda, no tendrá ningún respaldo moral para denunciar fraudes cuando la derecha los haga contra la izquierda. Y una izquierda que respalda dictaduras, y encima fraudulenta, se ha quedado en harapos.
De que los fraudes no tienen ideología ha dado las mejores lecciones en estos días el presidente de Chile, Gabriel Boric. El respeto de la voluntad popular se inscribe dentro de la defensa de los derechos humanos fundamentales, más allá de doctrinas caducadas que mandan el silencio o la abstención para no violentarla auto determinación de los pueblos. Que consiste, precisamente, en el respeto a la voluntad de esos pueblos. Y el pueblo de Venezuela clama hoy por el respeto a su voluntad
burlada.

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Para crecer se necesita una Justicia confiable
Gala Díaz Langou Directora ejecutiva de Cippec
Hoy existe un consenso transversal a toda la clase dirigente y el arco político que hace unos años no había: para poder alcanzar el desarrollo necesitamos desafiar el statu quo. No es posible ser un país más próspero si seguimos haciendo lo mismo de siempre.
Pero no sirve cualquier cambio. Es necesario que sean cambios sustentados en coaliciones y procesos de diálogo lo suficientemente amplios para garantizar su perdurabilidad ante alternancias de gobierno. También es necesario que esos cambios se den en el marco de contextos institucionales que brinden las garantías necesarias para que las inversiones que tanto necesita nuestro país sean viables.
Un suceso de esta última semana echa luz sobre este punto: la decisión de avanzar con la planta de licuefacción de gas natural licuado en el puerto Punta Colorada –en la localidad rionegrina de Sierra Grande–, en lugar de hacerlo en Bahía Blanca. Se argumentó mucho sobre la rápida adhesión de Río Negro al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Uno de los puntos nodales del RIGI es la cesión de la soberanía jurídica: permite a los inversores extranjeros llevar disputas a tribunales de arbitraje internacional, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. La adhesión de Río Negro al RIGI implica que el permiso se active en esa jurisdicción, lo cual indica también la percepción que se tiene sobre el funcionamiento de la Justicia argentina.
Poder contar con un sistema judicial legítimo es un factor clave para los inversores extranjeros en el momento de decidir dónde colocar sus capitales.
El Poder Judicial debe generar confianza y este es un requisito indispensable para que las personas recurran a los tribunales y para que, una vez pronunciada la sentencia, acepten esa decisión, como suele señalar Martín Bohmer, investigador principal del Cippec. ¿Cómo se construye esa confianza? Según especifica el Código Iberoamericano de Ética Judicial, “el juez no solo debe preocuparse por ‘ser’, según la dignidad propia del poder conferido, sino también por ‘parecer’, de manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que se cumple el servicio judicial”. Esto aplica para todas las autoridades judiciales, pero lo hace sobremanera para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tenemos una oportunidad única en la Argentina para poder dotar de mayor legitimidad a la Corte Suprema –y, consecuentemente, a todo el Poder Judicial–: hay dos vacantes disponibles. Resulta central que quienes ocupen esas vacantes sean profesionales que contribuyan con sus atributos personales a la caracterización de la Corte como un órgano eficaz y confiable. Deberían ser personas con ética profesional intachable. También es una oportunidad para mejorar la diversidad de miradas representadas en la Corte: resulta sorprendente, en 2024, tener que seguir reclamando que es indispensable que haya mujeres en su conformación.
En momentos de tanto dinamismo e innovación es necesario tener muy presente que solo es posible alcanzar un desarrollo auténtico y sostenido en el marco de instituciones democráticas. Porque el desarrollo escindido de los valores y de la legitimidad de las instituciones democráticas no es perdurable: nos lleva, una vez más, al péndulo. Por supuesto que esto requiere más esfuerzo y tiempo y, simultáneamente, demanda que esas prácticas democráticas tengan resultados concretos, que generen mejoras tangibles en la calidad de vida de las personas. Es posible dar una señal en esa dirección con la designación de las vacantes en la Corte Suprema: aprovechémosla para encontrar a las personas idóneas para conformar un órgano diverso que contribuya a la legitimidad y al funcionamiento de nuestra democracia.

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Alcohol al volante: ¿quién paga?
La Legislatura de Mendoza aprobó una norma para que se comiencen a cobrar los gastos médicos y de internación a quienes terminen hospitalizados luego de ocasionar un siniestro vial en estado de ebriedad o habiendo consumido psicotrópicos, estupefacientes, estimulantes o sustancias que violen lo fijado por la ley de tránsito. Su reglamentación es inminente y contempla no solo la conducción de automóviles, sino también la de bicicletas con y sin motor, ciclomotores, transporte de pasajeros y de carga.
Una semana de internación en terapia intensiva o intermedia implica un mínimo de 15 millones de pesos en estudios, medicación y tratamientos. Si además se requiriesen sucesivas intervenciones quirúrgicas o terapias de rehabilitación, las cifras siguen engrosando. ¿Por qué habría de pagar el erario público tales gastos originados en la temeridad de un conductor?
Dentro de un paquete de 26 leyes vinculadas a la salud, la referida norma crea el Fondo para la Recuperación y el Fortalecimiento del Sistema de Salud de la Provincia (Reforsal), que centralizará estos cobros y los que realicen los extranjeros atendidos en hospitales públicos, otra medida aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados que ya contaba con el visto bueno del Senado provincial. Lo recuperado será reinvertido en el sistema de salud pública.
Si tuviera cobertura de obra social o prepaga, el cobro recaerá sobre estas. En caso de que el involucrado carezca de ellas y no pueda asumir la erogación, será embargado previo proceso judicial. De carecer de seguro vigente y al día, el responsable deberá hacerse cargo también de todos los costos de internación de terceros involucrados en el siniestro ocasionado.
Mendoza no adhirió a la ley de alcohol cero que rige a nivel nacional. Una legislación que recibió críticas permite conducir en Mendoza con un 0,5% de alcohol en sangre. Productora de vino por excelencia, la provincia registra altas tasas de siniestros por alcoholemia. Una de cada cuatro muertes en siniestros viales se vincula con alcoholemia o estupefacientes.
Junto con promover mayores controles y aumentar las penas para quienes cometen el gravísimo delito de conducir sin estar en condiciones, esta medida agrega una onerosa consecuencia al desaprensivo accionar. La celebramos y apoyamos que sea replicada en el resto del país.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA