TRES PALABRAS Y EDITORIALES

“Pregúntenle a Cristina”: Kicillof evoca a Scioli
Al responder sobre la situación en Venezuela, el gobernador bonaerense desperdició la oportunidad de diferenciarse de la expresidenta dentro del peronismo

Daniel Bilotta
Axel Kicillof precisó de tres palabras para confirmar de quién depende que tenga un final feliz el drama político que atraviesa su candidatura presidencial. “Pregúntenle a Cristina”, recomendó el gobernador. Es cierto que lo hizo para no pronunciarse sobre la situación creada en Venezuela por el resultado de las elecciones. Pero también lo es que tuvo ante sí la oportunidad de materializar el deseo que transmiten sus voceros. Mostrar un grado de autonomía con la expresidente y ser percibido como una alternativa a ella por quienes se oponen a su liderazgo en el peronismo.
La repetición de un mismo error de cálculo original condicionaría ese proyecto. Al gobernador bonaerense lo consultaron por Venezuela en la rueda de prensa convocada para criticar a Javier Milei por la decisión de YPF y Petronas. Elegir a la provincia de Río Negro y no a la de Buenos Aires para una inversión de 30 mil millones de dólares. Hubiese sido justo que respondiera Andrés “el Cuervo” Larroque, sobre todo por sus controvertidas expresiones sobre ese asunto. Pero el ministro de Desarrollo Comunitario quedó varado esa mañana en Bahía Blanca. El anuncio de YPF- Petronas lo sorprendió mientras viajaba para reafirmar el tardío interés del gobierno bonaerense en que esa ciudad sea la que reciba esos fondos. Los problemas con vuelos de Aerolíneas demoraron su regreso. Un fresco provincial que merecería quien lo retrate.
La senadora Teresa García y el diputado Facundo Tignanelli, de Unión por la Patria, acompañaron a Larroque. Pero también lo hicieron la representación blue de los libertarios y de la UCR Gustavo Cuervo y Claudio Frangul, de buena relación con Tignanelli. Tal vez con la intención de adelantar que la Legislatura sancionaría el régimen fiscal ideado por Kicillof como opción al RIGI que Cristina ordenó rechazar. Esa directiva haría engañoso el respaldo de los bloques de Cuervo (9) y Frangul (6) para aprobar esa iniciativa por mayoría simple (47). Sobre todo porque Unión por la Patria (37) no dio señales de respaldarla. Su jefe de bloque de Diputados, Tignanelli, participó de la reunión que Kicillof convocó el 26 de julio para analizar su sanción. Pero no lo hizo Emmanuel González Santalla, jefe de esa bancada en el Senado. Donde la oposición reúne 25 de 46 votos y es preciso el acuerdo previo con alguno de ellos para que cualquier iniciativa prospere. Igual que Tignanelli, Santalla responde a Máximo Kirchner. La diferencia es que con Mayra Mendoza comparte las críticas a Kicillof.
La intendenta de Quilmes compartiría fórmula con el de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, para suceder a Kicillof. Sobre todo por haber reclutado a Larroque, un disidente de La Cámpora, en su gabinete. Cristina no imagina escenarios electorales. Los configura por adelantado. Allí no está claro todavía si la influencia que Milei reivindica sobre la voluntad de las petroleras le bastaría para que La Libertad Avanza sea el eje de una coalición opositora.
Aunque arguya que se adelantó a elegir a Kicillof de rival y no al revés como pretende el gobernador, seguiría sin resolver las dificultades que tiene en la provincia. Al menos cuatro expresiones aseguran representarlo. La Libertad Avanza oficial, la paralela, Buenos Aires Libre, de Carolina Píparo, y Avanza Libertad, de José Luis Espert. Si no hay una quinta es porque Florencia Retamoso discute con Nahuel Sotelo sumar a los cuatro diputados de Patricia Bullrich en la Legislatura al bloque oficial de los libertarios.
Bullrich ordenó cancelar el acto que Retamoso y Sebastián Pareja preveían en Adrogué y concentrarse en el del 20 de agosto, al que asistirían Milei y Espert, el principal candidato del presidente en territorio bonaerense. Santiago Caputo dejó trascender que le habría reprochado a Bullrich “traer la interna de Pro a la gestión”. Un módico mensaje para persuadir a Mauricio Macri que no es él quien está en su contra. Caputo estaría detrás de la moderación de Milei en los últimos días. Una rectificación sugestiva de quien se convirtió en su todopoderoso asesor, persuadiéndolo en febrero de 2023 de que ganaría las elecciones si mantenía la ampulosidad que lo había vuelto un fenómeno de audiencias. La inestabilidad cambiaria que trasuntaría la desconfianza de los inversores en el Gobierno justificaría semejante rectificación.
Caputo y Espert estimarían indispensable aliarse a Pro en 2025. No es el único plan que medita Macri. ¿Le habrá advertido a Milei que evalúa recrear Juntos? Lo que por ahora es un rumor chocaría contra la expectativa del titular de la UCR, Martín Lousteau: disputarle a Pro el gobierno en la ciudad. Quizás el motivo menos confesable para anular la licitación del servicio de acarreo con grúas que adoptó Jorge Macri. Ese contrato lo obligaba a anticipar ocho millones de dólares a SAEM, Transporte 9 de Julio y Ashira. A SAEM se la vincula con Horacio Miró y Guillermo Suita, viejo conocido de Lousteau. Las otras responderían a Pablo y Hugo Moyano. Jorge Macri se desdijo de “lo impropio que había hecho alguien” en esa licitación. Tal vez un efecto retardado de la reunión privada que su primo mantuvo hace un mes con Horacio Rodríguez Larreta, otro conocido de Lousteau. Próximo a ese círculo, Sergio Massa se quejó de ser asociado a Jorge D’Onofrio en la supuesta estafa con las fotomultas. Al ministro de Transporte de Kicillof se lo sospecha de compartir con jueces provinciales de faltas un sistema paralelo donde las infracciones se abonan por un monto menor. TN Group no adhirió al reclamo efectuado al gobernador por las empresas concesionarias de ese servicio. Alejandro Trasmonte dirige la división fotomultas de TNG, reconocida en el mercado de digitalización de imágenes. Trasmonte controla ese servicio en La Plata, Cañuelas, Almirante Brown y Lomas de Zamora, gracias a su amistad con Matías Morla. El abogado que lo acercó a Martín Insaurralde a través de Jesica Cirio. Trasmonte y Morla intentaron vender al Banco Central un billete con el rostro de Diego Maradona. Cirio ocupa una suntuosa vivienda en Nordelta cuya propiedad se atribuye a Morla.
Las fotomultas de TNG desestabilizaron al gobierno de Marisa Fassi en Cañuelas. Su esposo y exdirector nacional de Vialidad, Gustavo “Pata” Arrieta, es aliado de Insaurralde. La intendenta hizo sancionar una ordenanza para habilitar las fotomultas, pero omitió anunciar su entrada en vigencia. El concejal (UCR) Leonardo Arismendi lideró la campaña para oponerse al pago. D’Onofrio condonó más de tres mil a vehículos radicados en Cañuelas. Pero no una cantidad similar de usuarios de la ruta 205 que atraviesa Cañuelas.
D’Ó nofrio consiente, sin embargo, que Lomas de Zamora viole la ley y no suscriba el convenio obligatorio con su cartera para que las fotos sean incorporadas al Sacit, el sistema que regula las foto multas. Según quienes se quejaron con Kicillof, el fisco pierde miles de millones de pesos al mes por la fuga de pagos oficiales. Martín Choren sería la clave secreta del peculiar sistema autorregulado que impera en Lomas de Zamora. Choren representaría a Insaurralde en el gobierno de Federico Otermín. El intendente vería contrariado su deseo de diferenciarse de su antecesor, al conservar a su jefe de Gabinete. Seguramente una patraña. Igual a la que sindica a Trasmonte como testaferro de Insaurralde. La confianza de Kicillof en ser inmune a estos escándalos evoca al gobierno de Daniel Scioli. Si no, pregúntenle a Cristina.

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Discutir el pasado, esquivar el futuro
La Justicia no puede montarse en un subibaja; garantizar su independencia es asegurar el respeto por el debido proceso y la igualdad ante la ley
Lejos de la deseada continuidad que debería primar por sobre el color partidario de las sucesivas gestiones de gobierno, los argentinos nos hemos acostumbrado a una suerte de subibaja violento que nos catapulta de un extremo al otro.
Bajo el mínimo común denominador de la democracia, las dificultades para abrazar al conjunto de las miradas, en un marco de respeto, demostró ser uno de los principales obstáculos al momento de encarar con algún viso de éxito el ansiado desarrollo. Hay una suerte de regodeo faccioso en el enfrentamiento. Una necesidad de agrandar las ya de por sí importantes diferencias artesanalmente construidas a lo largo de décadas, posando la mirada en el pasado, a través del espejo retrovisor.
En estos días, recrudecieron las críticas para aquellos que, desde su mirada de la historia, expresan activamente una posición considerada controvertida. Seis diputados del bloque La Libertad Avanza visitaron el penal federal de Ezeiza para reunirse con condenados por delitos de lesa humanidad. La comitiva, integrada por el diputado por Entre Ríos Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo (Capital Federal), Lourdes Arrieta (Mendoza), Rocío Bonacci (Santa Fe), Guillermo Montenegro (Buenos Aires) y Alida Ferreyra (Capital Federal), visitó a Alfredo Astiz y Ricardo Cavallo, ambos con prisión perpetua, y a Raúl Guglielminetti, condenado a 25 años, entre otros.
“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó Benedit. Otros integrantes del bloque se diferenciaron lamentando la iniciativa y aclarando que solo visitaron una cárcel, en general, y no a personas en particular. Arrieta incluso refirió insólitamente después haber asistido “engañada”, ya que, por su edad, “no tenía idea de quiénes eran”. El vocero presidencial,ManuelAdorni,dijoque se trató de la agenda personal de los diputados, mientras que el Presidente se desentendió comentando que él “no lo hubiera hecho”. La UCR lo consideró “una afrenta a las víctimas, sus familiares y a todo el pueblo argentino”. El bloque de Unión por la Patria presentó un absurdo proyecto para sancionar a los diputados. El Frente de Izquierda denunció “complicidad con el genocidio”. A las críticas se sumaron la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A) y la CGT, junto con agrupaciones de derechos humanos y organizaciones de familiares de desaparecidos durante la dictadura militar, estas últimas pidiendo la expulsión de los diputados por “inhabilidad moral”.
La ministra Patricia Bullrich, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal, argumentó que los diputados piden entrar a las cárceles todo el tiempo, siempre dentro de la ley, y que cuando pedían visitar a Lázaro Báez o a Julio De Vido nadie cuestionaba el porqué.
La opinión de Benedit no tendría por qué coincidir con la del resto de los argentinos; apenas un puñado de causas como Malvinas o el Mundial de fútbol concitan apoyos masivos. El resto, solo división. ¿Puede ser tomada como una provocación? Frente a las visitas humanitarias a las cárceles de Ezeiza y Campo de Mayo que se organizan, muchos parados ideológicamente en la vereda de enfrente así lo entienden; sin espacio para sentimientos misericordiosos siendo el odio su único motor. Tal vez, una suerte de alegato, habida cuenta de que el debido proceso no alcanzó a muchos presos, con tantos de ellos que llevan años sin condena firme, algunos en edad avanzada y con derecho de cumplirla en domicilio como establece la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, con jerarquía constitucional. Demasiados también fallecieron.
Hoy hay muchas personas dispuestas a pagar el costo político de defender sus convicciones como antes lo hicieron otros con el discurso opuesto, integrantes de organizaciones armadas revolucionarias que recibieron millonarias indemnizaciones e incluso ocuparon cargos oficiales. Son los mismos que hoy se escandalizan mientras sus víctimas fueron silenciadas.
La Justicia no puede montarse en un subibaja. Garantizar su independencia es asegurar el respeto por el debido proceso y la igualdad ante la ley sin expresiones pendulares. La memoria debe ser completa y capaz de terminar con odios, revanchismos y violencias de cualquier bando. ¿Tiene sentido seguir discutiendo para atrás? Creemos claramente que no. Con el futuro en juego, son tantas y tan variadas las cuestiones que demandan atención y que deben acordarse que seguir empantanados en las viejas divisiones del pasado es condenarnos al fracaso y al estancamiento. Los cultores del pasado le temen al futuro y amenazan con arrebatárnoslo.

Ecotasa inconstitucional
Sobre la base del dictamen de la Procuración, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ecotasa que se aplica en San Carlos de Bariloche, cuyos contribuyentes son los turistas con los establecimientos hoteleros como agentes de recaudación.
Varios aspectos de la decisión merecen ser destacados. En primer lugar, se hace referencia a servicios previstos en la norma legal en forma no taxativa, con lo cual la imposición resulta de enorme laxitud.
La Corte confirmó la legitimación que poseen los establecimientos hoteleros –agentes de recaudación de la tasa– para cuestionar la constitucionalidad de un tributo, lo cual resulta de gran interés ante la posición contraria sostenida por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
El municipio no logró demostrar, como se exigía procesalmente, la realización de una efectiva prestación de un servicio concreto e individualizado a partir de las obras de infraestructura que fueron realizadas y financiadas con esa tasa.
De tal manera, las actividades realizadas por la comuna, en realidad, favorecieron a la comunidad en su conjunto y no solo a los turistas.
Respecto de su carácter ambiental, tampoco el municipio alegó ni probó el desarrollo de una actividad o la prestación de un servicio tendiente a conservar, preservar o reparar el ambiente.
Es muy importante destacar este antecedente de nuestro más alto tribunal de Justicia, pues se refiere tanto a la naturaleza jurídica de la tasa como a la pretendida utilización de un mecanismo de imposición de notoria laxitud, como a la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, en una tesis en total consolidación en razón de ser el municipio el que se encuentra en mejores condiciones para acreditar la efectiva e individualizada prestación del servicio.
Resta aún que la Corte se expida sobre el planteo formulado por el Estado
nacional, como garante de la ley de coparticipación, contra las provincias de Río Negro y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
Hacemos votos para que esta encomiable doctrina sea acatada en otras jurisdicciones del país, como el Derecho de Uso Urbano en la ciudad de Buenos Aires, en Puerto Iguazú y Las Grutas, en Río Negro.
Por otra parte, debe servir fundamentalmente para dejar de lado los casos de jurisdicciones que se encuentran en análisis, como Salta, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Tierra del Fuego, Villa Carlos Paz, Villa de Merlo y Pinamar, entre otras.
Sin dudas, este fallo constituye un importante llamado de atención para los municipios que, en los últimos años, crearon tasas de similares características.
De esta manera, se estará privilegiando el turismo en nuestro país, que tanto apoyo requiere en la actualidad, dejando de lado todo aquello que obstaculice su desarrollo.

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