EL ANÁLISIS Y VILLARRUEL

Un grave retroceso en la libertad
Joaquín Morales SoláMarcel Marceau y Javier Milei
A ese mandatario que ya conocíamos, se le agregó el lunes el jefe del Estado capaz de firmar un decreto inconstitucional que limita los alcances de la ley de acceso a la información pública. Es inconstitucional por el simple hecho de que un decreto no puede restringir los márgenes establecidos por una ley.
Esa ley de acceso a la información sirvió para que el periodismo conociera –o confirmara– información valiosa sobre la corrupción política o sobre el trasiego de personas por los edificios que ocupan los presidentes. Sin esa ley, la sociedad no hubiera podido conocer nunca el listado de personas que ingresaron a la residencia presidencial de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández ni, por lo tanto, la cantidad de supuestas “novias” del entonces primer mandatario. Es cierto que los periodistas más experimentados en la investigación (Hugo Alconada Mon o Diego Cabot, para citar solo dos casos) tienen fuentes suficientes como para arreglárselas sin esa ley, pero también es verdadero que aun a ellos la ley les sirve como respaldo de la información que consiguen por su propia cuenta.
Milei introdujo, por un mero decreto, fundamentalmente dos modificaciones a la ley de acceso a la información pública. Por un lado, redefine lo que es información pública y señala que no lo es la vida privada de los gobernantes. Milei está ofuscado –cuándo no– porque un periodista pidió conocer, haciendo uso de la ley de acceso a la información, los gastos de recursos estatales que significó la construcción de caniles en Olivos para los perros del Presidente. Puede ser que él considere a esos detalles una información “doméstica” relevante, como la llamó, pero un episodio aislado no debería significar una regresión para una importante conquista de la sociedad argentina, como fue aquella ley de acceso a la información.
Los periodistas no trabajan para comentar entre amigos en el café de la esquina la información que consiguen, sino para publicarla y llevarla al conocimiento público. Además, no son solo los periodistas los que pueden hacer uso de esa ley; cualquier argentino, sin siquiera acreditar las razones ni contar con un abogado, puede reclamar información sobre los actos del Estado.
El decreto de Milei terminará también promoviendo una nueva distancia con Pro. La ley de acceso a la información pública, tal como la conocemos ahora, fue una iniciativa del gobierno de Mauricio Macri en 2016. El autor de esa ley fue Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso a la Información durante la gestión de Macri y exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bertoni regresó después a los Estados Unidos, donde había vivido cuando era relator de la CIDH. “Es una de la decisiones de mi gobierno de las que más orgulloso me siento”, señaló Macri varias veces, y ponderó que esa ley le permitió al país ascender muchos peldaños en el ranking mundial de transparencia. También acercó a la Argentina a la posibilidad de ingresar a la prestigiosa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un club exclusivo de solo 38 países con requisitos muy estrictos para ser parte de él. Luego, el gobierno de Alberto Fernández se alejó de la OCDE y prefirió solicitar el ingreso de la Argentina a los Brics, una organización fundada recientemente por China, la India, Rusia, Sudáfrica y Brasil. Milei retornó a la política de Macri y accedió a cumplir con todos los requisitos de la OCDE; no le interesan, en cambio, los Brics. El acceso a la información pública es un requisito de la OCDE para ser miembro de la organización. Mala noticia para el Presidente.
La segunda modificación fundamental de Milei a la ley de acceso a la información pública redefine lo que es un documento estatal; señala que no lo son las deliberaciones previas de los funcionarios ni los papeles de trabajo que preceden a la elaboración definitiva de un documento. ¿Por qué no? ¿Acaso la historia no se escribe también con esos fragmentos de lo que sucedió mientras se elaboraba un documento? El decreto tiene varias modificaciones más a la letra y el espíritu de la ley. Es un decreto reglamentario de la ley y es más restrictivo que esta; altera la ley y, por lo tanto, es inconstitucional según la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Amenazas al periodismo
El Presidente también se regodeó con una amenaza explícita al periodismo cuando anticipó que le pediría al Congreso una ley para que los periodistas sean considerados personas políticamente expuestas. Un absurdo. Esta calificación les cabe solo a los funcionarios de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluidos diplomáticos, militares y funcionarios de universidades– y a sus familiares directos.
Se considera así a las personas que por su posición en el Estado son más susceptibles de recibir sobornos o de perpetrar actos de corrupción con los recursos públicos. Pero el aspecto más grave de la declaración de Milei consiste en que adelantó, sin averiguar nada ni nada, que sometería a los periodistas de esa manera al “escarnio público”. Según la Real Academia Española, escarnio significa “burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar”. En síntesis, el Presidente considera que la profesión de periodista por sí sola es corrupta y que merece el escarnio. Violencia verbal, pura y dura. Pero ¿y sus amigos periodistas? ¿O no los considera periodistas? La amenaza no distinguió entre los periodistas amigos y los periodistas críticos o independientes.
También les pidió a los editores de que expliquen por qué la nacion se oponen a la designación del juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Cumpliendo con la función de “esbirro” (“persona que sigue servilmente a otra por dinero o por interés”, según la Real Academia Española), debe señalarse que no existe una cuestión personal con Lijo como para dar tales explicaciones.
Las objeciones a Lijo son de índole moral, ética y hasta intelectual –carece de las condiciones indispensables para ser juez de la Corte Suprema–, y se han publicado en el diario en muchos editoriales, columnas y notas. No es un secreto por qué está en desacuerdo la nacion con la postulación de Lijo, salvo, según parece, para Milei. El principal problema del Presidente es que Lijo se convirtió en un asunto público que les interesa cada vez a más sectores sociales. Es probable que Milei esté malhumorado porque la candidatura de Lijo se atascó en el Senado.
Lijo parece ya un capricho presidencial después de que Macri, el senador Luis Juez (que frecuenta a Milei) y los radicales amigos, por ejemplo, tomaron distancia de la postulación de ese juez. En despachos de la Corte Suprema se subrayó que sus miembros están preparados para lidiar con un tribunal supremo de apenas tres miembros; eso sucedería después de diciembre, cuando se haya jubilado Juan Carlos Maqueda, el actual decano de los miembros de la Corte, y si el Gobierno no logra antes el acuerdo senatorial para Lijo.
Diez días después de que Lijo expusiera en una audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado, esta no solo no firmó el dictamen, indispensable para que el pliego de Lijo llegue al plenario del cuerpo, sino que el oficialismo logró apenas tres firmas de los integrantes de la comisión; necesita por lo menos nueve firmas de los 17 miembros que la integran. Ese es el mejor síntoma del retroceso de la candidatura de Lijo.
Sin embargo, nadie en la polítiargumentar ca descarta que se decida un ritmo más acelerado para las negociaciones entre el gobierno de Milei y Cristina Kirchner, que llevan a cabo los delegados Eduardo “Wado” de Pedro, en nombre de Cristina, y Santiago Caputo, el poderoso asesor de Milei, en nombre de este. Caputo habría inspirado, al menos, el decreto de Milei que limitó la ley de acceso a la información pública; su elaboración estuvo a cargo de María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico y persona de confianza política del Caputo asesor. No hay remedio: el secretismo y la oscuridad informativa del kirchnerismo son contagiosos.
En esas negociaciones se hablaría de la ampliación de la Corte Suprema para sumar dos jueces más para que ingresen mujeres a cambio del acuerdo del kirchnerismo para Lijo y para Manuel García-Mansilla, quien no tuvo hasta ahora ninguna objeción profesional seria.
La ampliación de la Corte es una preocupación especial de los actuales jueces del máximo tribunal del país. Sospechan que Cristina Kirchner podría darse un lujo que le fue negado durante sus ocho años de presidenta: nombrar a un juez de la Corte Suprema. Su candidata sería la exsenadora María de los Ángeles Sacnun, una cristinista desde antes del cristinismo. Una negociación paralela, con los mismos negociadores, se refiere a las ternas para cubrir más de 140 cargos de jueces federales y nacionales que están en poder de Milei.
“Nada bueno puede salir de ahí”, se resignó un opositor amigable de Milei cuando se le desplegaron las negociaciones en marcha. Nada bueno depara tampoco un presidente que asiste a la celebración del Día de la Industria, en la sede de la Unión Industrial Argentina, y se ocupa obsesivamente en golpear sobre la vieja fractura, curada hace mucho tiempo, entre la industria y el campo. Un soldado en busca de la batalla perpetua.
Los periodistas no trabajan para comentar entre amigos en el café de la esquina la información que consiguen, sino para publicarla y llevarla al conocimiento público El decreto de Milei terminará también promoviendo una nueva distancia con Pro. La ley de acceso a la información pública, tal como la conocemos ahora, fue una iniciativa del gobierno de Mauricio Macri en 2016

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Villarruel intenta evitar otra derrota ante una avanzada opositora
Impulsa la boleta única, pero el kirchnerismo y sectores de la UCR van por el financiamiento universitario y el rechazo al DNU de la SIDE

Gustavo YbarraEduardo “Wado” de Pedro al presidir, ayer, un plenario de comisiones Senado
En una dura pulseada política, la vicepresidenta Victoria Villarruel intenta frenar la ofensiva de la oposición, comandada por el kirchnerismo en alianza con algunos sectores de los bloques dialoguistas, entre ellos de la UCR, que pretenden que el Senado sesione hoy para sancionar la ley que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar por inflación el presupuesto universitario y el rechazo del DNU que aumentó en $100.000 millones el presupuesto de gastos reservados de la SIDE.
Como parte de su estrategia por evitar una nueva derrota legislativa en el Congreso al Gobierno, la vicepresidenta postergó sin fecha la reunión de presidentes de bloque que debe definir el temario de la sesión. Como objetivo de mínima, Villarruel pretende convocar a dos sesiones para que en una de ellas se trate el proyecto de ley de boleta única de papel y darle así un triunfo legislativo al Poder Ejecutivo, ya que terminarían venciendo la resistencia del kirchnerismo a aprobar el cambio en el instrumento de votación.
Sin embargo, según fuentes legislativas, el radicalismo no estaría del todo de acuerdo, por pedido de sus gobernadores, con el texto que impulsa el Gobierno.
Las malas noticias legislativas para el Gobierno siguen sumándose. Ayer, un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen al proyecto de ley que garantiza el financiamiento de las universidades nacionales actualizando sus presupuestos por el índice de inflación. La iniciativa fue aprobada hace dos semanas por la Cámara baja y el presidente Javier Milei ya anticipó que la vetará en caso de que la Cámara alta la convierta en ley. La intención de la oposición es sancionar hoy el proyecto, a pesar de las gestiones de Villarruel.
El despacho por las universidades consiguió el apoyo de casi todos los bloques. Las excepciones fueron el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche (Jujuy), que consideró que el proyecto afectará el déficit fiscal, y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, miembro del bloque Pro, pero cada vez más cercana a las posturas del oficialismo.
La pelea entre el Poder Ejecutivo y las universidades viene desde inicios de año y se tradujo, el 23 de abril, en la primera gran marcha en contra del Gobierno, que concitó el apoyo de casi todas los partidos y terminó con un acto en la Plaza de Mayo.
Presupuesto
El proyecto que aprobó la Cámara baja le ordena a la administración nacional recomponer el presupuesto de las casas de altos estudios sobre la base de la inflación informada por el Indec, acumulada entre el 1º de diciembre último y el momento de la sanción de la ley. A partir de ahí, la actualización se hará de manera mensual, también por inflación.
El presidente de la Comisión de Educación, el kirchnerista Eduardo de Pedro (Buenos Aires), defendió la iniciativa y aseguró que se trata de “una señal para que el Gobierno tenga como prioridad esta inversión, porque no es un gasto”. En ese sentido, aseguró que la propuesta apunta a darles a las universidades la posibilidad de “recomponer el presupuesto en materia de funcionamiento, de salario, de becas, de obras y para el sistema científico y tecnológico”.
Según De Pedro, la inflación acumulada desde noviembre del año pasado hasta julio ascendió al 135% y lo contrastó con el aumento salarial universitario, que, dijo, “fue de apenas el 57%”. “Eso significa que el poder de compra de los docentes bajó al 33%”, dijo.
Le salió al cruce el oficialista Atauche, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien destacó “la importancia que el gobierno de Milei le está dando a la educación” antes de defender la política de conducta fiscal del Poder Ejecutivo. En línea con el discurso oficial, dijo que no solo es importante conocer los niveles de actualización de las partidas presupuestarias, sino que también lo es que se “sepa en qué se usan los fondos de todos los argentinos”.
El senador libertario también replicó las cifras sobre el impacto fiscal de la medida. Así, al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó el costo en 800 millones de dólares, le opuso datos del Ministerio de Capital Humano según los cuales la sanción de la iniciativa implicaría erogaciones “que superan los 1100 millones de dólares”.
La réplica no se hizo esperar. El radical Flavio Fama (Catamarca) aseguró que el sistema universitario “no está pidiendo presupuestos adicionales a los que tenía en 2023” y que, además, “no hay pedidos descontextualizados de la situación que vive el país”.
También se sumó Martín Lousteau (UCR-Capital), que, sin mencionarlo, replicó la intervención de Atauche y el discurso del Poder Ejecutivo en la discusión por el financiamiento educativo.
Por lo pronto, la vicepresidenta no convocó a Labor Parlamentaria para ayer por la tarde y mantuvo una reunión con senadores de la UCR para tratar de acordar un texto sobre boleta única de papel. El encuentro no habría terminado con el consenso necesario. Hoy será clave para saber si Villarruel aguantará la embestida opositora.

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