EL DEBATE SE AVECINA

Los aliados exigen cambios para aprobar el presupuesto
Gobernadores y bloques dialoguistas advierten al Ejecutivo
Delfina Celichini
El triunfo legislativo que obtuvo el Gobierno al sostener el veto al financiamiento universitario se transformó ahora en una cuenta que sus aliados quieren pasar a cobrar en el debate por el presupuesto 2025. Por esa razón, tanto los bloques como los gobernadores que ayudaron a Javier Milei en el Congreso ahora le enviaron una advertencia: no le darán su apoyo si no hay modificaciones en las partidas que les permitan recomponer los fondos que resignaron este año.
Fue Miguel Ángel Pichetto quien lo advirtió en pleno recinto. “Acaban de consolidar el partido del bloqueo y la minoría”, vociferó en la última sesión en la que el Gobierno logró blindar el segundo veto presidencial. Tan solo un día después, el presagio del experimentado legislador comenzó a tomar forma: tanto Pro como los gobernadores dialoguistas y del peronismo no kirchnerista, con los que Javier Milei impuso su voluntad, dan indicios del agotamiento de su paciencia y exigen a la Casa Rosada el cumplimiento de sus compromisos con la mira puesta en el debate del presupuesto 2025.
Lo mismo ocurre con la oposición dialoguista en el Congreso. Tanto la UCR como Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Pro y los partidos provinciales le reprochan al oficialismo la carencia de un diálogo fluido. Exhiben hartazgo, además, frente a la estrategia de los libertarios de romper los bloques y sembrar discordia.
En Pro, quienes se consolidaron como los mejores amigos del Gobierno, vuelven a hablar de una negociación “ley por ley”. Muestran los dientes para que se incluya en el proyecto de presupuesto el detalle de la coparticipación adeudada a la Ciudad, bastión macrista por excelencia. Especulan con la posibilidad de evitar una confrontación electoral con el oficialismo en su casa matriz. Este mismo planteo está presente en el resto de los espacios políticos, que apuestan a que una nueva negociación allane el camino hacia fondos frescos y a un acuerdo electoral. Un complejo escenario para un gobierno que registra una minoría evidente y cosecha promesas incumplidas desde que llegó a la presidencia.
“Es el último gesto, que quede claro”, confiaron a cerca del mandatario catamarqueño, Raúl Jalil. El gobernador hizo que Fernanda Ávila se ausentara del recinto y le asestó a la oposición un doble golpe: le arrebató un voto y, además, bajó el umbral de avales para que el Gobierno logre una victoria. El gesto hacia la Casa Rosada le costó el repudio público del Partido Justicialista local, a cargo de su predecesora en la provincia, Lucía Corpacci, así como un conflicto con la Universidad de Catamarca (UNCA). Tras ello, Jalil apuró una cumbre con su rector, Oscar Arellano, a quien le prometió el 3% de las regalías mineras para el desarrollo científico y tecnológico. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en 2023, el 70% de los ingresos totales de Catamarca fueron de origen nacional. La dependencia de la provincia es muy alta y, en un contexto de ajuste, se profundiza. “El Gobierno no está cumpliendo con todo lo pautado”, advierten.
Algo similar ocurre con el resto de los gobernadores peronistas que ayudaron a sostener el veto: Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien aportó tres diputados que se alinearon con la voluntad del Presidente, y Hugo Passalacqua (Misiones), que ordenó a sus cuatro legisladores a abstenerse. “Vamos a ver qué pasa con la discusión del presupuesto”, evalúa uno de los referentes misioneros en el Congreso. Será determinante el curso de las negociaciones durante el fin de año, cuando las presiones presupuestarias provinciales se acentúen por el pago de sueldos, bonos y el medio aguinaldo.
A pesar de estas exigencias, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), de Nadin Argañaraz, precisa que los gobernadores que ayudaron a la Casa Rosada en el Congreso fueron beneficiados con fondos de la administración central. Misiones fue la provincia que más Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibió en lo que va del año: $9000 millones de pesos.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sumó un voto a favor del Gobierno con Ana Clara Romero. Jorge “El Loma” Ávila, que iba a votar en contra, no logró llegar por estar internado y generó la suspicacia de sus compañeros de bloque. El mandatario entrerriano, Rogelio Frigerio, aportó un voto a favor del veto y otro para la insistencia. Lo mismo hizo su par santacruceño, Claudio Vidal, que, con el debate avanzado y cuando ya parecía irreversible el sostenimiento del veto, uno de sus dos legisladores, Luis Garrido, deslizó que acompañaría la voluntad presidencial.
El otro, Sergio Acevedo, se opuso.
Los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) no están conformes con el trato que reciben de la Casa Rosada. Tras la última sesión, definieron un endurecimiento de su posición dado que consideran que el Gobierno ratificó su estrategia de construir con un sector del peronismo. Cerca de estos jefes provinciales repiten que el Gobierno no cumple con su compromiso de saldar la deuda con las cajas provinciales no transferidas ni con liquidar los pasivos de las obras en ejecución. “No hay gestos”, repiten sobre el Poder Ejecutivo Nacional.
Un anticipo de la nueva actitud que muchos gobernadores adoptarán fue la del sanjuanino Marcelo Orrego. Sus dos diputadas, que habían acompañado todas las medidas del oficialismo, votaron en contra del veto de Milei.
Gustavo Sáenz también le marcó la cancha a la Casa Rosada. Mandó a sus legisladores a acompañar el financiamiento universitario. Se ausentó a último momento Yolan- da Vega, una de sus referentes parlamentarias, por “una descompensación”. En la discusión previsional, todos sus alfiles legislativos optaron por la prescindencia a pesar de haber acompañado previamente la medida.
Las provincias padecen el ajuste libertario en primera persona. Según Argañaraz, en septiembre recibieron $280.948 millones en concepto de transferencias no automáticas por parte de la Nación, lo que implica una suba interanual nominal de 0,6% y una caída real de 67,5%. Si bien todas las jurisdicciones tuvieron un retroceso, las menores caídas se observaron en la ciudad de Buenos Aires (-22,9%), Jujuy (-67,7%), y Santa Cruz (-69,7%). Las de peor desempeño son La Pampa (-95,8%), Formosa (96,7%) y La Rioja (-98,0%).
Con 85 voluntades, el Gobierno reunió el tercio necesario para sostener la impugnación a la ley de financiamiento universitario, pero está lejos de consolidar una mayoría que le permita sancionar cualquier otra iniciativa. Su prioridad es el presupuesto 2025, necesario para llevar estabilidad a los mercados y brindar certidumbre al FMI.

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Presupuesto 2025 | Los gobernadores perfilan un endurecimiento con la Casa Rosada para tratar de recuperar fondos
Recibieron como un baldazo de agua fría que Milei les reclamara un ajuste de U$S60.000 millones; la mejora en las partidas se explica casi completamente por el acuerdo con CABA
Gabriela Origlia
Las cartas volverán a repartirse en la relación del gobierno con las provincias de cara al presupuesto 2025
CÓRDOBA.- Los gobernadores ya tienen la mira puesta en 2025 y en el debate del primer presupuesto diseñado por la administración libertaria. Si bien en la Casa Rosada creen que contarán con el aval general de los mandatarios, varios de ellos ponen en duda que vayan a dar un apoyo irrestricto. Están decididos a plantear que llegó el momento de que el gabinete empiece a cumplir las promesas de recursos que les viene realizando. Las señales marcan que comenzará un nuevo round.
En el bloque de gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) dan por sentado un “endurecimiento”, de su parte, en las negociaciones. Incluso, mencionan que eso ya empezó a verse en cómo votaron los diputados que les responden el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Y ratifican que este año las provincias están entre las mayores aportantes al ajuste.
Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), en los primeros nueve meses del año los giros corrientes a provincias cayeron 69,8% real interanual y los de capital nada menos que 95,4%.
Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC)Prensa
Las transferencias a provincias y municipios proyectadas para 2025 suman $3,6 billones ($3,3 billones son giros corrientes), equivalentes al 3,1% del gasto total. La suba sería del 69,9% respecto al cierre estimado para este año, impulsado principalmente por las transferencias corrientes (77,4%) y, en menor medida, por las de capital (21,1%). Politikon Chaco detalla que el alza es casi del doble que el gasto general (32,8%), pero no se puede afinar el análisis porque no hay desagregados.
Un factor clave es la asignación de más recursos para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por el pago del 2,95% de coparticipación, en cumplimiento del acuerdo al que a fines del mes pasado llegaron Luis Caputo y el alcalde Jorge Macri a instancias de la Corte Suprema de Justicia.
Solamente cumplir con CABA y que Anses empiece a transferir fondos a los 13 sistemas previsionales en manos de las provincias “podría consumir todo el volumen presupuestado e, incluso, se quedarían cortos”, grafica el economista Alejandro Pegoraro.
Jorge Macri tras una reunión con el ministro Luis CaputoRodolfo Pezzoni y Carlos Gerco GCBA
“Defaulteadores seriales de promesas”, es el concepto que acuñó un grupo de gobernadores para referirse irónicamente a representantes de la Casa Rosada que les aseguran periódicamente que “ya se solucionan, estamos en eso”, cuando les plantean problemas como los cero pesos para las cajas de jubilaciones no transferidas o los recursos prometidos para obras públicas transferidas
Esa lectura es compartida, por ejemplo, por el cordobés Martín Llaryora, por el neuquino Rolando Figueroa, el santacruceño Claudio Vidal, el salteño Gustavo Sáenz y por el rionegrino Alberto Wereltinek. Incluso los mandatarios más consecuentes con Milei, como los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) admiten que apoyan aun cuando tienen “asuntos pendientes” con Nación.
La próxima semana Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) irán a la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para hablar de la situación que viven las provincias, repasar las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia y actualizar los temas que vienen planteando al gabinete.
Los gobernadores Llaryora, Pullaro y Frigerio
Cuando Milei presentó el proyecto de presupuesto en el Congreso dijo que las provincias deberían reducir U$S60.000 millones los gastos en 2025, cifra que después fue relativizada por el diputado José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto, quien habló de U$S25.000 millones. Los gobernadores reaccionaron inmediatamente y la Rosada intentó bajar la espuma en una reunión con Luis Caputo y Guillermo Francos.
No hubo representantes de Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa. De hecho, el bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela son dos de los principales críticos de la administración libertaria. Ambos integran las filas del peronismo. En el caso de Kicillof, su administración intenta reemplazar con fondos propios la retirada del gobierno nacional, aunque difícilmente esa política sea sostenible en el tiempo.
En el peronismo anticipan un rechazo liso y llano al presupuesto 2025 tal como lo proyectaron Milei y Caputo. “El presidente habló de un ajuste de 60 mil millones de dólares en las provincias. Luego el jefe de Gabinete acomodó ese número a 20 mil millones de dólares. Esa última cifra es una ficción, porque eso representa la recaudación total del país en dos meses y sería imposible que las provincias achiquen eso”, advirtió Guillermo Michel, integrante de la gestión de Sergio Massa en su paso por el ministerio de Economía.
Axel Kicillof busca reemplazar con fondos propios la falta de financiamiento nacional
Con fondos propios las provincias vienen cubriendo los giros que Anses incumple para 13 cajas de jubilaciones. Cuatro tienen presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia. El artículo 59 del proyecto de presupuesto establece un crédito presupuestario de $ 254.421 millones para esos giros y añade que “solo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta, aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo” con Anses de 2021 “o posterior”.
Osvaldo Giordano, extitular de Anses y actual director del Ieral de la Fundación Mediterránea, analiza que “se mantiene la discrecionalidad” para las transferencias, a la vez que también siguen las asignaciones específicas de impuestos coparticipables para financiar a Anses. Incluso, en el supuesto caso de que el organismo decidiera pagar, los fondos presupuestados no alcanzan para cubrir el stock de deuda acumulado y reiniciar los giros.
La Fundación Encuentro, un espacio impulsado hace dos años por Miguel Pichetto, estima que si la iniciativa del presupuesto se aprobara sin cambios, las provincias perderían US$ 5.000 millones (al tipo de cambio previsto para diciembre 2025) por la eliminación de tres asignaciones específicas al régimen de previsión social: 11% de IVA; los fondos y fideicomisos del impuesto a los combustibles, y el componente impositivo del monotributo que se asigna a la Seguridad Social.

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