EL ESCENARIO , LICITARÁN

Anuncio con dudas y límite a un controvertido sistema de ingresos
Silvia Stang.
Sin tener detalles de cómo se instrumentarán en la práctica los anunciados cambios en el organismo que se encarga de recaudar los impuestos, entre contadores y asesores tributarios había ayer expectativas y un amplio grado de incertidumbre respecto de cuál será el impacto, al menos de corto plazo, en sus tareas laborales cotidianas. Algo sí está claro, aunque hubo casos en los que debieron aclararles el punto a sus clientes: para los contribuyentes no cambia nada, en cuanto a sus obligaciones tributarias con el Estado nacional, a partir de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) quede disuelta y, en su reemplazo, sea creada la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En los próximos días, según dijeron en el Ministerio de Economía, se concretará el cambio de imagen institucional, “sin afectar el funcionamiento de la web”. La modificación no debería hacer que los ciudadanos tengan que repetir trámites, como el de la obtención de la clave fiscal, al tiempo que sus deberes no se verán alterados en nada. Ayer hubo momentos en que se dificultaron el ingreso y las interacciones en la página, según comentaron varios usuarios.
“La imprecisión de la información actual dificulta evaluar el impacto que esta transición tendrá en nuestra labor como asesores, en los contribuyentes y, en última instancia, en la recaudación fiscal. Nos preocupa que este proceso pueda aumentar las dificultades operativas, tal como se evidenció hoy [por ayer] con las interrupciones intermitentes en los servicios digitales de la AFIP para el IVA, afectando tanto a los contribuyentes como a los profesionales que los asesoran”, dijo a
José Simonella, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, las entidades que nuclean a los contadores en las diferentes jurisdicciones del país.
El anuncio de que la AFIP “dejará de existir” fue realizado ayer por la tarde por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia en la que no hubo espacio para preguntas. Luego hubo un comunicado de la Presidencia de la Nación, en el que se repitieron los lineamientos del plan y algunas cifras expresadas por el citado funcionario, pero sin más detalles.
La AFIP fue creada por el decreto 1156 de octubre de 1996, hace exactamente 28 años. El entonces presidente Carlos Menem decidió la fusión de la Administración Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva, para constituir el orgacido que funcionó como tal hasta ahora y del cual Carlos Silvani fue su primer titular.
Hasta ayer la estructura estaba compuesta por nueve subdirecciones generales y un instituto de investigaciones, todo ello dependiente de quien ejerce el cargo más alto, Florencia Misrahi, que, según el comunicado oficial, estará al frente de la ARCA. En esas subdirecciones hay, además del principal en cada caso, otros 43 cargos.
Además, están la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. Para los dos primeros casos se anunció la llegada a los cargos principales de Andrés Vázquez y José Velis, ambos con muchos años de trayectoria en el organismo y el primero de ellos investigado por algunos hechos durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner. Para la dependencia de recursos de la seguridad social no hubo anuncios.
En toda la estructura hay, según lo publicado en la página oficial del organismo, 113 cargos. Según el plan del Gobierno, se reducirán “en un 45% el número de autoridades superiores y en un 31% el de los niveles inferiores”, algo que representa un 34% de la estructura. No se dieron precisiones de cuáles serían los puestos que se prevé eliminar.
La Cuenta de Jerarquización
Sí se especificó que el mecanismo de distribución de fondos de la llamada Cuenta de Jerarquización quedará sin efecto para los “altos cargos”. Se trata de un fondo que fue creado en 2001, cuando el decreto 1399 estableció que el administrador de la AFIP podría disponer que a esa cuenta se enviaran recursos equivalentes, como máximo, al 0,75% del importe de la recaudación de impuestos y contribuciones patronales. Y se estableció que ese dinero se distribuiría (tal como efectivamente ocurre) entre el personal del organismo, que hoy tiene una dotación de más de 21.000 personas (la reforma prevista incluye la “desvinculación de 3155 agentes que ingresaron de manera irregular a la AFIP durante al último gobierno kirchnerista”).
De acuerdo con las últimas medidas vinculadas a la Cuenta de Jerarquización, mientras que en 2022 se había definido el envío a ese pozo del 0,67% de lo recaudado, en junio de este año se estableció que el porcentaje sería del 0,65%. Eso es lo que rige actualmente, aunque podría ser modificado a través de una disposición de la propia AFIP.
Según lo difundido por el Gobierno, quien está al frente de la dependencia estatal tiene hoy un salario “de aproximadamente 32 millones de pesos”, que será redu“al monto que percibe actualmente un ministro de la Nación” y que ronda, siempre según el escrito oficial, los 4 millones de pesos. De los directores de la Aduana y de la DGI, en tanto, se especificó que perciben actualmente unos 17 millones de pesos y que a partir de ahora “cobrarán un sueldo equiparable al de un secretario de la Nación” (no se especificó el monto ni hubo respuesta sobre este punto ante una consulta de
hecha en diferentes áreas del Gobierno).
La medida de “eliminación” (así la anunció el Gobierno) de la cuenta especial que impacta con una fuerza muy significativa en los ingresos de quienes trabajan en la AFIP (en adelante, ARCA) solamente tendrá efectos para quienes ejerzan los cargos más altos, y no sobre la totalidad de la dotación.
“No será tolerada ninguna forma de afectación de nuestros haberes, entendiendo que nos resguardan tanto la Constitución nacional como nuestro convenio colectivo”, expresó ayer la Unión del Personal
Superior de AFIP, la entidad gremial que, entre otros puntos y ante el anuncio de reducción de la dotación, también señaló que no dejarán que se vulneren “los derechos de ningún trabajador de la casa, entendiendo que todos los trabajadores gozan de la estabilidad que consagra el artículo 14 de la Constitución nacional”.
Menos cargos políticos
La entidad también sostuvo que no tiene objeciones “respecto de la reducción de cargos políticos, entendiendo que se refieren a subdirecciones y direcciones generales; esa es una facultad del Poder Ejecutivo nacional”.
El comunicado oficial, sin embargo, no se refiere exclusivamente a la disminución del número de funcionarios de alto rango. También afirma que “se procederá a la desvinculación de 3155 agentes que ingresaron de manera irrenismo gular durante el último gobierno kirchnerista [el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner], lo que equivale al 15% de la dotación actual”. Se indica también que ese paso es “imprescindible” para “desmantelar la burocracia innecesaria que ha obstaculizado la libertad económica y comercial de los argentinos”.
“Todas las capas geológicas de la AFIP [en referencia a quienes ingresaron durante diferentes gestiones de las últimas décadas] se quejan de que hicieron entrar personas sin antecedentes, de diferentes oficios [no vinculados con la materia tributaria], y a los pocos días los efectivizaban, cuando en general se tarda un par de años para eso”, señaló sobre ese punto en particular una fuente cercana a las tareas del organismo.
Los sistemas
Una cuestión que genera expectativa entre los contadores se refiere a una posible mayor inversión tecnológica, a partir del ahorro prometido en personal y burocracia. La página de la AFIP se cayó algunas veces ayer, como también ocurre en fechas con vencimientos importantes de obligaciones a cumplir por parte de los contribuyentes. “Entendemos oportuno solicitar al Gobierno que, en el marco de esta reforma, se prioricen la continuidad de los servicios y la estabilidad de los sistemas informáticos”, afirmó Simonella, a la vez que dijo que es fundamental que haya canales de comunicación “para que todos los actores involucrados” puedan plantear inquietudes. “Nos ponemos a disposición para colaborar en este proceso de transición y aportar nuestra experiencia en beneficio del sistema tributario argentino”, agregó.
En los últimos tiempos hubo demoras en la puesta a punto de las directivas de la AFIP para la liquidación de impuestos. Pero no en todos los casos por cuestiones que se le pudieran atribuir al organismo de recaudación.
Por caso, para la liquidación del impuesto a las ganancias sobre los salarios percibidos desde septiembre, se publicaron los cuadros con los valores correspondientes cuando ya se había iniciado octubre. Pero es cierto que al primer día del noveno mes del año el organismo no contaba con la información necesaria para hacer su parte: ocurre que la ley de medidas fiscales dispuso actualizar el esquema del tributo con efecto para lo cobrado a partir del 1° de septiembre y usar como coeficiente, para el reajuste, el índice de inflación de un período finalizado en agosto. Ese dato solo se conoció a mediados de septiembre. Desajustes temporales que seguirán en próximos períodos, si no median correcciones.
El reemplazo de la AFIP por la agencia ARCA no modifica las obligaciones fiscales
Según el Gobierno, la transición no afectará el uso de la web, pero hay incertidumbre
El reparto de fondos de una cuenta especial seguirá para la mayor parte de la dotación

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LOS PRINCIPALES ANUNCIOS dE LA CASA ROSAdA
◗ Desaparece la AFIP
Será reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una estructura simplificada. Según el Gobierno, se reducirán un 45% las autoridades y un 31% los niveles inferiores, para redondear la eliminación del 34% de los cargos públicos. Serán reubicados o pasarán a disponibilidad aproximadamente 3100 empleados que ingresaron durante el último gobierno Supondría un ahorro de $6400 millones al año.
◗ Ahorro en sueldos
Las autoridades de la AFIP dejarán de cobrar la cuenta de jerarquización, por la que contaban con sueldos superiores a los 17 millones de pesos mensuales. Quedarán alineados a los sueldos de ministros y secretarios.
◗ Telecomunicaciones
El Gobierno anunció el fin del “oligopolio” de las telecomunicaciones y prometió una serie de medidas para alentar una mayor competencia entre las empresas del sector. Se pondrán a disposición los 100 megahertz de espectro que el Estado nacional le reservó a Arsat para comunicaciones móviles, y que noestáutilizando,ademásde50 megahertz que se encuentran en manos del Enacom. Estas bandas de frecuencia se van a utilizar para el servicio de 5G.
◗ IVA a los medios
Adorni anunció que se eliminarán las exenciones del IVA a los diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea.
◗ Internet en escuelas
El Gobierno prometió volver a licitar el contrato de provisión del servicio conectividad en 16.000 escuelas del país. Dijo que representa un gasto de $60.000 millones anuales.
◗ Deudas telefónicas
La AGN realizó una auditoría sobre la gestión del Enacom vinculada a la administración de los recursos provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal(FFSU)entreenerode 2019 y agosto de 2020, donde el Gobierno afirma haber encontrado que Telecom y Telefónica debían más de $3000 millones. Adorni anunció que el Estado relevará todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones y que se anula la obligación de incluir señales informativas en la grillas de programación.

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Licitarán espacio para celulares 5G en manos del Estado
El Gobierno también revisará los contratos de telecomunicaciones

María Julieta RumiLa empresa Arsat también saldrá a la Bolsa para sumar capital privado 
El Gobierno anunció que licitará porciones del espectro radioeléctrico hoy e nmanos de la estatal Arsat y del Enacom para atraer inversiones en el servicio 5G. Además, informó que revisará los contratos de telecomunicaciones del Estado para analizar su cumplimiento y conductas “anticompetitivas”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo ayer una serie de anuncios vinculados con la industria de las telecomunicaciones con el objetivo de “alentar una mayor competencia entre las empresas del sector para que haya un mejor servicio a un menor precio”, según indicó.
En primer lugar, Adorni adelantó que se pondrán a disposición los 100 Mhz reservados en forma gratuita a la empresa estatal Arsat en la licitación de 5G, además de los 50 Mhz en manos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que no fueron comprados por ninguna de las tres operadoras (Telecom y Claro se hicieron con100 Mhz cada una y Telefónica, con 50 Mhz).
Según afirmó el funcionario, los 150 Mhz se van a utilizar para 5G y para que vengan “inversiones para mejorar el servicio de telecomunicaciones”. Hace dos semanas, el titular de Arsat, Mariano Greco, había dicho que aún no tenían definido qué iban a hacer con el espectro, al tiempo que anunció que la empresa va a salir a la Bolsa en busca de sumar capital privado.
En segundo lugar, Adorni dijo que se eliminarán las exenciones del IVA a diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea (ver aparte), y adelantó que se relicitará el contrato de provisión de conectividad a 16.000 escuelas a lo largo del país, que representa $60.000 millones anuales.
Por otro lado, mencionó una investigación de la Auditoría General de la Nación (AGN) al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020 que encontró que Telecom (CVH y Fintech) y Telefónica debían más de $3000 millones en aportes (el FFSU es el fondo al que aportan las compañías un 1% de su facturación anual). “Telecom abonó inte
Mariano Greco, titular de Arsat
reses dos años después; es decir, el Enacom falló en controlar”, agregó.
Fuentes de Telefónica (cuyo principal accionista es Telefónica de España) dijeron a que la empresa la nacion “ha cumplido desde siempre con sus obligaciones por el Servicio Universal”. Y señalaron: “Desde el primer momento en que se constituyó el Fondo Fiduciario hizo los pagos correspondientes. Cumplió desde el origen con los programas definidos en la regulación vigente en cada momento y presentó al regulador las declaraciones juradas desde que se dispuso la obligación de hacerlo. La autoridad realizó algunas observaciones, que fueron respondidas por Telefónica en procedimientos administrativos que todavía están en trámite”.
En Telecom indicaron que la empresa “cumple y ha cumplido siempre con todas sus obligaciones regulatorias, incluidas las relativas al Servicio Universal, efectuando aportes millonarios que la convierten en el principal aportante a dicho fondo”, y añadieron: “Solo en lo que va del año 2024, Telecom lleva aportados más de $ 12.000.000.000”.
Respecto de la referencia a una deuda de $3000 millones al Fondo de Servicio Universal, dijeron que “Telecom ha ejercido en sede administrativa las defensas correspondientes, por entender que ha realizado prestaciones por encima de sus obligaciones regulatorias”, y que la firma “ha sido auditada anualmente respecto de la composición e información contenidas en las declaraciones juradas presentadas ante la autoridad competente y todas las intimaciones recibidas han sido respondidas siempre en tiempo y forma”.
Más allá de la auditoría, Adorni sostuvo que relevarán todos los contratos de telecomunicaciones del Estado para analizar su cumplimiento y que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) investigará si hay “conductas anticompetitivas en la industria en términos de cuotas de mercado y protección de los derechos de los consumidores”.
Por último, siguiendo los lineamientos del decreto 70/2023, que incluye modificaciones a la ley 27.078, el Enacom derogará la resolución 1491/2020, así como también la obligación de incluir señales de carácter informativo en las grillas de programación. “Con esto se corrigen asimetrías entre los servicios TIC y los servicios audiovisuales”, aseguró, y cerró: “De esta manera, el Gobierno del presidente Javier Milei busca una mayor desregulación, apertura de mercado y corrección de cualquier distorsión existente que afecte la calidad de los servicios de telecomunicación”.
La diputada de Pro y extitular del Enacom, Silvana Giudici dijo que la inclusión de señales de carácter informativo fue una obligación impuesta por Gabriel Mariotto en 2009, que solo en la Argentina se exigía. “Ningún otro país del mundo tiene normas de must carry ya”, sostuvo.
Otras fuentes del sector tildaron los anuncios de “popurrí de temas con dos cosas concretas: la futura licitación de 150 Mhz para 5G y el pago de IVA”. Respecto de los aportes de Telecom y Telefónica al FFSU, explicaron que es “un tema de vieja data”, ya que las empresas dieron planes de conectividad a jubilados a principios de los 2000 que consideraron aportes al fondo, mientras que el Estado no, y luego reclamó los importes. “En algún momento esto se va a resolver, porque corren intereses y, si las empresas no pagan, en última instancia pueden perder la licencia”, apuntaron.
Sobre las actuaciones de la CNDC, señalaron que la empresa que más denuncia es Claro cuando no la dejan entrar a dar servicio a algún municipio, pero que las investigaciones suelen demorar dos o tres años.
Otra fuente ligada a la industria dijo que “hay que esperar más precisiones” con respecto al tema del espectro. En cuanto a la revisión de la conectividad de las escuelas, apuntó que podría ser una puerta abierta para Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk.

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