DICTAMEN Y EL PERFIL

Milei no deberá revelar quiénes lo contrataron antes de asumir
La Oficina Anticorrupción determinó que la ley no lo intima a hacerlo; sin embargo, debe abstenerse de dictar medidas que beneficien a las empresas que le pagaron por sus servicios
Hugo Alconada MonAlejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción 

La Oficina Anticorrupción (OA) le informó al presidente Javier Milei que deberá abstenerse de tomar decisiones que afecten o beneficien de manera particular a las personas o empresas que contrataron sus servicios durante los últimos tres años, ya fuera como economista o como conferencista, según surge de la copia de las “recomendaciones sobre ética pública” que le remitió, tras un pedido presentado por dirigentes de la Coalición Cívica. ¿El riesgo? Incurrir en un conflicto de intereses flagrante.
La decisión de abstenerse de intervenir en esas situaciones, sin embargo, dependerá del propio Milei. ¿Por qué? Porque la Oficina Anticorrupción rechazó pedirle al Presidente que detalle qué empresas o personas lo contrataron desde 2021, como habían pedido el legislador porteño Hernán Reyes y Federico Esswein, director de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña.
El actual titular de la OA, Alejandro Melik, quien fue designado por Milei, desestimó el pedido de Reyes y Esswein, apoyado en un dictamen del director nacional de Planificación de Políticas de Transparencia del propio organismo, Leopoldo Giupponi, quien remarcó que la legislación vigente no obliga al Presidente y otros funcionarios a que informen la nómina de sus clientes, según consta en la copia de su dictamen, a la que accedió la nacion.
La decisión de Melik contrasta, sin embargo, con la que cuatro años atrás adoptó Félix Croux. Como primer titular de la OA durante la presidencia de Alberto Fernández resolvió que sí correspondía requerirle al jefe del Estado que detallara “la nómina de las personas -humanas o jurídicas- a las que haya prestado servicios en los tres años anteriores a asumir la presidencia -y la fecha del cese de tales prestaciones- que sean o hayan sido concesionarios o proveedores del Estado o realicen actividades reguladas por éste”.
La requisitoria de Croux generó durante 2020 un contrapunto con Fernández, quien se negó a informar quiénes habían sido sus clientes entre 2016 y 2019. Sostuvo que “el presidente, por tener un cargo electivo, ni siquiera está obligado a informar antecedentes laborales en la declaración jurada”, para luego indicar que “el pedido de la nómina de clientes [que le había requerido Croux] avanzó sobre lo que dice la norma”.
Al igual que ahora con Milei, el pedido inicial de información sobre Alberto Fernández había sido presentado por la Coalición Cívica. El diputado Juan Manuel López había reclamado acceder a esos datos luego de que el entonces presidente confirmara por radio que había tenido relación en su actividad privada con empresas del Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, holding al que ya como presidente benefició con la moratoria que aprobó el Congreso en 2020 y que la oposición calificó como un “traje a medida”.
En mayo de este año, Reyes y Esswein plantearon un requerimiento de transparencia similar al de López. Lo presentaron apoyados en declaraciones públicas del propio Milei, quien sorteó su dieta como diputado nacional entre 2021 y 2023, e indicó que no necesitaba de ese salario porque afirmó que “cobraba entre 10.000 y 25.000 dólares por conferencia”, pero sin precisar jamás qué empresas o entidades o personas contrataban sus servicios.
“Se haga público”
La opacidad alrededor del patrimonio de Milei resulta aún mayor, desde que esos ingresos como economista o conferencista tampoco aparecieron volcados en las declaraciones juradas que presentó ante la propia OA hasta principios de 2023, cuando sí reportó una cuenta bancaria con US$65.000 en la declaración que presentó el 1 de noviembre del año pasado. Es decir, antes de asumir la Presidencia.
En ese contexto, Reyes y Esswein plantearon que la OA debería requerirle a Milei que presente una “declaración jurada de intereses” en la que consigne “la totalidad de los antecedentes laborales que tuvo dentro de los últimos tres años, incluyendo la nómina de todos sus clientes y organizadores de las referidas conferencias que ha ofrecido”. Y pidieron que Melik emitiera un dictamen que “determine los actos administrativos por los que [el actual Presidente] deberá excusarse, y que, asimismo, dicho dictamen se haga público”.
Eso, sin embargo, no ocurrió. La OA consideró que la ley no exige que el jefe del Estado detalle a qué empresas o personas prestó servicios, ni tampoco que ese dictamen deba ser público. De hecho, Melik tomó su decisión y le comunicó sus “recomendaciones” a Milei el 10 de julio, pero solo salió a la luz ahora, porque Reyes y Esswein debieron presentar un pedido de acceso a la información pública para conocer las actuaciones que ellos mismos habían iniciado.
¿Qué sí le planteó el titular de la OA? Le remitió una nota de 7 carillas con sus “recomendaciones sobre ética pública”. Le indicó que debe observar los “deberes y principios de comportamiento ético” y le describió cuáles son las “incompatibilidades y conflictos de intereses” que debe evitar, como el desempeño de actividades laborales simultáneas.
Melik también le remarcó a Milei que su imparcialidad quedará condicionada si en algún momento toma una decisión particular sobre sociedades civiles o comerciales en las que tenga participación accionaria o sobre personas o asuntos en los que haya estado vinculado durante los últimos tres años. En esos casos, le indicó, deberá excusarse. Y en caso de duda, deberá consultarle a la OA.
“Al respecto vale destacar que el deber de excusación alcanza a cualquier persona a la que le haya prestado servicios en el período señalado, independientemente de la actividad que realice: por ejemplo, clientes particulares o personas que hayan contratado sus servicios como profesional de las ciencias económicas (incluyendo los de conferencista, si hubiere percibido una retribución por ellos)”.
Resolver en la opacidad
Dado que los nombres de quienes contrataron a Milei permanecen en las sombras, sin embargo, resultará mucho más difícil determinar si el Presidente incurrió en un conflicto de interés, incluso para la propia OA, que a su vez insistió en que deberá apartarse sólo en los casos de cuestiones “particularmente relacionadas” a las personas que lo contrataron.
Antecedentes de ese tenor abundan en la historia reciente. En 2009, el entonces titular de la OA, Julio Vitobello, intimó a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a no ejercer como directora suplente de la consultora El Chapel SA, aunque sí le permitió continuar como accionista. Y ella renunció a ese cargo directivo.
En 2016, en tanto, la entonces titular de la OA, Laura Alonso, le recomendó al entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, que se desprendiera de las acciones de la empresa Shell que atesoraba desde su paso como ejecutivo de la compañía. Aranguren consideró primero que no infringía la ley de ética pública, pero terminó por venderlas.
Y en 2018, el también ministro Dante Sica debió renunciar a cuatro contratos que su consultora Abeceb había ganado con ese mismo ministerio antes de que él asumiera y que estaban vigentes mientras se desempeñaba en el cargo.
En 2020, por el contrario, Alberto Fernández se negó a revelar quiénes habían sido sus clientes en los tres años previos a asumir la presidencia, cuando se había desempeñado como abogado y consultor. También se negó a renunciar a su mandato como titular de la sociedad Inmueble Callao 1960 SA o a pedir licencia como profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA), aun cuando la OA consideró que incumplía la Constitución Nacional.
A lo largo de su carrera, Milei dio clases en la UADE, trabajó para el HSBC, emitió facturas –luego cuestionadaspara Provincia Seguros, se desempeñó como “economista jefe” de la Fundación Acordar –una usina proveedoras de ideas para la campaña presidencial de Daniel Scioli en 2015-, y trabajó para el empresario Eduardo Eurnekian en Corporación América. Pero seguirá oculto el listado completo de quienes lo contrataron desde 2021.
La OA rechazó el reclamo que había presentado el legislador Reyes (CC)
El organismo cambió el criterio que había adoptado en un caso similar en 2019

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El control y la transparencia, en manos de un abogado mediático
El control y la transparencia en el manejo del Estado está hoy en manos de un abogado penalista que fue socio del actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en causas que tuvieron fuerte repercusión pública y mediática.
Esos antecedentes ubican a Alejandro Erasmo Guillermo Melik en la defensa del personaje mediático Guillermo Cóppola, en uno de los casos judiciales más resonantes de los años 90, cuando la Justicia determinó que al exmanager de Diego Maradona le plantaron cocaína en un jarrón. Ambos también actuaron como letrados en la causa por el atentado a la AMIA, al asumir la defensa del propietario del vehículo utilitario sospechado de haber servido para transportar la carga explosiva para activar el ataque al edificio de la calle Pasteur.
Con esos antecedentes, a los que suma su experiencia como secretario de un juzgado penal, Melik fue propuesto para conducir la Oficina Anticorrupción (OA) cuando el gobierno de Javier Milei dejó de lado la opción de reservar ese puesto clave en la cadena de controles a un hombre sugerido por la oposición.
En la función que desarrolla desde hace un año, a Melik le corresponde determinar si existen eventuales conflictos de intereses en los funcionarios del Poder Ejecutivo por sus anteriores actuaciones en la esfera privada. Al asumir, confió que su propio jefe, Cúneo Libarona, le consultó sobre esa posibilidad, al igual que la entonces titular de la AFIP, Florencia Misrahi, y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. En ese sentido, instruyó a Barra para que se abstuviera de intervenir en los casos de corrupción que involucran a la expresidenta Cristina Kirchner.
Con el desembarco del gobierno de La Libertad Avanza, uno de los organismos de control del Estado retornó a la órbita del Ministerio de Justicia. La Oficina Anticorrupción tiene una doble función: es la que recibe y analiza las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y la que realiza investigaciones que pueden convertirse en denuncias penales contra funcionarios.
Un giro en la OA
En la gestión anterior, de Alberto Fernández, el papel de la Oficina Anticorrupción había estado en tela de juicio, no solo por su fragilidad institucional y su dependencia funcional del Poder Ejecutivo, sino porque había renunciado deliberadamente a su rol de querellante en las causas penales contra funcionarios acusados de delitos de corrupción. Su entonces titular, el abogado Félix Crous, interpretaba que esa tarea ya la realizaban los fiscales y no le competía al organismo. Así y todo, en un dictamen obligó a Alberto Fernández a dejar constancia de las empresas a las que les ofreció asesoramiento jurídico antes de llegar a la Casa Rosada.

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