EL FUTURO DE LA JUSTICIA

La Corte Suprema envía señales negativas ante la posibilidad de que el Gobierno nombre jueces por decreto
En la Casa Rosada descreen que se nieguen a tomarle juramento a los magistrados; de lo contrario, amenazan con que el propio presidente Milei ponga en funciones a sus cortesanos
Hernán Cappiello
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti
En medio del cruce de mensajes entre el Gobierno, el Congreso y la Justicia, la Corte Suprema reflotó esta semana antecedentes que siembran dudas acerca de si efectivamente les tomará juramento a Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla como nuevos jueces del máximo tribunal, si es que el presidente Javier Milei los nombra por decreto en comisión por un año. Y envió señales de su interés en opinar sobre el futuro del máximo tribunal, en vez de solo presenciar la negociación.
En el Gobierno descreen de la posibilidad de que la Corte Suprema no les tome juramento a los magistrados y argumentan que tanto el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, como el juez Carlos Rosenkrantz son personas “razonables” y evitarían un escándalo institucional.
En la Corte Suprema, en tanto, el juez Ricardo Lorenzetti, que motorizó el pliego de Ariel Lijo, no ve inconvenientes para que les tomen juramento y sigue confiando en que a la larga, su recomendado llegará al máximo tribunal.
Ricardo Lorenzetti
En el Gobierno sostienen que esta suerte de resistencia que se esboza en la Corte Suprema es parte de los mensajes que se intercambian en este juego en el que nadie muestra completamente las cartas y, por las dudas, cantan retruco. “Si la Corte no les toma juramento, se los va a tomar Milei, que está decidido a que ambos jueces lleguen; porque a esta altura es una cuestión personal”, dijo a LA NACION una alta fuente del Gobierno.
El juez Ariel Lijo
Actualmente la situación es la siguiente: el pliego de Ariel Lijo ya cuenta con 9 firmas y podría llevar a ser elevado para su votación en el Senado, donde aún no están asegurados los dos tercios. Cristina Kirchner habilitó la firma de la senadora Lucía Corpacci como un mensaje para acelerar un acuerdo, pero en el Gobierno creen que fue una forma de condicionarlo. Hay desconfianza mutua: los libertarios no confían en los peronistas y al revés.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,Horacio Rosatti
Ambas partes exploraron la opción de avanzar en la Cámara de Diputados con un proyecto para ampliar la Corte, no a 15, ni a 9 jueces, sino a 7, como una escala en la negociación, mientras se votan los pliegos de García-Mansilla y Lijo en el Senado. No alcanzó. Nadie confía en nadie. Las conversaciones siguen y los kirchneristas desfilan ante Santiago Caputo. Entre los interlocutores aparecen Juan Martín Mena, Wado de Pedro y hasta a Oscar Parrilli.
El pliego de Garcia-Mansilla tiene 6 firmas, le faltan tres para estar en condiciones de ser elevado al recinto. Y está demorando el pliego de Lijo, porque el Gobierno sigue firme en su idea de que van los dos o ninguno. En este escenario, el Gobierno quiere recurrir al decreto para nombrar a Lijo y García-Mansilla para tener en 2025 una Corte Suprema con 5 jueces.
Ante este escenario, la Corte recordó antecedentes: exhumó un comunicado del Centro de Información Judicial del 16 de diciembre del 2015 cuando Mauricio Macri nominó a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y el juez Ricardo Lorenzetti presidía el tribunal. En ese comunicado, la Corte defendió su posibilidad de opinar sobre las designaciones y sostuvo que no solo “balconea”, como hace ahora.
Además señala que las incorporaciones no deberían hacerse durante la feria judicial, que el los candidatos debían pasar por el Senado y que el máximo tribunal tenía un rol en el tema, junto a los otros poderes del Estado
Estos asuntos, dice el parte de prensa de ese momento, “fueron motivo de consenso en una reunión que se ha realizado en el día de hoy entre el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el viceministro, Sebastián Amerio
El texto de diciembre de 2015 parece sugerir que la Corte busca ahora una acercamiento con el Gobierno como entonces. Pero en la Corte aclaran que de ninguna manera, que la selección de candidatos para el máximo tribunal es un asunto de la política y del presidente MIlei y que en estos 8 meses ni se metió en este proceso, ni realizó ningún comentario.
La toma del juramento a Lijo y García-Mansilla, aún nombrados por decreto, no es un asunto menor, ya que debe ser resuelta por mayoría por la Corte. Y se suma la complejidad de que Lijo es juez, y para asumir en la debería renunciar a su condición o pedirle licencia a la propia Corte, para integrarla, lo que suena muy raro.
“Hoy el asunto está trabado: los senadores de Unión por la Patria firmaron un acta donde dicen que van a buscar remover a los jueces nombrados por decreto y la Corte, que amenaza con no tomarles juramento”, analiza un encumbrado camarista de Comodoro Py.
No se sabe si Lijo aceptaría que lo designen por decreto, pero al parecer si. Garcia Mansilla estaría dispuesto, hasta el punto de que cuando algún abogado constitucionalista habla en los medios de la facultad presidencial para hacerlo le acerca un artículo de un colega, amigo suyo de la Universidad Austral, que recuerda cuando Juan Perón y Arturo Frondizi usaron este mecanismo.
La relación del Gobierno con la Corte está determinada por los vínculos personales que tanto el presidente Milei, como el ministro de Justicia Cúneo Libarona, su viceministro Sebastián Amerio (que ejecuta las políticas de Santiago Caputo) han construido con los jueces, considerando ademas el enfrentamiento de Lorenzetti con el resto.
Así Milei desconfía de Horacio Rosatti, hasta el punto de que no se reunieron.
Milei lo escuchó en la campaña electoral hablar contra la dolarización y repetir una consigna de campaña de Sergio Massa y bastó para que le hiciera la cruz. Sí hubo una reunión con Luis Toto Caputo y el ministro Cuneo Libarona, por asuntos de plata para el tribunal.
Por contraste creció en su consideración la figura de Lorenzetti que en aquel momento se acercó con ideas sobre la independencia judicial, la división de poderes y otra media docena de puntos. Esa idea se consolidó cuando le propuso el pliego de Ariel Lijo y de otro candidato mas, bochado por Caputo y Cúneo Libarona.
Con Carlos Rosenkrantz en cambio se reunió y entendió de su seriedad y vocación por sacar sentencias sin tener ingerencia en las decisiones de la política. Así están las cosas, el vínculo entre la Corte y el Gobierno lo llevan Amerio, Cúneo Libarona, con Toto Caputo y con Guillermo Francos, como jefe de gabinete.
Juan Carlos Maqueda, ya de salida porque cumple 75 años el 29 de diciembre, esta firmando las últimas sentencias donde se conforman mayorías con sus colegas. Estas cuatro semanas, de acá a fin de año, serán de máxima productividad en la Corte: el anteúltimo acuerdo firmaron casi 600 fallos, y el último mas de 300.
La otra deuda pendiente en ese escenario es la elevación al Senado de las ternas de los 150 jueces que el Gobierno prometió enviar para cubrir la mitad de las vacantes de la justicia. La pelota la tiene el Poder Ejecutivo porque los concursos ya terminaron y ahí están los candidatos. El presidente debe elegir uno de cada terna.
Hace tres semanas el vocero Manuel Adorni y el viceministro Amerio prometieron el envío de los nombres en una conferencia de prensa. Pero nada pasó. Hoy en el gobierno afirman que son parte de este ajedrez donde todo se negocia con mutua desconfianza: los pliegos de al Corte, los pliegos de los jueces inferiores y otros asuntos de los que se encarga la política en el Congreso como ficha limpia, la desaparición de las PASO y o la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados.

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Un grupo de ONG se alista para rechazarlo en la Justicia
Se oponen a la designación por decreto de los miembros de la Corte
Un frente de organizaciones de la sociedad civil se está armando por estas horas para enfrentar en la Justicia la estrategia del Gobierno de nombrar a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto y en comisión por un año.
El Gobierno anticipó que recurrirá a este mecanismo si es que no logra obtener los votos necesarios en el Senado, donde intentó tener el acompañamiento del kirchnerismo.
La organización Poder Ciudadano, preocupada por la transparencia y la institucionalidad, está trabajando en esta idea, a la que ya se sumaron otros organismos.
La iniciativa también la acompañan la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y está evaluando sumarse el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que preside el exjuez Ricardo Gil Lavedra.
El principal argumento es que la Constitución nacional prevé un mecanismo específico para designar jueces de la Corte Suprema de Justicia, que ya se puso en marcha con el envío de los pliegos al Senado, las impugnaciones y apoyos obtenidos por Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y las audiencias públicas a las que fueron sometidos ambos candidatos.
Por eso, las organizaciones señalan que si bien la Constitución permite designar “empleados” que requieran acuerdo por decreto en comisión por un año, cuando el Congreso está en receso, no se puede acudir a esta alternativa porque el mecanismo específico, ya puesto en marcha, no dio resultado.
Aún están en conversaciones para ajustar una estrategia, pero algunas de estas organizaciones, que en general aparecen en la vereda opuesta del peronismo, festejaron cuando el bloque de senadores de Unión por la Patria estampó la firma de sus 33 legisladores en un acta donde le advertían al Gobierno que iba a remover a aquellos jueces que fueran designados por decreto en comisión.
Efectivamente, el miércoles pasado, en un nuevo round de la pulseada política del Gobierno con el Senado por la integración de la Corte Suprema, el bloque kirchnerista de Unión por la Patria le advirtió al Gobierno que rechazarán las nominaciones de Lijo y García Mansilla si Milei los designa en comisión por decreto sin esperar a que la Cámara alta les otorgue su acuerdo a los candidatos.
La postura del principal bloque de oposición fue oficializada por el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), quien le entregó en mano una nota firmada por la totalidad del bloque de Unión por la Patria al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
“Los abajo firmantes asumimos el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo del pliego de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99 inciso 19 de la Constitución nacional”, sostiene la nota en su primer párrafo.

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Para Paoltroni, los carteles contra Villarruel surgieron de la Casa Rosada
Los colaboradores de la vice habían descartado que fuera “fuego amigo”, pero el senador apuntó al GobiernoFrancisco Paoltroni SENADOR
La vicepresidenta Victoria Villarruel fue blanco en la semana de una pegatina de carteles con la consigna “Victoria conducción”, que según interpretaron sus colaboradores fueron usados para echar más leña al fuego en su conflicto con la cúpula de la Casa Rosada.
El viernes, desde el despacho de Villarruel aseguraron que no veían “fuego amigo” en la autoría de los afiches, es decir, desestimaron que fuera una maniobra libertaria.
Por el contrario, el senador Francisco Paoltroni, que está distanciado de La Libertad Avanza, en declaraciones a Radio 10 responsabilizó al Gobierno: “Está viniendo de ahí [del entorno del Presidente]. No sé qué estrategia pava han comprado de bajarlas a Villarruel y a [Diana] Mondino, y subirlos al Gordo Dan y a Lilia Lemoine. Es inexplicable, inentendible para todos lo que tenemos un grado de coherencia en este país (...). Si van a seguir acelerando en las curvas y van a levantar al Gordo Dan y bajar a Villarruel, muchachos... el pueblo te la va a cobrar”. El mismo viernes se pegaron en otros lugares de la ciudad de Buenos Aires carteles con una presunta fórmula electoral: Karina Milei-Manuel Adorni. “Desconocemos quién puso los carteles, claramente no fue un espacio nuestro”, contestó el portavoz Manuel Adorni, al ser consultado. “Es raro que alguien gaste dinero para este tipo de funciones”, agregó.
En el Gobierno sospechan que los afiches fueron promovidos por el sector del PJ que responde a Enrique “Pepe” Albistur, amigo de Alberto Fernández y esposo de la diputada Victoria Tolosa Paz.
Albistur hizo parte de su riqueza con una empresa de cartelería en la ciudad de Buenos Aires.
Apenas asumió Milei, el esposo de Tolosa Paz difundió un video en el que sugería que el gobierno de Milei caería en “marzo o abril”, mientras comía pochoclos. Adorni habló del “club del pochoclo” cuando se le preguntó por el origen de los carteles.
Pero, más allá del episodio de los carteles, Paoltroni concentró su mirada en el “triángulo de hierro” y hacia allí direccionó sus dardos. Criticó con acidez al asesor presidencial Santiago Caputo, a quien considera artífice de una supuesta estrategia de polarización libertaria con la expresidenta Cristina Kirchner. “Para él este es un juego de la PlayStation. No sé qué locura tiene en la cabeza este muchachito”, dijo.
Fuera de cualquier juego, el senador, que en los papeles pertenece a La Libertad Avanza pero habla como si fuera un opositor, guardó comentarios sobre el desarrollo de la economía. Es decir, palabras para el otro Caputo del gabinete, el ministro Luis Caputo. En este sentido, Paoltroni afirmó que solo con el orden macro no alcanza y pidió prestar mayor atención a la micro. “Esto va a ser un cementerio”, advirtió. Al mismo tiempo cuestionó por qué ahora el Gobierno liberó transferencias discresionales a provincias, conocidas como ATN (Aportes del Tesoro Nacional). “Vuelve el látigo y la billetera”, sostuvo.

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