EL FUTURO DE LA JUSTICIA

La Corte Suprema envía señales negativas ante la posibilidad de que el Gobierno nombre jueces por decreto
En la Casa Rosada descreen que se nieguen a tomarle juramento a los magistrados; de lo contrario, amenazan con que el propio presidente Milei ponga en funciones a sus cortesanos
Hernán Cappiello
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti
En medio del cruce de mensajes entre el Gobierno, el Congreso y la Justicia, la Corte Suprema reflotó esta semana antecedentes que siembran dudas acerca de si efectivamente les tomará juramento a Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla como nuevos jueces del máximo tribunal, si es que el presidente Javier Milei los nombra por decreto en comisión por un año. Y envió señales de su interés en opinar sobre el futuro del máximo tribunal, en vez de solo presenciar la negociación.
En el Gobierno descreen de la posibilidad de que la Corte Suprema no les tome juramento a los magistrados y argumentan que tanto el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, como el juez Carlos Rosenkrantz son personas “razonables” y evitarían un escándalo institucional.
En la Corte Suprema, en tanto, el juez Ricardo Lorenzetti, que motorizó el pliego de Ariel Lijo, no ve inconvenientes para que les tomen juramento y sigue confiando en que a la larga, su recomendado llegará al máximo tribunal.
Ricardo Lorenzetti
En el Gobierno sostienen que esta suerte de resistencia que se esboza en la Corte Suprema es parte de los mensajes que se intercambian en este juego en el que nadie muestra completamente las cartas y, por las dudas, cantan retruco. “Si la Corte no les toma juramento, se los va a tomar Milei, que está decidido a que ambos jueces lleguen; porque a esta altura es una cuestión personal”, dijo a LA NACION una alta fuente del Gobierno.
El juez Ariel Lijo
Actualmente la situación es la siguiente: el pliego de Ariel Lijo ya cuenta con 9 firmas y podría llevar a ser elevado para su votación en el Senado, donde aún no están asegurados los dos tercios. Cristina Kirchner habilitó la firma de la senadora Lucía Corpacci como un mensaje para acelerar un acuerdo, pero en el Gobierno creen que fue una forma de condicionarlo. Hay desconfianza mutua: los libertarios no confían en los peronistas y al revés.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,Horacio Rosatti
Ambas partes exploraron la opción de avanzar en la Cámara de Diputados con un proyecto para ampliar la Corte, no a 15, ni a 9 jueces, sino a 7, como una escala en la negociación, mientras se votan los pliegos de García-Mansilla y Lijo en el Senado. No alcanzó. Nadie confía en nadie. Las conversaciones siguen y los kirchneristas desfilan ante Santiago Caputo. Entre los interlocutores aparecen Juan Martín Mena, Wado de Pedro y hasta a Oscar Parrilli.
El pliego de Garcia-Mansilla tiene 6 firmas, le faltan tres para estar en condiciones de ser elevado al recinto. Y está demorando el pliego de Lijo, porque el Gobierno sigue firme en su idea de que van los dos o ninguno. En este escenario, el Gobierno quiere recurrir al decreto para nombrar a Lijo y García-Mansilla para tener en 2025 una Corte Suprema con 5 jueces.
Ante este escenario, la Corte recordó antecedentes: exhumó un comunicado del Centro de Información Judicial del 16 de diciembre del 2015 cuando Mauricio Macri nominó a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y el juez Ricardo Lorenzetti presidía el tribunal. En ese comunicado, la Corte defendió su posibilidad de opinar sobre las designaciones y sostuvo que no solo “balconea”, como hace ahora.
Además señala que las incorporaciones no deberían hacerse durante la feria judicial, que el los candidatos debían pasar por el Senado y que el máximo tribunal tenía un rol en el tema, junto a los otros poderes del Estado
Estos asuntos, dice el parte de prensa de ese momento, “fueron motivo de consenso en una reunión que se ha realizado en el día de hoy entre el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el viceministro, Sebastián Amerio
El texto de diciembre de 2015 parece sugerir que la Corte busca ahora una acercamiento con el Gobierno como entonces. Pero en la Corte aclaran que de ninguna manera, que la selección de candidatos para el máximo tribunal es un asunto de la política y del presidente MIlei y que en estos 8 meses ni se metió en este proceso, ni realizó ningún comentario.
La toma del juramento a Lijo y García-Mansilla, aún nombrados por decreto, no es un asunto menor, ya que debe ser resuelta por mayoría por la Corte. Y se suma la complejidad de que Lijo es juez, y para asumir en la debería renunciar a su condición o pedirle licencia a la propia Corte, para integrarla, lo que suena muy raro.
“Hoy el asunto está trabado: los senadores de Unión por la Patria firmaron un acta donde dicen que van a buscar remover a los jueces nombrados por decreto y la Corte, que amenaza con no tomarles juramento”, analiza un encumbrado camarista de Comodoro Py.
No se sabe si Lijo aceptaría que lo designen por decreto, pero al parecer si. Garcia Mansilla estaría dispuesto, hasta el punto de que cuando algún abogado constitucionalista habla en los medios de la facultad presidencial para hacerlo le acerca un artículo de un colega, amigo suyo de la Universidad Austral, que recuerda cuando Juan Perón y Arturo Frondizi usaron este mecanismo.
La relación del Gobierno con la Corte está determinada por los vínculos personales que tanto el presidente Milei, como el ministro de Justicia Cúneo Libarona, su viceministro Sebastián Amerio (que ejecuta las políticas de Santiago Caputo) han construido con los jueces, considerando ademas el enfrentamiento de Lorenzetti con el resto.
Así Milei desconfía de Horacio Rosatti, hasta el punto de que no se reunieron.
Milei lo escuchó en la campaña electoral hablar contra la dolarización y repetir una consigna de campaña de Sergio Massa y bastó para que le hiciera la cruz. Sí hubo una reunión con Luis Toto Caputo y el ministro Cuneo Libarona, por asuntos de plata para el tribunal.
Por contraste creció en su consideración la figura de Lorenzetti que en aquel momento se acercó con ideas sobre la independencia judicial, la división de poderes y otra media docena de puntos. Esa idea se consolidó cuando le propuso el pliego de Ariel Lijo y de otro candidato mas, bochado por Caputo y Cúneo Libarona.
Con Carlos Rosenkrantz en cambio se reunió y entendió de su seriedad y vocación por sacar sentencias sin tener ingerencia en las decisiones de la política. Así están las cosas, el vínculo entre la Corte y el Gobierno lo llevan Amerio, Cúneo Libarona, con Toto Caputo y con Guillermo Francos, como jefe de gabinete.
Juan Carlos Maqueda, ya de salida porque cumple 75 años el 29 de diciembre, esta firmando las últimas sentencias donde se conforman mayorías con sus colegas. Estas cuatro semanas, de acá a fin de año, serán de máxima productividad en la Corte: el anteúltimo acuerdo firmaron casi 600 fallos, y el último mas de 300.
La otra deuda pendiente en ese escenario es la elevación al Senado de las ternas de los 150 jueces que el Gobierno prometió enviar para cubrir la mitad de las vacantes de la justicia. La pelota la tiene el Poder Ejecutivo porque los concursos ya terminaron y ahí están los candidatos. El presidente debe elegir uno de cada terna.
Hace tres semanas el vocero Manuel Adorni y el viceministro Amerio prometieron el envío de los nombres en una conferencia de prensa. Pero nada pasó. Hoy en el gobierno afirman que son parte de este ajedrez donde todo se negocia con mutua desconfianza: los pliegos de al Corte, los pliegos de los jueces inferiores y otros asuntos de los que se encarga la política en el Congreso como ficha limpia, la desaparición de las PASO y o la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados.

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Un grupo de ONG se alista para rechazarlo en la Justicia
Se oponen a la designación por decreto de los miembros de la Corte
Un frente de organizaciones de la sociedad civil se está armando por estas horas para enfrentar en la Justicia la estrategia del Gobierno de nombrar a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto y en comisión por un año.
El Gobierno anticipó que recurrirá a este mecanismo si es que no logra obtener los votos necesarios en el Senado, donde intentó tener el acompañamiento del kirchnerismo.
La organización Poder Ciudadano, preocupada por la transparencia y la institucionalidad, está trabajando en esta idea, a la que ya se sumaron otros organismos.
La iniciativa también la acompañan la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y está evaluando sumarse el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que preside el exjuez Ricardo Gil Lavedra.
El principal argumento es que la Constitución nacional prevé un mecanismo específico para designar jueces de la Corte Suprema de Justicia, que ya se puso en marcha con el envío de los pliegos al Senado, las impugnaciones y apoyos obtenidos por Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y las audiencias públicas a las que fueron sometidos ambos candidatos.
Por eso, las organizaciones señalan que si bien la Constitución permite designar “empleados” que requieran acuerdo por decreto en comisión por un año, cuando el Congreso está en receso, no se puede acudir a esta alternativa porque el mecanismo específico, ya puesto en marcha, no dio resultado.
Aún están en conversaciones para ajustar una estrategia, pero algunas de estas organizaciones, que en general aparecen en la vereda opuesta del peronismo, festejaron cuando el bloque de senadores de Unión por la Patria estampó la firma de sus 33 legisladores en un acta donde le advertían al Gobierno que iba a remover a aquellos jueces que fueran designados por decreto en comisión.
Efectivamente, el miércoles pasado, en un nuevo round de la pulseada política del Gobierno con el Senado por la integración de la Corte Suprema, el bloque kirchnerista de Unión por la Patria le advirtió al Gobierno que rechazarán las nominaciones de Lijo y García Mansilla si Milei los designa en comisión por decreto sin esperar a que la Cámara alta les otorgue su acuerdo a los candidatos.
La postura del principal bloque de oposición fue oficializada por el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), quien le entregó en mano una nota firmada por la totalidad del bloque de Unión por la Patria al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
“Los abajo firmantes asumimos el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo del pliego de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99 inciso 19 de la Constitución nacional”, sostiene la nota en su primer párrafo.

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Para Paoltroni, los carteles contra Villarruel surgieron de la Casa Rosada
Los colaboradores de la vice habían descartado que fuera “fuego amigo”, pero el senador apuntó al GobiernoFrancisco Paoltroni SENADOR
La vicepresidenta Victoria Villarruel fue blanco en la semana de una pegatina de carteles con la consigna “Victoria conducción”, que según interpretaron sus colaboradores fueron usados para echar más leña al fuego en su conflicto con la cúpula de la Casa Rosada.
El viernes, desde el despacho de Villarruel aseguraron que no veían “fuego amigo” en la autoría de los afiches, es decir, desestimaron que fuera una maniobra libertaria.
Por el contrario, el senador Francisco Paoltroni, que está distanciado de La Libertad Avanza, en declaraciones a Radio 10 responsabilizó al Gobierno: “Está viniendo de ahí [del entorno del Presidente]. No sé qué estrategia pava han comprado de bajarlas a Villarruel y a [Diana] Mondino, y subirlos al Gordo Dan y a Lilia Lemoine. Es inexplicable, inentendible para todos lo que tenemos un grado de coherencia en este país (...). Si van a seguir acelerando en las curvas y van a levantar al Gordo Dan y bajar a Villarruel, muchachos... el pueblo te la va a cobrar”. El mismo viernes se pegaron en otros lugares de la ciudad de Buenos Aires carteles con una presunta fórmula electoral: Karina Milei-Manuel Adorni. “Desconocemos quién puso los carteles, claramente no fue un espacio nuestro”, contestó el portavoz Manuel Adorni, al ser consultado. “Es raro que alguien gaste dinero para este tipo de funciones”, agregó.
En el Gobierno sospechan que los afiches fueron promovidos por el sector del PJ que responde a Enrique “Pepe” Albistur, amigo de Alberto Fernández y esposo de la diputada Victoria Tolosa Paz.
Albistur hizo parte de su riqueza con una empresa de cartelería en la ciudad de Buenos Aires.
Apenas asumió Milei, el esposo de Tolosa Paz difundió un video en el que sugería que el gobierno de Milei caería en “marzo o abril”, mientras comía pochoclos. Adorni habló del “club del pochoclo” cuando se le preguntó por el origen de los carteles.
Pero, más allá del episodio de los carteles, Paoltroni concentró su mirada en el “triángulo de hierro” y hacia allí direccionó sus dardos. Criticó con acidez al asesor presidencial Santiago Caputo, a quien considera artífice de una supuesta estrategia de polarización libertaria con la expresidenta Cristina Kirchner. “Para él este es un juego de la PlayStation. No sé qué locura tiene en la cabeza este muchachito”, dijo.
Fuera de cualquier juego, el senador, que en los papeles pertenece a La Libertad Avanza pero habla como si fuera un opositor, guardó comentarios sobre el desarrollo de la economía. Es decir, palabras para el otro Caputo del gabinete, el ministro Luis Caputo. En este sentido, Paoltroni afirmó que solo con el orden macro no alcanza y pidió prestar mayor atención a la micro. “Esto va a ser un cementerio”, advirtió. Al mismo tiempo cuestionó por qué ahora el Gobierno liberó transferencias discresionales a provincias, conocidas como ATN (Aportes del Tesoro Nacional). “Vuelve el látigo y la billetera”, sostuvo.

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EL FUTURO DE LA JUSTICIA

El planteo para ampliar la Corte traba los pliegos
Los bloques piden participar y se demoran los casos Lijo y García-Mansilla

Damián Nabot y Maia Jastreblansky
El Gobierno ingresó en una pulseada tácita con el kirchnerismo, que reclama que se sumen mujeres a la Corte Suprema para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En las últimas horas, otros bloques del Senado pidieron formar parte de una negociación a varias bandas. La Casa Rosada quería que primero se aprobaran los candidatos de Milei, pero los planteos para ampliar el máximo tribunal complican los planes del Poder Ejecutivo.
La negociación en torno a la Corte Suprema se trabó en la discusión sobre el huevo y la gallina. ¿Qué viene primero? El Gobierno quisiera que se aprueben los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla para, recién allí, habilitar una discusión sobre la ampliación del máximo tribunal y otros cargos sensibles en la Justicia. Y el kirchnerismo desliza que solo aportará los votos si primero se modifica el menú de candidatos o si se “agranda el combo” de vacantes a llenar.
Desde el Instituto Patria deslizaron que podrían votar a Lijo si los libertarios desisten del pliego de García-Masilla, de perfil conservador, para reemplazarlo por otro del gusto del peronismo. De lo contrario, Cristina Kirchner hizo una contraoferta: apoyar a los dos candidatos del Gobierno y sumar en la Corte a dos mujeres fieles a su sector.

Una sería la exsenadora María de los Ángeles Sacnun, una de las voces más duras contra el Poder Judicial durante su paso por el Congreso: lo acusaba de ser “el más desprestigiado” de los tres poderes.

No termina ahí. La expresidenta quisiera también arrojar sobre la mesa de negociación las vacantes en los juzgados federales y el cargo del procurador general de la Nación, el jefe de los fiscales, que quedó en manos del procurador interino Eduardo Casal.
El Gobierno no rechaza una negociación más amplia a futuro. Pero insiste en aprobar primero los pliegos que envió Javier Milei. “Si se abre esto ahora, no se termina más”, se atajaban en el Gobierno. ¿El huevo o la gallina?
En esa pulseada tácita estaban las dos terminales, sin resolver el dilema, cuando otros actores intercedieron con sus propias motivaciones. La UCR y una parte del peronismo no K –que tiene capacidad de bloqueo en el Senado– se mostraron decididos a entrar en las negociaciones. También el massismo asomó en la trama. Ahora es una discusión a varias bandas que deja en un pantano a Lijo y Mansilla.
El principal operador de la Casa Rosada es el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, un hombre del riñón del estratega Santiago Caputo. Él pasó muchas horas de esta semana en el Senado, en el despacho del jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, y trató de sumar voluntades en la Comisión de Acuerdos para que Lijo y García-Mansilla obtuvieran dictamen. No lo consiguió. “Hubo bloques que creyeron, erróneamente, que el Gobierno había cerrado un acuerdo con el kirchnerismo. Pero eso nunca estuvo. Ahora todos quieren pulsear para tener un lugar en una Corte ampliada”, se quejó un funcionario libertario al finalizar la semana. Si el Poder Ejecutivo creía tener garantizados los votos, ahora retrocedió varios casilleros porque hubo senadores radicales y peronistas que comenzaron a retacear sus apoyos.
Según pudo saber  hacia el final de la semana el Gobierno se resignó a la idea de discutir la ampliación de la Corte. “Si todos los sectores políticos quieren ampliar y se va armando un consenso, la Casa Rosada no puede frenarlo. Eso sí, para ampliar a la Corte hace fal- ta una ley”, dijo un funcionario que viene siguiendo el tema.
Modelo estadounidense
De hecho, en la Casa Rosada se mencionó la posibilidad de llevar el máximo tribunal a nueve miembros –el modelo estadounidense– para que todos queden conformes. Si este megaplán avanzara, se apuntaría a una Corte “multipartidaria”.
Mientras se abre la discusión, los libertarios intentarán otra vez, la semana próxima, conseguir dictamen para Lijo y García-Mansilla.
Entre el Gobierno y el Instituto Patria hubo canales de diálogo, pero nunca se llegó a sellar un pacto. Además de tocar las puertas del Senado, Amerio conoce a su antecesor en el cargo, el actual ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena, hombre de confianza de Cristina. “Amerio hizo sondeos, no cerró acuerdos”, aseguró un colaborador oficial al tanto de esos diálogos.
Sin definiciones claras, otros que se sintieron fuera del mercado buscaron entrar. El titular de la UCR y miembro de la comisión de Acuerdos, Martín Lousteau, le abrió el juego a su partido y terminó exigiendo mujeres en la Corte.
En el kirchnerismo, en tanto, apuntaron a Sergio Massa cuando desmintieron que el senador Eduardo “Wado” de Pedro quisiera postularse para la Corte. Interpretaron que Massa buscó colarse en la negociación y que, por eso, se encargó de alimentar un rumor contra De Pedro, del riñón de Cristina.
“No hay funcionarios kirchneristas en el gobierno de Milei. Si alguno continúa en el cargo, tal vez deberían consultar al Frente Renovador”, lanzó De Pedro en la red social X. Teléfono para Massa, que conservaría más cargos en el Gobierno que cualquier otra fuerza política.

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En medio del debate, se abre la disputa por la presidencia
El mandato de Rosatti vence en septiembre; algunos hablan de un período provisional hasta que se complete la integración de la Corte

Hernán CappielloAriel Lijo, el día que defendió su pliego en el Senado
En la Corte Suprema dicen que no están preocupados por el debate en el Senado sobre la postulación del juez Ariel Lijo y el jurista Manuel García-Mansilla para integrar el tribunal. Ni en la oficina de Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte que convenció al presidente Javier Milei de la conveniencia de la candidatura de Lijo, ni entre los otros jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. A pesar de que nadie dice estar pendiente de lo que ocurre en el Senado, a pocas cuadras, en el Palacio de Justicia ya se prepara la elección del presidente de la Corte. El mandato de Rosatti vence a fin de septiembre, por lo que en la segunda quincena de este mes o antes se elegirá al titular del máximo tribunal.
Hoy son suficientes tres votos para que sea Rosatti o Rosenkrantz, ya que Lorenzetti no cuenta con el favor de sus colegas, con quienes mantiene un enfrentamiento enconado desde que perdió la presidencia y que se agravó el último año con sonoras disidencias por asuntos de gestión, por la obra social del Poder Judicial, por la pérdida de poder sobre la administración del tribunal y por expresiones de Rosatti durante la campaña electoral de 2023.
Cerca de Lorenzetti la idea es que el futuro presidente sea interino, pues da por descontado que en caso de que Lijo y García-Mansilla Mansilla lleguen a la Corte cambiarán las mayorías en el tribunal y su postura no será tan solitaria como hasta ahora. “Se puede prorrogar el mandato de Rosatti hasta que vengan los demás y después se elegirá”, dicen cerca de Lorenzetti.
En el resto de la Corte desafían: “Si hay cambios en la Corte, será presidente el que consiga una mayoría”.
Eso si se aprueban los pliegos de Lijo y entra ahora, y si ocurre lo mismo con García-Mansilla, que podría recién ingresar el 1° de enero del año próximo, tras la jubilación de Maqueda a los 75 años.
Ahora las energías están puestas además en cerrar el presupuesto del Poder Judicial 2025, ya que hoy trabajan con el de 2023, prorrogado y sin ajustes. Otro tema de enfrentamiento y negociación con el Poder Ejecutivo.
Tres de los cuatro jueces de la Corte compartieron dos días enteros en San Juan, donde se realizó el XXIV Encuentro Nacional de Jueces de Cámara de Tribunales Orales Federales de la Argentina. Expuso Rosatti, que dijo que el Gobierno no los consulta lo suficiente, y luego compartió panel con Rosenkrantz.
Más tarde habló Lorenzetti, sobre el estrés al que está sometido al Poder Judicial por la falta de cobertura de las vacantes. Por la noche hubo una cena formal, donde compartieron la mesa Lorenzetti y Rosenkrantz con el resto de los magistrados, incluido el presidente de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y el de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso.
Juran algunos de los presentes que en la mesa no se tocó el tema de Lijo y García-Mansilla. Tal vez no fue el tema general de la mesa, pero sí motivó comentarios entre comensales que cuchicheaban codo a codo sobre las alternativas de las audiencias públicas.
Lorenzetti está convencido de que el pliego de ambos candidatos va a pasar el Senado. Como ocurrió con Rosatti y Rosenkrantz cuando asumió Macri, que llevó un tiempo, pero fueron aprobados. E incluso su optimismo va más allá, pues cerca de Lorenzetti creen que el Gobierno no va a tener que ampliar la Corte para conseguir los votos.
Por lo pronto, en el Senado otro parece ser el escenario. El Gobierno mantiene su idea: van los dos o ninguno (Lijo y García-Mansilla), quiere que le firmen los pliegos en la Comisión de Acuerdos (necesita nueve votos) y entonces está dispuesto a poner sobre la mesa la negociación por la Corte ampliada, el procurador o incluso parte de los 143 pliegos de jueces nacionales y federales, cuyas ternas ya aprobó el Consejo de la Magistratura y descansan en el Poder Ejecutivo. Son la mitad de las vacantes. Así cree que conseguirá los dos tercios en el recinto.
En la oposición, por el contrario, no están dispuestos a firmar los pliegos en comisión si no hay un acuerdo más amplio antes. Quieren cobrar por adelantado los beneficios de la negociación y no quedarse con una promesa para después. Están frenadas las posiciones, como en el chicken game, donde dos autos lanzados en velocidad aceleran en sentidos opuestos y nadie está dispuesto a frenar para evitar el choque. Lo peor que puede pasar para el Gobierno es retirar los pliegos y asumir la derrota política. Para la oposición, el costo es casi nulo, aunque se privan de poder incidir ahora en la integración de la Corte.
Lejos de Lorenzetti, en la Corte miran el escenario desde afuera con la misma declamada falta de preocupación. Aunque son menos optimistas acerca de que los pliegos puedan ser aprobados. Al contrario, la lectura es que el Gobierno avanzó como si ya tuviera cerrados todos los acuerdos hasta que esta semana, tras las audiencias públicas, se dio cuenta de que no tenía nada de nada.
Anab el FernándezSa gas ti, la senadora más cercana a Cristina Kirchner, lo dijo claramente en Futurock cuando aludió a que hay un proyecto con media sanción del Senado votado en septiembre de 2022 que establece que los integrantes de la Corte serán 15 jueces o juezas (y no 25 como figuraba en el dictamen de mayoría). Los actuales miembros de la Corte continúan en sus cargos, por lo que si la medida se aprueba en Diputados, se nombrarían los restantes hasta completar los 15 restantes.
Cristina Kirchner congeló la discusión. Hace ocho meses la expresidenta había quedado sepultada por la derrota electoral, y hoy se erige en la dirigente que concentra el poder que el Gobierno no supo conseguir en el Congreso mediante la política. El Gobierno conserva el favor de los votos y un apoyo que llega al 50 por ciento en las encuestas, pero le costó construir poder como para conseguir sus objetivos en el Congreso.
Hoy Cristina Kirchner tiene ese poder, del mismo modo que lo demostró la semana pasada Mauricio Macri. Cuando el expresidente se enteró de que desde la nueva SIDE del gobierno de Javier Milei estaban espiando en la Justicia las causas judiciales en su contra, se paró de manos y su tropa votó en contra del DNU que ampliaba a 100 millones de dólares los gastos reservados para la inteligencia.
Macri, que ya fue cuestionado por ser afecto a esa información cuando fue gobierno, advirtió que el mileísmo hacía lo mismo que el kirchnerismo, al buscar valerse de la Justicia para la persecución penal, y estalló. Fue una manera además de frenar a Santiago Caputo, el asesor de Javier Milei que controla la SIDE y que está enfrentado con Macri.
El mismo Santiago Caputo fue quien le ofreció a GarcíaMansilla ser juez de la Corte, junto con Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia y su delegado en el ministerio, que la semana pasada juntó millas como nunca en su transitar entre los despachos de la Casa Rosada, el Senado y el Ministerio de Justicia en busca de los votos en fuga.

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