Definen el plan para evitar cortes en la marcha piquetera
Las fuerzas federales actuarán en los accesos y si la policía porteña es superada
Matías Moreno
El Polo Obrero anticipó que cortará las calles el miércoles, en desafío a las medidas oficiales
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, definió con la ciudad de Buenos Aires el operativo policial con el que, ante la marcha piquetera de pasado mañana, se intentarán aplicar por primera vez límites a los cortes de calles.
Las fuerzas federales actuarán como soporte de la policía porteña en edificios públicos y accesos a la ciudad de Buenos Aires. El plan contempla que se desplieguen si los efectivos de la Capital Federal son desbordados. También revisarán vehículos y evitarán que haya manifestantes con el rostro cubierto.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se prepara para poner en marcha un complejo operativo para garantizar que la marcha convocada para el miércoles en la Capital por organizaciones sociales y de la izquierda contra el plan de ajuste que dispuso la gestión de Javier Milei transcurra sin cortes de tránsito ni actos violentos en las calles.
La protesta social del 20 de diciembre, que tendrá como epicentros el Congreso y la Plaza de Mayo, será la primera manifestación de magnitud que se desarrollará desde que Bullrich oficializó el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas federales para impedir bloqueos en la vía pública. Habrá un trabajo coordinado para armar el esquema de seguridad entre los equipos de Jorge Macri, que estará al mando del operativo en el territorio porteño, y los efectivos comandados por la cartera de Bullrich, que actuarán como soporte de la Policía de la Ciudad y tendrán un papel estratégico en las zonas, edificios públicos o vías de la Capital que están bajo jurisdicción federal.
En un clima social tenso por las medidas para reducir el gasto público frente a la crisis inflacionaria, Bullrich lidia con el desafío de exhibir resultados en el debut de la nueva doctrina frente a las protestas. “Sabemos que es una de las pocas áreas donde Milei puede lucir un cambio en este arranque”, asumen cerca de la ministra.
Por eso, Bullrich buscó salir a marcarles la cancha a los piqueteros con su duro protocolo antibloqueos.
Según anticiparon fuentes de la cartera de Seguridad, las fuerzas federales brindarán apoyo a la popública porteña en los accesos a la Capital, como el Puente Pueyrredón o el Puente La Noria, y dispondrán estrictos controles en las estaciones de trenes para prevenir el eventual ingreso de manifestantes que circulen con el rostro tapado o porten palos u otros “elementos contundentes”.
Los efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería o la Prefectura que sean asignados al operativo solo intervendrán para liberar los cortes en caso de que el operativo de la Ciudad sea “desbordado” y las autoridades porteñas pidan asistencia a Bullrich. El nuevo protocolo antipiquetes prevé, entre otras medidas, que las fuerzas federales podrán actuar para despejar un bloqueo de la circulación sin esperar una orden judicial. Además, el gobierno de Milei advirtió que aplicará duras sanciones a los manifestantes que interrumpan el tránsito en la vía bajo el lema “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Por caso, el Presidente anticipó que les quitará la asistencia social a las personas que participen de los cortes de calles. El Ministerio de Capital Humano prepara medidas para instrumentar esas sanciones y sacar la intermediación de las organizaciones en el reparto de asistencia.
En la Casa Rosada repiten que no tolerarán la “extorsión” y que no habrá una postura concesiva con los líderes sociales si incumplen la ley. En la cartera de Seguridad anticipan que no caerán en las “provocación” de los piqueteros, pero que actuarán para defender a las fuerzas federales. Esa misma línea fijó Jorge Macri en la Ciudad. “Esperamos que no haya exaltaciones y que la gente entienda que puede marchar y protestar por la vereda. Hay un nuevo pacto social y necesitamos recuperar el orden”, remarca un interlocutor porteño de Bullrich.
Entre los funcionarios de Seguridad miran de reojo el clima en el vasto territorio del conurbano, donde sospechan que podría haber manifestaciones entre el martes 19 y miércoles 20, en un nuevo aniversario de la crisis de 2001. Hay inquietud por el ánimo que encontraron en el personal de las fuerzas –hablan de “falta de confianza”– y el estado de los recursos.
Dudas por infiltrados
En la cúpula del Gobierno se encendió una alarma por una versión de que presuntos “agentes venezolanos o cubanos”, que ya estarían residiendo desde hace tiempo en el país, podrían actuar como “infiltrados” en las protestas del miércoles para provocar disturbios. En la cartera de Seguridad negaron estar al tanto del trascendido, que preocupó a un alto funcionario, y dicen confiar en el accionar de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. La marcha del miércoles, en el estreno del nuevo protocolo contra los piquetes, será una primera prueba de fuego para Bullrich. Su objetivo es cristalizar un giro en la política de seguridad para mantener el control de las calles respecto de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “El primer día será difícil, pero esto se va a hacer o se va a hacer. Si no se logra el 100% el primer día, será el segundo o será el tercero. La Argentina se va a normalizar, se va a ordenar, esa es una decisión que no tiene marcha atrás”, manifestó el sábado en diálogo con Radio Mitre.
La coordinación con las autoridades porteñas, admiten cerca de Bullrich, será una de las claves para que el operativo del miércoles transcurra sin sorpresas. El jueves, después de presentar el protocolo antipiquetes, la ministra recibió a su par porteño, Waldo Wolff, en las oficinas de la cartera. Estuvo escoltada por Vicente Ventura Barreiro, su segundo en el área, y Federico Angelini. Del lado de la Ciudad, también asistieron Néstor Grindetti, jefe de gabinete de Jorge Macri, y Diego Kravetz, número dos de Wolff, quien quedó a cargo de la Policía de la Ciudad. Acordaron un trabajo coordinado para la marcha del miércoles, en la que los movimientos sociales aspiran a reunir unas 50.000 personas.
De hecho, Wolff y Kravetz ya trabajan bajo un fuerte hermetismo en un esquema de seguridad para evitar cortes de calles en el 20-D. Por ahora no dejaron trascender detalles del estricto operativo. En la Ciudad celebraban el sábado que lograron desalojar un acampe en la Plaza Lavalle sin incidentes. “El accionar que mostró la policía puede ser un anticipo del miércoles”, dijeron. Jorge Macri insiste en que solo permilicía tirá manifestaciones en la vereda.
En el equipo de Bullrich provocó malestar que Kravetz haya dicho que la Nación no los había convocado para debatir políticamente si era prudente o no presentar el protocolo antes de una fecha sensible como el 20 de diciembre, por el aniversario de la crisis de 2001, en la que hubo 39 muertes por la represión. “Hubo deslealtad. Estaba todo acordado”, bramaron en la cartera nacional.
Tras el cortocircuito, los equipos de Bullrich y de Jorge Macri buscaron aplacar los ánimos en las últimas horas. Ventura Barreiro, en representación de Bullrich, y Kravetz, encargado de la Ciudad, coordinarán las tareas para impedir bloqueos durante la multitudinaria manifestación del miércoles, que fue una promesa de campaña tanto de Pro como de los libertarios. Armarán una “mesa de operaciones” entre la Ciudad y la Nación. En principio, los funcionarios porteños buscarán un diálogo con los piqueteros para que no corten la circulación.
El vínculo con Kicillof
La nueva doctrina de Bullrich tiene injerencia solo en las rutas federales, por lo que cada provincia decide su protocolo para el mantenimiento del orden público. La Casa Rosada confía en que podrán aunar fuerzas con los gobernadores y el jefe porteño o consensuar lineamientos para combatir los piquetes en zonas de jurisdicción no federal. Para no violar la ley de seguridad interior, Bullrich requiere de un pedido de auxilio o un acuerdo con las provincias para intervenir con los efectivos de las fuerzas federales. Su estricto protocolo ya recibió fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales y de izquierda, quienes consideraron que vulnera el derecho a protestar. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura solicitó una reunión con la ministra por considerar que su doctrina “vulnera los límites que surgen del derecho internacional de los derechos humanos” y de la Constitución.
La ministra también tiene previsto verse esta semana con su par bonaerense, Javier Alonso, sucesor de Sergio Berni. Ya mantuvieron una charla telefónica en la que consensuaron trabajar en conjunto para combatir el narcotráfico en la provincia. En diálogo con Radio Splendid, Alonso remarcó que no conocía el nuevo protocolo y que tampoco fue parte de la “discusión”. “No voy a opinar de algo que no conozco en profundidad. Van seis días de gobierno. Vamos a esperar cómo suceden las cosas, a que la policía actué”, comentó.
En el bullrichismo admiten que será un reto complejo sintonizar con Axel Kicillof en materia de seguridad. Alonso repite que pretende lograr “una integración vertical” de los esfuerzos de seguridad. Es decir, la Nación, la provincia y los municipios. Además, quiere “fortalecer la interacción con las fuerzas federales y la Justicia”. “Los recursos humanos son escasos, pero vamos a poner todos los esfuerzos para cubrir las demandas”, anticipan en el Ministerio de Seguridad. El lunes todos los focos estarán en Rosario, epicentro de la violencia narco, donde Bullrich desembarcará para hacer anuncios junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La tragedia en Bahía Blanca por el temporal alteró la hoja de ruta.
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Los movimientos sociales frenan las obras de sus cooperativas
Se trata de pequeñas tareas de infraestructura que financiaba el Ministerio de Desarrollo
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, definió con la ciudad de Buenos Aires el operativo policial con el que, ante la marcha piquetera de pasado mañana, se intentarán aplicar por primera vez límites a los cortes de calles.
Las fuerzas federales actuarán como soporte de la policía porteña en edificios públicos y accesos a la ciudad de Buenos Aires. El plan contempla que se desplieguen si los efectivos de la Capital Federal son desbordados. También revisarán vehículos y evitarán que haya manifestantes con el rostro cubierto.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se prepara para poner en marcha un complejo operativo para garantizar que la marcha convocada para el miércoles en la Capital por organizaciones sociales y de la izquierda contra el plan de ajuste que dispuso la gestión de Javier Milei transcurra sin cortes de tránsito ni actos violentos en las calles.
La protesta social del 20 de diciembre, que tendrá como epicentros el Congreso y la Plaza de Mayo, será la primera manifestación de magnitud que se desarrollará desde que Bullrich oficializó el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas federales para impedir bloqueos en la vía pública. Habrá un trabajo coordinado para armar el esquema de seguridad entre los equipos de Jorge Macri, que estará al mando del operativo en el territorio porteño, y los efectivos comandados por la cartera de Bullrich, que actuarán como soporte de la Policía de la Ciudad y tendrán un papel estratégico en las zonas, edificios públicos o vías de la Capital que están bajo jurisdicción federal.
En un clima social tenso por las medidas para reducir el gasto público frente a la crisis inflacionaria, Bullrich lidia con el desafío de exhibir resultados en el debut de la nueva doctrina frente a las protestas. “Sabemos que es una de las pocas áreas donde Milei puede lucir un cambio en este arranque”, asumen cerca de la ministra.
Por eso, Bullrich buscó salir a marcarles la cancha a los piqueteros con su duro protocolo antibloqueos.
Según anticiparon fuentes de la cartera de Seguridad, las fuerzas federales brindarán apoyo a la popública porteña en los accesos a la Capital, como el Puente Pueyrredón o el Puente La Noria, y dispondrán estrictos controles en las estaciones de trenes para prevenir el eventual ingreso de manifestantes que circulen con el rostro tapado o porten palos u otros “elementos contundentes”.
Los efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería o la Prefectura que sean asignados al operativo solo intervendrán para liberar los cortes en caso de que el operativo de la Ciudad sea “desbordado” y las autoridades porteñas pidan asistencia a Bullrich. El nuevo protocolo antipiquetes prevé, entre otras medidas, que las fuerzas federales podrán actuar para despejar un bloqueo de la circulación sin esperar una orden judicial. Además, el gobierno de Milei advirtió que aplicará duras sanciones a los manifestantes que interrumpan el tránsito en la vía bajo el lema “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Por caso, el Presidente anticipó que les quitará la asistencia social a las personas que participen de los cortes de calles. El Ministerio de Capital Humano prepara medidas para instrumentar esas sanciones y sacar la intermediación de las organizaciones en el reparto de asistencia.
En la Casa Rosada repiten que no tolerarán la “extorsión” y que no habrá una postura concesiva con los líderes sociales si incumplen la ley. En la cartera de Seguridad anticipan que no caerán en las “provocación” de los piqueteros, pero que actuarán para defender a las fuerzas federales. Esa misma línea fijó Jorge Macri en la Ciudad. “Esperamos que no haya exaltaciones y que la gente entienda que puede marchar y protestar por la vereda. Hay un nuevo pacto social y necesitamos recuperar el orden”, remarca un interlocutor porteño de Bullrich.
Entre los funcionarios de Seguridad miran de reojo el clima en el vasto territorio del conurbano, donde sospechan que podría haber manifestaciones entre el martes 19 y miércoles 20, en un nuevo aniversario de la crisis de 2001. Hay inquietud por el ánimo que encontraron en el personal de las fuerzas –hablan de “falta de confianza”– y el estado de los recursos.
Dudas por infiltrados
En la cúpula del Gobierno se encendió una alarma por una versión de que presuntos “agentes venezolanos o cubanos”, que ya estarían residiendo desde hace tiempo en el país, podrían actuar como “infiltrados” en las protestas del miércoles para provocar disturbios. En la cartera de Seguridad negaron estar al tanto del trascendido, que preocupó a un alto funcionario, y dicen confiar en el accionar de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. La marcha del miércoles, en el estreno del nuevo protocolo contra los piquetes, será una primera prueba de fuego para Bullrich. Su objetivo es cristalizar un giro en la política de seguridad para mantener el control de las calles respecto de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “El primer día será difícil, pero esto se va a hacer o se va a hacer. Si no se logra el 100% el primer día, será el segundo o será el tercero. La Argentina se va a normalizar, se va a ordenar, esa es una decisión que no tiene marcha atrás”, manifestó el sábado en diálogo con Radio Mitre.
La coordinación con las autoridades porteñas, admiten cerca de Bullrich, será una de las claves para que el operativo del miércoles transcurra sin sorpresas. El jueves, después de presentar el protocolo antipiquetes, la ministra recibió a su par porteño, Waldo Wolff, en las oficinas de la cartera. Estuvo escoltada por Vicente Ventura Barreiro, su segundo en el área, y Federico Angelini. Del lado de la Ciudad, también asistieron Néstor Grindetti, jefe de gabinete de Jorge Macri, y Diego Kravetz, número dos de Wolff, quien quedó a cargo de la Policía de la Ciudad. Acordaron un trabajo coordinado para la marcha del miércoles, en la que los movimientos sociales aspiran a reunir unas 50.000 personas.
De hecho, Wolff y Kravetz ya trabajan bajo un fuerte hermetismo en un esquema de seguridad para evitar cortes de calles en el 20-D. Por ahora no dejaron trascender detalles del estricto operativo. En la Ciudad celebraban el sábado que lograron desalojar un acampe en la Plaza Lavalle sin incidentes. “El accionar que mostró la policía puede ser un anticipo del miércoles”, dijeron. Jorge Macri insiste en que solo permilicía tirá manifestaciones en la vereda.
En el equipo de Bullrich provocó malestar que Kravetz haya dicho que la Nación no los había convocado para debatir políticamente si era prudente o no presentar el protocolo antes de una fecha sensible como el 20 de diciembre, por el aniversario de la crisis de 2001, en la que hubo 39 muertes por la represión. “Hubo deslealtad. Estaba todo acordado”, bramaron en la cartera nacional.
Tras el cortocircuito, los equipos de Bullrich y de Jorge Macri buscaron aplacar los ánimos en las últimas horas. Ventura Barreiro, en representación de Bullrich, y Kravetz, encargado de la Ciudad, coordinarán las tareas para impedir bloqueos durante la multitudinaria manifestación del miércoles, que fue una promesa de campaña tanto de Pro como de los libertarios. Armarán una “mesa de operaciones” entre la Ciudad y la Nación. En principio, los funcionarios porteños buscarán un diálogo con los piqueteros para que no corten la circulación.
El vínculo con Kicillof
La nueva doctrina de Bullrich tiene injerencia solo en las rutas federales, por lo que cada provincia decide su protocolo para el mantenimiento del orden público. La Casa Rosada confía en que podrán aunar fuerzas con los gobernadores y el jefe porteño o consensuar lineamientos para combatir los piquetes en zonas de jurisdicción no federal. Para no violar la ley de seguridad interior, Bullrich requiere de un pedido de auxilio o un acuerdo con las provincias para intervenir con los efectivos de las fuerzas federales. Su estricto protocolo ya recibió fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales y de izquierda, quienes consideraron que vulnera el derecho a protestar. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura solicitó una reunión con la ministra por considerar que su doctrina “vulnera los límites que surgen del derecho internacional de los derechos humanos” y de la Constitución.
La ministra también tiene previsto verse esta semana con su par bonaerense, Javier Alonso, sucesor de Sergio Berni. Ya mantuvieron una charla telefónica en la que consensuaron trabajar en conjunto para combatir el narcotráfico en la provincia. En diálogo con Radio Splendid, Alonso remarcó que no conocía el nuevo protocolo y que tampoco fue parte de la “discusión”. “No voy a opinar de algo que no conozco en profundidad. Van seis días de gobierno. Vamos a esperar cómo suceden las cosas, a que la policía actué”, comentó.
En el bullrichismo admiten que será un reto complejo sintonizar con Axel Kicillof en materia de seguridad. Alonso repite que pretende lograr “una integración vertical” de los esfuerzos de seguridad. Es decir, la Nación, la provincia y los municipios. Además, quiere “fortalecer la interacción con las fuerzas federales y la Justicia”. “Los recursos humanos son escasos, pero vamos a poner todos los esfuerzos para cubrir las demandas”, anticipan en el Ministerio de Seguridad. El lunes todos los focos estarán en Rosario, epicentro de la violencia narco, donde Bullrich desembarcará para hacer anuncios junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La tragedia en Bahía Blanca por el temporal alteró la hoja de ruta.
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Los movimientos sociales frenan las obras de sus cooperativas
Se trata de pequeñas tareas de infraestructura que financiaba el Ministerio de Desarrollo
Federico González del Solar
“A fin de noviembre lo decidimos. Ya no teníamos plata. Los reunimos y les dijimos que ese era su último sueldo”. Liliana Aguirre está a cargo de una instalación eléctrica en hogares del barrio San Cayetano, partido de San Isidro. El proyecto de Aguirre, que emplea a más de 30 trabajadores, es una de los tantas obras públicas que las agrupaciones sociales realizan a lo largo y ancho del país en el marco de un programa que hasta el cierre de la gestión anterior dependía del Ministerio de Desarrollo Social, y que hoy, con el cambio de gobierno, entró en un compás de espera e incertidumbre. “Tenemos esperanza de que depositen lo que falta, pero lo veo difícil, y no podemos pedirles que trabajen gratis”, señala Aguirre.
El Programa de Obras Tempranas (POT), a cargo de la Secretaría de Integración Socio-Urbana (SISU), baja recursos y financiamiento a las organizaciones sociales para impulsar mejoras de accesibilidad y conectividad en los barrios postergados de todo el país. La Secretaría aprobó el primer tramo de la instalación eléctrica, y con la última auditoría de la gestión anterior se le dio luz verde al proyecto de Aguirre, que espera el desembolso de fondos y que, como tantos otros, aguarda definiciones. Por sí o por no.
“Trabajamos tres meses solamente. Estamos en un 20% de la obra y la tuvimos que frenar. Nos dicen que hay que esperar, pero ¿hasta cuándo? No hay ningún tipo de respuesta. Entonces nosotros tampoco tenemos respuestas para darle a la gente, que es lo que queremos. Que nos digan no y nosotros hablamos, o ‘sí, seguimos’, pero no hay respuestas”, cuenta.
El número de trabajadores varía según la magnitud de la obra, pero siempre reúne a entre 20 y 30: un oficial de obra, ayudantes, serenos, pañoleros, un “sociocultural” –el agente que enlaza el programa con el barrio– y un arquitecto, responsable técnico. Los sueldos, por cinco jornadas de ocho horas, varían entre los 100.000 y los 130.000 pesos. “Nada, pero es un sustento”, explican.
“Hacemos veredas, cordón cuneta e instalaciones de agua, cloaca y electricidad”, explica el arquitecto Felipe de los Santos, que desde Libres del Sur, una agrupación con alcance nacional, pudo darle término a una obra en el barrio Los Hornos, partido de La Plata, pero no así a la que ejecuta en Montegrande, Esteban Echeverría, cuya finalización estaba prevista para febrero. “Mucha gente contaba con un sueldo por lo menos hasta marzo”, explica Aguirre. “Según lo dijo el ministro de Economía, las obras que ya estaban en ejecución se iban a continuar, pero todavía no hay ninguna definición”, agrega de los Santos.
“No hay ninguna indicación de congelar ni de frenar nada”, comparte uno funcionario de Juntos por el Cambio que en los últimos días se sumó al armado de Pablo de la Torre, al mando de la Secretaría de Niñez y Familia. “Todavía no vimos ni los expedientes”, afirma otro, cuyo cargo todavía no fue oficializado. Por fuera de la incertidumbre que rodea al financiamiento, también hay dudas sobre el destino de la SISU: podría recaer bajo el ministro Guillermo Ferraro, en la cartera de Infraestructura, o quedar bajo el ala de Sandra Pettovello, a cargo del Ministerio de Capital Humano.
“No tenemos ninguna garantía de continuidad en la obra. Muchos barrios dependen de esto. Muchas obras que quedaron abiertas y son lugares en que se intervino porque cuestiones de riesgo”, explica Gastón Reyes, encargado de monitorear las obras que lleva adelante el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “Con el cierre de gestión se frenaron los circuitos administrativos”, agrega Hernández, su par de Libres del Sur.
Otra de las preocupaciones que se ciernen sobre las organizaciones sociales son los comedores, un frente de contención que ralentiza el avance de la crisis. “En algunos ya no podemos anotar a más gente. Empezó a haber una demanda muy alta que no podemos satisfacer”, señala Hurtado. Su agrupación lleva un registro de quienes se acercan a estos centros de asistencia con que realizan un seguimiento en el peso, la talla y la nutrición de los chicos. Estos centros de asistencia vienen golpeados en los últimos años porque, en medio de la crisis sostenida, los recursos del Estado bajaron con intermitencia.
“No tenemos desnutridos, tenemos malnutridos”, explica Aguirre, en alusión a la harina, que compone casi en su totalidad la pirámide nutricional en los comedores y merenderos. La carne y la verdura corren por cuenta casi exclusiva de los trabajadores que como contraprestación del Plan Potenciar Trabajo sostienen los comedores.
“Hace más de un año que también vienen adultos pidiendo comida para sus casas. Hace tiempo que el salario no alcanza. Se acercan jefas y jefes de familias para ahorrarse esa comida”, afirma. “Si los números de [Luis] Caputo son reales, vamos a recibir un ejército de personas. No hay manera de bancar esto”, proyecta Hurtado. “Muchos comían en el comedor del colegio –agrega Aguirre–, pero ahora se terminan las clases”
“A fin de noviembre lo decidimos. Ya no teníamos plata. Los reunimos y les dijimos que ese era su último sueldo”. Liliana Aguirre está a cargo de una instalación eléctrica en hogares del barrio San Cayetano, partido de San Isidro. El proyecto de Aguirre, que emplea a más de 30 trabajadores, es una de los tantas obras públicas que las agrupaciones sociales realizan a lo largo y ancho del país en el marco de un programa que hasta el cierre de la gestión anterior dependía del Ministerio de Desarrollo Social, y que hoy, con el cambio de gobierno, entró en un compás de espera e incertidumbre. “Tenemos esperanza de que depositen lo que falta, pero lo veo difícil, y no podemos pedirles que trabajen gratis”, señala Aguirre.
El Programa de Obras Tempranas (POT), a cargo de la Secretaría de Integración Socio-Urbana (SISU), baja recursos y financiamiento a las organizaciones sociales para impulsar mejoras de accesibilidad y conectividad en los barrios postergados de todo el país. La Secretaría aprobó el primer tramo de la instalación eléctrica, y con la última auditoría de la gestión anterior se le dio luz verde al proyecto de Aguirre, que espera el desembolso de fondos y que, como tantos otros, aguarda definiciones. Por sí o por no.
“Trabajamos tres meses solamente. Estamos en un 20% de la obra y la tuvimos que frenar. Nos dicen que hay que esperar, pero ¿hasta cuándo? No hay ningún tipo de respuesta. Entonces nosotros tampoco tenemos respuestas para darle a la gente, que es lo que queremos. Que nos digan no y nosotros hablamos, o ‘sí, seguimos’, pero no hay respuestas”, cuenta.
El número de trabajadores varía según la magnitud de la obra, pero siempre reúne a entre 20 y 30: un oficial de obra, ayudantes, serenos, pañoleros, un “sociocultural” –el agente que enlaza el programa con el barrio– y un arquitecto, responsable técnico. Los sueldos, por cinco jornadas de ocho horas, varían entre los 100.000 y los 130.000 pesos. “Nada, pero es un sustento”, explican.
“Hacemos veredas, cordón cuneta e instalaciones de agua, cloaca y electricidad”, explica el arquitecto Felipe de los Santos, que desde Libres del Sur, una agrupación con alcance nacional, pudo darle término a una obra en el barrio Los Hornos, partido de La Plata, pero no así a la que ejecuta en Montegrande, Esteban Echeverría, cuya finalización estaba prevista para febrero. “Mucha gente contaba con un sueldo por lo menos hasta marzo”, explica Aguirre. “Según lo dijo el ministro de Economía, las obras que ya estaban en ejecución se iban a continuar, pero todavía no hay ninguna definición”, agrega de los Santos.
“No hay ninguna indicación de congelar ni de frenar nada”, comparte uno funcionario de Juntos por el Cambio que en los últimos días se sumó al armado de Pablo de la Torre, al mando de la Secretaría de Niñez y Familia. “Todavía no vimos ni los expedientes”, afirma otro, cuyo cargo todavía no fue oficializado. Por fuera de la incertidumbre que rodea al financiamiento, también hay dudas sobre el destino de la SISU: podría recaer bajo el ministro Guillermo Ferraro, en la cartera de Infraestructura, o quedar bajo el ala de Sandra Pettovello, a cargo del Ministerio de Capital Humano.
“No tenemos ninguna garantía de continuidad en la obra. Muchos barrios dependen de esto. Muchas obras que quedaron abiertas y son lugares en que se intervino porque cuestiones de riesgo”, explica Gastón Reyes, encargado de monitorear las obras que lleva adelante el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “Con el cierre de gestión se frenaron los circuitos administrativos”, agrega Hernández, su par de Libres del Sur.
Otra de las preocupaciones que se ciernen sobre las organizaciones sociales son los comedores, un frente de contención que ralentiza el avance de la crisis. “En algunos ya no podemos anotar a más gente. Empezó a haber una demanda muy alta que no podemos satisfacer”, señala Hurtado. Su agrupación lleva un registro de quienes se acercan a estos centros de asistencia con que realizan un seguimiento en el peso, la talla y la nutrición de los chicos. Estos centros de asistencia vienen golpeados en los últimos años porque, en medio de la crisis sostenida, los recursos del Estado bajaron con intermitencia.
“No tenemos desnutridos, tenemos malnutridos”, explica Aguirre, en alusión a la harina, que compone casi en su totalidad la pirámide nutricional en los comedores y merenderos. La carne y la verdura corren por cuenta casi exclusiva de los trabajadores que como contraprestación del Plan Potenciar Trabajo sostienen los comedores.
“Hace más de un año que también vienen adultos pidiendo comida para sus casas. Hace tiempo que el salario no alcanza. Se acercan jefas y jefes de familias para ahorrarse esa comida”, afirma. “Si los números de [Luis] Caputo son reales, vamos a recibir un ejército de personas. No hay manera de bancar esto”, proyecta Hurtado. “Muchos comían en el comedor del colegio –agrega Aguirre–, pero ahora se terminan las clases”
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Los gobernadores preparan una lista de pedidos de fondos para Milei
Lo pasaron en limpio en el grupo de WhatsApp que comparten; amenazan con emitir cuasimonedas
Gabriela Origlia
Min. de interiorEl ministro Francos, el viernes, con los gobernadores
CÓRDOBA.– En su reservado grupo de WhatsApp, los gobernadores y el jefe de gobierno porteño repasaron en los últimos días los reclamos que el martes al mediodía le plantearán al presidente Javier Milei. Todo gira en torno a los recursos. Ya le hicieron un adelanto al ministro del Interior, Guillermo Francos, en la reunión preparatoria: devolución de la quita por el impuesto a las ganancias, reactivación de los giros por fuera de la coparticipación, nuevas obras públicas, transferencias de la Anses a las cajas de jubilación.
La vuelta atrás en las modificaciones del impuesto a las ganancias pareciera estar encaminada. Para los gobernadores es clave volver a instaurar el impuesto para recuperar los fondos recortados de la coparticipación. De los giros arbitrarios, es decir, aquellos que dispone el Ejecutivo sin ningún parámetro objetivo, el ministro Luis Caputo dijo que se reducirán al “mínimo”. Los gobernadores quieren saber qué significa eso. Con el proyecto de blanqueo también están expectantes: si se coparticipan los impuestos incluidos, suman recursos. Y sobre la obra pública, quieren precisiones de qué piensa hacer la Nación.
Entre los giros arbitrarios está el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FFF) para Buenos Aires, que lleva ejecutados este año $213.000 millones, las transferencias de la Anses a 13 cajas previsionales no transferidas y el Fondo de Incentivo Docente. Los tres ítems representan a hoy 36,5% del global, que suma $1,6 billones en lo que va del año.
El FFF fue creado por el decreto 735/2020 y se alimenta del recorte de alícuota de coparticipación a CABA; desde entonces aparece en los presupuestos nacionales. Para este año estaban pautados $199.166 millones, cifra que fue superada. En las últimas horas, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno y homque bre de confianza de Axel Kicillof, no descartó cuasimonedas. En el juego de presiones entre la Nación y las provincias, la emisión de cuasimonedas es un argumento al que echan mano los gobernadores. La experiencia argentina muestra que una vez que un distrito avanza, el efecto es dominó. Claramente, la eliminación del FFF tendría un fuerte impacto político.
“No te confíes en los gobernadores peronistas”, advirtió el diputado radical Rodrigo de Loredo al presidente Javier Milei. Habló en función de la experiencia de la administración macrista. Un funcionario provincial que participó en aquellos años de las repetidas reuniones en el CFI –cuando el ahora mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, era ministro del Interior– asegura que había “cierta ingenuidad” por parte de la Nación.
“Hay que tener la rienda corta, no abrir una cuenta general”, desliza. A modo de ejemplo menciona el Consenso Fiscal 2017, cuando los mandatarios consiguieron que se fijara un tope de Ingresos Brutos más alto que, en general, tenían las alícuotas. “¿Qué pasó? Terminaron subiendo la carga”.
La declaración del riojano Ricardo Quintela encendió luces amarillas: advirtió a senadores y diputados que si apoyan este proyecto no sabe “con qué cara” van a volver a sus territorios. Entre los libertarios e incluso otros mandatarios, no descartan que el kirchnerismo duro esté detrás de esa declaración. Anticipó lo que está pasando ahora en el Congreso, donde el peronismo resiste la reinstauración de Ganancias y quiere reflotar la idea de coparticipar la mitad del impuesto al cheque, lo que es resistido por la Nación porque descalza a la Anses. En el caso del Fondo de Incentivo Docente, creado por ley en 1998, va a los salarios de los maestros. Para eliminarlo, la aprobación la debe dar el Congreso y, además, abriría un enfrentamiento con los docentes. Este año representa 17,2% del global de transferencias no automáticas.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
CÓRDOBA.– En su reservado grupo de WhatsApp, los gobernadores y el jefe de gobierno porteño repasaron en los últimos días los reclamos que el martes al mediodía le plantearán al presidente Javier Milei. Todo gira en torno a los recursos. Ya le hicieron un adelanto al ministro del Interior, Guillermo Francos, en la reunión preparatoria: devolución de la quita por el impuesto a las ganancias, reactivación de los giros por fuera de la coparticipación, nuevas obras públicas, transferencias de la Anses a las cajas de jubilación.
La vuelta atrás en las modificaciones del impuesto a las ganancias pareciera estar encaminada. Para los gobernadores es clave volver a instaurar el impuesto para recuperar los fondos recortados de la coparticipación. De los giros arbitrarios, es decir, aquellos que dispone el Ejecutivo sin ningún parámetro objetivo, el ministro Luis Caputo dijo que se reducirán al “mínimo”. Los gobernadores quieren saber qué significa eso. Con el proyecto de blanqueo también están expectantes: si se coparticipan los impuestos incluidos, suman recursos. Y sobre la obra pública, quieren precisiones de qué piensa hacer la Nación.
Entre los giros arbitrarios está el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FFF) para Buenos Aires, que lleva ejecutados este año $213.000 millones, las transferencias de la Anses a 13 cajas previsionales no transferidas y el Fondo de Incentivo Docente. Los tres ítems representan a hoy 36,5% del global, que suma $1,6 billones en lo que va del año.
El FFF fue creado por el decreto 735/2020 y se alimenta del recorte de alícuota de coparticipación a CABA; desde entonces aparece en los presupuestos nacionales. Para este año estaban pautados $199.166 millones, cifra que fue superada. En las últimas horas, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno y homque bre de confianza de Axel Kicillof, no descartó cuasimonedas. En el juego de presiones entre la Nación y las provincias, la emisión de cuasimonedas es un argumento al que echan mano los gobernadores. La experiencia argentina muestra que una vez que un distrito avanza, el efecto es dominó. Claramente, la eliminación del FFF tendría un fuerte impacto político.
“No te confíes en los gobernadores peronistas”, advirtió el diputado radical Rodrigo de Loredo al presidente Javier Milei. Habló en función de la experiencia de la administración macrista. Un funcionario provincial que participó en aquellos años de las repetidas reuniones en el CFI –cuando el ahora mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, era ministro del Interior– asegura que había “cierta ingenuidad” por parte de la Nación.
“Hay que tener la rienda corta, no abrir una cuenta general”, desliza. A modo de ejemplo menciona el Consenso Fiscal 2017, cuando los mandatarios consiguieron que se fijara un tope de Ingresos Brutos más alto que, en general, tenían las alícuotas. “¿Qué pasó? Terminaron subiendo la carga”.
La declaración del riojano Ricardo Quintela encendió luces amarillas: advirtió a senadores y diputados que si apoyan este proyecto no sabe “con qué cara” van a volver a sus territorios. Entre los libertarios e incluso otros mandatarios, no descartan que el kirchnerismo duro esté detrás de esa declaración. Anticipó lo que está pasando ahora en el Congreso, donde el peronismo resiste la reinstauración de Ganancias y quiere reflotar la idea de coparticipar la mitad del impuesto al cheque, lo que es resistido por la Nación porque descalza a la Anses. En el caso del Fondo de Incentivo Docente, creado por ley en 1998, va a los salarios de los maestros. Para eliminarlo, la aprobación la debe dar el Congreso y, además, abriría un enfrentamiento con los docentes. Este año representa 17,2% del global de transferencias no automáticas.
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