TENSIÓN, CLAVES AMERICANAS Y A CONTRAMANO DEL MUNDO

Conflicto universitario: cuántos estudiantes tienen las universidades públicas nacionales y cuál es la más concurrida
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, dijo ayer que las casas de altas estudios inventan alumnos; críticas de sectores educativos y la opinión de expertos
Luján Berardi
La facultad de Derecho de la UBA, una de las carreras con más alumnos
A dos días de la marcha federal en defensa de la educación pública, la puja entre el Gobierno y los claustros universitarios públicos sigue tomando impulso. En medio de este contexto, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, avivó el fuego ayer, cuando en diálogo con Radio Rivadavia dijo que las universidades “inventan alumnos”, lo que fue cuestionado desde algunos sectores educativos.
“Hay aproximadamente 600.000 alumnos en universidades nacionales —incluida la Universidad de Buenos Aires (UBA)— que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no”, dijo, y remarcó, con base en eso, que “los fondos se reparten de acuerdo a la cantidad de estudiantes”. Con esta acusación buscó hacer foco en que, para el Gobierno, las universidades no quieren recortar gastos, por lo que “inventan alumnos”. Además, precisó que se trataría del 38% de los estudiantes.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, aseguró que las universidades inventan alumnos para calcular el presupuesto
Para abordar la situación deben observarse los siguientes números: hoy existen 65 centros universitarios que forman parte de la gestión estatal y que acaparan a la mayoría del estudiantado. Hasta 2022 —último año al que llega la información disponible—, de 2.540.673 alumnos universitarios, considerando grado y pregrado, 2.030.463 pertenecen a universidades e institutos públicos. Estos representan el 79,9%, de acuerdo a datos que surgen de un pedido de Acceso a la Información Pública realizado por LN Data.
Total de alumnos en universidades públicas nacionales



Las universidades públicas con más alumnos de grado y pregrado en 2022


Sin embargo, fuentes de la secretaría de Educación dijeron que el dato al que hizo referencia Torrendell fue obtenido a través del sistema SIU Guaraní, administrado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y comentaron: “Del total de alumnos registrados en sistema para 2022 (1.749.136), solo el 40,6% era alumno regular (710.466), el 20% tenía una materia aprobada o menos (367.299) y un hay llamativo 38,4% de alumnos sobre los que no se tiene información (671.372). No sabemos si van a tomar clases o qué hacen dentro de la Universidad”.
De estos valores surge una diferencia con el número anterior que supera los dos millones. Desde la cartera explicaron que esto se debe a “cómo se toma el universo”, es decir, si se contabilizan alumnos de pregrado [carreras que duran hasta dos años, como las tecnicaturas] o de extensión [especializaciones]. Según explicaron, entonces, el dato inferior que manejan en la secretaría responde a que se refieren exclusivamente a quienes están anotados en carreras de grado de universidades nacionales. Esto significa que en la cuenta “no entran ni universidades provinciales, ni institutos, ni pregrado”.
Por otro lado, el pedido de acceso a la información mostró que dentro del sector público la UBA se posiciona como la más concurrida: hasta el mismo año del último relevamiento hubo un total de 347.280 alumnos inscriptos. En el ranking la siguen la Universidad Nacional de Córdoba (con 169.374) y la Universidad Nacional de La Plata (con 112.996).
Ranking de facultades de la Universidad de Buenos Aires con más alumnos de grado y pregrado 2022

Fuente: Pedidos de acceso a la información pública al ex Ministerio de Educación y Ministerio de Capital Humano (2023)
Por la controversia que generaron los comentarios del secretario, Danya Tavela, diputada nacional por la UCR, se expresó en respuesta a las afirmaciones de Torrendell. Tavela, quien también se desempeñó como secretaria de Políticas Universitarias de la Nación entre 2017 y 2018, durante el mandato presidencial de Mauricio Macri, señaló a través de sus redes sociales que la información concerniente a los alumnos universitarios se encuentra producida por el mismo sistema web al que hizo referencia la secretaría de Educación, el SIU Guaraní.
De hecho, también fuentes de la UBA respondieron, al ser consultadas, que los datos están en el sistema, y que “hay mucha ‘cooperación’ entre el ministerio y las universidades nacionales para intercambiar datos”.
Por su lado, la diputada sostuvo, en diálogoque la información que dio el funcionario responde a una falta de conocimiento total. “Se ve que no tiene acceso a la información. Desde los 90, con la Ley de Educación Superior, se creó el Sistema de Información Universitaria [SIU], que tiene diferentes métodos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Lo más importante es el de alumnos”. Este sistema releva y procesa datos y estadísticas del sistema universitario, como se explica en la página oficial.
Los estudiantes deben anotarse, cargar su DNI, que pasa a ser su número identificador dentro de la universidad. “Entonces, imaginate 600.000 personas organizadas para ‘truchar’ eso. No existe. Los dos millones y pico de alumnos que tiene el sistema universitario nacional están inscriptos en el SIU Guaraní, y esa información la tienen las autoridad públicas. En la página argentina.gob.ar se levanta el anual estadístico donde se publica esa información. Lo que están diciendo no existe”, agregó.
Marcelo Rabossi, especialista en educación superior, docente de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) e investigador visitante en la Universidad de Nueva York, opinó: “Yo creo que lo que Torrendell está tomando, y estoy especulando porque ellos lo han dicho de manera potencial, es la cantidad de alumnos que se reinscriben al año siguiente sin haber aprobado ninguna materia”.
De esta manera, consideró: “Tal vez ellos estén proyectando ese número diciendo que son alumnos que no existen. Y ahí tenés un problema, porque es cierto que hay muchos alumnos que van a la universidad porque el ingreso es irrestricto, y por ahí pasan, se anotan y no van nunca. O algún otro porcentaje de alumnos que va, cursa, pero después no da el final. No necesariamente quiere decir que esa cantidad de alumnos no está o no existe, sino que por ahí simplemente se anotó y no fue nunca. Pero no creo que siga esas cifras de 600.000 alumnos o el 38%. Ahí me parece que está la cuestión”.
También recalcó que el problema surge porque la universidad no lleva un registro demasiado claro de sus alumnos. Según el especialista, esto abre a especulaciones de todo tipo, que generan un “cuestionamiento atendible” por el cual el Gobierno acusó a las universidades de evadir la información y no rendir cuentas: “Cuando vos ingresás a los datos de la universidad, inclusive los de la subsecretaría, la información es bastante escasa. Yo creo que eso abre las puertas para sospechar, o sea, el Gobierno sospecha de las universidades, las universidades sospechan del Gobierno”.
Y agregó: “Entonces, esta declaración de que casi 4 de cada 10 alumnos no existirían, me parece que es muy fuerte, pero las universidades no llevan un registro demasiado ordenado, y si lo llevan, no lo dan a conocer públicamente. Hay un gran desorden de la información”. Y aunque puede haber una sobrerepresentación de alumnos con esta base de análisis, enfatizó que el número que arrojó Torrendell le parece “demasiado exagerado”.
Disputa por el presupuesto
Siguiendo con la disputa, Tavela se refirió al cálculo polinómico con el cual se establecería el presupuesto según el secretario de Educación, y aclaró que hoy no se utiliza ese método: “No se hace ninguna polinómica para calcular el presupuesto. El cálculo presupuestario que se hace es: al del año anterior, se le suman las paritarias y algún tipo de actualización que se haya dispuesta para gastos. Nosotros quisimos que se utilizaran por ley estas otras fórmulas y lo propusimos en la Ley de Financiamiento Universitario, pero La Libertad Avanza y el kirchnerismo votaron en contra”. Según ese modelo polinómico, que se utilizó en otras ocasiones, se consideran variables para el cómputo presupuestario, como la cantidad de alumnos, hospitales, tipo de materia, tipo de carrera, los metros cuadrados del establecimiento, laboratorios y más. A los alumnos que no rindieron materias, aseguró, se los “expulsa del cálculo”, porque no están activos. “No se los toma para ver la cantidad de alumnos que están realmente activos”, remarcó.
Esa “expulsión” se realiza sacando un promedio de deserción estimada, que luego se resta al número total de ingresantes. “Si la UBA tiene 80 millones de ingresantes, y el promedio es cerca del 40% de deserción, ese número se limpia del primero”, ejemplificó.
A su vez, se explayó sobre el financiamiento, y resaltó que este no va destinado solamente a las altas casas de estudio, sino a todo el sistema, que incluye las escuelas secundarias que dependen directamente de las universidades nacionales. Casos conocidos son el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la UBA, pero existen más de 63 establecimientos en las mismas condiciones.
Facultad de Economía de la UBAUBA
En medio del tire y afloje, el claustro de docentes y no docentes públicos universitarios se prepara para la marcha federal del miércoles 2 de octubre, luego de que el ministerio de Capital Humano intentara intermediar en la disputa ofreciendo un aumento salarial del 6,8%, pese a que desde los gremios aducen un atraso del 50% sobre la base de la inflación acumulada en lo que va del año.
Pero además de las paritarias, la movilización apunta a pedir la recomposición del financiamiento para que las universidades, especialmente la UBA, puedan seguir funcionando con normalidad después de fin de año. Como afirmó Ricardo Gelpi, rector de la institución, en una entrevista que brindó a este medio la semana pasada, esto corre peligro si no se acomodan los números: “Lo que yo avizoro es que va a haber un decaimiento gradual de todas las actividades de la UBA, que son docencia, investigación, extensión, los hospitales. Eso va a pasar en varios meses, no vamos a caer la semana que viene. Ahí se verá si el Gobierno reacciona y cambia de posición”.

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Señales preocupantes en México
Andrés Oppenheimer


La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha enviado señales preocupantes días antes de asumir su cargo: asustó a los inversionistas apoyando una controvertida reforma judicial, respaldó una innecesaria disputa con España e invitó a los dictadores de Cuba y Venezuela a la toma de posesión, que se hará hoy. Sheinbaum, quien fue la candidata del actual presidente populista Andrés Manuel López Obrador, difícilmente puede darse el lujo de pelearse con los inversores o con los principales socios comerciales de México.
En parte por la ineptitud del presidente saliente, el crecimiento económico de México ha sido recientemente rebajado por el banco central del país a un magro 1,5% en 2024 y un 1,2% en 2025. Más importante aún, México deberá empezar negociaciones el año próximo para actualizar su tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que vence en 2026. Más del 80% de las exportaciones de México van al mercado estadounidense.
Sheinbaum debería por lo menos haber guardado silencio sobre la reforma judicial de López Obrador. La reforma le dará de hecho al gobierno el control del Poder Judicial, lo que ha provocado temores de los inversionistas de que no tendrán protección legal contra posibles expropiaciones u otras medidas que consideren injustas.
En lugar de mantenerse callada al respecto, Sheinbaum apoyó con entusiasmo la reforma judicial, incluso después de que la agencia de riesgo crediticio Moody’s y grandes bancos como Morgan Stanley advirtieran que podría ahuyentar las inversiones. El embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, ha dicho que la reforma judicial “amenaza la histórica relación comercial” entre México y EE.UU. En una entrevista la semana pasada, el presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, de la izquierda radical del partido gobernante Morena, me dijo que “los inversionistas no tienen nada que temer” sobre la reforma judicial.
Pero el hecho es que, independientemente de lo que digan las autoridades mexicanas, los inversionistas creen mucho más en lo que les dicen las agencias crediticias y los medios financieros. The Wall Street Journal reportó que la reforma judicial podría hacer que las multinacionales congelen unos 35.000 millones de dólares en inversiones planeadas en México. En cuanto a las invitaciones de Sheinbaum a varios dictadores, son difíciles de explicar: la presidenta electa invitó a los autócratas de Cuba, Venezuela y Rusia, pero no extendió invitaciones al rey de España ni a los presidentes constitucionales de Ecuador y Perú.
El presidente ruso, Vladímir Putin, ya ha dicho que no podrá asistir, y enviará a un alto funcionario en su lugar. El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aceptó la invitación, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, al momento de escribir estas líneas aún no ha confirmado su asistencia. Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI de España porque no respondió a una carta de López Obrador de 2019 en la que el presidente mexicano exigía que España pidiera una disculpa por los crímenes cometidos durante la Conquista. El gobierno español respondió que la exclusión del rey es “absolutamente inaceptable” y que no enviará ninguna delegación oficial a la investidura de Sheinbaum.
¿Tiene sentido que Sheinbaum excluya al rey español por agravios de hace 500 años y, al mismo tiempo, les dé una bienvenida de alfombra roja a los dictadores de Cuba y Venezuela, que están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos en la actualidad? Por supuesto que no. Sin embargo, Sheinbaum asumió como propia la absurda pelea de López Obrador con España, afirmando que la negativa española a pedir perdón por sus abusos durante la Conquista es una ofensa al pueblo mexicano.
Igual de inconsistente, si no más, es el hecho de que Sheinbaum no haya invitado a los presidentes elegidos constitucionalmente de Ecuador y Perú. López Obrador ha afirmado falsamente que no son legítimos, y Sheinbaum ha respaldado esa narrativa. Sorprendentemente, la lista de invitados a la inauguración de Sheinbaum sugiere que la nueva presidenta considera a los dictadores de Cuba y Venezuela más legítimos que los presidentes de Ecuador y Perú. Eso es ridículo. Por más difícil que sea políticamente para ella, debería tomar cierta distancia de su predecesor y centrarse en atraer inversiones y reducir la pobreza.

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Los costos de disociarse en política exterior
Julio Cobos
En el siglo XVII se libró en Europa la Guerra de los 30 Años, que enfrentó a protestantes (reformistas) y católicos (contrarreformistas). Francia, que se había mantenido neutral, apoyó a los reformistas no por convicción religiosa, sino por razones de Estado. El hombre detrás de esta maniobra no fue otro que el cardenal Richelieu, quien promovió esto para priorizar los intereses nacionales. Esta guerra general por toda Europa concluyó con la Paz de Westfalia, en 1648, y surgieron los Estados nacionales tal como los conocemos hoy.
Este ejemplo y la historia en general nos enseñan que los países, en materia de política exterior, se deben guiar por intereses nacionales y no por ideologías personales. Esto es fundamental, máxime teniendo en cuenta que las decisiones que adopta y las palabras que pronuncia una gestión de gobierno generan consecuencias que muchas veces la trascienden, por eso es tan importante la visión a largo plazo.
Lamentablemente, el domingo 22 de septiembre, durante el 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno nacional se ausentó de la votación del Pacto para el Futuro, desoyendo uno de los principales ejes rectores de política exterior.
El Pacto para el Futuro es un acuerdo multilateral por el cual un gran número de países se comprometen a llevar a cabo acciones que impulsen el desarrollo sostenible, a poner a los jóvenes en el centro del cambio, a priorizar los derechos humanos, la ciencia y sus interrelaciones; expresa una línea de intenciones nobles y marca una hoja de ruta. Las cinco grandes áreas de interés del pacto son desarrollo sostenible; paz y seguridad internacionales; ciencia y tecnología; juventud y generaciones futuras, y transformación de la gobernanza mundial. El Pacto para el Futuro es una buena oportunidad para rediseñar el sistema multilateral y dirigir a la humanidad hacia un nuevo rumbo para cumplir los compromisos existentes y resolver los retos a largo plazo.
143 países votaron a favor, 7 en contra, 15 se abstuvieron y 28 se ausentaron de la votación, se “disociaron”, en palabras de la canciller Diana Mondino. Algunos de los que votaron a favor son Estados Unidos, Brasil, Chile, Alemania, Japón, Italia, Francia, Sudáfrica y el Reino Unido. Entre los 7 que votaron en contra: Rusia, Corea del Norte o Nicaragua. El grupo de los 28, que integra la Argentina, está compuesto, entre otros, por Venezuela y Afganistán.
En un par de ocasiones, el presidente Javier Milei ha dicho que “los países más libres son 12 veces más ricos que los países reprimidos”; veamos entonces cómo votaron los países más libres y cómo los “países reprimidos”, para saber dónde nos colocan este tipo de decisiones.
Si tomamos como base el Índice de Libertad Económica de 2023, los países ubicados en el top 20, en su totalidad aprobaron el Pacto para el Futuro. Hay que ir hasta el puesto 38 para encontrar a Samoa como el primer país en el ranking que no lo aprobó. Esta isla de la Polinesia, cuya población es inferior a la del departamento de Guaymallén o el municipio de Lanús, pareciera compartir los intereses nacionales con nuestro país en lo que respecta a los próximos 21 años. Cabe precaso guntarle al Presidente o a la canciller cuáles son exactamente los beneficios para la Argentina de “disociarse” del mundo libre.
Nuestra política exterior debe alinearse de tal manera que podamos ingresar a organismos como la OCDE, y a su vez incorporar este tipo de acuerdos, que reafirman las mejoras en la gobernanza global. Podemos disentir en las formas y criticar aspectos, pero lo que no podemos es ir a contramano de nuestra propia historia y de lo que representa la inserción de la Argentina en el mundo.
En un mundo que se debate entre más nacionalismo o más cooperación internacional, creemos firmemente que estos esfuerzos de diversas naciones ayudan a sacar del estancamiento y del abismo al multilateralismo, en un momento crucial de la humanidad.
La decisión del Gobierno ha colocado a la Argentina del lado de gobiernos autocráticos que poca relación tienen con nuestro interés nacional y nuestra larga tradición en política exterior. Ojalá que no sea tarde para revertir los costos de disociarse.

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TENSIÓN , CONFLICTO SOCIAL

Definen el plan para evitar cortes en la marcha piquetera
Las fuerzas federales actuarán en los accesos y si la policía porteña es superada

Matías MorenoEl Polo Obrero anticipó que cortará las calles el miércoles, en desafío a las medidas oficiales
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, definió con la ciudad de Buenos Aires el operativo policial con el que, ante la marcha piquetera de pasado mañana, se intentarán aplicar por primera vez límites a los cortes de calles.
Las fuerzas federales actuarán como soporte de la policía porteña en edificios públicos y accesos a la ciudad de Buenos Aires. El plan contempla que se desplieguen si los efectivos de la Capital Federal son desbordados. También revisarán vehículos y evitarán que haya manifestantes con el rostro cubierto.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se prepara para poner en marcha un complejo operativo para garantizar que la marcha convocada para el miércoles en la Capital por organizaciones sociales y de la izquierda contra el plan de ajuste que dispuso la gestión de Javier Milei transcurra sin cortes de tránsito ni actos violentos en las calles.
La protesta social del 20 de diciembre, que tendrá como epicentros el Congreso y la Plaza de Mayo, será la primera manifestación de magnitud que se desarrollará desde que Bullrich oficializó el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas federales para impedir bloqueos en la vía pública. Habrá un trabajo coordinado para armar el esquema de seguridad entre los equipos de Jorge Macri, que estará al mando del operativo en el territorio porteño, y los efectivos comandados por la cartera de Bullrich, que actuarán como soporte de la Policía de la Ciudad y tendrán un papel estratégico en las zonas, edificios públicos o vías de la Capital que están bajo jurisdicción federal.
En un clima social tenso por las medidas para reducir el gasto público frente a la crisis inflacionaria, Bullrich lidia con el desafío de exhibir resultados en el debut de la nueva doctrina frente a las protestas. “Sabemos que es una de las pocas áreas donde Milei puede lucir un cambio en este arranque”, asumen cerca de la ministra.
Por eso, Bullrich buscó salir a marcarles la cancha a los piqueteros con su duro protocolo antibloqueos.
Según anticiparon fuentes de la cartera de Seguridad, las fuerzas federales brindarán apoyo a la popública porteña en los accesos a la Capital, como el Puente Pueyrredón o el Puente La Noria, y dispondrán estrictos controles en las estaciones de trenes para prevenir el eventual ingreso de manifestantes que circulen con el rostro tapado o porten palos u otros “elementos contundentes”.
Los efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería o la Prefectura que sean asignados al operativo solo intervendrán para liberar los cortes en caso de que el operativo de la Ciudad sea “desbordado” y las autoridades porteñas pidan asistencia a Bullrich. El nuevo protocolo antipiquetes prevé, entre otras medidas, que las fuerzas federales podrán actuar para despejar un bloqueo de la circulación sin esperar una orden judicial. Además, el gobierno de Milei advirtió que aplicará duras sanciones a los manifestantes que interrumpan el tránsito en la vía bajo el lema “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Por caso, el Presidente anticipó que les quitará la asistencia social a las personas que participen de los cortes de calles. El Ministerio de Capital Humano prepara medidas para instrumentar esas sanciones y sacar la intermediación de las organizaciones en el reparto de asistencia.
En la Casa Rosada repiten que no tolerarán la “extorsión” y que no habrá una postura concesiva con los líderes sociales si incumplen la ley. En la cartera de Seguridad anticipan que no caerán en las “provocación” de los piqueteros, pero que actuarán para defender a las fuerzas federales. Esa misma línea fijó Jorge Macri en la Ciudad. “Esperamos que no haya exaltaciones y que la gente entienda que puede marchar y protestar por la vereda. Hay un nuevo pacto social y necesitamos recuperar el orden”, remarca un interlocutor porteño de Bullrich.
Entre los funcionarios de Seguridad miran de reojo el clima en el vasto territorio del conurbano, donde sospechan que podría haber manifestaciones entre el martes 19 y miércoles 20, en un nuevo aniversario de la crisis de 2001. Hay inquietud por el ánimo que encontraron en el personal de las fuerzas –hablan de “falta de confianza”– y el estado de los recursos.
Dudas por infiltrados
En la cúpula del Gobierno se encendió una alarma por una versión de que presuntos “agentes venezolanos o cubanos”, que ya estarían residiendo desde hace tiempo en el país, podrían actuar como “infiltrados” en las protestas del miércoles para provocar disturbios. En la cartera de Seguridad negaron estar al tanto del trascendido, que preocupó a un alto funcionario, y dicen confiar en el accionar de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. La marcha del miércoles, en el estreno del nuevo protocolo contra los piquetes, será una primera prueba de fuego para Bullrich. Su objetivo es cristalizar un giro en la política de seguridad para mantener el control de las calles respecto de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “El primer día será difícil, pero esto se va a hacer o se va a hacer. Si no se logra el 100% el primer día, será el segundo o será el tercero. La Argentina se va a normalizar, se va a ordenar, esa es una decisión que no tiene marcha atrás”, manifestó el sábado en diálogo con Radio Mitre.
La coordinación con las autoridades porteñas, admiten cerca de Bullrich, será una de las claves para que el operativo del miércoles transcurra sin sorpresas. El jueves, después de presentar el protocolo antipiquetes, la ministra recibió a su par porteño, Waldo Wolff, en las oficinas de la cartera. Estuvo escoltada por Vicente Ventura Barreiro, su segundo en el área, y Federico Angelini. Del lado de la Ciudad, también asistieron Néstor Grindetti, jefe de gabinete de Jorge Macri, y Diego Kravetz, número dos de Wolff, quien quedó a cargo de la Policía de la Ciudad. Acordaron un trabajo coordinado para la marcha del miércoles, en la que los movimientos sociales aspiran a reunir unas 50.000 personas.
De hecho, Wolff y Kravetz ya trabajan bajo un fuerte hermetismo en un esquema de seguridad para evitar cortes de calles en el 20-D. Por ahora no dejaron trascender detalles del estricto operativo. En la Ciudad celebraban el sábado que lograron desalojar un acampe en la Plaza Lavalle sin incidentes. “El accionar que mostró la policía puede ser un anticipo del miércoles”, dijeron. Jorge Macri insiste en que solo permilicía tirá manifestaciones en la vereda.
En el equipo de Bullrich provocó malestar que Kravetz haya dicho que la Nación no los había convocado para debatir políticamente si era prudente o no presentar el protocolo antes de una fecha sensible como el 20 de diciembre, por el aniversario de la crisis de 2001, en la que hubo 39 muertes por la represión. “Hubo deslealtad. Estaba todo acordado”, bramaron en la cartera nacional.
Tras el cortocircuito, los equipos de Bullrich y de Jorge Macri buscaron aplacar los ánimos en las últimas horas. Ventura Barreiro, en representación de Bullrich, y Kravetz, encargado de la Ciudad, coordinarán las tareas para impedir bloqueos durante la multitudinaria manifestación del miércoles, que fue una promesa de campaña tanto de Pro como de los libertarios. Armarán una “mesa de operaciones” entre la Ciudad y la Nación. En principio, los funcionarios porteños buscarán un diálogo con los piqueteros para que no corten la circulación.
El vínculo con Kicillof
La nueva doctrina de Bullrich tiene injerencia solo en las rutas federales, por lo que cada provincia decide su protocolo para el mantenimiento del orden público. La Casa Rosada confía en que podrán aunar fuerzas con los gobernadores y el jefe porteño o consensuar lineamientos para combatir los piquetes en zonas de jurisdicción no federal. Para no violar la ley de seguridad interior, Bullrich requiere de un pedido de auxilio o un acuerdo con las provincias para intervenir con los efectivos de las fuerzas federales. Su estricto protocolo ya recibió fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales y de izquierda, quienes consideraron que vulnera el derecho a protestar. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura solicitó una reunión con la ministra por considerar que su doctrina “vulnera los límites que surgen del derecho internacional de los derechos humanos” y de la Constitución.
La ministra también tiene previsto verse esta semana con su par bonaerense, Javier Alonso, sucesor de Sergio Berni. Ya mantuvieron una charla telefónica en la que consensuaron trabajar en conjunto para combatir el narcotráfico en la provincia. En diálogo con Radio Splendid, Alonso remarcó que no conocía el nuevo protocolo y que tampoco fue parte de la “discusión”. “No voy a opinar de algo que no conozco en profundidad. Van seis días de gobierno. Vamos a esperar cómo suceden las cosas, a que la policía actué”, comentó.
En el bullrichismo admiten que será un reto complejo sintonizar con Axel Kicillof en materia de seguridad. Alonso repite que pretende lograr “una integración vertical” de los esfuerzos de seguridad. Es decir, la Nación, la provincia y los municipios. Además, quiere “fortalecer la interacción con las fuerzas federales y la Justicia”. “Los recursos humanos son escasos, pero vamos a poner todos los esfuerzos para cubrir las demandas”, anticipan en el Ministerio de Seguridad. El lunes todos los focos estarán en Rosario, epicentro de la violencia narco, donde Bullrich desembarcará para hacer anuncios junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La tragedia en Bahía Blanca por el temporal alteró la hoja de ruta.


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Los movimientos sociales frenan las obras de sus cooperativas
Se trata de pequeñas tareas de infraestructura que financiaba el Ministerio de Desarrollo

Federico González del Solar
“A fin de noviembre lo decidimos. Ya no teníamos plata. Los reunimos y les dijimos que ese era su último sueldo”. Liliana Aguirre está a cargo de una instalación eléctrica en hogares del barrio San Cayetano, partido de San Isidro. El proyecto de Aguirre, que emplea a más de 30 trabajadores, es una de los tantas obras públicas que las agrupaciones sociales realizan a lo largo y ancho del país en el marco de un programa que hasta el cierre de la gestión anterior dependía del Ministerio de Desarrollo Social, y que hoy, con el cambio de gobierno, entró en un compás de espera e incertidumbre. “Tenemos esperanza de que depositen lo que falta, pero lo veo difícil, y no podemos pedirles que trabajen gratis”, señala Aguirre.
El Programa de Obras Tempranas (POT), a cargo de la Secretaría de Integración Socio-Urbana (SISU), baja recursos y financiamiento a las organizaciones sociales para impulsar mejoras de accesibilidad y conectividad en los barrios postergados de todo el país. La Secretaría aprobó el primer tramo de la instalación eléctrica, y con la última auditoría de la gestión anterior se le dio luz verde al proyecto de Aguirre, que espera el desembolso de fondos y que, como tantos otros, aguarda definiciones. Por sí o por no.
“Trabajamos tres meses solamente. Estamos en un 20% de la obra y la tuvimos que frenar. Nos dicen que hay que esperar, pero ¿hasta cuándo? No hay ningún tipo de respuesta. Entonces nosotros tampoco tenemos respuestas para darle a la gente, que es lo que queremos. Que nos digan no y nosotros hablamos, o ‘sí, seguimos’, pero no hay respuestas”, cuenta.
El número de trabajadores varía según la magnitud de la obra, pero siempre reúne a entre 20 y 30: un oficial de obra, ayudantes, serenos, pañoleros, un “sociocultural” –el agente que enlaza el programa con el barrio– y un arquitecto, responsable técnico. Los sueldos, por cinco jornadas de ocho horas, varían entre los 100.000 y los 130.000 pesos. “Nada, pero es un sustento”, explican.
“Hacemos veredas, cordón cuneta e instalaciones de agua, cloaca y electricidad”, explica el arquitecto Felipe de los Santos, que desde Libres del Sur, una agrupación con alcance nacional, pudo darle término a una obra en el barrio Los Hornos, partido de La Plata, pero no así a la que ejecuta en Montegrande, Esteban Echeverría, cuya finalización estaba prevista para febrero. “Mucha gente contaba con un sueldo por lo menos hasta marzo”, explica Aguirre. “Según lo dijo el ministro de Economía, las obras que ya estaban en ejecución se iban a continuar, pero todavía no hay ninguna definición”, agrega de los Santos.
“No hay ninguna indicación de congelar ni de frenar nada”, comparte uno funcionario de Juntos por el Cambio que en los últimos días se sumó al armado de Pablo de la Torre, al mando de la Secretaría de Niñez y Familia. “Todavía no vimos ni los expedientes”, afirma otro, cuyo cargo todavía no fue oficializado. Por fuera de la incertidumbre que rodea al financiamiento, también hay dudas sobre el destino de la SISU: podría recaer bajo el ministro Guillermo Ferraro, en la cartera de Infraestructura, o quedar bajo el ala de Sandra Pettovello, a cargo del Ministerio de Capital Humano.
“No tenemos ninguna garantía de continuidad en la obra. Muchos barrios dependen de esto. Muchas obras que quedaron abiertas y son lugares en que se intervino porque cuestiones de riesgo”, explica Gastón Reyes, encargado de monitorear las obras que lleva adelante el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “Con el cierre de gestión se frenaron los circuitos administrativos”, agrega Hernández, su par de Libres del Sur.
Otra de las preocupaciones que se ciernen sobre las organizaciones sociales son los comedores, un frente de contención que ralentiza el avance de la crisis. “En algunos ya no podemos anotar a más gente. Empezó a haber una demanda muy alta que no podemos satisfacer”, señala Hurtado. Su agrupación lleva un registro de quienes se acercan a estos centros de asistencia con que realizan un seguimiento en el peso, la talla y la nutrición de los chicos. Estos centros de asistencia vienen golpeados en los últimos años porque, en medio de la crisis sostenida, los recursos del Estado bajaron con intermitencia.
“No tenemos desnutridos, tenemos malnutridos”, explica Aguirre, en alusión a la harina, que compone casi en su totalidad la pirámide nutricional en los comedores y merenderos. La carne y la verdura corren por cuenta casi exclusiva de los trabajadores que como contraprestación del Plan Potenciar Trabajo sostienen los comedores.
“Hace más de un año que también vienen adultos pidiendo comida para sus casas. Hace tiempo que el salario no alcanza. Se acercan jefas y jefes de familias para ahorrarse esa comida”, afirma. “Si los números de [Luis] Caputo son reales, vamos a recibir un ejército de personas. No hay manera de bancar esto”, proyecta Hurtado. “Muchos comían en el comedor del colegio –agrega Aguirre–, pero ahora se terminan las clases”

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Los gobernadores preparan una lista de pedidos de fondos para Milei
Lo pasaron en limpio en el grupo de WhatsApp que comparten; amenazan con emitir cuasimonedas

Gabriela OrigliaMin. de interiorEl ministro Francos, el viernes, con los gobernadores
CÓRDOBA.– En su reservado grupo de WhatsApp, los gobernadores y el jefe de gobierno porteño repasaron en los últimos días los reclamos que el martes al mediodía le plantearán al presidente Javier Milei. Todo gira en torno a los recursos. Ya le hicieron un adelanto al ministro del Interior, Guillermo Francos, en la reunión preparatoria: devolución de la quita por el impuesto a las ganancias, reactivación de los giros por fuera de la coparticipación, nuevas obras públicas, transferencias de la Anses a las cajas de jubilación.
La vuelta atrás en las modificaciones del impuesto a las ganancias pareciera estar encaminada. Para los gobernadores es clave volver a instaurar el impuesto para recuperar los fondos recortados de la coparticipación. De los giros arbitrarios, es decir, aquellos que dispone el Ejecutivo sin ningún parámetro objetivo, el ministro Luis Caputo dijo que se reducirán al “mínimo”. Los gobernadores quieren saber qué significa eso. Con el proyecto de blanqueo también están expectantes: si se coparticipan los impuestos incluidos, suman recursos. Y sobre la obra pública, quieren precisiones de qué piensa hacer la Nación.
Entre los giros arbitrarios está el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FFF) para Buenos Aires, que lleva ejecutados este año $213.000 millones, las transferencias de la Anses a 13 cajas previsionales no transferidas y el Fondo de Incentivo Docente. Los tres ítems representan a hoy 36,5% del global, que suma $1,6 billones en lo que va del año.
El FFF fue creado por el decreto 735/2020 y se alimenta del recorte de alícuota de coparticipación a CABA; desde entonces aparece en los presupuestos nacionales. Para este año estaban pautados $199.166 millones, cifra que fue superada. En las últimas horas, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno y homque bre de confianza de Axel Kicillof, no descartó cuasimonedas. En el juego de presiones entre la Nación y las provincias, la emisión de cuasimonedas es un argumento al que echan mano los gobernadores. La experiencia argentina muestra que una vez que un distrito avanza, el efecto es dominó. Claramente, la eliminación del FFF tendría un fuerte impacto político.
“No te confíes en los gobernadores peronistas”, advirtió el diputado radical Rodrigo de Loredo al presidente Javier Milei. Habló en función de la experiencia de la administración macrista. Un funcionario provincial que participó en aquellos años de las repetidas reuniones en el CFI –cuando el ahora mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, era ministro del Interior– asegura que había “cierta ingenuidad” por parte de la Nación.
“Hay que tener la rienda corta, no abrir una cuenta general”, desliza. A modo de ejemplo menciona el Consenso Fiscal 2017, cuando los mandatarios consiguieron que se fijara un tope de Ingresos Brutos más alto que, en general, tenían las alícuotas. “¿Qué pasó? Terminaron subiendo la carga”.
La declaración del riojano Ricardo Quintela encendió luces amarillas: advirtió a senadores y diputados que si apoyan este proyecto no sabe “con qué cara” van a volver a sus territorios. Entre los libertarios e incluso otros mandatarios, no descartan que el kirchnerismo duro esté detrás de esa declaración. Anticipó lo que está pasando ahora en el Congreso, donde el peronismo resiste la reinstauración de Ganancias y quiere reflotar la idea de coparticipar la mitad del impuesto al cheque, lo que es resistido por la Nación porque descalza a la Anses. En el caso del Fondo de Incentivo Docente, creado por ley en 1998, va a los salarios de los maestros. Para eliminarlo, la aprobación la debe dar el Congreso y, además, abriría un enfrentamiento con los docentes. Este año representa 17,2% del global de transferencias no automáticas.

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TENSIÓN

Fernández recibió a una firma china y generó inquietud en EE.UU.
Representantes de una empresa portuaria visitaron al Presidente y en Washington temen que el Gobierno la favorezca en una próxima licitación para controlar la Hidrovía
Jaime RosembergFernández, ayer, junto a directivos de Wuhan Yangluo Port Service y diplomáticos chinos
El anuncio de la reunión, en plena Casa Rosada, encendió alarmas y confirmó los temores de Estados Unidos y países aliados sobre la creciente influencia china sobre la Argentina, en este caso vinculada al control de la Hidrovía ParanáParaguay, por la que pasa el 80 por ciento de la producción agroexportadora del país.
El presidente Alberto Fernández se reunió ayer en su despacho de Balcarce 50 con directivos de la empresa china Wuhan Yangluo Port Service Co. Ltd., dedicada a servicios portuarios en la terminal de la ciudad de Wuhan. La compañía está además dedicada a la “importación y exportación de bienes, manejo de carga, servicios de almacenamiento, servicios de información de transporte, inversión en proyectos de infraestructura de transporte, servicios inmobiliarios, desarrollo inmobiliario, administración de propiedades”, según informa en sus redes sociales.
Puntual y sonriente, el Presidente ingresó raudo en la Casa Rosada junto a la portavoz Gabriela Cerruti, quien lo acompañó en el encuentro con los empresarios chinos y funcionarios de la embajada de ese país en la Argentina.
En el comunicado oficial, el Gobierno informó que en la reunión “se analizaron las oportunidades de negocio y el desarrollo de inversiones en el país en materia de turismo”. Precisaron además que “el mandatario dialogó con los ejecutivos sobre la posibilidad de establecer vuelos directos entre ambos países e implementar una billetera virtual en la Argentina para el turismo proveniente de China, así como otras oportunidades de inversión”. El presidente de la empresa, Xu Baowei, encabezó la delegación visitante.
De inmediato, las miradas viraron hacia la Administración General de Puertos (AGP), la empresa estatal que actualmente administra la Hidrovía, mientras la empresa belga Jan de Nul está a cargo del dragado y balizamiento de la vía navegable troncal, por la que los productos llegan y salen de los puertos argentinos. Fuentes cercanas a la AGP, que dirige el técnico del Instituto Patria José Beni, se desligaron del encuentro y agregaron que no conocían los antecedentes de la empresa.
Un mes atrás, los embajadores Marc Stanley (Estados Unidos) y Karl Dahene (Bélgica) se fotografiaron frente a una enorme draga de Jan de Nul ubicada en la provincia de Corrientes, en un guiño interpretado como advertencia de ambos países ante el avance chino en la Hidrovía. Un avance que tuvo, en 2021, la presentación de la empresa estatal china China Communications Construction Company (CCCC), incluida dentro de una unión transitoria de empresas (UTE) para la licitación de la Hidrovía, rechazada por la AGP por falta de antecedentes. El dragado y balizamiento continuó, cautelar judicial mediante, en manos de Jan de Nul, aunque la AGP (una de las pocas empresas estatales que dan superávit) quedó como encargada del estratégico cobro de peajes a las embarcaciones.
Preocupación de EE.UU.
Existe cierta preocupación en los Estados Unidos sobre la posibilidad de que Alberto Fernández, antes de abandonar la gestión, encargue por decreto a la AGP una nueva licitación que habilite a China a volver a la carga por el negocio que significa el manejo de la autopista fluvial. Por el momento, es el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), con sede en Rosario y creado hace dos años, el encargado de llevar adelante la nueva licitación, que tiene plazos vencidos desde hace más de dos años.
Más allá de la Hidrovía, la preocupación de Estados Unidos se extiende a rubros como la pelea por la eventual llegada del 5G en telecomunicaciones o la intención de China de venderle al país aviones de combate, un tema discutido por el ministro de Defensa, Jorge Taiana, con representantes de las dos potencias –por separado– que hoy compiten por la hegemonía mundial.
En su intención de avanzar en el esquema portuario argentino –es el principal operador en el puerto de Paranaguá, en el sur de Brasil, a través de tres empresas, y ya intentó en el pasado reciente quedarse con el puerto de aguas profundas en la localidad bonaerense de Punta Indio–, China cuenta como aliado al embajador argentino en Pekín, Sabino Vaca Narvaja.
“En tres o cuatro años, China va a desplazar a Brasil y se convertirá en el principal socio comercial de la Argentina”, dijo Vaca Narvaja en febrero del año pasado luego de la visita presidencial a China, parte de una gira que incluyó el recordado paso de Fernández por Rusia y su promesa a Vladimir Putin de convertirse en la “puerta de entrada” para Moscú en la región.
Necesitado de dólares para reforzar las reservas internacionales, y en plena batalla contra la inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, planea un viaje a China para el próximo lunes 29, con dos objetivos: ampliar el swap (intercambio) de monedas y lograr la autorización de los Brics (el bloque integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para la llegada de préstamos al país.

TENSIÓN

Cortes y polémica: por qué Edesur se convirtió en la oveja negra de las eléctricas
La distribuidora arrastra viejos problemas desde la privatización, como el hecho de haber heredado una red más vieja; complicaciones en la gestión y distintas decisiones de inversión la llevaron a diferenciarse de Edenor
Diego Cabot

Hace poco más de 30 años, la Argentina decidió partir en siete una de las empresas públicas eléctricas más grandes del mundo: Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires). Esa firma, que manejaba la generación, el transporte y la distribución, se desmembró y se convirtió en una de las primeras privatizaciones. En 1992, la última parte del cable, la distribución, se dividió en tres y entonces nacieron Edenor, Edesur y Edelap.
Las tres fueron las únicas que quedaron bajo el ala regulatoria de la Nación hasta que, en 2011, Edelap se provincializó. Desde hace 30 años, Edenor y Edesur caminan juntas. Hoy, con cortes en el suministro de alrededor del 0,3% de sus clientes, una está al margen de cualquier disputa y usada como ejemplo, mientras que la otra quedó en el medio de una fuerte polémica, con amenazas de estatización, multas y sanciones.
La pregunta que surge es qué pasó y cómo fue que ambas compañías caminaron por distintos caminos pese a tener la misma regulación y un similar cuadro tarifario. Las respuestas son varias, pero esencialmente se resumen en tres: una herencia de Segba muy distinta, un entramado urbano diferente y dos culturas empresarias que no se parecieron jamás.

Ahora bien, ¿qué tan distintas son? Edenor tiene un área de concesión de 4637 kilómetros cuadrados (18 municipios de la zona Oeste y Norte del gran Buenos Aires, además de un tercio de la Ciudad de Buenos Aires) donde viven algo más de 9 millones de habitantes. En ese territorio están instalados 3.320.748 medidores que son manejados y controlados por 4776 empleados.
Su prima hermana, Edesur, es algo más pequeña. Y quizá en la mirada de los números finos esté el principio de la explicación. La distribuidora se extiende en un territorio de 3309 kilómetros cuadrados donde hay 2.678.916 clientes. Claro que en esa área de la concesión viven más de 10 millones de personas que habitan 12 municipios (la mayoría de la zona sur del Gran Buenos Aires). También bajo la concesión de la compañía, donde trabajan 3500 empleados, se sirve a dos tercios del territorio porteño, todo el sur y el oeste de la CABA. De esta primera comparación surge algo: menor territorio y mayor densidad de población.
Pero tres fuentes que conocen el sector y que fueron o son funcionarios de esas compañías contaron que hay algunas diferencias de origen que determinaron la situación actual. “La red de la zona sur que heredó Edesur es mucho más vieja. No se puede comparar Barracas, La Boca o Parque Patricios con Núñez, Belgrano o Palermo. Las instalaciones de estos barrios del norte porteño son mucho más nuevas que las del sur. Tampoco es comparable el corredor norte del conurbano bonaerense con el sur. Son totalmente distintos. Solo se podría comparar una parte del oeste de la provincia que sirve Edenor con el territorio de Edesur”, dijo un exdirectivo del área técnica de la empresa consultado
Pero los memoriosos de la privatización no pasan por alto los inicios de la “cultura corporativa” de las dos empresas, cuando parte de la estructura de Segba pasó a integrar los recursos humanos de las dos distribuidoras. Entonces, Edesur era propiedad de una empresa chilena que tenía el control y el management, además de contar con algunos accionistas minoritarios como Perez Companc. Aunque había varios inversores, la gestión y la mayoría accionaria era de Enersis, que puso a la gerencia. “Eran buenos en la gestión, pero ese management chileno que imprimió el carácter a la compañía no tenía como prioridad la mejora del servicio; no era el principal foco”, recordó un exejecutivo de una empresa colega. Otro, un técnico que pasó por Edesur que luego formó parte de algún gabinete energético, dijo que el objetivo central de entonces fue disminuir las pérdidas por robo de energía. “En aquel momento hubo un foco muy fuerte en limitar la electricidad que se tomaba de la red sin pagar. Para ilustrarlo –dijo-, el 26% de la energía que se consumía en el territorio de la concesión se robaba”. Esa decisión generó inmediatamente una enorme mejora en la caja ya que los ingresos subieron.
Del otro lado, el primo del norte inició su vida corporativa con gestión europea. Un consorcio integrado por Électricité de France (Francia), que era la controlante, y Endesa (España). Un exsecretario de Energía contaba que con una red más joven y sin el crónico problema del robo de electricidad, en aquellos tiempos de uno a uno y con una ecuación económica financiera sana, se mejoró la red. “La identidad corporativa de cada una empezó de manera muy diferente”, dice.
Aquellos años donde un peso era lo mismo que un dólar, la tarifa remuneraba las inversiones y aseguraba una buena ganancia, empezó a complicarse a poco de andar. El proyecto de la re-reelección de Carlos Menem llevó a que algunos aumentos tarifarios se postergasen. Pero, así y todo, para 1999, los números eran azules.
En febrero de aquel año llegó un evento que se convirtió en un hito para el sector. A las 3.47 del domingo 16, una porción enorme de la ciudad de Buenos Aires se quedó a oscuras. “El incendio ocurrido en la Subestación Azopardo derivó en una interrupción del suministro eléctrico que afectó durante las primeras horas a más de ciento 150.000 usuarios y se extendió –en un número menor– a lo largo de 11 días”, dice el informe anual que presentó el ENRE entonces.
El organismo regulador no multó a la empresa, a diferencia de ahora, sino que la obligó a pagar por los problemas ocasionados a los usuarios con dinero en efectivo. Se decidió que cada hora sin suministro se debía compensar con 3,75 pesos. Así, hubo clientes que recibieron indemnizaciones en efectivo, de hasta alrededor de 1000 dólares.
A partir de ese momento, los tiempos cambiaron para Edesur. El grupo chileno salió de la compañía y Endesa, la española que también era socia de los franceses en Edenor, decidió comprar la porción accionaria y tomar el control. Finalmente, el grupo europeo salió de la distribuidora del norte, obligado a desinvertir, y se quedó en el sur.
Dos años más tarde cayó la convertibilidad y aquel esquema nunca se recuperó. Desde entonces, el destino corporativo de una y de otra se separó aún más. Una quedó en manos españolas; la otra, después de la salida de Électricité de France, en poder de un grupo empresario comandado por Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía.
Ya sin convertibilidad y con la tarifa congelada (recién hubo un aumento en 2014 después de años de permanecer sin cambios) aquellos problemas de infraestructura no se pudieron revertir. Sólo en la gestión de Juan José Aranguren en el gobierno de Macri, y después de los aumentos tarifarios, se frenó el declino de inversiones.
“No es lo mismo tener la decisión en el piso de arriba que al otro lado del océano. Además, no es necesario explicar la Argentina”, resumió un ejecutivo de una de las dos empresas. Se refería, claro, a la idiosincrasia del empresario argentino respecto de sus colegas corporativos europeos. Sin tarifas, con una lógica distinta, y con un parque de infraestructura en distintas condiciones, aquellas falencias de origen no se revirtieron. Además, como dice una norma básica de la economía, o se ajusta por precio o por cantidad. Con electricidad barata, subió la demanda. Y con el precio congelado, pues la inversión no logró acompañar la expansión.
Actualmente, Edesur aún está en manos europeas, aunque una fusión entre la italiana ENEL y la española Endesa, determinó que el control de la compañía local lo tome la primera. Edenor se hizo más local. Mindlin vendió y la distribuidora pasó a ser propiedad de un grupo empresario comandado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.
Vila, Manzano y Filiberti, los dueños de Edenor
Cuando se miran los números hay diferencias. De acuerdo a los datos que surgen del “Décimo informe Semestral de Desempeño” que elabora el ENRE, en el caso de Edenor la frecuencia media de interrupción por usuario en el semestre que transcurrió desde marzo a agosto de 2022 (último disponible) fue de 1,86, “cifra inferior al parámetro de 2,76″ que está regulado como máximo. “La duración total de interrupción en el semestre –4,67 horas– es inferior al objetivo de 5,38 horas. La frecuencia media de interrupción por usuario fue de 1,99 en el semestre, el indicador figura por debajo del límite contemplado y la duración total de interrupción fue de 5,75 horas, indicador por encima del límite contemplado”, detalla el documento al que se accedió 
Para el caso de Edesur, la frecuencia media de interrupción por usuario fue de 2,33 (el parámetro tolerado es 2,14) y la duración total de interrupción semestral –6,56 horas– figura por encima del objetivo considerado de 4,12. “Considerando la totalidad de interrupciones ocurridas en el semestre, la frecuencia media de interrupción por usuario fue de 2,60 en el semestre y la duración total de interrupción en el semestre fue de 6,93 horas, ambos por encima del límite objetivo contemplado”, agrega.
A poco más de 30 años de haber sido creadas, Edenor y Edesur comparten el mismo “techo” regulatorio. Pero solo eso. La distribuidora del sur se ha convertido en un blanco fácil del Gobierno. Y aunque hubiese un día que haya cortes similares y problemas calcados, el chirlo llegará para la que está en manos italianas. Algo así como refrendar un dicho popular: “Hazte fama y échate a dormir”.

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