CRISIS INSTITUCIONAL

Larreta acusó al Presidente de “quebrar el orden constitucional”
El jefe de gobierno porteño dijo que intimará al Gobierno para que se cumpla la sentencia de la Corte que obliga a la Nación a girarle más fondos de la coparticipación; criticó a Fernández por desconocer el Estado de Derecho
Matías Moreno GCBARodríguez Larreta, ayer, al anunciar que volverá a ir a la Corte por los fondos
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acusó ayer al presidente Alberto Fernández de intentar “quebrar el orden constitucional” con su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó los fondos de coparticipación que el gobierno nacional le había quitado a la Ciudad de Buenos Aires.
En una conferencia de prensa desde la sede de la administración porteña en Parque Patricios, Larreta calificó de “altísima gravedad institucional” la sorpresiva maniobra de Fernández. Anteanoche, empujado por 14 gobernadores, el Presidente optó por desobedecer la sentencia del máximo tribunal del país.
A su vez, Larreta cuestionó que el jefe del Estado haya dicho que recusará a los cuatro jueces que integran la Corte. “Esto no es contra la Ciudad, es en contra de la Constitución, de la seguridad jurídica”, resaltó el alcalde porteño.
Según el referente de Pro, quien aspira a competir por la sucesión de Fernández en 2023, la posición del jefe del Estado atenta contra “cualquier posibilidad de desarrollo”. “¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley?”, puntualizó.
En otro tramo de su discurso, el alcalde porteño apuntó contra los gobernadores oficialistas que presionaron a Fernández para que no acate la sentencia. “Me sorprende mucho que algunos gobernadores acompañen al Presidente en este ataque a la Justicia, con todo el peligro institucional que representa. Gobernadores que fueron votados para defender a sus provincias hoy apoyan el hecho de que el gobierno nacional pueda arbitrariamente sacarle fondos a un distrito autónomo”, machacó.
Para defender el reclamo de la Ciudad, buscó resaltar que el fallo de la Corte “no perjudica en nada a las provincias, como intenta instalar el kirchnerismo”. Y advirtió que los fondos que el Gobierno les quitó a las arcas porteñas fueron destinados al distrito gobernado por Axel Kicillof, es decir, la fortaleza electoral de Cristina Kirchner. “Cuando nos sacaron la coparticipación, el Presidente no les dio ni un solo peso a las provincias. ¿Saben por qué? Porque se lo dio todo a la provincia de Buenos Aires, que es de su mismo color político”, dijo Larreta.
Larreta remarcó que la decisión de Fernández “supera todos los límites imaginables”. “El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia. Desde la vuelta de la democracia no hay antecedentes de un presidente no cumpliendo un fallo de la Corte”, subrayó.
En ese sentido, anticipó que la Ciudad “denunciará a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo”. En paralelo, comentó, el interbloque de JXC analiza la chance de impulsar “acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho”.
Después de que la Casa Rosada confirmara que no acatará el fallo de la Corte Suprema, Larreta reunió a su mesa chica para definir una contraofensiva: por un lado, decidió hacer “un reclamo institucional” y, por otro, avanzar con una presentación judicial. Ese texto, que prepara la procuración porteña y con el que pedirán que se haga efectiva la decisión de la Corte, se presentará el lunes ante el máximo tribunal.
Rodríguez Larreta insistió ayer en que eliminará el impuesto a las compras con tarjeta de crédito, un tributo que impuso la Ciudad tras la poda de fondos, una vez que el Gobierno acate la sentencia y gire los recursos. De hecho, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, había convocado a una sesión con el objetivo de derogar ese gravamen. Pero, por falta de acuerdo con el Frente de Todos, el tratamiento del proyecto se cayó (ver aparte).
El miércoles, la Corte Suprema falló a favor del gobierno de Larreta en su reclamo contra la Nación por la quita de fondos de coparticipación. En 2022 representarán una pérdida de $154.000 millones para las arcas de la ciudad de Buenos Aires.
Anoche, a través de un comunicado, Fernández y catorce gobernadores oficialistas argumentaron que el fallo de la Corte es “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. A la vez, el primer mandatario ordenó recusar a los cuatro jueces del máximo tribunal y presentar un pedido de revocatoria in extremis de la decisión judicial.
La jugada del Presidente desató un grave conflicto institucional. Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, acusó a Fernández de alzarse contra la Constitución y de cometer el delito de sedición.
Juntos por el Cambio
La conducción nacional de la coalición opositora expresó ayer su “más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia” de Fernández ante el fallo de la Corte. “No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JXC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa”, indicó la mesa nacional de la fuerza.
Por su parte, la líder de la CC, Elisa Carrió, presentó ayer en los tribunales federales de Comodoro Py una denuncia penal contra el jefe del Estado y los funcionarios que no acaten la sentencia de la Corte.
En tanto, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) impulsará un pedido de juicio político contra el Presidente en el Congreso. El exmandatario Mauricio Macri, cofundador de Juntos por el Cambio, advirtió que “la desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía”.
Además, Macri dijo que “no hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado”. El expresidente se enteró el miércoles al mediodía de que la Corte había fallado a favor de la Ciudad en la causa por el recorte de los fondos de coparticipación, mientras jugaba al fútbol en La Matanza. “Las sentencias no se discuten, se cumplen”, dijo.
Patricia Bullrich, jefa de Pro, advirtió que el gobierno de Alberto Fernández ha “llegado al límite en el que no existe ningún tipo de ley”.
En ese macro, Fernando Straface, secretario de gobierno y de relaciones internacionales de la Ciudad, consideró que la situación es “mucho más que un conflicto de poderes”. “El Presidente desconoce la Constitución nacional e inicia un conflicto democrático con profundas consecuencias en la credibilidad democrática internacional del país”, opinó

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CRISIS INSTITUCIONAL

Con Zannini, el Ejecutivo activa la contraofensiva Cecilia Devanna
El procurador del Tesoro se reunirá con el Presidente para definir la estrategia; el planteo se haría la semana que viene, tal vez junto con los gobernadores del PJ
Cecilia DevannaEl procurador Zannini
El día después del anuncio del Gobierno de que incumplirá el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la quita de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, en el Poder Ejecutivo Nacional se trabaja en los planteos que se harán ante el máximo tribunal. Pese a la envergadura del anuncio del jueves pasado aún restan varias precisiones sobre tiempos, contenido y forma. Según pudo saber la nacion de altas fuentes del Balcarce 50 “lo más probable” es que la presentación se concrete la semana entrante, aunque de momento no hay una fecha definida.
Por lo pronto, la principal definición que tiene el Gobierno es que en la práctica no habrá modificaciones en el porcentaje que se le transfiere actualmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Es una decisión política del Gobierno. Se va a seguir transfiriendo lo que se transfiere actualmente”, recalcó un importantísimo funcionario de la Casa Rosada. Desde este jueves, de acuerdo con el fallo de la Corte, se debería estar transfiriendo un porcentaje mayor que el que se venía haciendo.
En el comunicado, dado a conocer en la noche del jueves, se consideró al fallo como “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. Además, acusaron al máximo tribunal del país de no haber fundado “el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje [de la coparticipación para la Ciudad] al 2,95; es decir, le otorga a la ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.
Allí los gobernadores también advirtieron que al verse afectadas las provincias “en forma directa por la arbitraria decisión” de la Corte “instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los Estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación in extremis de la misma”, como recurso legal.
La decisión del Gobierno es que en el armado de lo que se presentará esté, fundamentalmente, en manos de la Secretaría legal y técnica, a cargo de Vilma Ibarra, y de la Procuración del Tesoro Nacional, cuyo responsable máximo es Carlos Zannini, hombre de Cristina Kirchner. A Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete, exasesor del Presidente y conocedor de la órbita judicial, también se le otorga un rol central en lo que terminará llevando a Talcahuano al 500 el Gobierno. Olmos e Ibarra son considerados los “guardianes legales” del Presidente.
Estrechos colaboradores de Fernández dieron por descontado que un contacto entre el mandatario y Zannini se daría en breve, porque el propio Presidente quería encargarse de hacerlo. Tras lo que agregaban que desde la Procuración del Tesoro, de la que dependen todos los abogados del Estado, se trabajaría en sintonía con Legal y Técnica.
En la Casa Rosada imaginan que el proceso podría ser de largo aliento y por eso aguardan para realizar determinados movimientos. En ese sentido explican que de momento decidieron avanzar con el planteo de recusación de los magistrados y no descartan a futuro la posibilidad de pedir el juicio político de los cuatro cortesanos: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Sobre el tema niegan que la imposibilidad de conseguir los votos en el Congreso para avanzar con la posibilidad de llevarlos a un jury sea lo que desalentó pedirlo en este momento. “No es algo que esté descartado a futuro”, aseguran.
Entre las cuestiones que faltan definir respecto de cómo será el planteo que se lleve al Palacio de Tribunales está si Estado nacional y provincias irán juntas o por separado. En Gobierno explican que el punto no es determinante. “No está definido, pero es algo instrumental que se verá más adelante”, detallaban tras lo que destacaban que como el planteo “será el mismo, no varía cómo se hará”.
“Estaban todos muy enojados. La reunión fue en sintonía porque todos sentíamos la misma bronca por lo que se hizo”, aseguró uno de los asistentes al encuentro que tuvo a más de una docena de gobernadores entre los que estaban de forma presencial y virtual.

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CRISIS INSTITUCIONAL

Fuerte preocupación de los empresarios por el desafío del Gobierno a la Corte
Las principales cámaras del sector privado advirtieron sobre el grave impacto de no acatar el fallo por los fondos de la Ciudad; denuncias contra Alberto Fernández
Las principales cámaras empresarias del país salieron a expresar ayer una fuerte preocupación por el impacto institucional y económico que tendría la decisión del Gobierno de no acatar el fallo de la Corte Suprema contra el recorte de fondos que le aplicó la Nación a la Ciudad. Tanto la UIA como AEA, Carbap, ACDE ,
IDEA y la Cámara Argentina de Comercio plantearon que el conflicto institucional genera inseguridad jurídica y agrava la incertidumbre en la que se desenvuelve la iniciativa privada. Alertaron, además, sobre el peligro que representa el incumplimiento de un fallo del máximo tribunal para el sistema republicano, asentado sobre el principio fundamental de la división de poderes.
A la reacción del sector privado se sumaron denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el presidente Alberto Fernández presentadas por legisladores opositores.
La decisión del presidente Alberto Fernández de recusar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia que restituyeron fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires tuvo un inmediato efecto negativo para el mandatario, que recibió ayer dos denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La primera fue presentada por el legislador porteño Roberto García Moritán y el abogado Yamil Santoro, ambos dirigentes de Republicanos Unidos. También realizó una denuncia penal la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, acompañada por los diputados nacionales de ese partido.
En el plano político, en tanto, trascendió que la UCR presentará en el Congreso, entre el lunes y el martes próximos, un pedido de juicio político contra el Presidente. Algo que ya concretó en la víspera el diputado de Pro Pablo Tonelli.
En la presentación de Republicanos Unidos, a la que accedió la nacion, los dirigentes del partido que preside Ricardo López Murphy cuestionaron la procedencia del recurso que el Gobierno ayer anunció que presentará para lograr la revocación in extremis del fallo dictado por el máximo tribunal del país.
“Queda claro que el anunciado recurso que pretende interponer el Ejecutivo es una maniobra con la que se pretende cuestionar el criterio jurídico de la Corte, y no subsanar un error material, por lo que resulta a todas luces improcedente y una mera excusa para intentar justificar torpemente la decisión de incumplir la sentencia”, dijeron.
Los dirigentes afirmaron que es improcedente la recusación de todos los jueces de la Corte porque es inoportuna. Y agregaron: “Son planteos manifiestamente improcedentes con los que se pretende brindar una apariencia de legitimidad a una clara decisión de incumplir la sentencia dictada por nuestro máximo tribunal”. Según la presentación, el Presidente
“pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aun en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos”.
Por otro lado, los diputados de la Coalición Cívica y la dirigente Elisa Carrió plantearon en un escrito presentado este mediodía que no es lógico que el Gobierno desconozca y desobedezca el cumplimiento de un fallo adverso a sus pretensiones, dado que aceptaron anteriormente la competencia y la integración de la Corte para intervenir en la controversia entre la Ciudad y la Nación.
No solo denunciaron penalmente al Presidente, sino también al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; al jefe de Gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa, y al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Los denunciaron por los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
“En particular, el accionar desplegado por Capitanich implica instigar de manera pública al alzamiento o desobediencia de una resolución (sentencia) dictada por funcionarios públicos nacionales (Corte Suprema de Justicia de la Nación)”, considera la denuncia.
“Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, plantearon los referentes de la CC en el Congreso.
Por su parte, el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad) presentó una ampliación de su denuncia contra el Presidente por “poner en riesgo la vigencia de la Constitución”. El legislador liberal sostuvo que “el plan de hegemonía del poder y de destrucción del orden constitucional sigue su curso”. Y apuntó contra Fernández y 14 gobernadores justicialistas
“estamos frente a un golpe institucional que provoca inseguridad jurídica y más incertidumbre en vísperas de un año electoral. no hace más que dilatar e impedir la recuperación del país” Carbap “es un golpe a las instituciones que acrecienta el desconcierto de la sociedad y pone en riesgo al sistema democrático. el insólito no acatamiento del ejecutivo es un atentado contra la democracia” Club Político Argentino “sin entrar en la cuestión de fondo respecto del recorte, la cac considera que el posible incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional” Cámara Argentina de Comercio (CAC)

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CRISIS INSTITUCIONAL

Qué significa y qué puede ocurrir
Hernán Cappiello
La posibilidad de que el Gobierno desobedezca el fallo de la Corte implicaría un quiebre institucional del sistema republicano y expone a los responsables a una denuncia penal.
El Gobierno también se expone al embargo de los fondos nacionales para ejecutar la sentencia y a un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. Así lo interpretaron diferentes especialistas en derecho constitucional que analizaron el comunicado firmado por los gobernadores, donde argumentan que la decisión es “incumplible”, anunciaron que van a presentar un pedido de “revocatoria in extremis” y anticiparon que recusarán a los jueces de la Corte Suprema.
“Las sentencias de la Corte Suprema son inapelables. No cumplir un fallo de un juez es como no observar el semáforo en rojo. Todo se vuelve un caos, las reglas dejan de funcionar, los principios del sistema republicano desaparecen y esto se grava si son los mandatarios los que incumplen un fallo de la Corte”, explicó el constitucionalista Alejandro Carrió. “La Constitución nacional dice en los artículos 116 y 177 que la Corte Suprema tiene la última palabra. No hay reclamo posible, si quieren romper las reglas de la república todo se volvería ingobernable; si quieren pagar ese precio, adelante, pero es un precio muy alto”, se preocupó Carrió.
“Desobedecer el fallo de la Corte es patear el tablero de ajedrez, es decir no juego más”, dijo el abogado Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad.
Alejandro Carrió dijo que en caso de que se incumpla el fallo “existe el delito de desobediencia, que contempla una pena muy baja. Pero deberá pensar se en la posibilidad de un juicio político, seriamente. Es para los casos como este donde no se me ocurre algo más claro que el mal desempeño de un cargo, como lo es incumplir con un fallo de la Corte”, dijo el abogado.
En principio, los abogados consultados explicaron que el recurso de revocatoria in extremis no está previsto en el Código Procesal, aunque la jurisprudencia lo utiliza en primera instancia o en cámara. Implicaría que el propio tribunal que dictó el fallo lo revoque, sin apelación. Pero estas cuestiones no prosperan nunca, excepto que se trate de un recurso de aclaratoria o para explicar algún error material que motivó el veredicto. Este no es el caso.
“No está en ningún lado, no existe este recurso in extremis”, dijo el constitucional is ta Alejandro Carrió, que explicó que se trata “del manotazo del ahogado, es algo que se hace cuando no hay remedio jurídico posible”. Corresponde la aclaratoria si hay “un pasaje oscuro de la sentencia, pero no existe la revocatoria ante la Corte, que es la última instancia”.
El constitucionalista Garay explicó que la revocatoria in extremis es un recurso que se impuso la jurisprudencia cuando hay nulidades insalvables, pero este no es el caso.
Garay dijo que las impugnaciones no son de hechos, sino retóricas, y no hay evidencia de que el fallo sea incumplible. “Basta con que los fondos que se dan a la provincia de Buenos Aires se den a la ciudad. No es que no se pueden dar esos fondos, sino que no se los quiere dar”, dijo el abogado. La Corte estableció que de manera diaria y automática el Banco Nación debe entregar a la Ciudad el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables de la Nación. Si no lo hace y desobedecen la decisión de la Corte, el abogado Garay explicó que quedan dos vías: por un lado vendrá una intimación de la ciudad de Buenos Aires para que se haga el depósito en la cuenta que corresponde, y si eso no se hace, la Ciudad puede pedir embargar las cuentas del Estado nacional para hacerse de esos fondos. Y por otro lado, y al mismo tiempo, cabe una denuncia penal por desobediencia contra todos los funcionarios que debían haber hecho cumplir desde el Banco Nación hasta el ministerio que corresponda. Garay anticipó que la recusación contra los jueces de la Corte será rechazada. “Hay centenares de precedentes de que estas recusaciones posteriores al fallo son improcedentes, por el contenido de las sentencias”, dijo el letrado. Y especuló con que puede ser la propia Corte la que en caso de desobediencia puede poner en conocimiento de la Comisión de Juicio Político que se está incumpliendo una manda judicial, aunque este camino está abierto para cualquier ciudadano.
Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que los recursos de reposición no existen desde lo formal. “No creo que lo haga en este caso ni que prospere”. “La Constitución es el gran pacto de convivencia de los argentinos y establece las atribuciones de los poderes del Estado. Atribuye a la Corte la decisión final respecto de cuestiones relacionadas con la interpretación de la Constitución nacional. Por eso los fallos de la Corte deben cumplirse cualquiera sea su acierto. No les corresponde a los otros poderes del Estado decidir cuál es el alcance de lo que dispone la Constitución. Decir que no se va a cumplir un fallo de la Corte es decir que no se va a cumplir con la Constitución nacional”, dijo Gil Lavedra.

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CRISIS INSTITUCIONAL

Grave conflicto institucional: el Gobierno no acata el fallo de la Corte
Por impulso de 14 mandatarios oficialistas, el Presidente sostuvo que la sentencia es de “imposible cumplimiento”, ordenó recusar a los cuatro jueces del máximo tribunal y presentar un pedido de revocatoria in extremis de la decisión judicialLA NACION
23 Dec 2022
Maia Jastreblansky y Cecilia DevannaAlberto Fernández junto al ministro De Pedro, en la reunión con los gobernadores
En una maniobra que desata un grave conflicto institucional, el presidente Alberto Fernández anunció junto a un grupo de 14 gobernadores oficialistas que no acatará el fallo de la Corte Suprema que ordenó restituirle fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. La postura de la Casa Rosada fue influenciada directamente por los gobernadores del PJ, que durante horas estuvieron reunidos ayer con Fernández, algunos en forma presencial y otros de manera virtual.
Al caer la noche, el Presidente y los mandatarios difundieron un comunicado en el que consideraron el fallo de la Corte “incongruente y de imposible cumplimiento”, una postura que en la previa había sido alentada por el chaqueño Jorge Capitanich, cercano a Cristina Kirchner. Además, Fernández pidió recusar a los cuatro miembros de la Corte –Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– y presentar el pedido de revocatoria in extremis de la sentencia.
Fernández y los gobernadores acusaron a la Corte de no haber fundado “el modo por el cual construye el monto [que recibe la Ciudad], decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.
Los gobernadores del PJ le reclamaron a Fernández que asuma una postura firme frente al fallo de la Corte que repuso parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires que había sido detraída en 2020, cuando el Presidente decidió girarle esos fondos al gobierno de Axel Kicillof para apagar una protesta policial. Los mandatarios provinciales dispensaron palabras fuertes contra los ministros del máximo tribunal y pidieron hacer “algo” para evitar que se vean afectados los fondos coparticipables que reciben las provincias para, entre otras cosas, invertir en obras públicas.
En su fallo, la Corte había advertido que era falso el argumento de que restituirle fondos a la Ciudad significaba quitarles recursos de la coparticipación a las provincias, puesto que sus porcentajes en nada varían. ¿Por qué? Porque los recursos restituidos a la Ciudad corresponden a los fondos de la recaudación nacional que retiene para sí la Nación, no a la torta que se reparte entre los distritos. En el comunicado, los gobernadores desconocieron ese argumento: “Esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la nación”. A lo que apuntaron que “es un fallo político, de cara al año electoral” y que la Corte pretende sustraerles recursos a las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”.
La oposición y expertos en derecho constitucional advirtieron sobre la gravedad de la amenaza de incumplimiento.
Los gobernadores firmantes fueron Kicillof, Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
En el comunicado se evitó usar el concepto de “conflicto de poderes”, algo que había trascendido como una posibilidad durante el correr del día. En el Palacio de Tribunales anticipaban que era “imposible” que se hablara de un conflicto de poderes “porque no se está violando la Constitución nacional”. En Balcarce 50 sostenían lo contrario, pero evitaban con mesura ahondar en el tema. Por la noche, Fernández abandonó esa línea: “Estamos frente a un choque de poderes”, dijo en una entrevista con C5N.
La medida es “de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, señala el comunicado del Presidente y los gobernadores.
“Tengo un problema para aplicarlo, porque este dinero no está en el presupuesto (...) yo, más allá de que quiera cumplir la ley, tengo que mandar una ley al Congreso para que resuelva el nuevo presupuesto que prevea este dato. Si quieren que el Estado se endeude para pagar esto, ustedes me tienen que aprobar el endeudamiento vía el Congreso. Por lo cual, he leído muchos fallos de la Corte, pero ningún fallo tan carente de consideración como este”, dijo Fernández por la noche.
El Presidente, además, insistió en señalar que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia, pese al estatus de autonomía que le reconoció Corte en más de una sentencia. “El fallo es espantoso”, insistió Fernández, para agregar: “Lo que vamos a hacer es recusar a los jueces. Se tendrá que constituir un nuevo tribunal con conjueces que analicen y vean este tema”. Los gobernadores también advirtieron que, al verse afectadas las provincias “en forma directa por la arbitraria decisión” de la Corte, solicitarán ser tenidos como partes en el expediente, “acompañando la recusación” de los jueces del máximo tribunal “y para que soliciten la revocación in extremis” del fallo. “El rechazo es muy fuerte porque el fallo altera toda la conformación de la coparticipación”, resumió a una alta fuente la nacion de Casa Rosada, desconociendo la explicación dada por la Corte.
Fernández había convocado a los gobernadores peronistas apenas se conoció el fallo adverso de la Corte, que significó una victoria política para Horacio Rodríguez Larreta. Diez mandatarios provinciales viajaron hasta Buenos Aires para asistir a la reunión con el Presidente en el Salón Eva Perón, mientras que otros cuatro se conectaron de forma remota.
Durante la reunión, varios de los gobernadores pidieron tomar una posición firme, de implicancia institucional. Capitanich fue uno de los que consideraron que “el Presidente debe desconocer este fallo”. Kicillof, por su parte, se limitó a decir que el fallo de la Corte es “una verdadera inmundicia”. Según pudo reconstruir la nacion, Quintela, Jalil y Zamora fueron de los que expresaron las posturas más duras. El espíritu de lo que transmitieron es que el Gobierno no puede dejar que “cuatro jueces” definan las políticas públicas de un país.
Presencias y ausencias
Además de los gobernadores, participaron del encuentro en la Casa Rosada la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. Los dos primeros participaban de la redacción del comunicado conjunto.
También estuvo el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que volvió así a compartir una actividad política con el Presidente, una novedad luego del vacío que el kirchnerismo le hizo a Fernández la semana pasada en el acto por los tres años de gestión.
No estuvieron presentes los mandatarios de Juntos por el Cambio, que no fueron invitados, pero tampoco Arabela Carreras (Río Negro), Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Omar Gutiérrez (Neuquén).
Sorprendió, el faltazo del peronista Omar Perotti (Santa Fe). Cerca del gobernador alegaron que tuvo “problemas de conexión”. Anteayer, el diputado Roberto Mirabella –del riñón de Perotti– fue uno de los que no dieron quorum para la última sesión del año en la Cámara baja.
La puja con Rodríguez Larreta por la coparticipación le sirve a Fernández para intentar hacer causa común con los gobernadores peronistas en un momento delicado, tanto por el desdén que recibe del kirchnerismo como por la frialdad que exhibieron ante el Presidente en los últimos días los mandatarios provinciales y la CGT.
En la Casa Rosada esperaban que el fallo del máximo tribunal fuera favorable a Rodríguez Larreta. No los sorprendió, pero la presión de los gobernadores los obligó a reaccionar. La Corte ya notificó al Poder Ejecutivo del fallo. Resta que la Casa Rosada formalice también su decisión de rechazar el fallo y recusar a los jueces.

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