DECRETO, TRANSPORTE Y JORGE MACRI

Hoteles y bares ya no pagarán a Sadaic
Tampoco lo harán los salones de fiestas por pasar música; rechazo de músicos

Victoria Menghini
Los salones de fiestas, hoteles, bares y restaurantes ya no deberán pagar a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) por pasar música en fiestas privadas. Así lo dispuso el Gobierno a través del decreto 765/2024, publicado ayer en el Boletín Oficial, que establece modificaciones a la ley de propiedad intelectual.
“Se entiende por representación o ejecución pública aquella que se efectúe –cualesquiera que fueren los fines de la misma– en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas”, sostiene el decreto. Así, para la ley, el ámbito privado queda excluido. En consecuencia, “se considerará ejecución pública de una obra musical o cinematográfica, discos, films sonoros, transmisiones radiotelefónicas y su retransmisión o difusión por altavoces la que se efectúe por ejecutantes o por cantantes, así como también la que se realice por medios mecánicos, electrónicos o digitales, incluyendo internet”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó el motivo del cambio normativo: “La confusión había provocado el absurdo de que se cobraran derechos por la mera existencia de televisores en la habitación de un hotel (aun si el cuarto estaba vacío), lo que encareció significativamente los servicios”.
Especialistas consultados por coincidieron en la nacion que la quita del impuesto tendráunimpactopositivodentro del rubro, ya que representaba un costo “difícil” de pagar.
“Llevamos muchos años en una lucha importante respecto de lo que es salones de eventos sociales a nivel nacional y provincial, así que recibimos esta novedad con gran satisfacción”, expresó a María la nacion José Oliva, presidenta de la Cámara de Salones de Fiestas de Córdoba (Casafic). Y agregó que, con esta nueva normativa, la realización de este tipo de eventos podrá ser “mucho más barata” para los clientes.
“El mínimo de una reunión de 50 personas era de $70.000. Con la quita de este arancel el cliente ya puede flexibilizar sus gastos”, detalló.
Gustavo Mustoni, vocero de la Cámara de Empresarios de Discotecas y Bares de la provincia de Buenos Aires (Cedibba), añadió que, para el negocio de los boliches también sería un gran beneficio quedar exento de pagar el impuesto.
“Pagamos el 7% de entradas por Sadaic y otro 14% de AADI-Capif. Era un impuesto muy difícil de pagar, más teniendo en cuenta que la actividad bajó entre un 25% y 30% respecto del año pasado, y sigue en caída”, indicó. Sin embargo, destacó que el decreto aún presenta ambigüedades, por lo que están a la espera de la reglamentación.
consultó a Sadaic la nacion al respecto y desde la entidad negaron los efectos de la regulación. “Los boliches, salones de fiestas, bares y restaurantes deben seguir pagando porque hacen comunicación al público de música en espacios libres de acceso público. Lo único que queda dudoso es el caso de los hoteles”, afirmó Guillermo Ocampo, director general de Sadaic.
Por su parte, los gimnasios también estaban obligados a pagar el impuesto de Sadaic por pasar música en televisores. “Nos parece una muy buena medida, va en la dirección correcta y creemos que va a ser muy bien recibida por el sector”, dijo a la nacion Federico Storchi, presidente de la Cámara de Gimnasios.
En tanto, la Unión de Músicxs Independientes (UMI) emitió un comunicado en contra del decreto. “No solo pretende avanzar en la administración de los derechos intelectuales de los artistas (es una propiedad más genuina que la de los bienes materiales), sino que su redacción confusa deja abiertas múltiples interpretaciones que podrían dar origen a demandas judiciales”.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

El Gobierno le traspasa a la Ciudad 31 líneas de colectivos
Sería “inminente”, aunque lo decidió Economía de forma unilateral

Diego CabotEl traspaso comenzará a regir en una semana
El Gobierno decidió entregarle a la ciudad de Buenos Aires el manejo de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de los límites de la avenida General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. Así, el gobierno nacional dejará de pagar una parte de los subsidios que todos los meses aporta para esa porción del transporte público de pasajeros.
Fuentes oficiales del Ministerio de Economía, que maneja Luis Caputo, y de la Ciudad anticiparon ayer a que la nacion el traspaso sería “inminente”, aunque admitieron que es una decisión unilateral del gobierno nacional, sin consultar la opinión de la administración porteña.
La medida no sería aceptada de manera “pacífica” por el gobierno de Jorge Macri, quien ayer también advirtió en declaraciones públicas que “sin subsidios las empresas [de transporte] van a colapsar”. La pelea por la coparticipación está en el trasfondo de la discusión.
El gobierno nacional tomó una decisión: le entregará a la Ciudad el manejo de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de los límites de la General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. De esa manera, dejará de pagar una parte de los subsidios que todos los meses aporta.
Sin embargo, la recepción del transporte en la sede porteña, a cargo de Jorge Macri, no será pacífica, ya que sostienen que debería haber un acuerdo y que para ese pasaje es necesario que haya intervención del Congreso y de la Legislatura local. El motivo es simple: el dinero de los subsidios y, sobre todo, la postergada solución por la coparticipación federal de impuestos.
Dos fuentes oficiales que trabajan en el Palacio de Hacienda y una del gobierno porteño confirmaron ayer a que la decisión está tomada y que sería “inminente”. Hasta ahora, de acuerdo con lo que sostuvieron, no habrá ningún tipo de acuerdo entre las dos administraciones, sino una decisión unilateral de los funcionarios que responden al ministro de Economía, Luis Caputo.
De hecho, pese a lo polémico del asunto, deberá ser el propio jefe de la cartera el que firme la resolución, ya que el secretario de Transporte, Franco Mogetta, tenía previsto volar a Canadá por estas horas, rumbo a un encuentro del mundo aerocomercial.
La medida se tomará horas después de que Caputo firmó una resolución (801/2024), mediante la que decidió absolutamente todo lo que tiene que ver con los colectivos numerados del 1 al 200 (donde están las 31 líneas porteñas), sobre los que tiene jurisdicción. Se trata de una adecuación de los permisos que tienen estas líneas en relación con sus recorridos, cabeceras, ramales y parque móvil, entre otros, que en muchos casos ya no coincidían con la realidad de las líneas.
La norma tiene 100 anexos y en ellos se decidieron los recorridos, las frecuencias, el parque móvil que tiene que tener cada línea, los horarios y las tarifas que puede cobrar. De eso, justamente, se quejan Jorge Macri y los suyos: la Nación decide todo, pero lo paga la Ciudad, y ni siquiera puede disponer que una línea vaya por otra calle. Para saldar el asunto, Caputo entregaría todo el paquete a la Ciudad, eso sí, después de regular toda la actividad.
En las oficinas cercanas al alcalde porteño dicen que no es posible recibir todo el sistema de un día para otro. “Para nosotros es necesario un tiempo de al menos seis meses como para poder implementar todo, porque además debe pasar por la Legislatura”, dijo en una entrevista radial el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua.
Cifras
La discusión tiene cifras. Según datos de la ciudad de Buenos Aires, el costo del viaje en el transporte público por colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional, pero que tienen recorrido solo por dentro de la ciudad es de $863. De ese importe, el pasajero paga $371 mediante el boleto, la Nación aporta un subsidio de $271 y el fisco porteño, el restante $221. ¿Qué pasaría si se retira la Casa Rosada? Si el jefe de gobierno, Jorge Macri, se mantiene en su postura, pues el pasaje debería tener un precio de $642.
En Parque Patricios dicen que la Nación no puede transferir unilateralmente competencias o traspasar la carga del aporte de subsidios a la Ciudad sin su consentimiento, a través de un acuerdo firmado y avalado por la Legislatura porteña y el Congreso Nacional. “Hacerlo es inconstitucional y viola el artículo 75 de la Carta Magna. Mucho menos se puede implementar una transferencia mediante un decreto”, advierten en las oficinas cercanas a Jorge Macri.
Dicen que en una carta que envió Caputo a la Ciudad, el ministro nacional reconoció la jurisdicción. “En miras del ordenamiento de las competencias propias de cada jurisdicción y hasta concretarse la transferencia de los servicios de transporte automotor, se insta por este medio a asumir las responsabilidades que le son propias en relación al pago de las compensaciones tarifarias correspondientes al transporte público de pasajeros por automotor con recorrido íntegro dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explica en uno de sus párrafos el ministro nacional. Hasta ahora, el transporte está regulado por el decreto 656 del 29 de abril de 1994.
La cuestión es vieja y se remonta al fallo de la Corte Suprema, cuando decidió que se devuelva a la Ciudad un porcentaje de coparticipación diferente al que había decidido Alberto Fernández para entregársela al gobernador Axel Kicillof. En aquel 2020, el entonces presidente resolvió por decreto, y luego a través de una ley, quitarle a la ciudad de Buenos Aires el 60% de lo que recibía. Así la coparticipación federal pasó de 3,5% a 1,4%. El 21 de diciembre de 2022, la Corte fijó provisionalmente a través de una cautelar un coeficiente de coparticipación de 2,95%, hasta que se resuelva la cuestión de fondo del reclamo. En ese fallo estableció que ese dinero se tenía que girar diariamente al distrito en forma inmediata.
Desde hace cuatro semanas, Caputo decidió entregar por semana $20.000 millones a las cuentas porteñas. Pero nada negoció con el dinero que queda pendiente desde el 21 de diciembre de 2022, cuando la Corte decidió sobre el asunto. Además, dicen en la Ciudad, ese importe es discrecional, no es diario y no se sabe qué sucederá el viernes de la semana que viene. “Acatar el fallo es establecer que al igual que lo que sucede con todas las provincias, se deposite diariamente $2,95 de cada $100 que se recauden, además de empezar a solucionar el retroactivo”, indican en Parque Patricios. ¿De qué se trata ese monto? Según cálculos porteños asciende a una cifra cercana a los $5 billones.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

“Sin subsidios, las empresas van a colapsar”, advirtió Jorge Macri
“Vamos a seguir dialogando política y técnicamente”, añadió; sin ayuda estatal, el boleto podría llegar a valer $1400
Luego de que el gobierno nacional anunciara que dejará de subsidiar las líneas de colectivos que no sean de jurisdicción nacional en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el jefe porteño, Jorge Macri, advirtió ayer: “Si no hay subsidio, las empresas van a colapsar”.
La medida de la Nación alcanza a 31 líneas de colectivos que realizan su recorrido dentro del perímetro de la ciudad y el conurbano bonaerense, y se ejecutará por medio de la red SUBE, que dejará de ser solventada por el Estado nacional.
Como parte del lanzamiento del plan Ciudad Bilingüe, Macri aseguró que el gobierno porteño seguirá subsidiando su parte (el 55%), pero que le pedirá a la administración de Milei que no retire la suya. “La Ciudad tiene la decisión de sostener la porción de su subsidio. Estamos hablando con la Nación para que no retire el subsidio de su porción de la tarifa porque creemos que es un momento en el que la gente no está en condiciones para absorber un aumento de esa magnitud”, marcó.
Indicó, además, que la Ciudad conversará con la Nación para que no quite el financiamiento. “Nosotros vamos a seguir haciendo el aporte que venimos haciendo y vamos a seguir dialogando política y técnicamente con el gobierno nacional para que no retire el subsidio”, dijo el jefe de gobierno porteño.
“Tengamos una mesa de trabajo, eso se puede hacer en un mes. Podemos sentarnos y hacer una transferencia como corresponde. Si me pasás las potestades, tienen que ser completas”, planteó públicamente Macri. “Es como que me digas ‘cuidame la casa’ pero no me des las llaves para hacerlo”, ejemplificó.
Y cerró con una advertencia: “Esperamos tener un marco de diálogo para que la Nación no se retire del subsidio porque, como decía el Presidente, ‘la ley de gravedad existe’, y si no hay subsidio, las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar y ninguna de las dos cosas es buena”.
La medida anunciada por la Secretaría de Transporte esta semana regirá a partir del 1º de septiembre. El titular de la cartera, Franco Mogetta, insistió a principios de agosto en que la Ciudad asuma las responsabilidades y los costos de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de su territorio. “De esta manera, desde septiembre, el Estado nacional dejará de gastar cerca de $7000 millones por mes”, aseguró el funcionario nacional.
Antes de las declaraciones de Macri, la determinación de la gestión mileísta había sido criticada puertas adentro del gobierno porteño. Según pudo saber desde la Ciudad consideraron que la Nación debería definir las tarifas y el boleto de colectivo que, sin subsidios, deberían incrementarse. “No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa.
Una u otra decisión son potestad plena y exclusiva del gobierno nacional”, señalaron.
Además, sostuvieron que “más allá del recorrido que tengan, todas estas son líneas habilitadas y administradas por la Nación”. Y advirtieron: “Si la discusión fuera solo la ‘ubicación en el mapa’, entonces el puerto debería ser de la Ciudad, o el Aeroparque”. “Las realidades preexistentes a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires deben discutirse todas, pero no se resuelven unilateralmente”, manifestaron.
Así, el conflicto por los fondos entre la Ciudad y la Nación crece. La decisión del Gobierno de dejar de subsidiar las 31 líneas de colectivo se dio al mismo tiempo en el que la Ciudad anunció que se presentará ante la Corte Suprema para advertir que la Nación no está pagando en forma automática el porcentaje de la coparticipación federal que fue quitado durante la administración anterior.
“El boleto saldrá $1400”
Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, confirmó que sin subsidio el valor del pasaje de colectivo podría llegar a los $1400. El titular de la empresa que controla 180 líneas en el AMBA sostuvo: “Lo tiene que subsidiar la provincia (de Buenos Aires) o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires; si no lo subsidia nadie, el boleto saldrá $1400. Hay negociaciones en el medio y cada uno tira de su cuerda, tanto el gobierno nacional como el de la ciudad”.
En declaraciones radiales, Pasciuto admitió que aún “hay mucho por recorrer” y resaltó que representa “un servicio público que tiene que seguir funcionando”. “No es con extorsión, hay mesas de dialogo y todavía faltan 40 días. Hay un tema político detrás de todo esto que ya se resolverá”, indicó.
Apuntó contra la forma en la manejan los subsidios las empresas de colectivos. “No todas las empresas tienen la misma inversión. Te encontrás con empresas muy desinvertidas que se administraron muy mal, entonces hoy no pueden dar el servicio y se agarran de lo que hay para justificar su inoperancia”, expresó, para agregar: “Nunca invirtieron en nada y ahora quieren que el Estado les pague un colectivo nuevo. El Estado se está regulando, está tratando de subsidiar al pasajero que lo necesita”.
Y se diferenció del resto de las compañías: “Nuestro grupo tiene 12.000 empleados y reinvertimos en el negocio. Si en vez de hacer eso con el subsidio me compraba una casa en Miami, termino no andando. Toda la plata está puesta en el transporte, en la Argentina y en el trabajo”.
“Nunca compartí las medidas de fuerza y los paros porque somos un servicio público. Se tiene que negociar, pero también se tiene que dar. Nuestras líneas van a funcionar normalmente con el servicio regular”, cerró.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

ENCUESTA, DECRETO, Y CONTRADICCIONES

Mejora el consumo, pero de la mano de una mayor fragmentación social
La capacidad de compra se recompuso un poco en las clases alta y media alta, y cayó en la baja, según un estudio privado

Gabriela Origlia

CÓRDOBA.– Mientras el presidente Javier Milei prepara la llamada “segunda etapa” de su gobierno, con las prometidas rebajas de impuestos y más reformas del Estado, la gente acompaña las medidas macroeconómicas –aun con el ajuste–, pero no pasa lo mismo con la “micro”. Esa es una de las conclusiones del último estudio de la consultora Moiguer, que también refleja que la capacidad de consumo en junio aumentó en las categorías sociales más altas, pero cayó en la clase baja.
accedió al último informe la nacion de Social Mood (humor social) de la consultora y dialogó con su titular, Fernando Moiguer, quien advirtió que los datos revelan una Argentina “más fragmentada, con ricos más ricos y pobres mucho más pobres, situación que se hace más intensa en un país que no crece”.
Añade que una mayor disgregación social implica “agudizar las problemáticas que experimentan a nivel global los países más fragmentados: altos índices de delincuencia, inseguridad y violencia ciudadana”.
Las dificultades de consumo de la sociedad comienzan a convivir con una mejora en el poder adquisitivo que es heterogénea. Estudios privados como los del Iaraf y el Ieral, de la Fundación Mediterránea, señalan que el piso salarial se habría registrado en febrero y, desde entonces, los sueldos de los trabajadores registrados subieron por encima de la inflación, con una amplia diferencia respecto de lo que lograron los estatales y los informales. De 20 millones de trabajadores, un 52% son informales o monotributistas; 31%, asalariados privados registrados, y 17%, estatales.
En junio pasado, 63% de los consultados por Moiguer consideró que los ingresos de su hogar están por debajo de la inflación, lo que representa un descenso frente al 72% del primer trimestre. Hace unos días el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó que “lo peor ya pasó” en materia económica. El indicador de consumo de la Cámara Argentina de Comercio, por ejemplo, da cuenta de que la caída frente abril fue del 2,2%, por debajo de las anteriores mediciones. Es decir, siguen las bajas, pero son menos profundas.
Ante la pregunta de Moiguer de en qué medida los hogares se adaptaron a la actual situación social, económica y política, 32% de la clase alta respondió que “muy bien/ bien”, al igual que 36% de la media alta, mientras que 44% de la media baja y 57% de la baja sostuvieron “mal/cuesta mucho”. Seis (62%) de cada diez entienden que el ajuste es “poco o nada tolerable”: 46% de la clase alta, 57% de la media alta, 62% de la media baja y 72% de la baja.
El mes pasado, por primera vez desde las mediciones prebalotaje, el 29% evaluó la capacidad de consumo de su hogar como “buena/muy buena” (38% en el caso de la clase alta; 34% en la media alta; 31% en la media baja y 21% en la baja). Entre enero y marzo había dado 20%; en abril, 23%, y en mayo, 26%.
También creció el porcentaje de quienes afirmaron haber realizado gastos “hedónicos” (salidas, indumentaria, delivery y tecnología/electro), 60%, siete puntos porcentuales más que en mayo, nueve más que en abril y 12 más que en el primer trimestre, aunque sigue ocho por debajo de 2018 y más o menos en el mismo nivel de 2021.
En este segmento también se patentiza la fragmentación que remarca Moiguer. De quienes pudieron realizar estos consumos, 83% son de clase alta; 77%, de la media alta; 59%, de la media baja, y 40%, de la clase baja.
Según datos oficiales (el informe sobre evolución de la distribución del ingreso del Indec), el 20% de los hogares de más altos ingresos concentran el 42,5% de la torta que se reparte en el país. El coeficiente de Gini (valor de entre 0 y 1 que refleja la desigualdad en la distribución del ingreso, en el que 0 es la mayor igualdad y 1 la mayor desigualdad) fue de 0,467, empeorando no solo frente al último trimestre de 2023 (0,435), sino que se ha convertido en el peor registro de los últimos cuatro años.
Ya el reporte anterior de la consultora transparentaba que la clase media comenzaba a presentar niveles de ajuste por sobre el promedio en el bimestre abril/mayo de este año. Este nuevo trabajo de Moiguer fue realizado entre el 3 y el 26 del mes pasado sobre 1700 personas de entre 25 y 50 años del AMBA, provincia de Buenos Aires, Salta, Córdoba y Mendoza.
En línea con la mejora de algunos indicadores macro como la desaceleración de la inflación y caída del déficit fiscal, mejoraron los relacionados con expectativas de crisis económica (40% frente al 45% del mes anterior) y de hiperinflación (30%, cinco puntos porcentuales menos que en mayo y 24 menos que en noviembre antes del balotaje).
Esos números presentan un fuerte contraste respecto de cómo creen que evolucionará la capacidad de compra de sus hogares: 46% entiende que “peor o mucho peor” y no hubo cambios entre enero y junio, como tampoco se modificó en ese período el 35% de los que dudan de la estabilidad de su trabajo. Ese aspecto coincide con el apuntado por el último relevamiento nacional de la consultora Opina Argentina, que mostró transformaciones en la “nube de preocupaciones”: 55% de los encuestados temen la posibilidad de quedar desempleados y la desocupación, con 29%, quedó al mismo nivel que la inflación como principal problema percibido.
En junio creció el porcentaje de quienes dijeron haber hecho consumos “hedónicos”

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Por un año más, no cobrarán retenciones a los lácteos
La prórroga, hasta el 30 de junio de 2025, está por salir

Fernando Bertello
El Gobierno formalizará en el Boletín Oficial el decreto que prorrogará hasta el 30 de junio de 2025 el no cobro de las retenciones a los productos lácteos. Según pudo saber luego de diversos pasos legales, el decreto quedó a la firma del Presidente, Javier Milei, y por estas horas era inminente la concreción de esa última instancia antes de la oficialización.
En mayo pasado, el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, había dado a conocer la medida de no cobrar retenciones a los lácteos por un año. En esa oportunidad se dijo que la decisión busca “brindar estabilidad y competitividad a toda la cadena láctea, impulsando inversiones que fortalezcan tanto la producción como los procesos industriales. Es fundamental para el crecimiento del sector y para promover la inserción de nuestros productos lácteos en el mercado internacional”.
Gesto a los productores
La suspensión de las retenciones había sido en realidad originalmente anunciada a fin de septiembre por el entonces ministro de Economía Sergio Massa, en medio de la campaña electoral. La leche en polvo tributaba un 9% de derechos de exportación y los quesos, 4,5%. En ese momento, la medida era por 90 días, hasta que concluyera 2023. Sin embargo, en enero pasado, el gobierno del presidente Milei la extendió hasta el 30 del actual. Ahora irá hasta el 30 de junio de 2025.
Esta decisión se suma a otra que representa un gesto a los productores: el Banco Central anunció que no renovará una resolución que desde septiembre de 2022 viene castigando con una sobretasa a los productores de soja que tienen en stock más de 5% de grano.
“Esta decisión constituye un paso más en el camino trazado por el BCRA con miras a normalizar el funcionamiento del sistema financiero y fomentar el crédito doméstico al sector privado productivo. Esta adecuación normativa complementa otras medidas como la comunicación A8043, del pasado 13 de junio, que flexibilizó las normas de crédito para el conjunto de entidades que califican como grandes empresas exportadoras (GEE)”, precisó el BCRA.
Según los últimos datos disponibles sobre las exportaciones de productos lácteos, entre enero y mayo pasado se colocaron en el exterior 154.972 toneladas. Esto representó un crecimiento del 7%. En tanto, en valor se hicieron negocios por 559,1 millones de dólares, un 3% menos versus igual período de 2023.
Respecto de la producción lechera, que estuvo afectada en 2023 por la sequía y el encarecimiento del alimento a raíz del dólar soja del gobierno anterior, entre enero y mayo pasado registró una retracción acumulada del 14,3%. El dato positivo es que mayo subió 6,6% versus abril último

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Dudas por el bono de $70.000 de este mes para jubilados de menores ingresos
Milei lo condicionó a los ingresos fiscales; en Economía afirman que sí se pagará

Silvia Stang
El presidente Javier Milei puso en duda el viernes el pago este mes del bono para los jubilados y pensionados de menores ingresos. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía afirmaron, al responder una consulta de la nacion, que sí se abonará el refuerzo de hasta $70.000, tal como en esa misma dependencia estatal habían dicho dos semanas atrás.
La medida deberá ser dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo y establecerá que el ingreso total más bajo del sistema será de $285.622. Quienes cobren más que el haber mínimo recibirán un refuerzo de un monto tal que complete esos $285.622.
El calendario de pago de las prestaciones de este mes se iniciará el lunes 8 de este mes.
Si no se abonara el refuerzo, el monto percibido por quienes tienen el haber mínimo caería nominalmente más de 22% y se cobrarían $61.309 menos que en junio (sin considerar el medio aguinaldo, una prestación que es propia del mes pasado), aun en medio de un contexto inflacionario y cuando se estima que en junio los precios subieron, en promedio, más que en mayo.

En una entrevista concedida al programa +Mañana, de LN+, Milei dijo, tras ser consultado sobre el tema por Antonio Laje, que la decisión sobre el refuerzo depende de los números fiscales. “El bono es discrecional y tenemos que ser serios; solo va a haber bonos en función de cómo vienen la situación y los números fiscales; no vamos a engañar a la gente dándoles cosas que no hay” porque después “los efectos son peores”, señaló el mandatario.
Sin contar el medio aguinaldo, el mes pasado los beneficiarios que perciben solo un haber básico tuvieron un refuerzo de $70.000, que se sumó a los $206.931,10 del haber propiamente dicho.
Para julio y en función de lo dispuesto por el DNU 274 de abril último, todos los ingresos del sistema previsional general de la Anses se reajustarán en un 4,2%, porque ese fue el índice de inflación de mayo. Así, el haber mínimo quedará en $215.622,20, una cifra que todavía no fue oficializada mediante una resolución.
A mediados de junio, cuando se conoció el índice de inflación,
consultó sobre el bono a la nacion fuentes del Ministerio de Economía, que entonces habían confirmado el pago de un bono para este mes en iguales condiciones que en los meses previos. Sin embargo, al cierre de esta edición no se emitió el decreto correspondiente, y las declaraciones del Presidente pusieron en duda el pago.
El haber mínimo de julio, de $215.622 según lo previsto, es un monto un 22% más bajo que la cifra de $276.931 que significó en junio el ingreso habitual más el bono de $70.000; es decir, de no haber bono se percibirían en esos casos $61.309 menos. También cobrarían una menor cantidad de pesos quienes tienen un ingreso mayor al mínimo, pero inferior a la cifra que resulta de considerar el mínimo más los $70.000; es decir, quienes en el mes de junio cobraron en total hasta los mencionados $276.931.
El pago de bonos es continuo desde septiembre de 2022 y en ese mismo mes de 2023 se redujo el universo de quienes los perciben, por una decisión del gobierno de Alberto Fernández. Se trata de una política discrecional, que nunca abarcó a todos los jubilados del sistema de la Anses, pese a que los daños producidos por la inflación fueron generalizados.
Mientras que con el gobierno anterior, y por los refuerzos, los jubilados del haber mínimo fueron quienes perdieron menos poder adquisitivo (de todas formas, solo en 2023 la caída fue de 14,2% en esos casos), en la actual gestión esa ecuación se invirtió, porque el monto del bono está congelado desde marzo.
Detrás de la inflación
En la primera mitad de 2024, el monto cobrado por quienes tienen solo un haber mínimo como ingreso previsional (y, por tanto, reciben bono) subió un 72,3%, mientras que la inflación estimada para el período es de alrededor de entre 80% y 82%. Si se hubiera decidido no pagar el bono el mes actual, se cobraría un monto que, en comparación con el del inicio del año, sería solo un 34% nominalmente mayor.
Según datos estadísticos publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social, quienes cobran el monto integrado por su haber más el bono de hasta $70.000 son el 45% del total de beneficiarios. La condición para percibir el extra siempre fue no cobrar dos haberes, porque el ingreso tope para que sea liquidado el refuerzo se establece por beneficiario y no por beneficio (es decir, quienes cobran el haber mínimo pero, además, tienen otro ingreso previsional, no lo perciben). Alrededor del 95% de quienes cobran el haber más bajo del sistema se jubiló mediante una moratoria, aunque eso no significa necesariamente que sean personas que nunca hicieron aportes: este grupo de beneficiarios es muy heterogéneo y, así que como hay quienes no contribuyeron también hay quienes lo hicieron durante más de 20 años, pero no alcanzaron los 30 que exige la ley previsional.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

DECRETO, BITCOIN, LABORATORIO Y SUSPENSIÓN

Tras la polémica, Caputo se quedó con el control de los fideicomisos “nacionales”
El ministro asume el papel de fiduciante en nombre del Estado nacional
El ministro de Economía, Luis Caputo
Tal como se había adelantado, el Gobierno decidió otorgarle el control de todos los fondos fiduciarios integrados por bienes del Estado al Ministerio de Economía. Desde ahora, regirá como fiduciante, en nombre del Estado nacional, de aquellos que fueron cuestionados desde el Ejecutivo y que significan el manejo de cuantiosas sumas de dinero en un contexto de extremo ajuste fiscal.
La decisión estaba al caer, como informara
Solo faltaban la firma del presidente Javier Milei y su posterior publicación en el Boletín Oficial, que llegó en la medianoche del lunes a través del decreto 215/2024.
Este estableció en su artículo 1º: “Designase al Ministerio de Economía como fiduciante en representación del Estado nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”. Esto se traduce en que los fondos que hasta ahora estaban bajo la administración principalmente de los bancos BICE y Nación, a través de su vinculada, Nación Fideicomisos, pasan a ser administrados por Economía.
En tanto, aclara en el segundo apartado que “en los casos en los que el Congreso haya designado como fiduciante a un organismo o repartición específica diferente del Ministerio de Economía, o a un comité de integración plural, con carácter previo al dictado de cualquier instrucción al fiduciario deberá emitir opinión el citado ministerio”.
Además, se insta al propio ministerio a realizar, dentro del plazo de 60 días, una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado, con el objetivo de discriminar entre aquellos fondos fiduciarios que tienen o no tienen bienes estatales en su haber.
“La idea es revisarlos, analizar las irregularidades, pedir actualizaciones de las auditorías a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para determinar el camino a seguir e ir cerrando los fideicomisos que corresponda, que van a ser casi todos. Algunos no pueden ser cerrados por decreto, sino por ley; en esos casos demoraremos un poco más, pero lo que vamos a hacer es intervenirlos”, explicaron fuentes oficiales.
Desde el Gobierno plantean que en la mayoría de los 29 fondos fiduciarios existentes en la Argentina contemplados en el presupuesto 2023 (extendido por el Ejecutivo para 2024) hay números que no cierran, que no son del todo transparentes y que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, aproximadamente dos puntos porcentuales del producto bruto interno (PBI).
Tras el rechazo del apartado dedicado a los fondos fiduciarios que se intentó legislar en el Congreso en la Cámara de Diputados [el llamado “artículo 4”], la Casa Rosada pretendía conseguir que el Presidente pudiera disponer de esos fondos de manera discrecional sin necesidad de autorización del Poder Legislativo. En específico: “Transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos”. Pero esto fue rechazado y la sesión se levantó.
Auditoría
La nueva medida dispuesta por el Ejecutivo con la firma del Presidente; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, busca llevar a cabo, en parte, esa idea en los casi 50 fideicomisos que parecen surgir ahora de la auditoría realizada de fondos que no necesariamente están circunscriptos al presupuesto nacional.
En sus considerandos se aclara que se decidió continuar con esta iniciativa por los resultados del Informe de Entrega y Recepción elaborado por la Sigen que advirtió sobre las debilidades de los procesos de rendición de cuentas de aquellos y, por lo tanto, la ausencia o falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo de los procesos de otorgamiento de fondos, lo que dificulta garantizar la transparencia y trazabilidad de las actuaciones.
Además, el informe observó la inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo; las políticas generales a ser abordadas; los mecanismos para la formalización de expedientes y documentación de respaldo de las decisiones; las responsabilidades sobre el seguimiento y control de beneficiarios; los sistemas de información sobre el estado de ejecución y avance de obras, entre otros puntos.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

El bitcoin se acerca a su máximo histórico
Tras semanas de movimientos al alza, el bitcoin ayer arrancó su cotización a US$65.500, para llegar horas más tarde a los US$67.600. Se acercó así a los US$68.789, el máximo histórico que alcanzó en diciembre de 2021. Cabe destacar que la moneda, a diferencia del mercado cambiario, no posee horario de apertura y cierre, ya que funciona de forma descentralizada.
Este nuevo valor implica un avance porcentual de 200,1% en términos interanuales y de 7,8% respecto del domingo. La tendencia sigue proyectando la recuperación de la divisa luego de atravesar, en los últimos dos años, lo que se conoce como el “invierno cripto”. Durante ese tiempo la moneda sufrió un derrumbe en el precio, que cayó a US$15.000. Uno de los factores más relevantes detrás del actual incremento es la aprobación de los ETF al contado, fondos que cotizan en la Bolsa de Nueva York y que permiten la inversión indirecta a las empresas que no podían hacerlo en activos digitales por su estatuto.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Expansión regional de un laboratorio
Roemmers adquirió el 30% del laboratorio nacional Tuteur por una cifra cercana a los US$80 millones, según fuentes del mercado citadas por el portal especializado Pharmabiz. El monto de la operación no fue comunicado por las partes. Tuteur, cuyo management seguirá al frente del negocio, opera en el mercado argentino hace más de 50 años enfocada en los medicamentos de alto costo y ahora, con el ingreso de Roemmers, apunta a la expansión regional en este segmento. “Se trata de una alianza estratégica entre dos compañías nacionales del sector que se apalancan una en las fortalezas de la otra para multilatinizar sus operaciones en el rubro de medicamentos oncológicos”, señalaron fuentes de Roemmers “Roemmers facilitará su infraestructura comercial en la región latinoamericana a través de Siegfried y Tuteur pondrá en disponibilidad la calidad de sus productos producidos en el país; la alianza significará más divisas, producción y empleos”, agregaron las fuentes. 
1 Alianza
Roemmers adquirió el 30% del laboratorio local Tuteur. Apunta a la expansión regional en el segmento de alto costo
2 Monto
El monto de la operación no fue informado, pero en el mercado calculan que rondaría los US$80 millones

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ariel y Magistral no cambian de manos
Jonathan Gerszberg GERENTE GRAl DE DREAmco

Dreamco nació hace dos años, cuando el grupo peruano Alicorp anunció la venta de su filial argentina y su salida del mercado local
A menos de seis meses del anuncio de la compra de las marcas Ariel y Magistral, que pertenecían a la multinacional Procter & Gamble (P&G), la firma argentina Dreamco informó la caída de la operación. “No están dadas las condiciones para proceder con el acuerdo, por lo que lamentamos confirmar que no se procederá con la adquisición de las marcas Ariel y Magistral, la planta de Pilar y el centro de distribución”, explicaron en la compañía local, dueña de Plusbelle y Zorro. En Dreamco no dieron las razones para la suspensión de la operación, aunque todas las miradas apuntan a problemas sindicales y a la negativa de los 400 trabajadores de la planta de Pilar a aceptar el traspaso de accionista.
Dreamco nació hace dos años, cuando el grupo peruano Alicorp anunció la venta de su filial argentina y su salida del mercado local. En ese momento, el management de la filial argentina, encabezado por el entonces country manager de Alicorp Argentina, Jonathan Gerszberg, decidió hacerse cargo del negocio. 

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

DECRETO,, SECRETO PROFESIONAL, VIALIDAD Y ALPEROVICH

Ajustarán la normativa contra el lavado de dinero
El Gobierno prepara un DNU que obliga a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes; busca aprobar un examen del GAFI

Hernán CappielloMariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia
El Gobierno prepara un decreto de necesidad y urgencia para adecuar la normativa vigente contra el lavado de dinero que dispondrá que los abogados serán sujetos obligados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes.
Actualmente, la lista de sujetos obligados incluye a los bancos, las financieras, las concesionarias de autos y las aseguradoras, entre otros responsables de reportar las operaciones de sus clientes cuando su perfil económico no se condice con sus inversiones.
El DNU se conocerá antes del 6 de marzo, cuando un equipo evaluador del Grupo Internacional de Administración Financiera (GAFI) llegará al país. Durante 20 días, los enviados se reunirán con todos los poderes del Estado y con el sector privado, para valorar si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
EL GAFI examinará las políticas antilavado del país. Como el presidente Javier Milei no prorrogó las sesiones extraordinarias, no se realizará el 23 de febrero el encuentro del Senado para aprobar las reformas a la ley antilavado que propone el GAFI para pasar el examen. Entonces, el Gobierno decidió recurrir a un decreto de necesidad y urgencia, dijeron altas fuentes del Poder Ejecutivo 
Mientras tanto, el actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la Argentina, Ignacio Yacobucci, participa en París del plenario del GAFI que culminará el viernes próximo. Yacobucci superó la audiencia oficial y formalizó su designación esta semana, cuando su nombramiento se publicó en el Boletín Oficial.
Al margen del primer plenario del año, los funcionarios participarán de una serie de reuniones en los grupos de Desarrollo de Políticas (PDG), Evaluaciones y Cumplimiento( ECG ), Riesgo, Tendencias y Métodos (RTMG), Revisión de Cooperación Internacional (ICRG) y Coordinación de la Red Global (GNCG). Participan del encuentro, además, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; Marcelo Ruiz, asesor del Ministerio de Justicia; Jimena Zicavo, coordinadora nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y el expresidente de la UIF Juan Carlos Otero, entre otros funcionarios.
Milei no prorrogó las sesiones extraordinarias y eso sorprendió a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los senadores, porque habían convocado a una sesión el 23 de febrero. Ese día planeaban sancionar una ley, que ya venía con media sanción desde el kirchnerismo, para aprobar modificaciones que exige el GAFI antes de su visita. El propósito es evitar que la Argentina sea puesta en una lista negra de países que no combaten el lavado de dinero del terrorismo y del narcotráfico.
La revisión de marzo dura entre dos y tres semanas en la Argentina, pero hay una evaluación en junio y una definitiva en octubre, cuando se ponen las calificaciones finales.
Las principales modificaciones se plantea el GAFI para la Argentina son :
–Reforma del tipo penal de terrorismo. Ampliación a comportamientos vinculados a la preparación, financiación y apoyo de actos y organizaciones terroristas. Esta reforma no se puede realizar por DNU, sino que será incluida en una ley que se presentará en sesiones ordinarias.
–Inclusión de un tipo penal de proliferación de armas de destrucción masiva. Tampoco puede disponerse por DNU y también está previsto aprobarlo por ley.
–Inclusión como sujetos obligados de los proveedores de activos virtuales y abogados.
–Creación del registro de proveedores de activos virtuales, que cuenta con apoyo del sector.
–Creación del registro de beneficiarios finales (ya existe en todo el mundo y evita el abuso de las formas societarias).
–Ampliación de las consecuencias jurídicas frente a infracción y actualización de su monto (Se amplía la multa hoy en 100.000 pesos).
–Consolidación de la autonomía de la UIF con posibilidad de contar con mayo
La evaluación del GAFI de octubre será la cuarta desde su creación, en 1989. La decisión la tomará el plenario del organismo que se reúna en París para resolver si aprueba o no el Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina. La última revisión que realizó el GAFI en la Argentina fue en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el país no tuvo una buena nota: fue incluido en la lista gris porque se consideró que en aquel momento no cumplía con los estándares exigidos, es decir, presentaba un sistema de prevención débil contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Cuestionamiento de los abogados

La principal crítica al proyecto es que violaría el secreto profesional

Gustavo Schaposnik
El proyecto del Gobierno de obligar a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero de sus clientes puso en alerta a algunos referentes del mundo de la abogacía.
“Viola el secreto profesional y es absolutamente innecesario. Las propias notas interpretativas del GAFI dicen que no debe incluirse a los abogados si las actividades subyacentes ya se encuentran obligadas a ser informadas. El Colegio Público se opone enfáticamente a que se incluya a los abogados”, dijo a Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto de ley que se preveía tratar en el Congreso y que ahora se planea impulsar como decreto de necesidad y urgencia fue aprobado en 2023 por la Cámara de Diputados y frenado por el Senado. En aquel entonces, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad envió una nota a la Cámara alta explicando los motivos del desacuerdo. Este año volvieron a enviarla al Congreso.
Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Consejo Superior de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, dijo: “No es la primera vez que debemos expedirnos sobre el tema, que consideramos violatorio del derecho de defensa y el secreto profesional”.
Otros abogados consideraron que la medida que analiza tomar el Gobierno sería inconstitucional. Jorge Rizzo, miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y referente de la asociación civil Gente de Derecho, dijo a “Es inconstitucional de cabo a rabo porque viola el secreto profesional, obligación primaria e ineludible de los abogados. De salir, nuestra asociación planteará su inconstitucionalidad”.
La advertencia sobre la posible violación del secreto profesional fue una crítica repetida. Julio César Sorrentino, vicepresidente del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Martín y presidente del Partido Demócrata Progresista de San Martín, fue uno de ellos: “Una norma de ese tipo entraría colisión con el secreto profesional del abogado, por lo que sería inconstitucional”.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Transmitirán en vivo la audiencia por la condena a Cristina
Casación habilitó un streaming para seguir el caso que involucra a la expresidenta
Gustavo Hornos
La Justicia habilitó un sistema de streaming para que la ciudadanía pueda seguir por YouTube en tiempo real las audiencias en las que se revisará la condena a seis años de prisión que recibió la expresidenta Cristina Kirchner por direccionar obras públicas de la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez en el caso que se conoce como “Vialidad”.
La decisión fue del presidente de la Sala IV de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, que difundió los links de YouTube para seguir el alegato del fiscal Mario Villar y de los abogados defensores.
Villar comenzará las audiencias el próximo 26 de febrero. El turno de la defensa de Cristina Kirchner es el 7 de marzo. La expresidenta no anunció al tribunal si va a hacer uso de la palabra, pero puede hacerlo hasta el último día. El 25 de marzo será el turno del defensor de Lázaro Báez.
Las partes expondrán sus posiciones en seis audiencias orales y públicas, que se celebraran hasta el 4 de abril, ante los jueces de la Sala IV de la Casación: Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
En la causa “Vialidad”, la Cámara de Casación debe resolver acerca de recursos de las defensas contra las condenas impuestas a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, entre otros exfuncionarios kirchneristas, por el delito de fraude a la administración pública.
También debe resolver el recurso del fiscal Diego Luciani –que mantuvo el fiscal de Casación Villar– contra la absolución de la expresidenta por el delito de asociación ilícita por el que se la había acusado durante el juicio.
Las audiencias para que todas las partes (fiscal y defensas) expongan ante los jueces serán presenciales, orales y públicas en los tribunales de Comodoro Py 2002 los días 26 y 29 de febrero, 7, 14 y 25 de marzo y 4 de abril. Por ahora en la Sala E, pero si el público es demasiado, ya se reservó una sala más grande.
El fiscal Villar prepara un pedido para agravar su condena de 6 años de prisión por corrupción a 12 años de cárcel, como solicitó durante el juicio oral su colega Diego Luciani. La fiscalía va a argumentar en favor de mantener las condenas y agravarlas, según cada caso, y va a pedir que se revoque la absolución de la exvicepresidenta por el delito de asociación ilícita y del resto de los acusados que fueron liberados de culpa y cargo.
En esa audiencia, el fiscal Villar tiene previsto pedir que se rechace el recurso de Casación de la exvicepresidenta y solicitar que se agrave su condena.
Hay dos caminos para solicitar que se sumen años a los que recibió Cristina Kirchner en su pena. Los jueces del tribunal oral federal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso impusieron la pena máxima por administración fraudulenta, que son 6 años de prisión. Consideraron las 51 licitaciones de obra pública de la provincia de Santa Cruz direccionadas en favor de Lázaro Báez como un solo hecho de fraude.
La fiscalía puede argumentar que se trató de más de un hecho, incluso porque en el período en que los hechos tuvieron lugar (desde el gobierno de Néstor Kirchner hasta los dos de Cristina Kirchner) hubo tres administraciones y, con ese argumento, podrían pedir que se sumen más años al castigo.
La otra manera de ir por un agravamiento de la pena es argumentando contra la absolución por asociación ilícita, como había ensayado en el juicio oral el fiscal Luciani. Ahí el límite son 12 años de cárcel, que es lo que pidió la fiscalía como condena en ese momento.
A pesar de que Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión, no quedó presa porque esa sentencia debe ser revisada primero por la Cámara de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia. Solo si la Corte rechaza todos los recursos de la defensa y deja firme el fallo, la exvicepresidenta podría ser detenida. Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que puede pedir cumplir una eventual pena en su casa.

CINCO TESTIGOS COMPLICAN A ALPEROVICH

Cinco testigos que declararon ayer en un juicio oral y público apoyaron la acusación contra el exgobernador de Tucumán José Alperovich, a quien una sobrina suya denunció por abuso sexual, supuestamente ocurrido en Buenos Aires y en Tucumán.
Quienes declararon ante el juez Juan Ramos Padilla, que actúa como tribunal unipersonal, fueron la madre de la denunciante, identificada con las iniciales F. L ., dos amigas de ella, un excompañero de trabajo y un periodista.
Los testigos coincidieron con el relato oído la semana pasada acerca de que la chica que denunció a Al pero vi ch sufrió cambios físicos, caída del cabello y pérdida de peso. Vincularon lo ocasionado a la situación que denunció la joven cuando trabajaba con el ex funcionario, entre 2017 y 2018. La denuncia la hizo en 2019 y se alejó del exmandatario provincial, que también fue senador nacional.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA