FRANCISCO OLIVERA OPINA,

Propiedad privada: ¿no pasar?

Francisco Olivera
Dicen los usurpados que todo puede desencadenarse en un par de horas. A la madrugada, llega un camión con familias preparadas para el acampe: chapas, estacas, carpas. Y que a las 6 o 7 AM, cuando el primer vecino se dé cuenta de la toma del terreno y le avise al propietario, habrá sido tarde: los ocupantes, tentados por alguien a cambio de cuotas y promesas, ya estarán instalados.

 Empieza entonces una carrera contra el tiempo: lo que fue faja se convierte en colchón, chapa, pared. "Sos el dueño y decidís ir a ver qué pasa. Y caen tres camionetas con matones que te dicen: 'Flaco, tomátelas'. Y vos te vas porque no sos barrabrava, salvo que caigas con otros 20 barrabravas", explica un desarrollador.

Argentina 2020. El proceso exacto inverso a lo que el mundo llama gentrification. Pasa con el desarrollo urbanístico. Un asentamiento empieza a mejorar mediante la entrega de títulos de propiedad, servicios básicos, seguridad a sus vecinos.

 Como la tierra es barata, en algún momento llegan los primeros inversores a comprar lotes. Eso hace subir el valor del metro cuadrado y, así, los habitantes originales eligen vender. Controvertido para quienes lo definen como un "virus irreparable" que expulsa de manera silenciosa a sectores de bajos recursos, es el camino que recorrió Nueva York a partir de la gestión de Rudolph Giuliani, con barrios como Harlem West o Brooklyn. También Shanghai o San Francisco.

Los intendentes tienen miedo. Algunos han reforzado en estos días la seguridad de sus mejores predios. Dicen que la toma es como los saqueos: no hay que nombrarla. Cuanto más se corre la voz, peor el riesgo
Pero en la Argentina no hay Giulianis y los intendentes tienen miedo. Algunos han reforzado en estos días la seguridad de sus mejores predios. Dicen que la toma es como los saqueos: no hay que nombrarla. Cuanto más se corre la voz, peor el riesgo. En los municipios dudan de los cuidadores que contratan y hasta de la policía. ¿Cuál será el límite de la lealtad ante una oferta cuantiosa por hacer la vista gorda?

Nada nuevo, en realidad. En la Capital Federal, las villas se expanden hacia arriba; en el conurbano, hacia los costados: los más jóvenes sueñan con dejar el hacinamiento. A los desarrolladores no les llama la atención en tiempos de elecciones. Pero este año no es electoral, y la dificultad surge de contradicciones internas del Frente de Todos. ¿Hasta cuándo podrán convivir Berni y Sabina Frederic? La izquierda kirchnerista aborda la cuestión del delito con la culpa de un macrista forzado a controlar precios. Semanas atrás, Diego Kravetz, jefe de Gabinete de Lanús, recibió objeciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por haber desalojado en Monte Chingolo lo que consideraba un aguantadero de delincuentes. "No había ni baño, no era un tema habitacional", contestó él.

A la ambigüedad contribuyen las propias normas. Desde abril del año pasado, la Suprema Corte bonaerense obliga con un protocolo a buscar soluciones amistosas, censar a los involucrados y llevar asistentes sociales si no se detecta la toma en flagrancia. La ley provincial 15.172, de este año, prohíbe hasta el 30 de este mes "toda ejecución" que afecte "a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular". El proceso judicial puede entonces durar años. Propietarios de 111 hectáreas ubicadas en Villa Albertina, cerca del Puente La Noria, litigan desde hace una década con el Estado bonaerense por el precio que, consumada la toma, después de la expropiación, se les debe. El conflicto llegó a la cámara. La Provincia ofrece 5 dólares el metro cuadrado y los dueños piden 70: Elliot Management y Maduro estarían más cerca del acuerdo.

"Todo se agravó por los comentarios de los políticos y las organizaciones sociales -dijo a este diario Marcelo Babenco, de la Cámara Inmobiliaria bonaerense-. El que tiene que dar respuestas es el Estado, no los privados". Berni acusó esta semana al Movimiento Evita del conflicto en Guernica. Tiene con ellos antiguos desencuentros, pero es probable que haya aludido a un proyecto de ley presentado en agosto por Patricia Cubría, diputada del Frente de Todos y casada con Emilio Pérsico. Sobre la base de la ley 15.172, "la Colo", como la llama la militancia, propone declarar de utilidad pública esos terrenos. "Los inmuebles citados serán adjudicados en propiedad a título oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes, con cargo de construcción de vivienda propia", dice el artículo 2. Cubría le dedicó anteayer al ministro dos tuits: "@SergioBerniArg miente. Todos los días de campaña en la TV. Cree que puede tapar el sol con las manos.

Las tomas existen porque hay una situación de emergencia habitacional, millones de compatriotas no tienen dónde vivir con su familia. Es un problema real de derechos vulnerados", dijo, y agregó: "¿Cuál es la solución que propone el ministro que se cree Rambo? ¿Violencia y que vayan a vivir debajo de un puente?". El predio inquieta a la comisión directiva del club San Cirano, que proyectaba erigir al lado su country club con el grupo constructor Campos del Bellaco.
Guernica, cabecera del partido Presidente Perón, puede estar adelantando escenas de la pospandemia. Etapa que, por lo pronto, pondrá a prueba la convivencia entre sindicatos y movimientos sociales. Blanca Cantero, la intendenta, está casada con Carlos Acuña, uno de los líderes de la CGT. "El que les dio aire a esas organizaciones fue el macrismo", se quejan en el sector inmobiliario. Los intendentes le exigieron esta semana a Kicillof dar un mensaje más claro. Es cierto que el Frente de Todos es en sí mismo ambivalente. Pero la sensibilidad del caso reside en el tema y el momento. "Están cabeceando la granada al lado del gasoducto", graficaron cerca de Massa.

La discusión tampoco les será indiferente a Guzmán o a Kulfas, que velan por la inversión. ¿Cómo congeniar esa urgencia con los "derechos vulnerados" del proyecto de Cubría? ¿Cuáles son los alcances y los límites de la justicia social? Quienes dicen haber venido a reivindicarla cuidan hasta las palabras. Para un liberal sería más fácil. En sus Diez lecciones de economía, el jurista catalán Faustino Ballvé saldaba el dilema: "El fin de la Justicia propiamente dicha es, como decían los romanos, dar a cada uno lo que es suyo, y para dar a cada uno lo que es suyo es preciso que ya sea suyo; dar, en ese sentido, es proteger el derecho de la propiedad. Mientras el proceso económico esté en curso, nada es de nadie: solo adquiere cada uno lo suyo cuando lo obtiene al final de un ciclo del proceso económico precisamente en virtud de este proceso y nada más. (...) Cuando cada uno tenga así lo suyo y alguien quiera quitárselo, entonces entrará en función la Justicia, no antes".

La Argentina ha quedado entrampada en viejos malentendidos. Algunos los dirimen por la fuerza. Hace dos semanas, en Moreno, en un confuso episodio de usurpación que investiga la Justicia, murió a balazos Martín Núñez, "Saviolita", miembro de La Banda del Oeste, facción de la hinchada de River. La propiedad privada excede el ámbito de la economía: en su lógica están también la libertad y la paz.

FRANCISCO OLIVERA OPINA,

Cuarentena con la lente apagada
Francisco Olivera
Hubo un momento en que los intendentes de Juntos por el Cambio decidieron apagar las cámaras. Dejaron solo el audio. Es un gesto de protesta en la era del Zoom. Era la mañana de anteayer y, por teleconferencia y enésima vez en la cuarentena, Axel Kicillof volvía a centrar su análisis epidemiológico en la ciudad de Buenos Aires, a la que le dedicó los primeros 15 minutos. Dijo que la mayor incidencia del Covid estaba todavía en ese distrito e insistió en el contraste: “La cantidad de internados en la ciudad con domicilio en provincia es menor a la histórica”.
Está preocupado. Lo repitió ayer públicamente en Olivos. Cree que, a este ritmo, con 20 pacientes nuevos diarios por terapia intensiva, en 50 días se ocupará la última cama bonaerense. “El día que usaste la última cama de UTI, el tipo que llega no tiene los cuidados que necesita y se muere”, había advertido ante los jefes comunales. Es la imagen que lo espanta. 

La de Guayaquil, con víctimas y cajones en las calles. O Nueva York, el ejemplo que eligió en el encuentro: “Pasó en Manhattan, donde son todas las películas. La gente se moría porque no había camas”. Escenas de terror que lo perturban. “Si alguien tiene una idea mejor, más linda, más simpática, compro”, les dijo, y cuestionó a sus detractores con una metáfora de perspectiva biologicista: “El bullicio anticuarentena genera un efecto que a mí me hincha las pelotas”.
Kicillof está convencido de que su gestión se juega en esos resultados. “Hay que transitar unos meses con responsabilidad y firmeza: nos van a evaluar por eso”, les insistió. Ocupa un cargo explosivo en varios frentes: la fase más crítica del Covid se da justo en el lugar más frágil, la provincia, a la vez bastión del kirchnerismo y donde el proyecto político no puede fallar. No es fácil controlarlo. Esta semana, las autoridades sanitarias admitieron que no estaban en condiciones de saber cuánta gente muere por día: es una información que deben suministrar diariamente los centros de salud, muchos de ellos, privados, y no siempre lo hacen con diligencia. La otra dificultad reside en el mensaje oficial: ¿cómo convencer? Exactamente 9 días después de prohibir por decreto las reuniones sociales, Alberto Fernández sorprendió el miércoles pasado: “Que a mí me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra, porque la gente sale”. Kicillof agregó ayer que el cumplimiento de las restricciones había caído del 72% en marzo al 25% ahora.

Estas urgencias vienen postergando casi todo. No la reforma judicial, obsesión de Cristina Kirchner, según admiten los funcionarios, pero sí, por ejemplo, el plan de 60 medidas con que el Gobierno pretende aliviar la crisis. Dificultades para pensar el día después que preocupan a los empresarios. Principalmente a quienes dependen de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Anteayer, por teleconferencia con Quinquela, una administradora de fondos comunes de inversión, el ministro Matías Kulfas explicó en uno de sus slides que las pymes se estaban llevando “el 70% del gasto en ATP”. Dio un mensaje optimista, dijo que la recuperación ya había empezado de manera heterogénea en varios sectores, pero dejó sobre el final un decálogo de consensos a los que el país debería llegar para crecer. El mayor desafío es su séptimo mandamiento: “No bajaremos la pobreza y la desigualdad sin un Estado que promueva la inversión privada y la suba de la productividad”. En esa meta han fracasado por lo menos las tres últimas administraciones.
En el Gobierno admiten que la Argentina podría terminar el año en condiciones peores que las que dejó Macri. El pos-covid incluirá no solo recesión y desempleo, sino demandas incompatibles unas con otras. Hay, por ejemplo, una pelea entre privados que empieza a despuntar: petroleras versus cerealeras. Las refinerías –YPF, Axion, Raizen, Puma– venden todavía 30% menos que hace un año en las estaciones de servicio y pretenden que se las libere al menos parcialmente de la obligación de incluir 12% de bioetanol en la nafta y 10% de biodiésel en el gasoil.
El plazo de la ley que lo especifica, de 15 años, vence en mayo próximo y le vienen pidiendo a Kulfas no renovarla tal como está. El ministro prometió estudiar el tema, pero recibió en simultáneo a los que reclaman lo contrario, los productores de biocombustibles, que necesitan de la prórroga de ese esquema que incluye exenciones impositivas. En ese grupo están Explora (grupo Endriven), Unitec BIO (Corporación América), Patagonia Bioenergía (Vicentín y otros), Aripar, Biobahia y Bioramallo (Grupo Bojanich), la alemana Cremer y algunas pymes, como BH Biocombustibles y Soy Energy.
La discusión es relevante porque la crisis, que los analistas definieron desde un principio como shock de oferta, requerirá aliviar lo que los empresarios llaman costo argentino. Una convicción que se oyen también en la CGT. El séptimo mandamiento de Kulfas. ¿Es, sin embargo, lo que piensa todo el Gobierno? Algunos indicios permiten sospechar que no. Por ejemplo, las críticas de Máximo Kirchner a la CGT por haber hecho un Zoom con la Asociación Empresaria Argentina. “Eso es ideología”, definió un dirigente sindical. La disidencia se ahondó cinco días después, con la reacción que se filtró desde la sede de Azopardo y publicó Carlos Galván en Clarín: “Este muchacho no laburó en su vida y nos viene a decir cómo tenemos que manejarnos”, dijo ahí Carlos Acuña, uno de los integrantes de la conducción. Tuvo que interceder Sergio Massa. “Acuña me llamó para que le transmitiera sus disculpas a Máximo”, contó el líder del Frente Renovador el sábado en el programa Sobredosis de TV, en C5N.

Es el anticipo de un debate de fondo. Si, por ejemplo, triunfa en el Gobierno la idea de que de la pandemia se sale repartiendo subsidios, empezará a gravitar más la relación con las organizaciones sociales. La pesadilla de muchos sindicalistas. Gerardo Martínez, de la Uocra, parece haberlo intuido: acordó esta semana de palabra con Mario Cafiero, jefe del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y referentes como Juan Grabois y Emilio Pérsico una proporción de antemano para la obra pública. Será 70% por licitación y 30% a movimientos sociales.
La pandemia expone este choque de cosmovisiones. No bien terminó el encuentro de Kicillof con intendentes, los oficialistas Lucas Ghi, de Morón; Juan Zabaleta, de Hurlingham, y Mayra Mendoza, de Quilmes, respaldaron al gobernador con mensajes en Twitter sobre la necesidad de extender la cuarentena. Pero Gustavo Posse, de San Isidro, publicó enseguida las condiciones de su programa Take Away Plus, que permite a los bares y restaurantes abrir con mesas afuera. Y eso que Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense, había intentado convencerlos en el final: “Les pido que hablen con criterio epidemiológico y científico, no por lo que desean”.
Será difícil que se entiendan. E imposible en las mismas condiciones del Zoom: reproches de un lado y del otro cámaras apagadas.

FRANCISCO OLIVERA OPINA,

“¿Puede un gobierno forzar con cupos la participación social de determinados sectores en ámbitos privados?”
Francisco Olivera
Delante de Rodríguez Larreta, la conducción de la Unión Industrial Argentina planteó anteayer dos preocupaciones que surgen en todas sus charlas sobre Covid: qué posibilidades tendrán de hacer testeos para los empleados y, en el caso de las pymes, si el Estado estaría en condiciones de pagarlos. Son caros. El líder porteño no quiso contestar ahí, pero instruyó a su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y a su secretario general, Fernando Straface, a que les armaran a los empresarios una reunión para analizar opciones con el equipo del ministro de Salud, Fernán Quirós. El encuentro se hará pasado mañana.
Cuestiones vitales en el más amplio de los sentidos. Los industriales consideran que sin ellas será imposible salir de la cuarentena y que, además, existen buenos ejemplos al respecto: Alemania, desde ya, pero también el Reino Unido e Italia. Son intentos de encontrar lo que no abunda: certezas en un año impredecible. Por eso celebraron tanto el acuerdo por la deuda, que ven como buen “punto de partida”, en un comunicado que difundieron el martes con felicitaciones al Gobierno. Daniel Funes de Rioja y José Urtubey, entre otros, querían consignar que de ahora en más era necesario un plan. Pero, como es un sustantivo que la Casa Rosada intenta evitar, algunos dudaron. “Va a parecer que lo estamos exigiendo”, evaluó Guillermo Moretti. Se usó entonces una fórmula sustituta: se reemplazó plan por “perspectiva de largo plazo”. Las palabras importan en el Frente de Todos. Las cuida hasta el directorio del Banco Central, que anteayer se adentró en el mundo de la lingüística: “El BCRA reconoce como válido el lenguaje inclusivo”, tituló, en una circular que anticipa que, en adelante, sus informes apuntarán a “migrar de la masculinización del lenguaje a la interpelación de todos los géneros”.
Pero la crisis es tan honda que los empresarios tienen sobre el organismo anhelos más elementales. Se centran en su cometido tradicional, el de defender el valor de la moneda, que convierte a Miguel Pesce en uno de los funcionarios más relevantes de esta etapa. Él y Martín Guzmán. Los programas respectivos, dicen, deberán confluir en una mayor credibilidad. Por ejemplo, tasas y condiciones generales que incentiven al ahorrista a quedarse en pesos y, por lo tanto, mantengan el tipo de cambio en estos niveles, que consideran competitivos. Es el único modo de que funcionen las 60 medidas que está por anunciar el Gobierno para las empresas. Será la otra cara del programa: la microeconomía, a cargo de Matías Kulfas.
Ese paquete no tiene todavía fecha. En las cámaras lo esperan con impaciencia y hasta cierta inquietud: ¿servirá para bajar costos o vendrá con obligaciones adicionales? La pandemia es la era de las sorpresas. El miércoles, ante un grupo de empresarias y ejecutivas, que le plantearon la necesidad de reforzar la reivindicación de la mujer en el mundo corporativo, Alberto Fernández adelantó que algunos de esos puntos estarían incluidos en el anuncio. Cuando se levantaban, alguien agradeció una resolución que la Inspección General de Justicia emitió esta semana y que obliga a conformar con paridad en el número de hombres y mujeres los nuevos directorios en sociedades estatales, mixtas, asociaciones civiles y fundaciones. La medida, de prosa enrevesada, forzó varias consultas en la UIA. “Impracticable. Inconstitucional”, la definió en un tuit el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. El alcance de la norma es todavía acotado, porque excluye prácticamente a todas las sociedades comerciales, pero puede ser el anticipo de una agenda que reaviva divergencias sobre las atribuciones del Estado. ¿Iniciativas de asociaciones sin fines de lucro como Conciencia, cuya comisión directiva está conformada en un 100% por mujeres, serán entonces inviables en el futuro?
Es un debate que excede el mundo de los negocios y que, como se funda últimamente más en adjetivos que en argumentos, no todos los empresarios se atreven a dar en voz alta. ¿Puede un gobierno forzar con cupos la participación social de determinados sectores en ámbitos privados en los que no existen prohibiciones al respecto? El Consejo de la Unión Europea rechazó hace dos años un proyecto que proponía llegar a 2020 con 40% de participación femenina en los directorios de empresas que coticen en bolsa, pero hay países en que la obligación rige desde hace más de una década. Noruega, por ejemplo. Un viejo dilema: ¿igualdad ante la ley o igualdad mediante la ley? El austríaco Ludwig von Mises, uno de los pensadores clásicos del liberalismo, lo define en un párrafo: “Hacer blanco a un negro rebasa la capacidad humana. Pero lo que sí se puede es otorgar al negro idénticos derechos que al blanco, para que pueda ganar lo mismo que este si produce tanto como él”, dice en su ensayo Liberalismo (1927).
Es cierto que, cuando se discute sobre las posibilidades del hombre y de la mujer, las comparaciones con grupos étnicos no son del todo exactas. Simone de Beauvoir lo planteaba ya en El segundo sexo, que escribió en 1949: “La gran diferencia consiste en que los negros sufren su suerte en la revuelta: ningún privilegio compensa su dureza; en cambio, a la mujer se la invita a la complicidad”. La escritora describe un sistema que propende a la participación del hombre en un rol trascendente y de creación, en detrimento de la función femenina, inmanente y abocada a la conservación, pero agrega que a veces es la mujer la que, luego de un proceso que va de la infancia a la adolescencia y la predispone a sentirse como un sexo de segunda categoría, se autoexcluye del camino. Treinta años antes, Chesterton había usado la misma distinción para decir exactamente lo contrario en La superstición del divorcio
(1918), donde cuestiona lo que considera “un levantamiento general de las mujeres contra los hombres, como si se tratara de una revuelta de vasallos contra sus señores, de negros contra negreros o de irlandeses contra ingleses”. Agrega entonces que, al ser complementarios, el hombre y la mujer están destinados a tolerarse mutuamente: “Un inglés no tiene por vacía y tétrica su casa si no la comparte con un irlandés. Un blanco no sueña, ni aun en sus exaltados momentos de juvenil romanticismo, con la perfecta belleza de un negro. Un magnate de la industria dedica rara vez poemas a la fascinación personal del sereno de su fábrica”.
Es la discusión de siempre. Pero el Covid la ha hecho coincidir con replanteos acerca del avance del Estado en ámbitos de la vida privada. ¿Fue lo de la IGJ el ensayo de algo más abarcador? ¿Incluye el paquete de Kulfas cuestiones como, por ejemplo, ampliación en licencias por paternidad? Son asuntos que incomodan y dividen en la UIA. Carolina Castro, prosecretaria de la entidad y una de las empresarias que participó del encuentro del miércoles con el Presidente, celebró la decisión de la IGJ. Algunos de sus pares no tanto. “No son temas para este momento de crisis. No somos ni Medio Oriente ni Noruega”, dijo uno. Además de punto de comparación, la referencia es un acto fallido: a fuerza de testeos, el país nórdico se convirtió en el modelo de salida exitosa de la cuarentena. Es lo que le piden al Estado. Otra maldición del virus: las soluciones no están y las agendas no coinciden.

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La palabra no vale nada

Francisco Olivera
Héctor Daer trata de explicarlo como si todo estuviera ocurriendo en un contexto normal. Pero este es un país difícil. Cuando le preguntan qué lo llevó a participar, hace dos martes, de un Zoom con empresarios por el que todavía recibe críticas en el kirchnerismo y en la propia CGT, contesta que ellos, los dirigentes sindicales, suelen reunirse con todos. Lo hace hasta sorprendido ante tanto revuelo. El tema es sensible para el Gobierno. Por los nombres y la entidad en cuestión: la Asociación Empresaria Argentina. “Te fuiste a juntar con los empresarios de Macri”, le recriminó un funcionario con quien el líder de la sanidad intentaba en estos días hacer catarsis.
La Argentina ha entrado en la lógica del Instituto Patria. Aquel contacto virtual entre la CGT y referentes del establishment económico como Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Luis Pagani, Marcos Galperin, Alejandro Bulgheroni, Sebastián Bagó, Cristiano Rattazzi o Eduardo Elsztain, algo que en cualquier parte del mundo sería visto como un simple encuentro entre dueños de compañías y representantes de trabajadores preocupados por el Covid y la cuarentena, desencadenó aquí pedidos de explicaciones. Y es probable que, en adelante, incida en el modo de relacionarse de unos con otros. Ya trajo, por lo pronto, una baja en AEA: disconforme hace tiempo con muchos de sus pares, el textil Teddy Karagozian abandonó esta semana la entidad.
Es el modo en que el país ha decidido atravesar una crisis que los analistas anticipan como la peor de la historia. Y a pesar de los esfuerzos discursivos de la Casa Rosada. “El diálogo político y el diálogo democrático se ejercen, no se declaman. Y este es un gobierno que lo ejerce”, les dijo Santiago Cafiero anteayer a los diputados. Era el prólogo de una exhortación a terminar con el “odio” y a “no entrar en la adjetivación” que, minutos después, incluyó ironías, cuestionamientos y adjetivos para el gobierno anterior. Los opositores reaccionaron más duro. Waldo Wolff, por ejemplo, le recordó la reticencia de Cristina Kirchner a entregarle el bastón presidencial a Macri, los retuits de Alberto Fernández críticos con periodistas y los incidentes por la reforma previsional de diciembre de 2017. “Tranquilo, nosotros nunca vamos a tirar piedras”, terminó.
La salida de la cuarentena viene con sobresaltos. Los empresarios se sorprenden además por el orden de prioridades de la agenda, donde la reforma de la Justicia parece estar desplazando cuestiones como la economía y la inseguridad. Anteayer, en Zoom con el ministro Matías Kulfas, ejecutivos de la Amcham, cámara de empresas norteamericanas en el país, intentaron saber cuándo se lanzarían las 60 medidas con que el Gobierno quiere encarar la nueva etapa. No tuvieron éxito: la respuesta fue que esos tiempos le correspondían a Alberto Fernández.
La reforma en la Justicia no solo insume parte de la energía que el Gobierno podría estar destinando a otras urgencias. Algunos empresarios advierten además que el modo en que se dio a conocer, en simultáneo con la comisión para cambiar la cantidad de miembros de la Corte, expone al Presidente a un desgaste adicional: debe explicar una medida con la que estaba en desacuerdo y, peor, los motivos por los que es importante incluir en ese grupo de notables al abogado de Cristina Kirchner.
Ese costo político es difícil de calcular. Pero se da en medio de una recesión sin precedente y ante una sociedad cansada de la cuarentena y, en algunos sectores, descreída de las justificaciones de la reforma. Incluso si el proyecto tuviera razones atendibles o estuviera en manos de los mejores juristas, las circunstancias en que aparece dan argumentos a quienes solo ven un ardid para alterar el curso de las causas de la expresidenta. En su ensayo Del espíritu de las leyes, Montesquieu advierte sobre la necesidad de que coincidan la letra y las intenciones. “Cuando los principios del gobierno se corrompen, las mejores leyes se transforman en malas y se vuelven contra el Estado”, dice, y lo grafica con una cita de Epicuro: “No es el licor lo que está corrompido, sino el vaso”.
Pero son cuestiones que competen solo al Presidente; en el kirchnerismo no son tan cuidadosos de la estética. Al contrario, hay allí quienes parecen estar celebrando este espectáculo de contrastes que muestra a una jefa fiel a sí misma e implacable en la conducción y, al mismo tiempo, al gestor del proyecto obligado a explicar contradicciones que, después de todo, según la lógica militante, siempre representó. Una visión no exenta de prejuicios y desconfianza: Alberto Fernández fue siempre para el Instituto Patria alguien de buena relación con el establishment.
Este escenario sería de por sí riesgoso sin Covid; en medio de la pandemia, orilla la perversión. Los empresarios se agarran la cabeza. Empiezan a advertir, además, que la cuarentena será más extensa de lo que esperaban y que la última etapa llegará sin señales de recuperación y menos asistencia estatal. Hay problemas que el virus postergó, pero que siguen ahí. ¿No es entonces un buen momento para pensar en un acuerdo entre todos los sectores?, se preguntan.
Pero los ensayos de diálogo no solo reciben objeciones como el Zoom de AEA, sino que la mecánica misma del proceso viene socavando la autoridad de quienes deberían ser los convocantes. Le pasó a Gustavo Beliz con la puesta en escena del 9 de Julio, refutada por la expresidenta tres días después en Twitter. ¿Qué sentido podría tener para el establishment cualquier invitación de la que no participara ella o, al menos, Máximo Kirchner? O, más concreto: ¿cuánto significa el aval de un presidente que les dice en Olivos que no tiene problemas con ninguna compañía cinco días antes de anunciar el proyecto para expropiar Vicentin –desactivado ayer mediante un decreto– o, en general, la opinión de funcionarios que arrancan una conversación con conceptos que, minutos después, viran hacia lo opuesto y con idéntico énfasis? Amcham celebró anteayer un concepto de Kulfas: el intervencionismo en la economía no será eterno, sino una transición hasta renegociar la deuda y recomponer reservas del Banco Central. ¿Es lo que piensan todos en el Gobierno?
Para una administración que no lleva un año y que debe enfrentar una elección legislativa en poco meses, el enigma excede el mundo de los negocios: hay una sociedad que, desde hace tiempo, les endilga a las palabras el valor de nada. Es cierto que todo es nuevo en la pandemia y que el tiempo dirá qué significa en el contrato social este déficit. Si es determinante o si, de tan hastiada, la sociedad ya vació de convicciones el paisaje. Como pasa en Utopía, la obra de Thomas Moore, con los zapoletas, aquella tribu de guerreros profesionales siempre dispuestos a pelear en cualquier trinchera e incluso a cruzarse de bando según las condiciones. El autor les reconoce al menos destreza: “Luchan acremente y con incorruptible fidelidad por aquellos a cuyo sueldo están”.

FRANCISCO OLIVERA OPINA,

Demasiada niebla para el despegue

Francisco Olivera
La idea no prosperó. Pero, en el fragor de las internas y los trascendidos, llegó a escucharse en estos días en la Casa Rosada: la posibilidad de recomendarles a los ministros no hablar off the record con periodistas. La propuesta murió en esa mesa de trabajo. Aunque algo de eso se aplicó en algún momento durante las presidencias de Cristina Kirchner, una orden semejante sería en este contexto de cumplimiento imposible. Por la naturaleza de los conflictos en el oficialismo, a veces de raíz ideológica, y, más relevante aún, por el modo en que está configurado desde su inicio el Frente de Todos: las urgencias de la expresidenta no siempre coinciden con las del PJ.
La crisis argentina excede cualquier debate sobre el uso de la palabra. Porque la fractura es siempre anterior y más profunda. Empiezan a entenderlo, por ejemplo, los empresarios y los sindicalistas, que han resuelto últimamente mostrarse propensos al diálogo. Hay preocupaciones comunes a todos como el proyecto de teletrabajo, que en algunas compañías pretenden con normas más flexibles que las que propone el Gobierno. Pero no es fácil obtener adhesiones. Dicen que Rodolfo Daer no parece al respecto tan renuente como sus pares de otras ramas sindicales. ¿Ustedes podrían ayudarnos a convencer al Presidente?, le preguntaron días atrás en una cámara al líder de la CGT. Daer esquivó el pedido: contestó que no, que ya Claudio Moroni, ministro de Trabajo, había hecho esfuerzos suficientes para lograr una reglamentación menos hostil a la inversión y que seguir insistiendo pondría en juego los pocos avances conseguidos. Las propuestas para el teletrabajo lograron cierto consenso en ese sector de la CGT, “los Gordos”, pero también desconfianza y rechazo en la CTA, encabezada por Hugo Yasky, y la absoluta indiferencia de los camioneros de Hugo Moyano. La regulación laboral, decisiva para la recuperación del empleo después de la cuarentena, no tiene tampoco una única cosmovisión en el Frente de Todos. Difícil el lobbying en la dispersión.
Las coincidencias entre el establishment económico y esa parte de la CGT son una novedad que llegó con el Covid. Quedaron expuestas el martes, en el Zoom que tuvo la Asociación Empresaria Argentina con Daer, Antonio Caló, Gerardo Martínez, José Luis Lingieri, Andrés Rodríguez y Carlos Acuña. Una conclusión compartida del encuentro: el país no saldrá de la recesión sin inversión privada. Pero el significado de esas fotos debe completarse con los ausentes. Y no solo del lado sindical. Hay, por ejemplo, multinacionales que vienen reclamando, en silencio y sin éxito, ser incluidas en un gran acuerdo nacional.
Es cierto que estas convocatorias parecerán siempre infecundas si no se sabe de antemano lo que provocarán en el Instituto Patria. La última, la de Alberto Fernández con el Grupo de los Seis el 9 de Julio, recibió tres días después la objeción de Cristina Kirchner en Twitter. Gustavo Beliz, armador de aquella puesta en escena, es un buen ejemplo de esta dificultad estructural del Gobierno. Funcionario de confianza del Presidente, el secretario de Asuntos Estratégicos ha visto desdibujarse ya otras iniciativas propias. Desde la primigenia reforma de la Justicia, muy distinta de la propuesta actual, hasta un proyecto personal, presidir el BID, aspiración que parece haber quedado definitivamente sepultada el mes pasado, con la sorpresiva pérdida de respaldo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y aliado de Alberto Fernández.
“A duras penas somos dos los que queremos cambiar el mundo; uno está en México, Andrés Manuel López Obrador”, le había dicho el mes pasado Alberto Fernández a Lula en un Zoom. Habrá que ver esos ideales andar; hasta el momento, la transformación más constatable fue la del propio mexicano, que viajó el mes pasado a Washington para acercarse a Trump. Ahí firmó el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y acuerdos de control migratorio. “Fallaron los pronósticos, somos amigos desde el principio y seguiremos siendo amigos –le agradeció ese día López Obrador al republicano en el Jardín de Rosas–. Lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que, por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente”.
La visita, que desencadenó duras críticas en México, habría incluido un aval a la candidatura de Mauricio Claver-carone, asesor de la Casa Blanca, para presidir el BID. Es al menos lo que dio a entender Michael Kozak, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, dos semanas después en Twitter: “15 países de la región ya han confirmado públicamente su apoyo a Mauricio Claver-carone como próximo presidente del BID, y hay más por venir. Juntos construiremos un futuro más próspero para las Américas”, escribió.
La propuesta de Trump, que rompe una tradición diplomática no escrita que indica que la presidencia del FMI corresponde a un europeo, la del Banco Mundial a un norteamericano y la del BID a un latinoamericano, expone un cambio de estrategia geopolítica en medio de la pandemia. Si prospera, condicionará seguramente el financiamiento a países aliados con la Casa Blanca. El avance de China en la región mediante acuerdos para la tecnología G-5 es un desvelo en Washington.
El viraje de López Obrador podría entonces acabar afectando una de las pocas fuentes de financiamiento barato que tendrá la Argentina. El lunes, durante un Zoom con el Consejo de las Américas, Federico Marsili, representante de GIC, un fondo de inversión con sede en Singapur, le preguntó a Alberto Fernández qué opinaba de que los presidentes de México y Estados Unidos hubieran firmado ese acuerdo “dejando de lado las diferencias ideológicas” para conseguir la integración de sus economías. “A ver, Andrés Manuel López Obrador es mi amigo y lo quiero entrañablemente, y yo estoy seguro de que si él hizo eso es porque debe ser lo mejor para México”, contestó el Presidente.
Son cuestiones que en la Argentina parecen lejanas o de largo plazo, pero que resultarán gravitantes para volver a crecer. Además del programa económico, la gran inquietud de los dueños del capital privado, ante quienes el mensaje del Gobierno se presenta todavía ambiguo. En ese Zoom con el Consejo de las Américas, el Presidente planteó, por ejemplo, la necesidad de contar con inversión privada en la pospandemia y, minutos después, a la pregunta de si analizaba ayudar a la industria aeronáutica, y en particular a las low cost luego de cinco meses sin operaciones, contestó que solo estaba dispuesto a sostener a Aerolíneas Argentinas. “No hemos recibido de ninguna otra empresa aerocomercial ningún otro pedido”, explicó.
Es demasiada niebla incluso para empresarios de otros sectores, que también anhelan un despegue: no ven el plan de vuelo, el piloto se jacta de no tenerlo y, para peor, se oyen otras voces en la cabina.

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La lapicera de Alberto está guardada

Francisco Olivera
Nadie se había referido hasta ahora tan explícitamente al sueño roto de los empresarios. Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa, hablaba esta semana de Alberto Fernández en Radio La Red y usó una metáfora gastada, pero vigente: recordó que en un país presidencialista el que maneja la lapicera es el que realmente gobierna. Luis Novaresio, que lo entrevistaba, fue entonces a la situación del Presidente: “¿Siente que la maneja o hay alguien que quiere arrebatarle la lapicera?”, le preguntó. “Bueno, hay momentos de moderación en que él ejerce la lapicera. Y otros momentos de no tanta moderación, como en el caso Vicentin, en que la lapicera se la ejerce otra gente”. Gabbi fue uno de los siete empresarios invitados al acto del 9 de Julio. El universo de lo que define como “otra gente” es el de Cristina Kirchner, la primera que cuestionó aquella convocatoria y a quien el establishment económico ve ahora en un lugar bastante más protagónico del que imaginaba en el principio del mandato.
Si existió, la ilusión de un Alberto Fernández emancipado de quien lo encaramó en la fórmula fue breve o, en todo caso, no sobrevivirá a la cuarentena. Tuvo anteayer, por lo pronto, un crack simbólico: las declaraciones del Presidente sobre el pacto con Irán. “Yo critiqué mucho el memorándum, pero lo que buscaba era destrabar el problema”, le dijo a Dina Siegel Vann, directora del Comité Judío Estadounidense. Pocos habían sido tan críticos como él al respecto. El giro llegó demasiado pronto y abrupto. Si lo veían venir, los constructores del albertismo lo esperaban al menos como Ginés González García al Covid: para más adelante. Y se resisten a verlo ahora en este rol, esmerándose en justificar decisiones que parecen tomadas en otra parte.
Las críticas del kirchnerismo al acto del 9 de Julio, que incluyó una puesta en escena con siete empresarios a quienes Gustavo Beliz convocó con el argumento de que hablarían del Consejo Económico y Social, no parecen además solo protocolares: afectan por primera vez al área en que Alberto Fernández había tenido hasta ahora menos interferencias institucionales. La necesidad de diálogo fue, junto con la renegociación de la deuda, uno de los pilares sobre los que imaginó la gestión económica, la única en la que Cristina Kirchner no le incluyó funcionarios. El jefe del Estado llegó a fantasear con designar al frente de la iniciativa a Roberto Lavagna.
Es natural entonces que las objeciones que la jefa publicó el domingo de manera sutil en Twitter y que Hebe de Bonafini hizo después más explícitas sean interpretadas en el Grupo de los Seis como una provocación de motivaciones difusas. ¿Qué es, por lo pronto, lo que cuestiona ese sector con sede en el Instituto Patria, desde donde celebran al mismo tiempo las reuniones que Jorge Brito y Sergio Massa le organizan a Máximo Kirchner con empresarios? Incluso la expresidenta se viene contactando con algunos de ellos. ¿El problema fue el acto, los invitados o, lo que resultaría más inquietante, el lugar desde donde partieron las invitaciones?

Difícil encontrar una lógica. Esta nebulosa en las intenciones genera dudas también en la oposición, invitada el lunes por Massa a un diálogo con el Presidente. ¿Había que ir? Juntos por el Cambio todavía lo sigue discutiendo. La Coalición Cívica decidió faltar. Aunque el encuentro no fue amable, hay en el espacio quienes consideran imprescindible participar. Por ejemplo, Martín Lousteau, que intenta convencer a sus compañeros con un argumento que también expuso en la reunión: recuperarse de la caída que le aguarda a la Argentina llevará un tiempo que excede el mandato de Alberto Fernández y tarde o temprano habrá que sentarse a conversar. Lousteau suele citar al respecto un paper que Pablo Gerchunoff, Martín Rapetti y Gonzalo de León publicaron en la revista Desarrollo Económico. El trabajo, titulado “La paradoja populista”, da en el centro del problema argentino: se pregunta por qué los gobiernos reinciden en general en políticas o estrategias que, ya antes de aplicarse, han demostrado estar destinadas al fracaso. ¿Es solo miopía o ignorancia o existe alguna pulsión que lleva a las administraciones a tomar siempre rumbos equivocados?
El texto hace una recorrida por la historia argentina. Recuerda que la economía atravesó entre 1940 y este año “17 episodios contractivos”, acumulando en total 27 años de retracción. “Se trata del país con mayor número de años recesivos a nivel global al menos desde 1960”, alerta, y especifica que todas esa recesiones, con excepción de la de 1978, “se produjeron luego de rápidas expansiones que condujeron a déficits gemelos y finalmente desembocaron en bruscas devaluaciones de la moneda”. Aclara además que muchas de estas gestiones corrieron por cuenta de gobiernos que a priori no podían ser calificados de populistas. ¿Qué pasó? ¿Es incompetencia?, se preguntan los economistas, y concluyen en un problema de fondo que advierten común a todas las épocas: la Argentina tiene un conflicto distributivo subyacente entre su equilibrio macroeconómico y su armonía social. En otras palabras: por historia y características propias, la sociedad se habituó a demandas superiores a la capacidad productiva del país. Y lo que le otorgaría equilibrio macroeconómico –un tipo de cambio alto, expansión baja del gasto público, etc.– le provoca al mismo tiempo desequilibrio social, una circunstancia que parece solo atendible con las decisiones inversas: apreciación de la moneda, políticas monetarias, fiscales y de ingresos expansivas y, por lo tanto, desequilibrio en las cuentas. Una trampa.
El informe propone resolver estas tensiones con una convocatoria a todos los sectores políticos y económicos. Pero la Argentina está todavía lejos siquiera de insinuarla. No solo por las extravagancias institucionales del Frente de Todos: Juntos por el Cambio no confía en el Gobierno y debe dirimir además su estrategia electoral del año próximo. ¿Les dará en las listas relieve a los más confrontativos? ¿Debería ir Macri por un lugar que, dada la situación judicial y política, le otorgue fueros? Dicen que Elisa Carrió le aconseja rehusar esa tentación: hacerlo lo terminaría equiparando con Cristina Kirchner. Los que pretenden una configuración partidaria más dialoguista se quejan de que, como su antecesora, Macri también busca una reivindicación personal.
Estas trabas ocasionales se vuelven estructurales con la expresidenta. No solo porque el diálogo no está en su temperamento, sino por la desconfianza que ella viene insinuando hacia quien debería hacer de convocante: Alberto Fernández será siempre un dirigente ajeno al Instituto Patria. La lapicera del Presidente está guardada, pero existe.

FRANCISCO OLIVERA OPINA,

Ella siempre tuvo un plan

Francisco Olivera
Que Máximo Kirchner haya empezado a reunirse con empresarios, como trascendió esta semana, es una novedad que puede haber provocado sorpresa en el establishment económico. No tanto el lugar elegido para la comida en cuestión, la casa del banquero Jorge Brito, nexo habitual entre las dos caras del poder, la pública y la privada, o los nombres de los invitados: Marcos Bulgheroni, Marcelo Mindlin, Hugo Dragonetti, Miguel Acevedo y Jorge Brito hijo. El encuentro, que se hizo hace dos lunes en San Isidro, que incluyó empanadas y asado y del que participaron también Sergio Massa y Andrés Larroque, no será seguramente el último. En el Instituto Patria, donde se trabaja las 24 horas para las próximas elecciones, toman estos contactos como parte natural de un proceso que no termina en 2023 y que, como tal, no podría jamás prescindir de la convivencia con los dueños del capital.
La conversación fue amable y por momentos algo distante. “Muchos empresarios no conocían a Máximo”, contó uno de los presentes, que los recordó a él y a Massa como los más locuaces. El diputado abordó varios temas. Se detuvo bastante en el Covid y en la renegociación de la deuda –para la que auguró un buen desenlace–, y casi nada en el caso Vicentin, que eludió con una broma: “Veremos quién es el próximo expropiado”.
La agenda kirchnerista no siempre coincide con la de Alberto Fernández. La militancia suele señalar al Presidente como “el instrumento” del regreso a la Casa Rosada: de hecho, en el asado casi no se lo nombró. “Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede”, era el año pasado el lema de campaña. Cada tanto, quienes se atrevieron en algún momento a soñar con la emancipación del jefe del Estado tropiezan con gestos o palabras que les recuerdan cómo fue el origen de las cosas. “La que conduce es Cristina”, provoca siempre que puede Sergio Berni, que ha aceptado con gusto el rol de mensajero. En diciembre, cuando empezó a repetirlo, en una entrevista con Luis Novaresio, se le escapó una sonrisa. Sus apariciones han adquirido entonces ese valor: la jefa puede estar queriendo decir algo. Volvió a pasar el miércoles. El ministro bonaerense se subió a la moto, llegó al puente La Noria y se quejó del desorden del control del tránsito. ¿Había ido por su cuenta o alguien lo mandaba? Es la incógnita que no todos los funcionarios del gobierno nacional alcanzan a despejar. Aunque hayan tomado nota de una coincidencia: desde hacía varios días, la vicepresidenta les venía recordando la necesidad de que la gestión de la cuarentena se hiciera sin equivocaciones. Esta advertencia, que Cristina Kirchner asume a veces de manera personal, se basa en el supuesto de que la sociedad está lo suficientemente al límite de la paciencia como para soportar errores como los que se cometieron, por ejemplo, el viernes del pago de jubilaciones que le costó el cargo a Vanoli en la Anses.
Es el misterio que revisten las incursiones de Berni. Programadas o no, llaman al menos la atención por oportunas. “Uno tiene que entender lo que está pasando y para eso hay que estar en el lugar: eso me lo enseñó Alicia Kirchner”, invocó él, mientras cuestionaba el operativo a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. A la mañana siguiente, la jefa de la cartera, Sabina Frederic, decidió aparecer ella misma en un retén de la Panamericana.
El kirchnerismo vive una nueva etapa, la cuarta en el poder. Y ha decidido ejercerlo esta vez desde un lugar de menor exposición en el organigrama institucional, donde las órdenes se perciben menos explícitas que hasta 2015 y hay que aprender a interpretarlas. El silencio de la jefa ante una impertinencia de Berni, por ejemplo, puede significar aprobación. Si ella no lo reprende, la conclusión es que entonces no hay nada que objetar. Solo Eduardo Villalba, secretario de Seguridad, alzó ese día la voz para defender a la ministra. Berni volvió a contestarle con sarcasmo: “Conozco perfectamente la tarea del mando del personal policial, se lo enseñé cuatro años a Eduardo Villalba, me llama la atención que no lo haya aprendido”, dijo.
Estas demostraciones de autoridad no están exentas de costos políticos. El ejemplo más cercano es Vicentin. En el Frente de Todos hay coincidencias en que el modo en que se anunció el proyecto de expropiación sólo sirvió para entorpecerlo. Eduardo Duhalde constató esta sensación oficial el miércoles, al tomar el desayuno con el Presidente en Olivos. En el encuentro, que se extendió casi hasta el mediodía y del que también participó el textil José Ignacio de Mendiguren, Alberto Fernández admitió que había imaginado en un principio otro tipo de reacción, más cercana al respaldo, de los acreedores del grupo cerealero. ¿No se supone que resguardar los intereses de esos productores es también velar por la propiedad privada?, se preguntó esa mañana, y justificó la medida en que venía recibiendo muchas quejas de Santa Fe.
El jefe del Estado incluye estas inquietudes en el universo de lo que llama pospandemia. Está preocupado por la economía y también algo molesto con quienes, dice, aprovechan el virus para hacer política. En ese lote involucra a Macri y a exfuncionarios o legisladores que no gobiernan territorio, pero que opinan en redes sociales u otros medios, y celebra en cambio el apoyo de Rodríguez Larreta, que atribuye a responsabilidad. Delante de Duhalde, por ejemplo, se quejó de que los macristas lo acusaran de haber mentido con los tiempos de la cuarentena. “Mentir es prometer brotes verdes o la reactivación en el segundo semestre”, reaccionó.
Reconoce, de todos modos, que quienes pretenden sacar partido de la situación no están solo en la vereda de enfrente. Los tiene en su espacio, aunque no los nombre. Cada vez que puede, en encuentros con intendentes, Axel Kicillof se encarga de trazar contrastes entre los contagios de Covid de la provincia de Buenos Aires y los de la Capital Federal.
Esa tensión es inminente porque en ambos territorios se discute bastante más que la cuarentena: hay dos proyectos electorales. El de los bonaerenses parece por ahora más explícito; se da en un distrito con lógica propia y escaso margen para ejercer lo que gobernadores, sindicalistas o empresarios llaman “albertismo”, palabra que el propio Máximo Kirchner les ha cuestionado alguna vez a intendentes propios. Desde el principio, incluso antes de que a Cristina Kirchner se le ocurriera ungir a Alberto Fernández al frente de la fórmula, toda la energía estuvo concentrada en ese bastión. Nada puede fallar en el conurbano y menos su sistema sanitario, incluso a costa de cuarentenas más estrictas que comprometan todavía más la gestión económica nacional, para la que oportunamente se hallarán salidas o explicaciones. La pospandemia del Instituto Patria excede 2023: es natural que la agenda del heredero incluya a aquellos a quienes el glosario militante define como propietarios del poder real. Entre dueños se entienden.

FRANCISCO OLIVERA OPINA,

La primera gran ironía del regreso del kirchnerismo

Francisco Olivera

El avance del Gobierno sobre Vicentin puso en una situación incómoda a empresarios y a productores agropecuarios. El natural rechazo a la posibilidad de cualquier expropiación convive desde el lunes en el establishment local con el instinto opuesto: unos 2600 acreedores del grupo agroindustrial estarían encantados con un rescate del Estado.
Es la primera gran ironía que les tenía reservada el regreso del kirchnerismo. "Nadie puede respaldar la decisión: hoy van por él y mañana por mí. Pero, si me van a pagar el 100% de la deuda, que la compre Cristina", resumieron en una de las entidades que integran la Mesa de Enlace.
Es la razón que viene atenuando las declaraciones corporativas. Hasta anoche, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) habían evitado una condena enérgica de la medida.
Anabel Fernández Sagasti, miembro de La Cámpora, fue quien impulsó el proyecto para intervenir y expropiar Vicentin 
Es cierto que el anuncio fue una sorpresa. En una parte del Frente de Todos intentaron que lo fuera incluso para Guillermo Nielsen, presidente de YPF, la petrolera estatal propuesta para asumir el salvataje a través de su división Agro. Fricciones de un espacio que, pese al Covid-19, se siente fuerte.
Todo es ya parte del paisaje. Dirigentes afines al presidente Alberto Fernández celebraban ayer el proyecto de expropiación y se lamentaban, al mismo tiempo, de la foto del escenario: que Anabel Fernández Sagasti, miembro de La Cámpora, hubiera estado en la conferencia de prensa. "La propuesta es buena, pero habría tenido mucha mejor recepción si se hubiera hecho desde la Cámara de Diputados e incluyendo a Massa", dijo  un intendente del conurbano. Era un análisis contrafáctico: la senadora ya había exhibido su derecho de autor delante del Presidente. "Muchas gracias por haber escuchado la idea", le dijo.
El meollo de la discusión está ahí y excede a los empresarios: cuánto deberán pagar los contribuyentes que no terminan de salir de una cuarentena cuyo estropicio económico parece todavía imposible de calcular.
El origen de la iniciativa sería trivial en cualquier administración del mundo, pero resulta decisivo con esta coalición gobernante. Y más cuando se requieren inversiones para salir de la crisis. Lo sabe Alberto Fernández, que ayer lo aclaró en una conversación con el periodista Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos: "No es que Cristina me esté mandando o que estoy calmando al espacio de nuestro sector político que reclama este tipo de cosas. En este mismo tema, hago memoria, Cristina cenó conmigo el jueves, si no me equivoco, y le dije: "Che, mirá, este fin de semana voy a hacer esto, qué sé yo', y me dijo: 'Ah, mirá qué bien, lo entiendo', y ahí coincidimos en la mirada. Pero no es que yo le estuve preguntando a Cristina: '¿Qué te parece que hago?'. No fue así".
Pero los empresarios suelen pensar mal. Atan cabos y ven en la medida el sello del Instituto Patria. En especial los que, meses atrás, oían a Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación (principal acreedor de Vicentin), transmitir en confianza una lamentación común a varios de sus compañeros: que José Luis Manzano, siempre atento a la oportunidad, estuviera mirando las situaciones de Vicentin y del grupo Impsa, de Pescarmona.
O quienes, hace menos de una semana, se habían ido de una reunión en la quinta de Olivos con la sensación de que Alberto Fernández quería salir de la cuarentena con un rumbo más propenso a la creación de riqueza. "No tengo problema con ninguna empresa", les dijo ese día el Presidente.
El experto en temas agropecuarios Gabriel Delgado será interventor de Vicentin 
"Esto de ahora es un poco discordante con lo que escuchamos la semana pasada", dijo ayer uno de esos diez invitados, que teme se esté gestando con Vicentin un caso similar al de YPF, sometida en estos momentos a un juicio millonario en tribunales de Nueva York por descuidos (o errores importantes, según se mire) durante el proceso de expropiación en la segunda gestión presidencial de Cristina Fernández, en 2012.
La incógnita es si el modelo pospandemia incluirá más sorpresas. Ayer, cuando, en la misma entrevista, el periodista Jairo Straccia preguntó si el caso Vicentin tendría un costo para el Estado, Alberto Fernández se limitó a contestar: "Claro que es un enorme esfuerzo del Tesoro". Pero agregó que esa era la razón por la cual la decisión tenía un carácter excepcional.
El eventual alivio para el presente podría resultar entonces también una inquietud futura. Nada nuevo: ningún espacio como el kirchnerismo ha explotado esa ambivalencia empresarial de un modo tan eficaz.
El meollo de la discusión está ahí y excede a los empresarios: cuánto deberán pagar los contribuyentes que no terminan de salir de una cuarentena cuyo estropicio económico parece todavía imposible de calcular.
En el sector privado lo tienen claro. "Esto no es ni bueno ni malo para el productor: en todo caso va a ser caro para el erario", dijo el dueño de un grupo con inversiones en el sector agropecuario.
Unos 2600 acreedores, algunos de ellos muy asfixiados económicamente, aguardan entonces desde el lunes los pasos del Gobierno y el próximo debate parlamentario sobre la expropiación. Es entendible que tengan sensaciones encontradas porque detestan a la expresidenta. ¿Y si las expropiaciones forman parte del modelo?
Esa preocupación llevó anoche a la Asociación Empresaria Argentina (AEA, la entidad en la que se agrupan dueños y CEO de las principales empresas del país) a calificar la medida sobre Vicentin de "grave" y a reclamar su revisión. En una línea similar, aunque más cauta, la Unión Industrial Argentina (UIA) expresó "la necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad".
El eventual alivio para el presente podría resultar entonces también una inquietud futura. Nada nuevo: ningún espacio como el kirchnerismo ha explotado esa ambivalencia empresarial de un modo tan eficaz.

FRANCISCO OLIVERA OPINA,

El alumno de Stiglitz rinde examen

Francisco Olivera
La conversación entre la Argentina y los acreedores privados empezó con un desencuentro. No tanto por la propuesta de acuerdo que se supone que hará el , como por una marca de origen ya constatable en el proceso: la metodología con que el Gobierno pretende encarar la negociación. Es una observación que, en charlas informales con interlocutores argentinos, hacen tanto fondos de inversión involucrados como representantes del Departamento del Tesoro norteamericano: no logran entender por qué el país inició el camino en el sentido inverso del habitual en estos casos. La historia indica que las reestructuraciones llevan no menos de 6 meses, y que en general el país deudor se sienta a conversar no bien ha cumplido con dos requisitos que sirven para convencer a los tenedores de bonos: una revisión técnica aprobada por el staff del Fondo, como indica el artículo IV del estatuto, y un programa económico visible que acredite que será posible pagar en las nuevas condiciones.
Pero el Gobierno ha preferido razonar al revés: el plan económico general, y acaso el modelo, dependerá de que se logre una solución para la deuda. Es como un diálogo en Babel: en lenguas distintas. Con esa convicción se fueron la semana pasada representantes de fondos de inversión que se habían reunido con el ministro de Economía y que, desconcertados, intentaron enterarse de algo más en una visita a Sergio Massa. No hubo caso. Lo explicó aquel mismo viernes el alza en el riesgo país. El mercado no habla: compra y vende.
Guzmán es para el establishment, incluida una parte importante del Frente de Todos, un misterio con agenda y estilo propios. No ha compartido su estrategia siquiera con quienes en ese espacio mantienen relación con la Casa Blanca. Su carácter carece de la locuacidad que han querido mostrar históricos antecesores en el cargo, en general académicos universitarios y políticos al mismo tiempo, tanto en público como en privado. No es ni Cavallo ni Lavagna ni Kicillof ni Prat-gay. Más que un profesor, parece exactamente lo contrario: un alumno destacado. Es el modo en que también lo está viendo el mercado. El discípulo de Joseph Stiglitz que ha venido a aplicar en esta etapa argentina una fórmula compuesta por elementos difíciles de combinar: quita agresiva, en tiempo récord y sin haber mostrado las cartas desde el inicio. Es un ensayo académico. Si sale bien, se convertirá en adelante en caso de estudio en ciclos de reestructuración de deuda. Lo contrario resultará siempre más difícil de explicar en las aulas.
Stiglitz, que definió hace poco a Guzmán como “brillante”, no niega estar en frecuente contacto con él. El 21 de enero, horas antes de que el ministro presentara en el Palacio de Hacienda el proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda que terminaría enviando al Congreso, el premio Nobel anticipó en Davos, ante la agencia Bloomberg, una renegociación dura para la deuda argentina. “La realidad es que va a haber quitas significativas –dijo–. No puedo concebir un modelo razonable no diciendo que va a haber significativos recortes. Sería una fantasía pensar lo contrario. Los prestamistas deberían haber sabido del riesgo, es por eso que cobraron una tasa alta. No están siendo atacados por la espalda. Probablemente no hicieron la tarea, pero sabían que era un riesgo”. Por la tarde, en conferencia de prensa en Buenos Aires, Guzmán insistió en el concepto: “La Argentina no puede sostener la carga de la deuda que hoy enfrenta; hay voluntad de pago, pero para poder hacerlo el país necesita generar capacidad, es fundamental que exista un alivio en la carga de la deuda”.
Alberto Fernández se juega en la gesta el éxito de su gestión. El patrocinio de Stiglitz le ha reportado hasta ahora dos beneficios: respeto para un ministro que el mercado y la política desconocían y, no menos relevante, la aceptación de su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, reacia en noviembre, antes de asumir, a la posibilidad de sumar en ese cargo a Martín Redrado. Por eso su apuesta también es doble: con la renegociación debe lograr salir del estancamiento y, al mismo tiempo, demostrar internamente en el Frente de Todos que el camino y el equipo elegidos eran los adecuados. Sus funcionarios aprovechan estos contrastes típicos de una coalición para convencer al mercado: si Guzmán fracasa, les dicen a sus interlocutores financieros, el próximo ministro con quien deberán negociar los acreedores será un kirchnerista. Si el perro muerde adentro, mucho más lo hará afuera.
La jugada no está exenta de riesgos porque no solo depende de que los tenedores de bonos acepten la propuesta, sino del contexto histórico que le ha tocado al Presidente. La falta de certezas es inherente a la crisis del coronavirus: no hay en el mundo red de política monetaria o fiscal capaz de frenar una estampida provocada por una amenaza a la salud. ¿Podría el desplome financiero, que acumula ya caídas globales de casi el 30%, convencer en poco tiempo a los acreedores de conformarse con valores más cercanos a los que propone la Argentina? ¿Qué tan lejos están esos precios de atraer a fondos buitre a comprar esos bonos y, por lo tanto, bloquear la negociación? Si se profundiza la recesión, ¿cómo hará el Gobierno para que el programa de pagos que ofrece sea cumplible? Los efectos de la pandemia son imposibles de prever porque lo primero que se desconoce es cuánto va a durar. Hay, por ejemplo, informes de aerolíneas internacionales que fijan en tres meses el plazo a partir del cual el coronavirus sumirá a la industria aeronáutica en la peor recesión de su historia, incluida la de los atentados del 11 de Septiembre.
Es cierto que la convicción de evitar un default no parece absoluta en el Frente de Todos. Hasta ahora, lo que se percibe es una diferencia importante entre aquellos que tienen poco que perder endureciendo el discurso y quienes, eventualmente, deberán poner la cara si fracasa la negociación. “No voy a ser el gobernador del default”, dicen en su espacio que dijo Kicillof el mes pasado, cuando pagó el vencimiento de casi 300 millones de dólares luego de haber tensado hasta el límite la conversación con los acreedores. La semana pasada, en su visita a la Unión Industrial Argentina, el gobernador insistió en una postura similar para la Nación. “Se puede acordar sin romper”, dijo. Para los anfitriones fue una noticia saludable, pero, dada la complejidad del desafío, insuficiente. Las mismas dudas se oyen en Wall Street o en Washington, donde advierten que la experiencia bonaerense no debería ser comparable. Por el monto que tiene en sus manos Guzmán, por el contexto global y por la historia: los acreedores encaran esta crisis argentina con un grado mayor de impaciencia.

FRANCISCO OLIVERA OPINA,

La utopía del presidente reformador

Francisco Olivera
Es más que nada una incertidumbre silenciosa. En la Unión Industrial Argentina, optimista desde el 10 de diciembre y hasta con casos internos de euforia individual, se ha empezado a percibir algo de impaciencia. La crisis que el Gobierno debe resolver es muy compleja y no hay todavía una sola señal, ni siquiera tibia, de mejora en la actividad. “Ojalá Alberto Fernández pudiera ser por lo menos un Michel Temer”, razonaron ahí hace unos días. Hay que interpretarlo en la lógica del establishment económico, donde una referencia al expresidente brasileño no significa desdén. Todo lo contrario: fue él quien encabezó en Brasil, pese a las dificultades, una transición que incluyó varias reformas, incluida una laboral. Después vino Bolsonaro con la segunda, la previsional, y es probable que en pocos días el Congreso empiece a discutir la tributaria. Todo ese proceso fue posible gracias a lo que parece imposible aquí: el respaldo mayoritario de una clase política que entendió que el país estaba frente a un problema estructural.
Brasil aún no despegó. Los últimos datos de la Confederación Nacional de la Industria indican que la actividad fabril llegó el mes pasado al enero más alto de los últimos cuatro años, pero los números oficiales habían consignado una caída en diciembre, que incluyó al consumo, y que la formación bruta de capital fija, un termómetro de la inversión, seguía en niveles bajos: en 2019 fue de 15,3%, muy lejos de los registros de los países desarrollados, que oscilan entre el 24 y el 30%. Es cierto, además, que las comparaciones entre estos socios del Mercosur son inapropiadas porque ambos tienen características diferentes. Brasil carece de una sociedad movilizada como la argentina de estos días, y sus sindicatos han sido históricamente menos combativos. La reforma laboral de Temer, por ejemplo, revocó sin grandes inconvenientes la contribución obligatoria de los trabajadores a las organizaciones gremiales. Sin embargo, en la visión empresarial, el escenario brasileño puede servir al menos como ejemplo de lo que no se ha hecho en la Argentina. En su estudio preliminar sobre Utopía, la obra de Thomas More, el ensayista y diplomático español Antonio Poch traza la diferencia entre lo “proyectivo” y lo “utópico”: lo primero se piensa como objetivo alcanzable; lo segundo, como ficción. Aun así, dice Poch, una utopía es un medio, no un fin: aquel lugar imaginario por el que tomamos conciencia de un mal propio. Es lo que representan aquí las reformas de Brasil: un faltante que tampoco resulta inocuo porque tarde o temprano incidirá en decisiones de inversión. “Si no cambiamos, en tres años perdemos el tren”, dijeron a este diario en una cámara que incluye a multinacionales.
Por eso es natural que los empresarios se hayan ilusionado en diciembre con el triunfo de Alberto Fernández. Porque, al igual que el economista Guillermo Calvo, creen que una administración peronista es, pese a las arbitrariedades inherentes al movimiento, la única capaz de tomar medidas impopulares o, al menos, atenuar el poder sindical. Algunas señales de estos días parecen haberles dado la razón. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, le viene aportando a la discusión paritaria consignas de ortodoxia económica: “La cláusula gatillo genera esa dinámica inflacionaria en la que siempre vamos a ir corriendo de atrás”, dijo. Y la cúpula de la UIA salió anteayer conforme de la Casa Rosada, donde se había reunido con sus pares de la CGT y ministros: los reproches de los sindicalistas fueron hacia ellos por los aumentos de precios, pero quedó claro que no complicarían al Gobierno reclamando mejoras por encima de la inflación. “Mi mujer me manda al supermercado y el queso está a 400 pesos”, se quejó Antonio Caló, líder de la UOM. Perdido por perdido, prefieren el testimonio doméstico al costo salarial.
Es cierto que en la Argentina gobierna un frente de múltiples necesidades y que la política podría arruinarlo todo. Eso también pasa en Brasil. Lo entendió hasta Paulo Guedes, ministro de Hacienda formado en la escuela de Chicago. “Bolsonaro apoya las reformas, el problema es el timing”, admitió en diciembre en una entrevista con O Globo. Su propuesta de enmiendas constitucionales para ajustar el Estado, denominada “Plano Mais Brasil”, afectará entre otros a empleados públicos que, con los evangélicos, configuran la base electoral del presidente. Pero Guedes ha decidido ir por todo para quedarse con algo, estrategia que define en inglés: “Big, bold targets” (grandes, valientes objetivos). Ya a principios del año pasado, en plena discusión por la reforma previsional, había amenazado con renunciar si el proyecto no estaba antes de junio. Se aprobó tres meses después.
Pero ese no parece ser el estilo de Alberto Fernández, últimamente dedicado a lo contrario: atenuar intenciones o proyectos que se filtran a los medios desde distintas dependencias de la administración, como la elevación de la edad jubilatoria a principios de esta semana o, ayer, los aumentos tarifarios. “Que nadie se apure, hoy no está en carpeta”, aclaró ayer el Presidente sobre el anticipo que había hecho Santiago Cafiero, su jefe de Gabinete. Felipe Solá, que conoce bien esos temas sensibles, tampoco quiso apresurarse cuando, la semana pasada, en su visita a Brasil como canciller, le preguntaron si la Argentina acompañaría en el acuerdo con la Unión Europea. “Eso lo va a resolver en su momento el Presidente”, contestó. Los brasileños lo entendieron, pero no pudieron evitar sorprenderse horas después, cuando oyeron a Fernández decir que no podría atender la invitación de Bolsonaro a reunirse en Montevideo el día de la asunción de Lacalle Pou, incluso ofreciendo esperarlo algunas horas para que inaugurara aquí las sesiones del Congreso. “Ahora la pelota está del lado argentino: ellos tendrán que proponer algo. Felipe había hecho un gol y el VAR se lo anuló”, sonrieron representantes del Palacio de Itamaraty.
Son los motivos de la prudencia de los industriales, que aguardan una rápida recomposición de la relación porque, dicen, la Argentina no podrá prescindir nunca de Brasil. Pero el Frente de Todos tiene sus tiempos, sus modos, su estrategia y, más que nada, su agenda. Y eso hará siempre difícil todo vaticinio, incluido el sueño de que Alberto Fernández se convierta, de pronto, en un transformador al estilo Temer, un presidente que llegó al poder porque su jefa, Dilma Rousseff, se vio obligada a renunciar por un proceso de destitución abierto en el Senado. La situación argentina es casi la opuesta: no hay aquí ningún dirigente con mayor poder que Cristina Kirchner.

FRANCISCO OLIVERA OPINA,

El fantasma bonaerense lee El capital

Francisco Olivera
El lunes a la mañana, varios intendentes del PJ recibieron la misma llamada. Venía con un pedido: respaldar públicamente a Axel Kicillof. Justo Kicillof, el candidato a gobernador a quien no habrían elegido si se les hubiera consultado y que, pese a los esfuerzos, no termina de prestarles la atención que quisieran. El exministro había recibido horas antes una crítica de María Eugenia Vidal directa al corazón del kirchnerista: "Kicillof es Máximo, no tengo dudas, y el proyecto es Máximo 2023", había dicho ella en el programa de Jorge Lanata, en Eltrece. Los jefes comunales cumplieron. "Me sorprende la campaña de agravios de @mariuvidal a @kicillofok", escribió Ariel Sujarchuk, de Escobar, en su cuenta de Twitter. "No es La Cámpora, somos todos", agregó Javier Osuna, de General Las Heras. A las pocas horas, la gobernadora posteó el tape de su frase y lo acompañó con una leyenda: "Kicillof es Máximo".

Es el nuevo eslogan macrista. Miguel Ángel Pichetto lo retomó dos días después, en el acto en Parque Norte, donde volvió a cuestionar la ideología del candidato bonaerense: "Además de tener una conformación marxista (sic), ha vuelto a reiterar algo que pasó y que, como dice la gobernadora, expresa potentemente la idea de que La Cámpora va a gobernar la provincia de Buenos Aires. Dijo que si ganaba el Frente con Todos iba a haber una intervención de nuevo en el mercado de capitales. Esto quiere decir ni más ni menos que cepo: ¡cepo!"

El Gobierno decidió confrontar con Kicillof. En el equipo de Vidal han designado al ministro de Economía, Hernán Lacunza, para contestarle técnicamente en los medios. La estrategia se sustenta en una obviedad: toda la energía del Instituto Patria está puesta en ese distrito, el más accesible porque no tiene ballottage y mantiene un alto nivel de rechazo a Macri, y donde incluso podría erigirse un bastión de poder en el caso de que Frente de Todos no ganara en la Nación. Lo único novedoso del enfoque oficialista es que burla un principio de Durán Barba: siempre es mejor destinar las críticas a protagonistas con mayor imagen negativa que positiva. No es el caso de Kicillof. Pero han prevalecido esta vez preceptos más clásicos: obligado por la conformación del espectro electoral, el Gobierno admite que prefiere evitar que lo corran por derecha. La llegada de Pichetto inauguró ese regreso a la ortodoxia política.
Es cierto que el humor oficialista ha mejorado en las últimas semanas. Los sondeos vinieron con un cambio cualitativo: por primera vez en mucho tiempo, la intención de voto de Macri creció más que la de Vidal. Cuatro puntos, contra uno de la gobernadora. "Eso quiere decir que el Presidente vuelve a traccionar", se entusiasman en la provincia. La manifestación más clara de este quiebre en la tendencia no está tanto en el Gobierno como en empresarios que se espantan ante el regreso de Cristina Kirchner y que han olvidado el proyecto que más irritaba en la Casa Rosada, el "Plan V". 

Ahora pasa lo contrario: es el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el que pide moderación. "Estamos mejor, pero nadie votó nada: hay que seguir trabajando", le dijo esta semana a su equipo. Ese reparo es también una antigua recomendación de Durán Barba: conviene llegar a la elección desde atrás, remontando una situación adversa. Pero el alivio existe y se interpreta internamente a partir de varios factores. El más relevante es contrafáctico: no sobrevino, al menos por ahora, la corrida cambiaria preelectoral temida por Macri. Y eso coincide con el anuncio del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que ubicó simbólicamente al país en la senda de integración global, y con desencuentros no del todo visibles en la campaña del kirchnerismo. Son diferencias internas, algunas apenas estéticas, pero que desnudan una deficiencia estructural en el Frente de Todos: cierta dificultad en la recaudación de fondos, hasta ahora reducidos mayoritariamente a lo que puedan aportar sindicatos y municipios afines.
"¿Qué empresario nos va a poner a nosotros después de la causa de los cuadernos?", se preguntan quienes trabajan en la campaña, que recuerdan que solo la fiscalización de las dos elecciones de la provincia requerirá de unos 70 millones de pesos y que, en todo caso, si hubiere medios emprendedores periodísticos afines, estos circunscribirán sus aportes a espacios, no a suministros en efectivo.
Es una restricción relevante porque incluye en primer lugar a Kicillof, que prefirió manejarse hasta ahora con una prescindencia que incomoda en el PJ. Ahí no solo le objetan la pretensión de no deberle un centavo ni favor a ningún intendente, sino hasta piezas publicitarias. Creativos que trabajan con Alberto Fernández, por ejemplo, no quedaron conformes con el spot en que el economista compra naranjas y mandarinas en San Pedro. Detalles para entendidos: es cierto, observan, que no todo el mundo tiene la deferencia de saludar al vendedor, y no habría nada escandaloso si se lo contrasta con acusaciones clásicas que suelen recibir los candidatos, pero lo inexplicable es que haya sido la propia gente del candidato la que grabó y publicó el video.
En el kirchnerismo trabajan tres equipos proselitistas que no siempre están de acuerdo. Y no hay un jefe de campaña porque el propio Alberto Fernández ha decidido no tenerlo. "Puede ser atendible no creer en gurús, pero eso lo sobrecarga de trabajo y lo puede afectar en su estado de ánimo", dijeron cerca de un intendente. El otro cuestionamiento es al mensaje: ¿puede un candidato mostrarse como un "hombre común" y, al mismo tiempo, conservar una épica a la que la militancia del Instituto Patria venía habituada? Son ambigüedades de la estrategia nacional que, sin empatía entre Kicillof y los intendentes, se ahondarán todavía más en la provincia. El conurbano tiene una lógica propia: si no hay confianza, ventajas que merecen aplausos en otros ámbitos, como la de no cargar con denuncias serias de corrupción, podrían ser interpretadas en las comunas como amenazas de futuras auditorías. Las sufrió De Vido entre 2012 y 2015.

En el libro El creyente (Planeta, 2012), la biografía que escribió sobre Kicillof, el periodista Ezequiel Burgo evoca el momento de abril de 2002 en que el entonces joven militante de la agrupación TNT se presenta como candidato a rector de la UBA para suceder a Oscar Julio Shuberoff. Los votos que obtuvo finalmente -0, contra 101 de Guillermo Jaim Etcheverry, 59 de Aldo Ferrer, 35 de Félix Schuster y 13 de León Rozitchner-, no lo acobardaron para desafiar en su discurso de presentación a competidores que le duplicaban la edad. "A esta universidad no la limpia ni Manliba", dijo, mientras se quitaba la campera y mostraba al auditorio lo que llevaba puesto debajo: una remera con el logo de la empresa de recolección de residuos. Difícil el equilibrio en la alta política, habituada a barrerlos bajo la alfombra.

FRANCISCO OLIVERA OPINA,

A pedir de boca del "círculo rojo"

Francisco Olivera
Hubo que esperar cuatro años: por primera vez desde 2015, la propuesta electoral de Mauricio Macri es la misma que la de aquellos a quienes llama con sorna "círculo rojo". El riesgo país dice más que mil palabras: el mercado celebró ayer con alzas de hasta el 13% en acciones la unción de Miguel Pichetto como compañero de fórmula del Presidente para octubre. Gabriel Caamaño, analista de Estudio Ledesma, lo definió así en Twitter: "Según la serie que llevamos, esta es la mayor caída porcentual diaria (-9,1%) del EMBI argentino desde que se arregló con los holdouts. Y se corta ahí por considerar que no hay comparabilidad más atrás. Un shock electoral con todas las letras".
El Gobierno terminó de tomar la decisión al mediodía, luego de procesar desde la noche del lunes algo que sus jefes de campaña ya intuían irreversible: con su negociación con Alberto Fernández y Máximo Kirchner, Sergio Massa había roto Alternativa Federal y, entonces, el oficialismo estaba obligado a diseñar una estrategia para atraer a ese público. "Pescar en el centro", lo definió uno de los macristas que trabajan en el conurbano. "Una jugada brillante", lo definió anoche  un empresario que pedía para estas elecciones exactamente lo mismo que en 2015: que Macri abandonara el purismo aconsejado por Marcos Peña y Durán Barba para vencer a Daniel Scioli. La diferencia con el escenario de entonces son justamente los movimientos del líder del Frente Renovador. Peña, que no se aferra a dogmas de ningún tipo, empezó a vislumbrar las nuevas condiciones hace dos meses, cuando entendió que sin una apertura a Cambiemos se le haría esta vez muy difícil ganar. El momento coincidió con el inicio de sus invitaciones a empresarios a la Casa Rosada.
Es cierto que, tal como intuían él y Macri ya en los tiempos de la gestión porteña, el establishment económico siempre subestimó la capacidad de hacer política del líder de Pro, que devolvió la gentileza con un persistente y silencioso desdén hacia el entorno del que proviene, que es también el de su padre. Pero no se trata más que de una desconfianza superficial que en nada afecta una cosmovisión común. Macri y los empresarios creen que los desencuentros argentinos exceden a Cristina Kirchner, porque residen más bien en una dicotomía estructural: capitalismo vs. populismo.
La coincidencia tiene esta vez una doble dimensión. Pichetto no solo podría recabar votos de peronistas no kirchneristas mediante conversaciones con los gobernadores, sino, en el caso de concretarse la reelección, convertirse en articulador de fuerzas parlamentarias para conseguir la aprobación de reformas impopulares sin las cuales la Argentina no será viable: la previsional, la tributaria y la laboral. Es parte del trabajo que, por ejemplo, Michel Temer, un presidente con escasa popularidad, le hizo antes de irse a Bolsonaro en Brasil.
La aceptación de Pichetto para integrar la fórmula es hija de una certeza análoga a la situación brasileña: Macri tiene disponible una sola reelección. Anteayer, en una entrevista con Carlos Pagni en Odisea Argentina, el senador insistió en que el ciclo del Presidente terminaba en 2023. Es también lo que celebra el PJ al que pertenece, y exactamente lo que Nicolás Caputo, hermano de la vida del Presidente, le venía recordando en la intimidad a su amigo con una advertencia adicional: si gana, a partir de octubre los urgidos por medidas antipáticas que lo desgasten serán los peronistas, y los partidarios del gradualismo, quienes pretenden sucederlo desde su propio espacio, como María Eugenia Vidal u Horacio Rodríguez Larreta.
"Podemos entrar en un círculo virtuoso", se envalentonó anoche un banquero. El entusiasmo no pasa por alto los protagonistas de esta contienda. El Gobierno estaba obligado a contrarrestar las ambigüedades de Massa, un interlocutor a quien los empresarios le asignan una cosmovisión más cercana al capitalismo que al populismo, pero al que ven con frecuencia tentado por las circunstancias electorales. Que el elegido para concretar la faena oficialista haya sido Pichetto, otro al que ubican del lado amigable con el mundo de los negocios pero al que juzgan menos impredecible, los empuja a creer otra vez en Macri.
Como si un choque de planetas hubiera vuelto las cosas al lugar de siempre

FRANCISCO OLIVERA OPINA

FRANCISCO OLIVERA

Con apenas algunos días de vida, el escándalo de los cuadernos de Oscar Centeno acaba de alcanzar una categoría desconocida en la historia de la corrupción argentina: por su propia dinámica, contexto y características, no hay nadie en condiciones de frenarlo. Esta presunción, demoledora para el olfato empresarial, multiplicó en las últimas horas la urgencia del establishment por presentarse en Comodoro Py. No es altruismo: es miedo a la onda expansiva. Un exquisito del lenguaje podría incluso objetar la palabra elegida para la figura jurídica con que algunos han elegido colaborar: más que arrepentidos, parecen presentarse como rehenes de situaciones que ponían en riesgo desde negocios hasta la seguridad física.
Pero Claudio Bonadio no es confesor sino juez. En sus manos están los alcances de una investigación que perturba incluso a sectores del Gobierno. ¿Qué macrista estaría en condiciones de afirmar que, en el futuro, arrinconado, un arrepentido no involucrará a funcionarios de la administración actual? Es la primera conclusión que surge al hablar con abogados y consultores que, convocados por contratistas de obra pública, e incluso antes de saber si serán o no citados, tienen ya delineadas estrategias de contingencia: dirán que ese era el único modo de trabajar en la Argentina desde hace décadas. Arrepentido estaba Raskólnikov en Crimen y castigo.
El cataclismo los tomó por sorpresa. "Estamos todos en un pequeño quilombo", dijo un contratista. Superadas rápidamente las dudas de quienes observaban que los originales de los cuadernos siguen sin aparecer, el punto de inflexión llegó esta semana, con la aparición de Techint como protagonista de la operatoria. No solo porque es el grupo empresarial más importante del país, sino porque la declaración de sus imputados, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, empezó a poner en duda el principal argumento que venían dando en las empresas, que era el suministro de bolsos como contribución de campañas electorales. Es cierto que ningún funcionario pediría aportes para comprarse un tres ambientes en Miami, pero el eufemismo tiene además una lógica jurídica: los aportes ilegales violan la ley electoral y se castigan con una pena de 3 años de prisión, mientras que las figuras de soborno y asociación ilícita prevén sanciones mayores: de 1 a 6 y de 3 a 10 años, respectivamente.
Los pagos que Techint acepta haberle hecho al kirchnerismo para conseguir que le gestionara ante Hugo Chávez la indemnización por la estatización de Sidor coinciden con una jactancia que Julio De Vido repetía en ese momento ante interlocutores de confianza: haber conseguido para la siderúrgica, expropiada a principios de 2008, un resarcimiento acorde con el valor que tenía antes de la caída de Lehman Brothers, que se produjo meses después y desplomó las acciones de todos los activos en el mundo.
Betnaza declarócomo imputado, se retiró bajo caución probatoria y explicó a los periodistas que esperaban afuera la división de roles en el grupo. "Zabaleta dijo que él había pagado dinero. Las condiciones y los por qué de ese dinero, el señor Zabaleta no los sabía: los sabía yo. Vine y expliqué las causas por las cuales había hecho eso, y ahí quedó". Nada extraño para una multinacional: en general, para evitar traiciones, quien paga y quien negocia no es nunca el mismo.
Por las decisiones que tomó hasta ahora, Bonadio parece convencido de que serán los empresarios, no los exfuncionarios, quienes permitirán avanzar con la investigación. A los urgidos se sumaron ayer Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, que adhirió a la figura del arrepentido; Aldo Roggio, un histórico de la obra pública, que adelantó así la indagatoria que tenía prevista para el martes, y Hugo Eurnekian, director de Corporación América, que se presentó espontáneamente y admitió que le había entregado a Centeno bolsos con "aportes de campaña" en al menos dos ocasiones.
Son días difíciles para todos. El universo contratista cree estar sufriendo una vieja promesa incumplida de Macri, de quien interpretaron que la limpieza del establishment argentino, si se concretaba, se centraría solo en los casos más obscenos de los últimos años. No por nada, no bien Macri llegó a la Casa Rosada, muchos de ellos hicieron esfuerzos por participar de licitaciones incluso por debajo del costo. Había que ser parte del nuevo régimen. Nadie imaginaba por entonces una cacería indiscriminada.
Pero el fantasma de Centeno no siguió esa lógica. Ahora, aunque se lo propusiera, la Casa Rosada no podría influir. No solo por su debilidad inherente o la magnitud del asunto, sino también por las particularidades del juez: entre íntimos, Bonadio admite últimamente estar frente al gran caso con el que le gustaría despedirse de la Justicia antes de jubilarse. Independientemente de los alcances, la investigación le traerá además al Gobierno penurias económicas con las que no contaba, que se extenderán probablemente hasta bien entrado el año próximo. Ayer, apuntalado por la tensión entre Estados Unidos y Turquía, el riesgo país subió sobre los 700 puntos básicos y el dólar trepó a 29.80 pesos.
Nada que no haya ocurrido ya en Brasil. El Lava Jato se inició en 2014 y la economía de Temer no termina de recuperarse: crecerá en el mejor de los casos 1%, un tercio del 3% que Henrique Meirelles, entonces ministro de Hacienda y ahora candidato a presidente, había pronosticado en marzo. Ni los acuerdos de indulgencia firmados con la Fiscalía General, que exigen a las empresas severas multas y el compromiso de colaborar con la Justicia a cambio de no quedar inhabilitadas para operar, alcanzaron para evitar el derrumbe.
Ese escenario, sin embargo, es de corto plazo. En el horizonte aparece una incógnita mayor: ¿alcanzará el mayor escándalo de corrupción de la historia argentina para refundar el sistema político entero? Tanto la experiencia brasileña como la Tangente italiana mostraron que los actores que en un principio parecían beneficiarse con el escándalo quedaron después afectados. "El dique se rompió: la duda es si el agua llega a la rodilla o al cuello", graficó ante este diario un operador empresarial.
De esa medida depende la reelección de Macri. Bastarán unos meses para revelarle si llegó para formar parte de la "nueva Argentina" que prometió refundar o si, por el contrario, deberá contemplarla desde afuera. Hace años, cuando estaban a la par, Sergio Massa solía hacerles a sus viejos socios de Pro una broma sugestiva. Decía que él y Macri no eran los primeros de la nueva política, sino los últimos de la vieja.