MARINA DAL POGGETTO

“El Estado tiene que ordenarse, no desaparecer”
Esteban Lafuente

En diálogo  la economista evaluó que la agenda del gobierno entrante es, dada la herencia, “complicadísima”
Se graduó en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y completó una maestría en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT); fue subgerenta de Análisis Macroeconómico del Banco Central y jefa de Asesores de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía; trabajó en el Indec y hoy dirige Eco Go Consultores
En su libro Tiempo Perdido, la economista Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go Consultores, analizó la evolución económica y política de la Argentina desde el kirchnerismo hasta mediados del gobierno de Alberto Fernández. Escrito con el politólogo Daniel Kerner (Eurasia Group), enumera los fracasos entre gobiernos y las “herencias” recibidas, en un recorrido que se actualiza con el recambio presidencial, en el 40° aniversario del regreso de la democracia.
“Otra vez estamos discutiendo la herencia, y la verdad es que cada una es más costosa que la anterior. Pero esta es realmente complicada”, dice en diálogo con la nacion la economista, quien advierte por la fragilidad macro y los desafíos que impone la tríada compuesta por la necesidad de un plan de estabilización, las reformas para impulsar la productividad y gobernabilidad.
–Por qué esta herencia es peor?
–Si la comparamos con 2015, igual que en ese momento faltan muchos dólares. Hoy el riesgo país está en casi 2000 puntos y la tasa libre de riesgo en 5%, y en aquel momento el riesgo país era 600 y la tasa libre de riesgo, 2,5%. O sea, en ese momento había crédito disponible para financiar la transición y hoy no. Hoy sobran pesos, igual que entonces, con dos grandes diferencias. Hoy los pesos que sobran crean más pesos en forma endógena, por el problema asociado a las Leliq, y en 2015 no. Hoy la tasa de inflación corre 10 veces más que entonces: era del 1,5% y en noviembre de este año nos da (en Eco Go) 13,4%. Hay una distorsión de precios relativos parecida, con precios de los bienes ridículamente caros y tarifas ridículamente baratas, pero, a diferencia de entonces, hay salarios y jubilaciones que tienen una pérdida monstruosa en su capacidad de compra. Es una economía que lleva seis años de ajuste, porque en rigor cae en términos reales en 2018 y rebota ahora, para volver a niveles de 2013, que es cuando dejó de crecer.
–¿Y en lo fiscal y cambiario?
–Hoy el déficit fiscal primario es un poco menor, hay una cuenta corriente que había ajustado y se vuelve a desajustar, no tanto por el atraso del tipo de cambio real, sino por la brecha. En 2015 era del 40% y hoy está en zona de 150%. La otra gran diferencia es que hay un esquema de desdoblamiento de hecho y un entuerto de controles cambiarios. No se pagan importaciones y desde octubre cae el nivel de actividad. Y por ese desdoblamiento, el exportador recibe un tipo de cambio de $640, que permite anclar la brecha, pero paraliza la actividad. Hay un sistema de precios rotos, distorsiones de precios por donde los mires: hay controlados, descontrolados, precios cuidados. Y detrás de eso hay un nivel de gasto público que en 2015 era del 42% del PBI y hoy está en zona de 36%, de eso 20 puntos lo gasta la nación y 16, provincias y municipios. Buena parte del ajuste se hizo vía licuación de gasto en jubilaciones, que llegó a ser 9,6% del PBI con moratoria y reparación histórica con Macri, y hoy está por debajo de 7%. Se requiere urgente un plan de estabilización y de reformas y mantener la gobernabilidad, lo cual no es trivial.
–¿Hay motivos para el optimismo?
–A favor, está que llueve y que se terminó de construir el gasoducto, con lo cual la escasez de divisas se suaviza. Las exportaciones van a ser de entre US$15.000 y US$16.000 millones adicionales. Pero se parte de una deuda comercial de US$24.000 millones adicionales al normal funcionamiento de la economía, que son los que usó Sergio Massa para financiar la campaña. Hay sectores dinámicos, con potencial de aumento de exportaciones, como la minería, los combustibles, la agricultura, la industria del conocimiento o el turismo. Y eso es un activo a favor que se puede aprovechar. Un tercer punto es que los precios de los activos locales están regalados: a pesar de la suba que tuvieron, si se ordena, la Argentina está muy barata.
–¿Qué perspectivas tiene sobre el plan del nuevo gobierno?
–Si se miran los tres vértices que se requieren para ordenar esto, uno veía la campaña de Milei y no había nada en ninguno: la dolarización no era un programa de estabilización, las reformas que se presentaban eran desordenadas en primera, segunda y tercera generación y eso iba cambiando. Pero hubo un cambio radical en el discurso: pasamos del ‘peso es excremento’ a hacer todo lo posible para evitar una híper y especificar que no se pueden sacar controles de capitales si no se corrige lo fiscal y se solucionan las Leliq. No hay margen para el gradualismo con un riesgo país de 2000 puntos, porque no hay financiamiento. Tampoco hay margen para un shock descontrolado. Vamos a un shock con control de capitales. La cuestión es la magnitud y cuál será el ancla fiscal.
–¿Y por dónde pasa ese ajuste fiscal y cuán viable es?
–Ahí están las dudas principales. Hay promesas. Hay que ver qué hay en la ley ómnibus, cuáles son las batallas que van a dar y los márgenes que se van a dejar. Y la duda es cuán agresivos son en el esquema de desregulación que propone Sturzenegger. Porque ahí hay un esquema muy agresivo, pero creo que la Argentina requiere reformas para adaptar la productividad sistémica al mundo. Detrás de cada regulación hay algún beneficiario, chiquito o poderoso. El Gobierno quiere achicar el número de ministerios, pero hay que ver finalmente qué hay detrás. No hay giro radical. Aplicó el teorema de Baglini.
–Milei habla de las Leliq como un problema central, y otros economistas dicen que lo fiscal es más relevante. ¿Cuál es su visión?
–Son un problema. Hay un sistema financiero anómalo. Se emitieron más pesos de los que la gente quería, y para retirarlos se aspiró con pasivos que devengan una tasa de interés que genera mensualmente los pesos del déficit acumulado del año. Ese crecimiento endógeno de las Leliq son un problema. No pueden sacarse los controles de capitales con esta situación. Bajar la tasa y licuar los depósitos sin coordinar la presión cambiaria y con el contexto inflacionario actual es peligroso. Dicho esto, no hay una solución financiera a las Leliq. La ventaja es que son a tasa fija, y están en los bancos. Pretender cambiar Leliq por deuda del Tesoro puede ser un entuerto, suponiendo que la consolidación fiscal va a aparecer. Mi sensación es que la reestructuración no está siendo considerada, le están dando vida a instrumentos en pesos, después de la corrida que hubo cuando el entonces candidato decía que el peso era excremento. La combinación es statu quo y licuación. Falta mucho y el horizonte de gobierno son cuatro años, con elecciones de medio término en 2025. Ahí ya tenés que haber accedido al mercado de créditos y haber pasado un nuevo acuerdo con el FMI. Hay oportunidad para un gobierno que llegó con un discurso tremendamente agresivo, y el punto es cuánto maneja la gobernabilidad.
–¿Qué margen hay para el ajuste, con ingresos que caen hace años?
–La ventaja es que el salario ya cayó y no tiene que caer más. Claro que eso es en el modelo de los economistas, pero después hay actores jugando. La distorsión de precios relativos es enorme, con bienes ridículamente caros en base a una demanda que sigue tirando con problemas de oferta, porque el Banco Central dejó de vender dólares. Hay un nivel de inconsistencia fenomenal, con tarifas muy bajas, algunas no tanto al dólar oficial, y con costos en dólares. Y el aumento tarifario que necesitás es inflacionario. La pregunta es cuál es la variable de ajuste. La inflación es un promedio ponderado de precios, y si alguno está atrasado o adelantado, se necesita que algunos precios en dólares bajen y que los servicios suban. La pregunta es cuál es la variable de ingresos. Los ingresos, sobre todo las transferencias previsionales del
Estado, se licuaron enormemente. Por eso, el programa requiere componentes ortodoxos en términos de un plan fiscal, financiero y monetario, y componentes heterodoxos que administren la distribución del impacto del shock. Algo reconoce Milei, al hablar de distorsión de precios. Antes era un problema solo monetario, y ahora dice que la única billetera abierta es la del Ministerio de Capital Humano. Pero de 19 puntos que gasta la Nación, hay 13 que van a esa cartera (jubilaciones, planes sociales, salud, educación). Entonces, se va a hacer el ajuste sobre los 6 o 7 que quedan… Es algo que lleva tiempo y en algún momento te chocás con la realidad.
–¿Y qué viene?
–Se rompió el sistema tributario con un alto nivel de evasión. El sistema previsional tiene muy bajo aporte en relación a los activos. Se rompió la moneda y el crédito y hay que volver a ordenarlos. La pregunta es qué hay dentro del esquema de ordenamiento del Estado. El Estado no tiene que desaparecer, pero sí ordenarse. Estamos en una economía de bienestar trucha, donde las clases medias intentan escaparse de los bienes públicos y no financiarlos. Hay un repudio del esquema tributario, que se pasó de largo en la carga efectiva. La presión efectiva de Argentina está en torno a 50% del PBI. De eso, 3,5% puntos son gasto tributario, es decir, lo que no se recauda, por ejemplo por el régimen de Tierra del Fuego y por Ganancias en los jueces. Hay que normalizar el sistema y reordenar la macro con más incentivos. La agenda es complicadísima.
–¿Y qué consecuencias tuvo ese esquema en términos distributivos y entre sectores?
–El modelo fue terriblemente regresivo hasta acá. La represión financiera genera brechas: tasa de interés negativa con un riesgo país de 2000, brecha cambiaria con un dólar oficial de $360 y un dólar financiero arriba de $900 y brecha de precios. Hay algunos muy controlados, con balances de empresas afectados y compensados por cantidades más altas, y sectores con precios descuidados. Ahora el Central se quedó sin dólares, vino Massa y para financiar su campaña usó US$36.000 millones; las reservas son negativas en Us $13.000 negativa sy hay us $18.000 en deuda comercial. Es un modelo de salarios bajos con castigo a la exportación, y para compensar eso se pone un blend (dólar 50/50) que paraliza la oferta. Está todo mal.
–Se cumplen 40 años del regreso de la democracia. ¿Qué análisis hace en materia económica?
–Por suerte festejamos 40 años de democracia, pero hay un fracaso económico colectivo, con oportunidades individuales fantásticas como contracara de ese ciclo perverso. La Argentina maximiza el ciclo y minimiza la tendencia: es de los países que menos crece y que más recesiones tiene, y cada crisis termina generando oportunidades para el que se puede cubrir. La transferencia de ingresos de este esquema es enorme, con los métodos lícitos e ilícitos con los que se relaciona el sector privado y el Estado. Creo que en gran medida esto tiene que ver con el péndulo y los ciclos entre gobiernos que fuerzan el crecimiento a través de política fiscal, monetaria y de ingresos inconsistentes y pierden elecciones cuando se agota el modelo. Y después, generalmente viene el otro lado, con gobiernos que intentan una apertura frente a la represión económica previa, que apelan al endeudamiento para manejar las inconsistencias y terminan chocando l quedar sin financiamiento. Y el ciclo se repite. Empezó con el gobierno militar, después Alfonsín, el menemismo, el kirchnerismo, Macri y la repetición del ciclo kirchnerista, que fue de los peores

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

Agenda complicada y no exenta de riesgos para la estabilización

Marina Dal Poggetto
Auna semana de iniciada la nueva gestión, y luego de una no transición que agudizó los costos de la herencia como contracara del adelantamiento en los pagos de retenciones y el uso del dólar y las tarifas como ancla después de las PASO, con una inflación que acumula el 18,5% desde entonces hasta noviembre, el flamante gobierno empieza a mostrar los primeros lineamientos de un plan.
Plan que fue presentado en sociedad bajo el nombre " ley de solidaridad y reactivación productiva", pero que en rigor incluye una señal muy fuerte a los tenedores de bonos respecto de la decisión de recomponer el equilibrio fiscal en simultáneo con la autorización al BCRA para transferirle al Tesoro reservas equivalentes a los vencimientos de intereses con legislación extranjera durante 2020, a cambio de una letra del Tesoro. A esto se sumó el anuncio en simultáneo de la eliminación del impuesto a la renta financiera puesto por el gobierno de Macri en 2017 como concesión a la oposición para pasar el paquete fiscal.
El mercado reaccionó con una fuerte suba en los precios de los bonos y una baja en el riesgo país, que por primera vez desde las PASO quebró para abajo los 2000 puntos básicos.
Esto aún cuando no hay información respecto de los lineamientos del reperfilamiento anunciado. Con los precios actuales de los bonos y con el 85% de los vencimientos de mercado en 2020 emitidos con legislación local, el margen para evitar un default reperfilando por decreto los bonos emitidos localmente es alto, mientras se buscan las mayorías que requieren las cláusulas de acción colectiva de los bonos con legislación extranjera.
La ley ómnibus enviada al Congreso incluye fuertes aumentos en impuestos (retenciones, Bienes Personales, impuesto al turismo y a la compra de dólares) y la cancelación por un año del Pacto Fiscal -frenando en los hechos la baja en impuestos de la Nación (contribuciones patronales, baja de la alícuota de Ganancias a las empresas) y de las provincias (cronograma de reducción de Ingresos Brutos). También habilita cambios en la indexación previsional y congela por "hasta" 180 días las tarifas de servicios públicos. Esto en simultáneo a un anuncio de bono de una vez a jubilados y perceptores de planes sociales con incidencia en el último mes de 2019 y prácticamente nula incidencia en 2020.
Un cálculo rápido de las medidas permite proyectar un ajuste en torno a 3 puntos porcentuales respecto del statu quo para 2020, que surge de sostener el Pacto Fiscal, la indexación previsional frente a una desaceleración de la inflación y el pago anticipado de retenciones en el último mes del gobierno anterior frente a la expectativa (finalmente concretada) de cambio en las alícuotas. El déficit, que en 2019 terminaría algo por debajo del 1%, podría incluso acercarse al equilibrio en 2020.
Los aumentos de impuestos son muy agresivos y ciertamente no son neutros. Aunque también es cierto que recaen sobre sectores con baja propensión a consumir, mientras la política apunta a recomponer los ingresos en la base de la pirámide salarial y jubilatoria. Esta decisión, junto con una baja monetización del déficit fiscal, da margen, si se avanza rápido en la resolución de la deuda, para estabilizar una economía que, como contracara del desplome en las importaciones generado por la recesión y de la decisión de desdoblar "fiscalmente" el mercado de cambios, recuperó el superávit del sector externo.
Todavía falta información respecto de la forma que tomará el acuerdo de precios y salarios. Si la demanda se recupera, hay margen para prorratear los costos fijos con una menor presión sobre los márgenes unitarios de las empresas. Pero partiendo de una inflación en torno al 55% interanual (4% mensual en los últimos dos meses), cualquier intento de frenar la nominalidad desde la política requiere que ningún precio se aleje mucho de la nueva nominalidad.
La lógica indica que los salarios y las jubilaciones pueden crecer algo por encima de la inflación a fin de recomponer parte de la capacidad de compra de salarios y jubilaciones que acumula desde 2015 una caída cercana al 20%, mientras el dólar y las tarifas en promedio crecen algo por debajo. Abusar del ancla cambiaria y tarifaria con una nominalidad muy alta genera riesgos ciertos.
El nuevo gobierno deberá arrancar el acuerdo de precios y salarios con poco tiempo para reperfilar la deuda sin entrar en un evento de crédito, con menos colchón cambiario y tarifario para usarlos como semiancla en el proceso de desinflación y con poco espacio para usar la nominalidad para asegurar la corrección fiscal, dadas la magnitud del anticipo de retenciones y la resolución que convalida la movilidad previsional en diciembre.
El plan de estabilización está en marcha. La agenda es complicada y no está exenta de riesgos.

La autora es directora del Estudio Eco Go

MARINA DAL POGGETTO, ANÁLISIS,

La inestabilidad exige que la política deje de lado sus intereses

Marina Dal Poggetto
El resultado de las primarias abrió un nuevo escenario. No por la dirección del resultado a favor del Frente de Todos, sino por la magnitud de la diferencia que amplificó la visión binaria que el mercado tenía de ambos candidatos.
El resultado 47-32 abrió una situación política anómala con un presidente debilitado, un candidato con votos suficientes para ser presidente, pero recién a fines de octubre, y un FMI que jugó a favor de la reelección, pero que después de la contundencia de las PASO debe negociar a dos puntas.
Mientras los programas fiscal, financiero y monetario crujen por el salto cambiario, la reacción inmediata del Gobierno tras las primarias fue intentar retomar la agenda con política fiscal expansiva.
Sin embargo, el corte definitivo del crédito derrumbó el supuesto de refinanciamiento de la deuda corta que manejaban en la Casa Rosada.
Márgenes e incentivos
Si bien el Gobierno tiene incentivos para culminar su mandato en forma ordenada, Alberto Fernández tiene incentivos para asumir con margen de maniobra (léase un adecuado nivel de reservas en el Banco Central).
A su vez, el FMI tiene incentivos para presentar al país como un caso de éxito y asegurar el repago del préstamo.
Pero la velocidad de la dinámica financiera actual y las fallas de coordinación entre los jugadores están abonando el camino hacia un equilibrio inestable.
La caída en las reservas que el BCRA acumula desde las primarias está en el orden de los US$12.000 millones, de la cual algo más del 40% estuvo explicada por salida de depósitos en dólares y el resto por los pagos del Tesoro (incluyendo el repo a bancos) y por ventas del Banco Central.
La decisión del Gobierno de reestructurar en forma compulsiva las LETE, Lecap, Lelink y Lecer en manos de personas "no humanas" el miércoles pasado apuntó a suturar en forma directa la caída en las reservas por pagos de deuda del Tesoro y en forma indirecta las ventas del BCRA al no monetizar los vencimientos de pesos que no se refinanciaban.
Pero la dinámica funcionó exactamente al revés, al generarse un impacto en cadena sobre los fondos comunes de inversión (FCI), donde las empresas asignan el capital de trabajo, con amplificación sobre la cadena de pagos, sobre la salida de depósitos en dólares de los bancos y sobre la demanda de dólares (vía desarme de FCI y de plazos fijos en pesos).
El riesgo cierto de propagación llevó tardíamente al Gobierno a cerrar la cuenta capital, intentando suturar, vía los cambios en la normativa cambiaria dada a conocer ayer a la tarde, la tercera fuente de caída en las reservas (la venta de dólares del BCRA).
Y, en simultáneo, dando directivas a los bancos para que abastezcan la salida de depósitos, poniendo a disposición un repo para evitar problemas en caso de que superen los encajes.
La dinámica está lanzada, y la falta de coordinación de la política claramente no ayuda.
El caso brasileño
En Brasil, durante la contienda electoral de 2002, cuando las encuestas daban ganador a Lula da Silva (candidato del PT que el mercado evaluaba como "comunista") frente a José Serra (candidato del PSDB, partido del entonces presidente en funciones Fernando Henrique Cardoso), llevando el riesgo país a los 2400 puntos y dejando al país fuera del mercado de crédito, apareció la cooperación entre los tres agentes, que permitió a Brasil transitar sin default y estabilizar la macroeconomía.
La carta a los mercados de Lula durante la campaña en la que manifestaba su compromiso de sostener el programa económico y el pago de la deuda, la decisión de Cardoso de "soltarle la mano a su candidato", junto a un paquete del Fondo Monetario Internacional de US$30.000 millones, que no debió ser usado, contribuyeron en esta dirección.
Pero hay grandes diferencias con la situación actual:
1. Mauricio Macri no es Cardoso y Cardoso no era candidato.
2. Lula era el "dueño" del Partido de los Trabajadores (PT) y, en cambio, Alberto Fernández es el candidato (inquilino mientras no sea elegido efectivamente) de una coalición particularmente diversa.
3. El Fondo Monetario Internacional no está dispuesto a aumentar el programa luego de haber desembolsado el 78% del préstamo de US$57.000 millones ampliado en octubre pasado.
En la Argentina, ¿estará la política de ambos lados dispuesta a dejar de lado sus intereses y ponerse a la altura de las circunstancias para evitar una crisis mayor?
¿O, por el contrario, volveremos a chocar, como pareciera ser que lo estamos haciendo, una vez más con la misma piedra?
Mientras tanto, el FMI se mantiene expectante hasta después de octubre.

La autora es directora del Estudio Eco Go

ECONOMÍA; MARINA DALL POGGETTO

¿Un año con menos inflación y menos crecimiento?
Por Marina Dal Poggetto

Llueven dólares y la economía no termina de arrancar. Esta paradoja, difícil de encontrar en la historia argentina, es consecuencia de una definición de política que -en un contexto donde la demanda de pesos está anclada por el aluvión de dólares financieros, del blanqueo y en los próximos dos meses de la cosecha-, prioriza la inflación por sobre el crecimiento del consumo y la normalización de inventarios. Es que en una economía donde el consumo representa 72% del PBI, crecer sólo vía inversión (mucha obra pública y algo de privada,asociada a sectores que recibieron fuertes señales de precio) en un contexto donde el sector externo contribuye en forma negativa al PBI , no alcanza.
Pero con tarifas que vuelven a agregar entre 3 y 4 p.p. a la dinámica de los precios en los primeros meses del año, las expectativas de inflación se escapan de una meta que no tuvo en cuenta el impacto directo de estas correcciones, y el BCRA se ve obligado a reaccionar en consecuencia subiendo la tasa de interés para frenar una inflación de costos, en un contexto donde, además, las paritarias empiezan a cerrar también por encima de los objetivos consistentes con la meta.
A diferencia de otras economías de la región donde la caída en la inflación resultante de la apreciación en el tipo de cambio brinda margen a los bancos centrales para bajar la tasa de interés, en Argentina el impacto directo de las tarifas presiona a un BCRA que no distingue inflación de demanda de inflación de costos, a subir las tasas de interés vendiendo Lebacs en el mercado secundario y convirtiendo a la Argentina en el campeón mundial (transitoriamente) del carry trade, en un contexto donde el ingreso de capitales de corto plazo y un BCRA que sólo compra una parte del excedente de dólares por sobre la enorme formación de activos externos y demanda por turismo, brindan una especie de seguro de cambio implícito por los próximos dos meses.
En efecto, si bien recién ayer el BCRA movió 150 pbs la tasa de política monetaria, la tasa implícita en la Lebac más corta ya venía aumentando en los últimos 20 días más de 300 pbs, llevando el rendimiento en el mercado secundario a la zona de 24% anual y agregando presión bajista a un dólar que vale 5% menos que el pico de febrero de un año atrás.
Y acá entra en juego el nuevo discurso oficial: dado que las paritarias privadas ya están empezando a cerrarse, lo más reactivante es bajar la inflación para maximizar el aumento del salario real. Es cierto que el atraso cambiario implícito en el esquema de tasas altas de interés con aumento en las reservas apuntala al crecimiento de la demanda interna ya que contribuye a asegurar la recuperación del salario real.
Aunque con mecanismos de ahorro disponibles, tasas cada vez más altas, y la posibilidad de consumir en el exterior (importaciones de servicios y/o de bienes), el impacto sobre el consumo doméstico de la recuperación en los ingresos, que desde mediados del año pasado se empezó a dar en la economía respecto al piso de junio 2016, no es inmediato, particularmente en los sectores formales de la economía.
Por un lado, la dinámica del Turismo al exterior (se gastaron 8.500 millones de dólares en 2016 y ya van 2.300 millones de dólares en el primer bimestre de 2017) y una apertura modesta en la importación de bienes de consumo frente a un mercado en caída. Por otro lado, el intento directo de frenar la dinámica de los precios por encima de la meta, asegurando que no vendan aquellos que se pasaron de largo en las remarcaciones.

En un modelo de equilibrio general, esta última dinámica es cierta, pero con precios inflexibles a la baja, empresarios que no están dispuestos a fijar precios por debajo de la dinámica de sus costos y sindicatos hiperactivos, el modelo puede fallar en la realidad, como ocurrió en 2016 cuando se argumentaba que los precios ya estaban fijados a un dólar de $15 y las tarifas no eran inflacionarias, sino deflacionarias.
Si bien es loable que, por una vez en la historia, la agenda larga se ubique por sobre el cortoplacismo que caracterizó a la Argentina, no es tan lineal el argumento. Por un lado, si en el corto plazo la gobernabilidad no ayuda, el largo plazo bien puede no llegar.
Pero por otro lado, en el largo plazo, el esquema de cambiar financiamiento monetario por deuda con una carga de intereses que empieza a escalar, sólo es consistente si se reduce nítidamente el desequilibrio fiscal primario. Y con casi la mitad del gasto público indexado al pasado y sin ingresos del blanqueo a partir de 2018, la trayectoria de reducción del déficit hacia adelante, que dependerá mucho del Congreso, dista de ser una apuesta segura. Más aún cuando el escenario de desinflación incorporado en las metas para 2018 (8% a 12%) y 2019 (3,5% a 6,5%) no incluye el desagio en los contratos (indexación al pasado de la mitad del gasto público) y, en simultáneo, se requiere bajar la presión impositiva sobre los sectores formales de la economía.
Finalmente, el problema que está progresando no es la baja en la inflación, sino lo exigente de meta en un contexto de déficit fiscal abultado. O, dicho de otro modo, si la meta original en vez de 12 a 17% viniendo de una inflación del 40% en 2016 hubiera sido del 17% más tarifas, probablemente el año concluiría con más crecimiento y una inflación no mucho más alta.

ECONOMÍA; MIGUEL BEIN Y MARINA DAL POGGETTO

Qué explica las brechas entre los diferentes índices de inflación
Miguel Bein,

Marina Dal Poggetto

Las señales mixtas que el Banco Central mencionaba en su comunicado de Política Monetaria no se vieron reflejadas en la estadística oficial del Indec referida a la inflación. El registro de 1,3% de incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de enero se ubicó casi en línea con el dato de diciembre (1,2%). En tanto, el IPC Core (el índice que se elabora excluyendo los precios regulados o con alto componente impositivo y/o volátiles u estacionales) mostró una caída: fue del 1,3% cuando en diciembre había sido de 1,7%.
Los datos del instituto de estadística de la ciudad de Buenos Aires (que por primera vez desde mayo de 2016 -cuando arrancó el IPC del Indec- demoró el calendario para que saliera antes el dato nacional) no acompañaron y se ubicaron más en línea con el que mostraba nuestro indicador de precios (1,9% versus el 1,8% del Relevamiento de Precios Minoristas de nuestro estudio), en tanto que el índice núcleo se ubicó en 2.0% (Indec) versus 1,7% (RPM).
Durante la gestión del gobierno anterior, semejantes diferencias no generaban ninguna duda respecto del manoseo de las cifras oficiales. Es más, 10 años atrás, fue el dato de enero el que generó el inicio de la intervención con un Indec que iba a publicar 2,1% y terminó -expulsión de la directora de Precios del organismo y de parte de su equipo mediante- en 1,2%. Y 4 años atrás, los datos del IPC nacional lanzado por el gobierno anterior (el llamado IPC NU) que habían arrancado bien al principio con la publicación correspondiente al mes de enero, terminaron perdiendo rápidamente credibilidad cuando empezaron las divergencias con las estadísticas alternativas. Eso ocurrió a mitad de aquel año.
Con la reputación del nuevo Indec, los comentarios respecto de las diferencias actuales no fueron más allá de unos cuantos aportes en las redes sociales y algunos esbozos en la prensa, aunque con poco rating. Hubo agresiones cruzadas que más que discutir la metodología detrás de las diferencias, apuntan a descalificar al interlocutor.
Ahora bien, ¿qué explica semejantes diferencias?. La primera explicación es que las estructuras de los índices no son homogéneas, en parte porque los universos medidos son distintos (no es lo mismo la estructura de consumo promedio de la ciudad de Buenos Aires, donde alimentos pesa mucho menos en la canasta que en el Gran Buenos Aires (19% versus 36%), en parte porque ni las muestras ni la metodología de captación de datos son simétricas; pero, fundamentalmente, porque las estructuras de ponderaciones no responden al mismo momento del tiempo.
Otros precios relativos
Esto último si bien sutil, no lo es tanto teniendo en cuenta el brusco cambio en los precios relativos que enfrenta la economía que, a modo de ejemplo, hace que la electricidad que pesaba 1,9% en el IPC base 1999=100, pese 0,9% en el índice base julio 2011-junio 2012=100 de la CABA y 0,35% en el nuevo índice del Indec. Dicho en criollo, estas diferencias son el reflejo de lo que representaba la factura de electricidad en el presupuesto familiar promedio, y para calcular los impactos de la nueva suba tarifaria hace falta actualizar los ponderadores a hoy, algo que se puede hacer con los datos de la ciudad de Buenos Aires pero no con los del Indec actual, ya que no coincide el arranque del índice (mayo de 2016) con la estructura de ponderaciones (diciembre de 2015), justo cuando se concentraron los fuertes aumentos tarifarios en 2016.
Recordemos la desproporción entre el conflicto generado por las facturas de agua, gas y electricidad cuando llegaron los aumentos y el impacto sobre los índices en febrero y abril. Y es algo que puede volver a generar discrepancias en los índices cuando se publiquen datos de febrero y abril de 2017 con las nuevas facturas eléctricas y de gas, teniendo en cuenta que las subas porcentuales son mucho menores a las de 2016 pero sobre montos muchísimo más altos, por lo que la magnitud de los impactos no es tan distinta.
Respecto de las variaciones de precios en enero, la principal diferencia se centró en el capítulo vivienda, en el que la suba de 2,4% dentro del índice de la ciudad (en nuestro indicador daba 3,3%) no reflejó variación en el dato del Indec. Pero cuando uno descompone el dato del organismo surge que la variación neutra se compone de un alza de 2,1% en alquiler de la vivienda y una caída de 2,1% en gastos de mantenimiento, donde inciden fundamentalmente las expensas (frente al 6% de suba en la ciudad). En este rubro, el Indec muestra desde mayo una suba de sólo 0,8% frente al 30% acumulado en la estadística de la ciudad.
Otro rubro que genera discrepancias es el de servicios básicos y combustibles para la vivienda. Según el Indec, los precios en este caso se ubican sólo un 9% arriba de los de abril, cuando para la ciudad esta diferencia es más parecida al 20%, incluyendo las caídas transitorias en el precio del gas y la normalización posterior luego de las audiencias públicas a dos terceras partes del aumento original. Si bien no lo sabemos, dado que el Indec publica la información con muy poca apertura, es probable que la diferencia esté en el precio del agua de red, donde la metodología de medición no es homogénea. Mientras que en la ciudad el precio se mantuvo sin cambios (dado que no volvió a haber aumentos desde mayo), en el Indec, al tomarse una muestra de facturas, el indicador podría estar reflejando cambios en el consumo y/o en el status del cliente (factura social). Si bien es una definición metodológica discutible, hace ruido frente al brusco cambio de precios relativos que está operando en la economía.
Pero estas discrepancias sutiles de sólo dos o tres décimas por mes pueden escalar sino se unifica la vara con la que se hacen las mediciones. En efecto, con las estadísticas regularizadas las mediciones alternativas por definición tienden a estimar la inflación que va a dar el Indec. Sólo durante el gobierno anterior las mediciones alternativas (privadas y provinciales) intentaron estimar la inflación que el instituto oficial había dejado de medir en forma creíble. Y frente a estas situaciones, la disyuntiva es si hay que adaptar la metodología a los cambios ad hoc que va incorporando el índice oficial o hay que sostener la metodología original y aceptar las diferencias.
Suponiendo que los desvíos mencionados son hechos aislados, y que no se van a generalizar los cambios ad hoc en los índices en función de ningún objetivo de precios, se requiere que el Indec muestre todas las cartas y no sólo información fragmentada.
Con nueve meses de vida, no hay justificativo para que no se arme un índice con variaciones y para que los comunicados no presenten toda la información devengada, con un nivel de apertura a tres dígitos (que siempre se usó). Y mucho menos, para que no muestren la estructura de ponderadores consistente con el inicio del índice de modo tal que cualquiera pueda replicar y/o estimar los impactos. Si bien los ponderadores están publicados, corresponden a diciembre de 2015, cuando el índice actual arrancó en mayo de 2016, inmediatamente tras los aumentos tarifarios que se concentraron en los primeros meses.
Los índices coordinan expectativas. Y para ello tienen que ser creíbles. Hoy la credibilidad está basada en el cambio de autoridades del Indec y en la reputación que hereda el virtuoso frente al mentiroso, pero a medida que pasan los meses, el cheque en blanco de la herencia recibida podría reducirse y es importante construir esa credibilidad. La gran cantidad de aumentos ya anunciados (electricidad, gas, transporte, agua, naftas, peajes, etcétera) hacen imperioso que el instituto abra el juego para correr definitivamente el debate sobre el índice y empezar a discutir lo que el índice refleja: la inflación.
Los autores son economistas y directores de Estudio Bein & Asociados