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EN LA MATANZA YA SE MOVILIZAN POR LA INSEGURIDAD
Familiares de víctimas y vecinos reclamaron mayor presencia policial en uno de los distritos más golpeados por cotidianos asaltos y homicidios
Familiares de víctimas del delito y vecinos se manifestaron frente a la municipalidad de La Matanza
Anoche hubo una protesta vecinal frente a la municipalidad; reclaman mayor presencia policial en las calles tras la ola de asaltos a colectiveros.
La cotidiana reiteración de hechos de inseguridad en La Matanza derivó ayer en una concentración de familiares de víctimas y vecinos frente a la municipalidad del mayor distrito del conurbano bonaerense. En las pancartas de los manifestantes se resumieron, al lado de nombres de personas asesinadas, reclamos de mayor presencia policial y eficacia en la actividad de los uniformados en barrios golpeados una y otra vez por el delito. El homicidio del colectivero Daniel Barrientos, ocurrido el lunes 3 del actual en la localidad de Virrey del Pino, expuso de manera extrema el temor de aquellos que sienten sus vidas pueden estar en riesgo por el solo hecho de usar el transporte público para ir y volver de sus trabajos. Y ese miedo se transformó en una protesta que llegó a la plaza de San Justo, frente al despacho del intendente Fernando Espinoza, quien no hizo referencia en estos días a la crisis de seguridad que se vive en su territorio.
Si bien la concentración no fue masiva, las algo más de 300 personas que se reunieron estuvieron encabezadas por familiares directos de víctimas del delito. Ellos no solo sufrieron por la irreparable pérdida, sino que cada día se sienten expuestos a la violencia cotidiana.
“A las 21 ya no se puede salir más en el barrio San Alberto. No pasan patrulleros. Queremos más policías”, fue el reclamo del padre de Federico Potarski, un futbolista que trabajaba como remisero y que fue asesinado hace nueve meses. Fue mortalmente baleado cuando intentaron robar su Fiat Uno en las cercanías de la villa San Petersburgo y a pocos metros de un puesto policial.
“Queremos justicia por mi abuelo Abel Santa Cruz”, dijo la nieta del policía federal retirado, de 67 años, que fue asesinado el año pasado en Rafael Castillo cuando estacionó su vehículo para hacer una compra en un kiosco.
“Nos están matando como a moscas”, agregó una vecina de 77 años, que reclamó también por mayor presencia policial en la zona. Una jubilada agregó su experiencia en manos de delincuentes: “Amenazaron con cortarme una oreja, me querían quemar con agua hirviendo, se llevaron mi plata y televisores”. Cerca de ella, choferes de colectivos exigían que se ponga en funcionamiento un centro de monitoreo que pueda controlar cámaras instaladas dentro de las unidades del transporte público.
Poco después del asesinato de Barrientos se lanzó un operativo relámpago de control en colectivos. Duró tanto como la visión de un rayo. Anteayer otros dos choferes y varios pasajeros fueron asaltados cuando circulaban en la localidad de Isidro Casanova. Y la queja de los colectiveros creció porque esas emboscadas se cometieron frente a la garita policial ubicada en una de las entradas del asentamiento conocido como Puerta de Hierro. Incluso, destacaron en sus testimonios públicos en su terminal que había policías dentro de ese puesto.
Pocos días antes habían impactado las palabras de dos obispos de La Matanza. “La sensación de los vecinos es que vivimos en un territorio liberado o negociado”, expresaron en una declaración conjunta Eduardo García y Jorge Torres Carbonell, máximos representantes de la Iglesia en las diócesis de San Justo y Laferrere. respectivamente.
Al conocerse el homicidio de Barrientos, esos obispos reaccionaron con dureza: “Si bien nos consterna, no nos asombra, porque es uno más de la lista de los últimos años en los cuales ningún barrio ni zona ha quedado exento del robo, la entradera, el apriete, el choreo de celulares a plena luz del día, muchos de ellos seguidos de muerte”. En esa terrible radiografía de La Matanza se mencionó a la penetración narco y al reclutamiento de jóvenes como soldaditos de los vendedores de drogas. Y definieron los obispos tras el asesinato del colectivero: “Se está generando una guerra de pobres contra pobres”.
Las autoridades provinciales responden a las críticas con datos estadísticos, supuestamente favorables a su gestión. De 155 muertes violentas registradas en 2017 por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación pasó a 127 casos en 2021, el último año con datos completos. La caída entre 2020 y 2021 fue de 20 por ciento. Sin embargo, la validez de esos datos es cuestionada por la forma en que se recolectan -información policial que no hace seguimiento de casos para determinar si un herido falleció luego en un hospital, por ejemplo y en el caso de La Matanza hay extraños saltos en algunos meses, que en la comparación de esos períodos en otros años genera, por lo menos, interrogantes sobre las cifras notificadas.
A los homicidios se suman los robos violentos, mucho cometidos por motochorros. A diario se viralizan videos sobre brutales asaltos. Pero esos episodios que alcanzan trascendencia pública representan apenas una pequeña muestra de la realidad en La Matanza. Las cifras delitos denunciados entre enero y septiembre de 2022 establecieron que cada 24 horas fueron víctimas de robos y hurtos 103 vecinos de ese distrito.
Un distrito clave
En ese municipio de 1.800.000 habitantes instaló su puesto de mando el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. En el centro operativo ubicado en Puente 12 se concentra, incluso, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que en los últimos días quedó visibilizada en dos situaciones que generaron polémicas: el arresto de los colectiveros que golpearon a Berni y los cacheos de pasajeros durante el fugaz operativo de control del transporte público.
Entre esos dos episodios, un novato de esa unidad hirió a un compañero de un balazo en la pierna cuando manipulaban una pistola reglamentaria en Puente 12. Ambos habían egresado poco antes de la escuela de policías.
En medio de ese contexto se manifestaron vecinos frente a la Municipalidad de La Matanza. Al igual que lo habían hecho en noviembre de 2021 en la localidad de Ramos Mejía luego del asesinato del kiosquero Roberto Sabo.
Menos de dos años después el reclamo de un plan de prevención del delito se mantiene firme en las pancartas de los manifestantes

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Comandaba una red de prostitución desde la celda
El caso fue descubierto gracias a un “agente revelador”
Fernando RodríguezPolicías de Seguridad Aeroportuaria, en la celda del proxeneta
Buscó en una página web donde se promocionan servicios sexuales en la capital de Tucumán. Partía de una certeza: la zona en la que estaban los departamentos donde, según una denuncia anónima, funcionaban los “privados”. Pero necesitaba llegar, a partir del primer contacto, al verdadero objetivo: la persona detrás del negocio.
El hombre, oficial de la Policía de Seguridad A ero por tu aria( PSA ), actuaba como “agente revelador ”. La estrategia ya les había dado resultado un año antes en una causa por trata de personas en Santiago del Estero. Los detectives de la fuerza se la fiscal federal de Tucumán Agustín Chit, que también la tenía en mente. Y el juez federal Fernando Luis Poviña la autorizó y fijó sus alcances temporales y temáticos.
Casi ocho meses después del primer contacto del agente revelador, la investigación maduró y permitió desarticular la organización que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Quien controlaba esa red es Walter Alfredo Ayala, un proxeneta que purga una condena de 12 años y cinco meses de prisión por el mismo delito y que, desde su celda, coordinaba los “encuentros” con los clientes. El hombre, que manejaba las operaciones desde un teléfono que le permitió tener la Justicia desde los tiempos de la pandemia, le transmitía las instrucciones a su esposa, Alejandra Beatriz Galván, que estando en libertad por haber cumplido la sentencia a cinco años que recibió como partícipe secundaria de los delitos cometidos por su esposo seguía haciendo lo mismo que antes: captar a chicas a las que hacían prostituirse en cinco departamentos de dos edificios de San Miguel de Tucumán.
Los allanamientos para comenzar a poner fin a la organización se realizaron el martes, con el máximo sigilo. Por ejemplo, la Justicia Federal acordó con el Ministerio de Seguridad de Tucumán que una comitiva de la PSA realizaría una “visita” protocolar a la Unidad Penitenciaria N° 10 de Villa Urquiza para no develar, hasta el último instante, que se haría un allanamiento en la celda alejada que Ayala ocupa en esa cárcel, con un solo compañero. Ahora, una de las fases posteriores de la pesquisa será, precisamente, establecer si el proxeneta contaba con una virtual aquiescencia de los guardiacárceles que le permitía manejar el negocio a voluntad.
El propio agente revelador –cuya identidad se mantiene en reserva, para preservar su seguridad– contó a detalles de la tarea que se le encomendó.
“Nos abocamos al caso a partir de una denuncia al número 145 que revelaba que en departamentos de dos edificios se ejercía la prostitución. Comenzamos la investigación con las medidas habituales, con vigilancias, seguimientos, relevamientos de redes sociales, consultas sobre titularidad de los inmuebles. Pero en estos casos llega un momento en que las pesquisas se estancan si no se llega a tomar contacto con la organización o con las víctimas. Así surgió la idea de usar la figura del agente revelador, que ya nos había dado buen resultado en otra causa por trata, en Santiago del Estero”, explicó el agente federal.
El equipo de investigadores de la PSA se lo propuso a la Justicia. El juez Poviña fijó los alcances temporales y temáticos: había que confirmar la información, conseguir datos para avanzar y, sobre todo, no se podía tener contacto personal con las víctimas de la trata de personas con fines de explotación.
“Nos habilitaron una línea de teléfono con WhatsApp y comenzamos a hacer una explotación de las páginas donde hay ofrecimientos de este tipo, donde hay avisos, como Cafecito. Aunque hay trabajadoras sexuales que hacen esto de forma privada y voluntaria, en la mayoría de los casos detrás hay un tratante. Empezamos a enviar mensajes, a modo de prueba y error, poniendo especial atención en quienes atendían dentro de la zona precisada en la denuncia; así encontramos respuestas que coincidían con esa geolocalización”, sostuvo el agente.
“Vi tu aviso…”, era la frase para iniciar la conversación por chat de WhatsApp; lo primero que volvía, como respuesta, era el tarifario. Desde 2000 pesos por el “servicio básico” hasta 8000, con la posibilidad de la participación de dos mujeres y servicios de masajes, según surge de la investigación.
“Ya tenían armado un mensaje con los servicios y los precios; luego, en el intercambio se acordaba el horario. Lo habitual es que las chicas no den el departamento exacto, te dicen ‘avisame cuando estás en la puerta de calle y bajo’”, explicó el oficial investigador.
Además de confirmar que en los departamentos señalados se ejercía la prostitución, los investigadores lograron detectar los nombres de fantasía que usaban las chicas. Varias dijeron que el “servicio” se podía pagar a través de cuentas del Banco Nación o billeteras virtuales, como las de Mercado-Pago, Ualá y Tarjeta Naranja. Esas cuentas no estaban a nombre de las mujeres, sino de terceras personas. La Justicia pidió los extractos de los movimientos para seguir la ruta del dinero.
Pero lo principal es que, a partir de los primeros teléfonos celulares conocidos, se pidieron las “sábanas” de llamadas para detectar la línea del cerebro detrás de la operación de trata con fines de explotación sexual.
La atención se centró en unas pocas líneas, que fueron georreferenciadas. Y una de ellas estaba en la cárcel de Villa Urquiza. Allí, precisamente, estaba detenido Ayala desde 2017. Se verificó que contaba con un celular, que había registrado como autorizado para comunicarse dentro del ámbito del Servicio Penitenciario. Obviamente, la Justicia autorizó la intervención de la línea. Comenzaron las escuchas.
“Pudimos detectar que él coordinaba el trabajo de las chicas, decidía cuál iba a estar en cada departamento y a qué hora; realizaban lo que se conoce como ‘trata blanca’: el trato con las mujeres era ameno, les daban cierto tipo de beneficios en cuanto a los horarios; además, si habían chicas que tenían mucho ‘trabajo’, las dejaban de lado y no las ofrecían; les daban condiciones muy claras”, explicó el agente.
La inmensa mayoría de las chicas captadas por la red viven en estado de vulneración. La mujer de Ayala contactaba jóvenes que quisieran “trabajar” como prostitutas; funcionaba mucho el “boca en boca”, y, en ocasiones, algunas de las mujeres llegaban recomendadas por otras que ya formaban parte de la organización.
“Lamentablemente, visto desde la perspectiva de ellas, parecía un buen trabajo. Son chicas en estado de vulneración, de bajos recursos; les decían que tenían la posibilidad de ganar buena plata y las terminaban de convencer con esas ‘libertades’ que les daban. No notaban la captación”, concluyó el agente.
En la causa previa contra Ayala, se descubrió que las víctimas ponían avisos para buscar trabajo como niñeras, cocineras o empleadas domésticas. La red de trata se valía de esa necesidad para captarlas.
El caso
Fuentes de la fuerza de seguridad federal informaron que el martes se realizaron, a instancias de órdenes firmadas por el juez federal Fernando Luis Poviña, siete allanamientos en la capital de Tucumán y en una celda del penal de Villa Urquiza.
Fueron detenidas dos mujeres –una de ellas, la esposa de Ayala– y otras cinco fueron rescatadas de los departamentos usados como prostíbulos. Las mujeres quedaron en contacto con el personal del Programa de Asistencia Integral a las Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Tucumán.
A Ayala se lo notificó de la imputación por esta causa en su celda de la Unidad Penitenciaria Nº 10 de Villa Urquiza, donde cumple la condena que el Tribunal Oral Federal de Tucumán le impuso en agosto de 2019.
Se secuestraron 584.270 pesos, 26 tarjetas de crédito y débito, 20 teléfonos celulares, seis posnet, 161 preservativos, 74 geles íntimos, lencería y ropa interior, una cámara filmadora, una cámara de fotos, computadoras, memorias digitales y documentación valiosa para la causa.
En las próximas horas, el juez Poviña y el fiscal Chit decidirán cuándo se tomarán las indagatorias y, también, las declaraciones de las víctimas, que se prestarán en el sistema de Cámara Gesell, el mismo que se usó en la primera causa contra Ayala, de 2019, cuando las mujeres contaron cómo las captaban.
No se descarta que, a partir de esas medidas procesales, surjan nombres de nuevos posibles imputados, entre ellos, guardiacárceles que pudieron haber hecho la vista gorda ante un delito que se desarrollaba frente a sus narices.
El “servicio” se podía pagar a través de cuentas de banco o de billeteras virtuales

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“No cierran” las cifras de homicidios en el país
Los ministerios de Seguridad y Salud tienen estadísticas diferentes sobre asesinatos y marcan dos cifras de uso gubernamental; la cartera sanitaria mantiene sin identificar 4613 decesos por causas externas
 Daniel Gallo | Foto Marcelo ManeraLos asesinatos en Rosario marcan un elevado nivel de violencia narco
Los ministerios de Salud y de Seguridad discrepan en la cifra de homicidios que se cometen en la Argentina. La cartera sanitaria informó que en 2021 fueron notificados 1453 asesinatos, mientras que las víctimas se elevan a 2092 según la información de estadística criminal. Pese a la diferencia, ambos datos son oficiales. Pero los números reales podrían ser superiores, ya que Salud tiene 4613 muertes “de origen externo” que no fueron clasificadas.
Los reportes de asesinatos aparecen cada día. Se reiteran episodios de personas mortalmente baleadas en un robo. O en un ajuste de cuentas, tal como es la respuesta más escuchada de la policía -de todo distritocuando brinda la versión primaria de un crimen. Sin embargo, la tasa de homicidios en la Argentina (4,6 cada 100.000 habitantes) queda alejada de naciones golpeadas por la violencia narco. Parece casi una desfase entre la percepción y la estadística. Repetidas veces las autoridades, de toda jurisdicción y posicionamiento político, afirmaron que las muertes no pueden ocultarse, que el asesinato no tiene una cifra irregular. Pero lo cierto es que hoy nadie sabe realmente cuántas víctimas de homicidios dolosos hay en nuestro país. Ni siquiera los funcionarios.
El Ministerio de Salud de la Nación publicó en los últimos días su informe sobre estadísticas vitales. En ese documento oficial se consignó la causa de cada muerte en la Argentina durante 2021. El principal motivo de decesos fue el Covid-19, con 84.698 fallecimientos. La precisión del sistema estadístico que detalla cada muerte estableció que ese año 1453 personas perdieron la vida en casos de homicidios. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad tiene otras cifras. También oficiales, claro. Para los encargados de la lucha contra el delito a nivel nacional se notificaron 2092 víctimas de asesinatos en 2021. Pero tampoco ese dato sería sólido. Tan solo es un piso anual de homicidios.
Dos organismos del máximo nivel de decisiones gubernamentales tienen estadísticas distintas sobre un mismo hecho. Y es algo que se sostiene en los últimos 20 años. Podrá pensarse que la diferencia de 639 muertes entre uno y otro dato, ambos oficiales y públicos apenas movería la tasa de homicidios. Habrá que tomar en cuenta otra situación: el informe del Ministerio de Salud contiene 4613 muertes que no fueron identificadas. No es un dato menor, sino que se trata de 35 por ciento del total de los 12.971 decesos por causas externas, definidas como accidentes, suicidios y agresiones. Se denominan “eventos de intención no determinada”. Podría considerarse un error en el momento de la carga de datos. Pero esa falla crece año a año.
En 2022 se realizó una mesa de trabajo conjunta entre funcionarios nacionales del Ministerio de Salud y del Ministerio de Seguridad para intentar mejorar la estadística sobre suicidios. Y se encontraron con el problema de los “eventos de intención no determinada”. Así lo consignaron en un documento oficial: “Es importante resaltar que un conjunto considerable de defunciones por causas externas presenta deficiencias en el registro del apartado de ’causa de muerte’ en el Informe Estadístico de Defunción (IED) por parte de la/el médica/o, por lo que finalmente se clasifican como ‘eventos de intención no determinada’. Así es que, la principal dificultad identificada en las estadísticas de salud sobre suicidio es la calidad de la certificación de la causa de muerte, lo que determina un nivel elevado de ‘eventos de intención no determinada’. Bajo el supuesto de que en dicha categoría se clasifican suicidios que no han sido certificados como tales, puede sospecharse que tanto la cantidad informada de defunciones como la tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas podrían estar subestimadas”. Lo mismo podría pensarse sobre homicidios, Y esa cifra de 4612 muertes que no es ubicada en ningún casillero duplica la cantidad oficial de asesinatos. Ese volumen si cambiaría la tasa de homicidios.
Hay un problema adicional con los “eventos de intención no determinada”, ya que lejos de mejorarse los registros se nota que la información empeora cada año. Documentos oficiales del Ministerio de Salud establecen que en 2011 ese punto representaba el 11 por ciento de todas las muertes registradas ese año por causas externas. Dos años después trepó al 16 %. Y en 2021 tuvo un peso de 35,5 por ciento. Muy por encima de los valores internacionales. Casi podría decirse que fuera de toda escala. En México, por ejemplo, en la estadística de defunciones ocurridas durante 2021 los eventos de intención no determinada alcanzan solo al 3,09 por ciento de todas las muertes por causas externas.
El flujo de información para construir la base de datos del Ministerio de Salud comienza con el certificado de defunción emitido por un médico, ya que el profesional llena al mismo tiempo el informe estadístico de defunción, que pasará sucesivamente por un registro civil, las oficinas de estadísticas de salud de las provincias y la oficina estadística de salud nacional antes de quedar incorporada en la información que será difundida cada dos años.
Esos datos son la herramienta con la que el Estado toma decisiones. Incluso macroeconómicas, como sucedió durante la pandemia. Claro que entonces había un desfase entre las muertes informadas cada día a modo de ritual y los decesos que realmente provocó el Covid-19. Las 84.698 muertes por esa causa en 2021 notificadas formalmente en estos días son 18 por ciento más que lo informado en el momento de levantar las restricciones.
Un subregistro notificado
Tampoco resuelta demasiado confiable el flujo de datos que abastece al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación. En el documento escrito el año pasado por funcionarios de esa cartera y del Ministerio de Salud sobre registros de suicidios se marcan las fallas de esa recolección de datos: “La causa más importante de subregistro de información en el SNIC es que la fuente de datos es policial, por lo que solo registra datos recogidos en su intervención cuando, ante situaciones de suicidio consumado, son llamados por una/un familiar o vecina/o, o son notificados a través de llamados al 911.
“Otra dificultad está relacionada con la imposibilidad, en algunos hechos, de contar con evidencia que denote que se trata de un suicidio prima facie y, por lo tanto, ingresen al sistema como ‘muerte dudosa’, escapando así a la contabilización en esta tipología. De esta misma forma pasa con casos caratulados en principio como homicidios y que, en la investigación posterior, se determinan como suicidios. También puede ocurrir que la persona resulte gravemente lesionada en un intento de suicidio y fallezca con posterioridad: si las policías no hacen seguimiento del caso, ese deceso no se registra.”. De nuevo puede consignarse que esa evaluación es válida para los homicidios.
Un asesinato emblemático en la historia criminal argentina servirá como ejemplo del subregistro de homicidios. La muerte de María Marta García Belsunce no figura en estadísticas de asesinatos, ya que el médico que firmó el certificado de defunción no consignó que se trataba de un homicidio. De esa manera quedó fuera del detalle de agresiones en las causas notificadas por el Ministerio de Salud en 2002. Tampoco la policía marcó el caso como un asesinato en el inicio de la investigación, por lo que no figuró en el sistema de datos criminales. A más de 20 años de aquellos disparos en el country Carmel se sabe que se trató de un homicidio, pero a efecto estadístico no existió.
Puede encontrarse otro ejemplo reciente. A Lautaro Morello se lo buscaba en diciembre pasado luego de desaparecer con su amigo Lucas Escalante en Florencio Varela. Su cuerpo fue encontrado quemado varios días después. Es posible que su caso figure como homicidio en los registros del Ministerio de Salud y del Ministerio de Seguridad, dado que la forma del hallazgo no permitiría otra evaluación por parte de médicos y policías. Pero ese crimen no figurará en los datos de la justicia bonaerense, otra estadística oficial que registra la cantidad de asesinatos.
El Ministerio Público Fiscal bonaerense lleva un registro anual de todos los delitos en ese territorio. Sin embargo, el flujo que información que abastece esa estadística tampoco es exacto. Es que se toma como dato solo la Investigación Penal Preparatoria (IPP), la primera carátula que asigna un fiscal al expediente. Si el caso arranca como la averiguación de paradero, así se mantendrá en la estadística por más que luego se modifique la pesquisa hacia un homicidio. Pasa lo mismo si la causa empieza como lesiones graves y la víctima fallece en un hospital. En 2015 se revisaron las IPP consignadas en la estadística criminal de 2013 y se verificó un aumento del 30 por ciento de los homicidios al seguir el trámite de cada expediente.
Hace años que esas diferencias en el momento de recolectar las estadísticas criminales son señaladas por funcionarios de los últimos tres gobiernos de Santa Fe, quienes afirman que en su provincia se registra cada asesinato, incluso cuando las víctimas pasan semanas internadas. Con esos datos, en 2021 la tasa de homicidios de Rosario fue de 18,5 casos cada 100.000 habitantes, la más alta en nuestro país. Cifra similar al 20,8 registrado ese año en la mexicana Sinaloa.

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Un barrio aterrorizado ante una posible venganza narco
Se llama Los Pumitas y es donde asesinaron a Máximo Gerez, de solo 12 años; los vecinos advierten que “tarde o temprano” los delincuentes van a volver; un detenido por el crimen

Germán de los SantosFranco trovato fuoco

Una solitaria consigna policial, ayer en el barrio Los Pumitas de Rosario
ROSARIO.– Un grupo de mujeres de la comunidad qom comienza a correr. Atraviesa la cancha de fútbol que es de tierra, sin un milímetro de césped. Al mediodía, el sol y calor no dan tregua. En la puerta de una casa, un joven de 16 años se toma la cabeza, inclinado, con la mirada hacia el piso, y llora. Hace unos segundos un auto gris dio una vuelta a la cancha. Después de que los vecinos vieron el vehículo sospechoso, fueron corriendo a ver qué pasaba. Su madre lo abraza. “Borré todo”, repite el chico. Nadie sabe bien qué pasa, porque ninguno de los vecinos quiere poner en palabras lo que significa el terror. Primero, el joven recibió un mensaje de audio en su teléfono. Lo amenazaban. Decían que iban a matarlo y a destruir su casa, como venganza a la destrucción de los cinco búnkeres que los vecinos derrumbaron en un ataque de ira tras el sepelio de Máximo Gerez, el chico de 12 años que fue asesinado por un grupo narco el domingo a la madrugada y por el cual ayer fue detenido un sospechoso –Maximiliano Oscar Castillo, de 22 años– como presunto autor del disparo letal.
Así es el barrio Los Pumitas, un territorio empobrecido y aterrorizado por los narcos.
Un día después de que, tras un ataque de bronca e impotencia, los vecinos del barrio decidieran hacer justicia con sus manos y destruir lo que los puntos de venta de droga del barrio, que manejan Los Salteños, el miedo se apoderó de la zona.
A unas 10 cuadras, en tanto, la policía detenía a un sospechoso por el crimen de Maximiliano Gerez, asesinado de un tiro cuando sicarios acribillaron la calle en la que vivía un narco de una banda rival. El preso es Maximiliano Oscar Castillo, de 22 años. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó que el sospechoso estaba en la calle Campbell 1400, a metros de la avenida Sorrento, en Empalme Graneros, en el barrio Cullen, lindero a Los Pumitas. Una brigada policial encontró al joven al que el autor de la llamada al número de emergencias había descripto vestido con una musculosa azul, acompañado por otro. Ninguno de los dos tenía documentación encima. El de la musculosa azul era Castillo. Quien iba con él fue identificado como Jesús Emanuel Ibarra. Quedaron presos.
En el barrio qom, mientras tanto se sucedían la amenazas, sin un solo gendarme a la vista.Tampoco grupos tácticos de la policía provincial. Ni siquiera el alto nivel de exposición del caso despertó interés de quienes conducen a las fuerzas de seguridad para custodiar un lugar atravesado por el caos de la violencia y el narcotráfico. A los vecinos les empezó a llegar un video donde un joven con una máscara y armado dice que se va a vengar por la destrucción de los búnkeres.
Lorenzo Gerez, de 21 años, primo de la víctima, contó a la nacion que anoche solo quedó un patrullero en el lugar. “Se quedó custodiando la casa de la mujer de uno de los narcos”, afirmó Lorenzo. “Los gendarmes están en el club El Refuerzo. No se meten en el barrio. Solo con su presencia esto sería diferente. Pero no vienen. Deben tener miedo”, planteó un hombre que no dio su nombre por miedo a represalias.
Ante la impotencia y el miedo, los vecinos armaron grupos de WhatsApp para mantenerse en contacto ante la posibilidad de que volvieran a irrumpir “los narcos”. El barrio está desolado y transpira terror, porque saben que tarde o temprano la venganza llegará. Así funciona el negocio de la droga, que acredita 288 homicidios en 2022.
El impacto en el barrio fue duro. Cerraron hasta los comedores comunitarios. “No quieren dar comida porque tienen miedo de que pasen disparando”, contó María José, que cocina en uno de los diez comedores que dan copa de leche y raciones en cinco cuadras. Pertenecen a la Corriente Clasista Combativa (CCC) y a La Poderosa, entre otros. Los comedores funcionan con dinero que proviene del gobierno provincial, del municipal y de otros donantes. “Esa comida sirve para sobrevivir”, explica Rosa, otra mujer Qom. Los hombres salen a cartonear, a hacer changas. Algunos cortan el césped en la zona norte.
Quien vio venir el fenómeno de la violencia y la droga en la zona fue la hermana María Jordan, que desde los años 90 fundó, en un predio situado a 50 metros de donde mataron a Maxi, la escuela María de la Esperanza y un comedor comunitario. La hermana Jordán falleció en 2020, después de una larga enfermedad. En el barrio se la recuerda como una mujer dura, que se enfrentaba a los narcos. La ausencia de la monja se nota en el barrio. En 2019, los narcos destrozaron el jardín de infantes de la escuela.
Ese barrio hoy está en carne viva. Pero no solo por las heridas que dejó el crimen del chico de 12 años, sino porque es un lugar fantasma dentro del mapa de la ciudad. Y ante ese vacío, los narcos avanzaron frente a gente de la comunidad qom que tiene perfil bajo, una timidez arraigada que los aleja de los reclamos, de los piquetes y la exposición de un problema ya endémico.
Un hombre con una machete está sentado en la puerta de su casa. “Los estoy esperando”, dice. No bromea. “Voy a defender a mi familia de estos criminales. Si me matan a mí no tengo problema, pero a mis hijos no los van a tocar”, apunta José, mientras toma tereré en un vaso de lata.
El hombre advierte que hace una especie de guardia con su vecino. Se turnan para dormir desde anoche. “Van a venir. En algún momento van a volver a matarnos”, apunta. Los que no llegan son los gendarmes y policías. Todos esperan a que desde la cárcel Los Salteños, que manejaban los búnkeres derrumbados, ordenen la venganza. El grupo está liderado por el clan Villazón, con una decena de búnkeres.

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“Estas balitas van para ustedes”: la nueva amenaza mafiosa
El mensaje intimidatorio, grabado en un video, fue enviado a las familias del barrio de la comunidad qom donde mataron a Maxi Gerez

Germán de los SantosCaptura de video

El delincuente que grabó la amenaza
ROSARIO.– Tras la destrucción de cinco búnkeres vinculados a la banda narco conocida como Los Salteños, vecinos del barrio Los Pumitas fueron amenazados por medio de un video. “Todas estas balitas van para ustedes”, advirtió un delincuente que cubría su rostro con una máscara y exhibía a la cámara una pistola.
Eso ocurrió solo un par de horas antes de que, gracias a un llamado al 911, la policía detuviera en Empalme Graneros a Maximiliano Oscar Castillo, de 22 años, presunto autor material del homicidio del chico Maxi Gerez en Los Pumitas.
Según informaron fuentes policiales, el testigo que llamó al 911 señaló que el supuesto homicida vestía una musculosa azul y estaba en la zona de Campbell y la avenida Sorrento, en el barrio Cullen, a pocas cuadras del lugar del crimen. La policía lo encontró en Campbell al 1400 bis. Estaba junto a otro joven; ninguno de los dos tenía documentos.
El fiscal de Homicidios Adrián Spelta, que lleva adelante el caso por el conmocionante crimen del chico de la comunidad qom, ordenó su arresto preventivo y el traslado a la comisaría 12.
A esa hora ya circulaba el video amenazante, que fue enviado por los vecinos, que están atemorizados e indignados porque la única custodia policial en el barrio donde vivía el chico de 12 años de la comunidad qom asesinado a tiros por sicarios está en una casa donde vive una mujer vinculada a la banda de Los Salteños, que es a la que los vecinos señalaron como narcos.
Anteayer, dos horas después de que sepultaran a Maxi, familiares y allegados a la víctima, desolados y cargados de furia por el ataque demencial que había sufrido un grupo de chicos en la calle, comenzaron a derrumbar los búnkeres donde se vende la droga en ese barrio del noroeste de la ciudad. En tres horas, y bajo un sol abrasador, destruyeron cinco casas donde –según los vecinos– la banda de Los Salteños vendía droga. Hubo gente de otro barrio que aprovechó y se llevó lo que pudo del lugar.
Horas después, los vecinos fueron amenazados por los narcos. “Escuchen manga de giles, van a tener que devolver las cosas que sacaron de adentro de las casas, porque si no, los vamos a dejar a todos muertos ahí adentro de las casas. ¿Me escucharon manga de giles? Todas estas balitas van para ustedes guachos”, sostuvo el delincuente mientras colocaba el cargador en una pistola.
En el video se puede ver al delincuente que, además de la máscara, lleva puesta una gorra con visera y tiene otras dos pistolas sobre la cama donde está recostado.
Julio Gerez, el padre de la víctima, que vive desde hace 20 años en Los Pumitas, pertenece junto toda su familia a la comunidad qom, como la mayoría de los habitantes de ese sector de Empalme Graneros. La mayoría asiste al centro cultural Qadhuoqte, donde también hay una radio. Gran parte de los vecinos ya son nacidos en Rosario, pero hay muchos que emigraron en los últimos años desde Chaco. A pesar de su fortaleza cultural, la comunidad qom es débil frente a ese submundo atravesado por el narcomenudeo en la zona, opinó el hombre. “Somos gente pobre. Pero estamos arruinados por este dolor”, reconoció Antonia, la tía de Máximo.
Tras la amenaza, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio. El expediente quedó a cargo del fiscal Spelta, que también debe indagar a Castillo por el homicidio.

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El 80% de los ataques a tiros que sacuden a Rosario se ordena desde las cárceles
NARCOS. Lo mismo ocurre con siete de cada 10 homicidios; pese a los datos que surgen del Ministerio Público provincial, los reclusos no tienen limitaciones para el uso de celulares
Gustavo CarabajalLa cárcel de Piñero, cerca de Rosario, está en la mira
Las estadísticas del Ministerio Público santafesino son contundentes e indican que ocho de cada diez balaceras ejecutadas en Rosario, como la de esta semana contra el supermercado del suegro de Lionel Messi, se ordenan desde las cárceles.
Los narcotraficantes presos en los penales de la provincia de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) pueden usar libremente los celulares, y por esa vía manejan las organizaciones criminales, y disponen ataques a balazos y extorsiones.
Los informes oficiales revelaron, además, que el 70 por ciento de los 288 homicidios ocurrido sen el departamento de rosario durante 2022 se ordenaron desde algún establecimiento carcelario.
Un día antes del ataque contra el supermercado de la familia política de Messi, durante una requisa, en el penal de Coronda, habían sido secuestrados 50 celulares. Mientras que 24 horas después del atentado, en una serie de allanamientos la fiscal federal de Rosario Paula Moretti y su colega Diego Iglesias, funcionario a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que fueron realizados en las cárceles federales de Ezeiza, Marcos Paz y Rawson, en Chubut, secuestraron celulares y droga, que estaban en poder de Ariel “Guille” Cantero, jefe de la banda de Los Monos y de sus cómplices.
Esos allanamientos no tuvieron como origen la investigación del ataque contra el comercio del suegro de Messi, sino que fueron el corolario de la pesquisa por el homicidio del cantante Lorenzo Altamirano, ocurrido el 2 de febrero pasado en Rosario y la balacera contra la cárcel de Marcos Paz, registrada el 22 de noviembre pasado, en el contexto de una interna de la banda comandada por la familia Cantero. Las órdenes de allanamiento también incluyeron la las oficinas administrativas y jurídicas del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, como así también cualquier otro lugar donde se puedan hallar elementos vinculados con la posible “complicidad estructural de las autoridades del SPF, que permitió que Cantero cuente con dispositivos expresamente prohibidos”.
A partir del cruce de información de los fiscales rosarinos se estableció que el 80% de las más de 800 balaceras ocurridas en la ciudad más importante de Santa Fe fueron ordenadas desde las cárceles mediante celulares. “Tenemos una estadística que indica que, de cada diez homicidios, un promedio de siete asesinatos tuvieron como móviles conflictos de bandas criminales organizadas y dentro de ese 70%, casi la totalidad se ordenaron desde cárceles federales con celulares. Se trata de cárceles federales porque en gran medida los jefes narco más importantes de Rosario están alojados en esos penales federales y provinciales”, explicó un funcionario del Ministerio Público de Rosario que solicitó mantener su nombre en reserva.
Semejanteimpunidadparaquelos líderes de la bandas narco puedan ordenar asesinatos, ataques a balazos y extorsiones desde las cárceles tiene dos causas: la corrupción de algunos integrantes de los servicios penitenciarios de Santa Fe y de la Nación que encontraron una fuente de recaudación millonaria al cobrar por entregarles teléfonos a los traficantes, y la falta de decisión del gobierno de Santa Fe y de los responsables del (SPF) para instalar inhibidores de señal en las prisiones.
“Hay una dinámica muy particular sobre cómo se ordenan los homicidios y las balaceras, en la que muchos de los sicarios no saben quién los contrató. Reciben un mensaje en el celular, en el que le dicen de parte de quién llaman, le pasan el nombre de la persona que debían matar, le indican que retire el arma por un determinado lugar y listo. Por eso el sicario o el tiratiros o el gatillero no sabe para quién trabaja o lo conoce por el apodo. Cuando se pudo apresar a un sicario, se siguió la pista de su celular hasta un teléfono en la cárcel. Esta es la dinámica”, explicó el funcionario que pidió mantener su nombre en reserva.
Durante la reunión del Comité de Crisis del Gobierno de Santa Fe realizada en jueves por la tarde en Rosario para tomar medidas que apunten a frenar la sucesión de homicidios y ataques a balazos, el Poder Ejecutivo provincial, encabezado por el gobernador Omar Perotti, anunció la adquisición de equipos de inhibición de señales de celulares de origen israelí. A pesar de la urgencia de contar con esos dispositivos, en el mismo anuncio se indicó que los inhibidores comenzarán a ser instalados en las cárceles de Santa Fe en mayo o julio próximos. En el caso de la cárcel de Piñero, cercana a Rosario, hace tres años, los funcionarios santafesinos habían realizado un intento de instalar inhibidores, pero la imposibilidad de calibrar esos dispositivos provocó quejas de los vecinos del penal porque quedaban incomunicados debido a que el sistema bloqueaba también sus celulares. No obstante, nada se dijo sobre la instalación de dispositivos similares en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación, donde no tiene autoridad el gobernador Perotti. Entre 2011 y 2013, se habían comprado una serie de inhibidores que, a modo de prueba, se instalaron en los pabellones 1 y 2 de la cárcel de Devoto.
Además, en la planta baja del pabellón 5, donde funcionaba un locutorio, se instaló una computadora que se usaba como escáner de comunicaciones. Pero el sistema nunca funcionó. Hasta hace unos meses, todavía quedaban las carcasas de los equipos fijadas en los pisos altos de los pabellones 1 y 2, en la esquina de Nogoyá y Desaguadero.
En los penales federales están alojados muchos de los jefes de las principales bandas narco de Rosario. Allí fueron trasladados debido que lograron corromper a gran parte de los guardiacárceles provinciales que se peleaban por ser asignados a la custodia de un pabellón narco para poder cobrar coimas a cambio de celulares y de otros beneficios.
Según fuentes penitenciarias, un guardia cobra $ 90.000 por llevarle un celular a un preso. Solamente en 2021, en los penales de Santa Fe, Buenos Aires y las cárceles federales se requisaron más de 38.000 teléfonos. Pero los traslados no fueron una solución. Al contrario. Los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz se convirtieron en un “call center tumbero”, desde el que, al igual que hacían cuando estaban en las cárceles santafesinas de Coronda, Las Flores o Piñero, pudieron tener un mayor control de sus organizaciones narcocriminales, a pesar de estar presos.
Los periodistas Germán de Los Santos y Hugo Alconada Mon, en una de las notas sobre “Rosario, feudo narco”, consignaron que Guille Cantero le dijo a uno de sus cómplices que un funcionario de segunda línea del Ministerio de Seguridad de Santa Fe le pidió US$150.000 a cambio de beneficios dentro de la cárcel. A raíz de esta escucha telefónica y de otras pruebas, la Justicia de Santa Fe, que ya había condenado a Guille Cantero en varias oportunidades, ordenó, en 2021, el traslado al penal federal de máxima, en Marcos Paz.
Pero nada cambió. Guille Cantero encontró la forma de seguir comunicado. A pesar de que en la cárcel de Marcos Paz la señal de celular es débil, el jefe de Los Monos encontró una solución. Esa solución, aportada por un grupo de guardiacárceles, consistió en hacerle la extensión del cable correspondiente a una de las líneas fijas del penal, que pasaba desde el sector de los teléfonos públicos, la oficina del jefe del pabellón, recorría el techo, bajaba por el sector externo del calabozo, que en la cárcel se conoce como “la libertad” o “tierra de nadie”, hasta la ventana de la celda del jefe narco. Semejante tendido de cable no se pudo concretar sin la complicidad de los guardiacárceles.
Un funcionario penitenciario indicó a la nacion que el tendido de esa línea telefónica para uso exclusivo del líder de Los Monos formó parte de una cobertura integral que Cantero le pagó a un grupo de guardiacárceles para que le permitieran vivir cómodamente en la cárcel y con acceso a beneficios vedados a la mayoría de la población del penal.
Después del allanamiento de anteayer, los fiscales solicitaron que Cantero sea alojado “en un sector del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz en el que pueda controlarse que no tenga contacto con otros internos que se encuentren detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico o al crimen organizado”.

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