Ñoquis en la Legislatura: el juez Atencio rechazó excarcelar a los Albini
El magistrado se basó en la gravedad institucional del caso y el fraude de $800 millones atribuido a los massistas
Hernán Cappiello
Sergio Massa y Facundo Albini
El concejal de La Plata Facundo Albini, del Frente Renovador, y su padre, Caudio Albini, exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, seguirán presos. Así lo decidió el juez de La Plata Federico Atencio, que ayer les negó al excarcelación en la causa en que ambos están acusados de integrar una asociación ilícita junto con Julio “Chocolate” Rigau para apoderarse del dinero de supuestos empleados que eran contratados en la Legislatura bonaerense, pero no trabajaban.
Los Albini, investigados para determinar si la maniobra en la que quedaron involucrados consistía en un mecanismo de financiación ilegal de la política, seguirán presos en la Alcaidía Roberto Pettinato de La Plata, donde fueron notificados de esta decisión.
Al negar la excarcelación de los dirigentes massistas, el juez evaluó la gravedad del delito, que se trata de un caso de corrupción política, y el monto defraudado, que se acerca a los 800 millones de pesos.
En su resolución, el juez Atencio consideró que Claudio y Facundo Albini se encuentran detenidos por asociación ilícita y fraude reiterados en al menos 136 hechos. Y entendió que la escala penal por el delito por el que se los acusa supera los 8 años y que debido a la modalidad del hecho no corresponde su libertad condicional.
“La extensión del daño causado y las características de la conducta aquí investigada resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo”, escribió el juez.
Y basó su decisión en “la gravedad institucional” del delito, “al tratarse de actos de corrupción en uno de los tres poderes del Estado provincial”, por al menos 136 hechos perpetrados y 800 millones de pesos defraudados. También consideró el rol desplegado por los imputados dentro de la asociación ilícita, ya que se les debían rendir cuentas de la recaudación; “sus caracteres de funcionarios públicos; la posibilidad cierta de influencia” sobre los otros imputados, y la severidad de la pena en expectativa. Ademas, entendió que hay “peligros procesales” de que se fuguen.
Chocolate Rigau está preso, acusado de retirar de cajeros automáticos con 49 tarjetas de débito el sueldo de falsos empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Ese dinero era rendido a Facundo Albini y a su padre, según la acusación de la fiscal Betina Lacki.
Las evidencias que complican a los Albini y a los dueños de las tarjetas de crédito se basan en los chats del teléfono celular de Rigau. Así lo enumeró el juez Atencio cuando ordenó la detención del los acusados, a partir del pedido de la fiscal Betina Lacki.
De esos chats surge que Rigau cobraba desde hace tres años 200.000 pesos al mes por hacer la recaudación de dinero y la rendición de los fondos, que entregaba a Claudio Albini.
En su resolución, Atencio mencionó con respecto a Facundo Albini que lo liga a la causa el contenido de las conversaciones del teléfono de Rigau, su “estrecha relación” con el empleado de la Cámara de Diputados, que era quien gestionaba la rendición de cuentas a Claudio Albini y, por supuesto, su relación de parentesco con el exsubdirector de personal de la Cámara baja bonaerense. Para el juez, el parentesco colocó al hijo, “en un lugar privilegiado” que “le permitió intervenir con Julio Rigau “para exigirle que rinda cuentas” ante Albini padre.
Asimismo, en una de esas conversaciones entre Rigau y un usuario identificado como “Chispa”, que podría ser uno de sus hijos, se menciona que Claudio Albini estaba en Brasil en agosto pasado y debían rendirle el dinero a su regreso, lo que concuerda con el informe que envió Migraciones sobre su viaje al exterior entre el 20 de agosto y el 23 de agosto de 2023
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Dictan embargos por el fraude con planes sociales en Neuquén
Dos funcionarios del área social de la provincia permanecen en prisión preventiva
Paz García Pastormerlo
SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La causa en la que se investigan supuestas estafas cometidas con la asignación y pago de planes sociales dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén continúa creciendo: ahora, la fiscalía pidió ampliar el plazo de investigación a ocho meses y embargar el patrimonio de los acusados.
La jueza de Garantías Carina Álvarez convalidó la prórroga de la investigación, aunque aún no resolvió las medidas cautelares. La unidad fiscal de Delitos Económicos busca proteger el patrimonio para que, en el caso de una condena, se puedan resarcir las cuentas públicas por el monto del perjuicio, estimado en $153.377.900.
Tal como informaron en el Ministerio Público Fiscal neuquino, el pedido de embargo incluye cuentas bancarias (hasta un 20%), billeteras virtuales, vehículos y propiedades inmuebles, además de las inhibiciones generales de bienes que habían sido impuestas al momento de la formulación de cargos.
El fiscal Juan Narváez explicó que, como la investigación preliminar continúa, la idea es “evitar una posible pérdida de los fondos obtenidos de manera ilícita” y, ante una eventual condena, “intentar resarcir al Estado”.
La “megaestafa” con planes sociales que se investiga –con similitudes con el caso de Chocolate Rigau en la Legislatura bonaerense– ya tiene 31 imputados. A mediados de noviembre, la Justicia provincial confirmó la prisión preventiva para dos de los acusados: Ricardo Soiza, que ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo, durante la administración del Movimiento Popular Neuquino (MPN) de Omar Gutiérrez.
A los pocos días, un tribunal de revisión concedió la prisión domiciliaria para Néstor Pablo Sanz, acusado de ser uno de los cinco jefes de una asociación ilícita conformada para realizar estafas con la gestión de planes desde el Ministerio de Desarrollo Social. Sanz era director de Fiscalización de esa cartera: la defensa había solicitado la prisión domiciliaria, luego de que el acusado realizara una declaración ante la fiscalía en la que reconoció su participación en el delito.
La fiscalía se había opuesto al pedido de la defensa, por considerar que Sanz no aportó nueva información a la causa e, incluso, constituyó un nuevo acto de entorpecimiento, al tiempo que ocultó en qué modo se había beneficiado.
Además de Soiza, Osuna y Sanz, también el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el excoordinador de Administración de esa cartera Tomás Siengentharler son investigados como líderes de la asociación ilícita.
Según la fiscalía, la operatoria para concretar las estafas comenzó con el reclutamiento de posibles beneficiarios para un plan asistencial creado en febrero de 2018. Sin embargo, los beneficiarios no recibían el total del monto asignado.
La causa comenzó el 29 de noviembre de 2022, con la primera formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena, y fraude a la administración pública.
Tal como indicaron en el Ministerio Público, mediante una estructura piramidal, los jefes impartían órdenes que los colaboradores llevaban a cabo, con roles y funciones concretas. El dinero de los planes sociales era retirado mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero utilizando tarjetas de débito que le pertenecían a los beneficiarios, quienes sólo recibían una fracción del plan.
Al parecer, la maniobra se hizo inicialmente con cheques y, a partir de la pandemia, continuó a través de las tarjetas de débito. Según contó Sanz, a partir de listados de personas vulnerables (aptas para recibir un subsidio por desocupación), se creaba una caja de ahorros en el Banco Provincia de Neuquén.
Esa información era enviada a los punteros políticos, quienes debían avisar a los beneficiarios que fueran a retirar su tarjeta de débito. Las personas debían activar la cuenta y luego entregar la tarjeta y el PIN. Cuando el dinero de los subsidios se depositaba en las cuentas, los extractores retiraban 20.000 pesos por día.
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De Milei a Stiuso, se suman pedidos en el caso de espionaje ilegal
Hubo una treintena de presentaciones en la causa que involucra al camporista Rodríguez y al expolicía Zanchetta
El concejal de La Plata Facundo Albini, del Frente Renovador, y su padre, Caudio Albini, exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, seguirán presos. Así lo decidió el juez de La Plata Federico Atencio, que ayer les negó al excarcelación en la causa en que ambos están acusados de integrar una asociación ilícita junto con Julio “Chocolate” Rigau para apoderarse del dinero de supuestos empleados que eran contratados en la Legislatura bonaerense, pero no trabajaban.
Los Albini, investigados para determinar si la maniobra en la que quedaron involucrados consistía en un mecanismo de financiación ilegal de la política, seguirán presos en la Alcaidía Roberto Pettinato de La Plata, donde fueron notificados de esta decisión.
Al negar la excarcelación de los dirigentes massistas, el juez evaluó la gravedad del delito, que se trata de un caso de corrupción política, y el monto defraudado, que se acerca a los 800 millones de pesos.
En su resolución, el juez Atencio consideró que Claudio y Facundo Albini se encuentran detenidos por asociación ilícita y fraude reiterados en al menos 136 hechos. Y entendió que la escala penal por el delito por el que se los acusa supera los 8 años y que debido a la modalidad del hecho no corresponde su libertad condicional.
“La extensión del daño causado y las características de la conducta aquí investigada resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo”, escribió el juez.
Y basó su decisión en “la gravedad institucional” del delito, “al tratarse de actos de corrupción en uno de los tres poderes del Estado provincial”, por al menos 136 hechos perpetrados y 800 millones de pesos defraudados. También consideró el rol desplegado por los imputados dentro de la asociación ilícita, ya que se les debían rendir cuentas de la recaudación; “sus caracteres de funcionarios públicos; la posibilidad cierta de influencia” sobre los otros imputados, y la severidad de la pena en expectativa. Ademas, entendió que hay “peligros procesales” de que se fuguen.
Chocolate Rigau está preso, acusado de retirar de cajeros automáticos con 49 tarjetas de débito el sueldo de falsos empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Ese dinero era rendido a Facundo Albini y a su padre, según la acusación de la fiscal Betina Lacki.
Las evidencias que complican a los Albini y a los dueños de las tarjetas de crédito se basan en los chats del teléfono celular de Rigau. Así lo enumeró el juez Atencio cuando ordenó la detención del los acusados, a partir del pedido de la fiscal Betina Lacki.
De esos chats surge que Rigau cobraba desde hace tres años 200.000 pesos al mes por hacer la recaudación de dinero y la rendición de los fondos, que entregaba a Claudio Albini.
En su resolución, Atencio mencionó con respecto a Facundo Albini que lo liga a la causa el contenido de las conversaciones del teléfono de Rigau, su “estrecha relación” con el empleado de la Cámara de Diputados, que era quien gestionaba la rendición de cuentas a Claudio Albini y, por supuesto, su relación de parentesco con el exsubdirector de personal de la Cámara baja bonaerense. Para el juez, el parentesco colocó al hijo, “en un lugar privilegiado” que “le permitió intervenir con Julio Rigau “para exigirle que rinda cuentas” ante Albini padre.
Asimismo, en una de esas conversaciones entre Rigau y un usuario identificado como “Chispa”, que podría ser uno de sus hijos, se menciona que Claudio Albini estaba en Brasil en agosto pasado y debían rendirle el dinero a su regreso, lo que concuerda con el informe que envió Migraciones sobre su viaje al exterior entre el 20 de agosto y el 23 de agosto de 2023
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Dictan embargos por el fraude con planes sociales en Neuquén
Dos funcionarios del área social de la provincia permanecen en prisión preventiva
Paz García Pastormerlo
SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La causa en la que se investigan supuestas estafas cometidas con la asignación y pago de planes sociales dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén continúa creciendo: ahora, la fiscalía pidió ampliar el plazo de investigación a ocho meses y embargar el patrimonio de los acusados.
La jueza de Garantías Carina Álvarez convalidó la prórroga de la investigación, aunque aún no resolvió las medidas cautelares. La unidad fiscal de Delitos Económicos busca proteger el patrimonio para que, en el caso de una condena, se puedan resarcir las cuentas públicas por el monto del perjuicio, estimado en $153.377.900.
Tal como informaron en el Ministerio Público Fiscal neuquino, el pedido de embargo incluye cuentas bancarias (hasta un 20%), billeteras virtuales, vehículos y propiedades inmuebles, además de las inhibiciones generales de bienes que habían sido impuestas al momento de la formulación de cargos.
El fiscal Juan Narváez explicó que, como la investigación preliminar continúa, la idea es “evitar una posible pérdida de los fondos obtenidos de manera ilícita” y, ante una eventual condena, “intentar resarcir al Estado”.
La “megaestafa” con planes sociales que se investiga –con similitudes con el caso de Chocolate Rigau en la Legislatura bonaerense– ya tiene 31 imputados. A mediados de noviembre, la Justicia provincial confirmó la prisión preventiva para dos de los acusados: Ricardo Soiza, que ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo, durante la administración del Movimiento Popular Neuquino (MPN) de Omar Gutiérrez.
A los pocos días, un tribunal de revisión concedió la prisión domiciliaria para Néstor Pablo Sanz, acusado de ser uno de los cinco jefes de una asociación ilícita conformada para realizar estafas con la gestión de planes desde el Ministerio de Desarrollo Social. Sanz era director de Fiscalización de esa cartera: la defensa había solicitado la prisión domiciliaria, luego de que el acusado realizara una declaración ante la fiscalía en la que reconoció su participación en el delito.
La fiscalía se había opuesto al pedido de la defensa, por considerar que Sanz no aportó nueva información a la causa e, incluso, constituyó un nuevo acto de entorpecimiento, al tiempo que ocultó en qué modo se había beneficiado.
Además de Soiza, Osuna y Sanz, también el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el excoordinador de Administración de esa cartera Tomás Siengentharler son investigados como líderes de la asociación ilícita.
Según la fiscalía, la operatoria para concretar las estafas comenzó con el reclutamiento de posibles beneficiarios para un plan asistencial creado en febrero de 2018. Sin embargo, los beneficiarios no recibían el total del monto asignado.
La causa comenzó el 29 de noviembre de 2022, con la primera formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena, y fraude a la administración pública.
Tal como indicaron en el Ministerio Público, mediante una estructura piramidal, los jefes impartían órdenes que los colaboradores llevaban a cabo, con roles y funciones concretas. El dinero de los planes sociales era retirado mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero utilizando tarjetas de débito que le pertenecían a los beneficiarios, quienes sólo recibían una fracción del plan.
Al parecer, la maniobra se hizo inicialmente con cheques y, a partir de la pandemia, continuó a través de las tarjetas de débito. Según contó Sanz, a partir de listados de personas vulnerables (aptas para recibir un subsidio por desocupación), se creaba una caja de ahorros en el Banco Provincia de Neuquén.
Esa información era enviada a los punteros políticos, quienes debían avisar a los beneficiarios que fueran a retirar su tarjeta de débito. Las personas debían activar la cuenta y luego entregar la tarjeta y el PIN. Cuando el dinero de los subsidios se depositaba en las cuentas, los extractores retiraban 20.000 pesos por día.
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De Milei a Stiuso, se suman pedidos en el caso de espionaje ilegal
Hubo una treintena de presentaciones en la causa que involucra al camporista Rodríguez y al expolicía Zanchetta
Cecilia Devanna
Desde el presidente electo Javier Milei hasta Mauricio Macri, de Máximo Kirchner, pasando por Claudio “Chiqui” Tapia, Sergio Massa, Malena Galmarini, Victoria Tolosa Paz, Daniel Angelici, hasta Antonio Stiuso. Todos ellos aparecen en la lista de casi treinta personas que buscan la causa de espionaje ilegal que involucra al camporista Fabián “Conu” Rodríguez y al expolicía Ariel Zanchetta.
Algunos pidieron información o acceso al caso y otros fueron más lejos y solicitaron convertirse en querellantes, es decir, ser reconocidos como víctimas para intervenir en el expediente. De todos los presenta dos, hasta ahora ninguno fue aceptado por la Justicia. En el caso solo figura como querellante, desde septiembre pasado, Silvio Robles, funcionario muy cercano al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Robles es precisamente uno de los blancos del kirchnerismo en el pedido de juicio político.
La mayor expectativa está en lo que sucederá a partir de los primeros días de diciembre, cuando comience el peritaje del teléfono personal de Rodríguez, que lo entregó cuatro días después de que en dos allanamientos –uno en su casa particular y otro en su oficina de la AFIP– se secuestraran once computadoras portátiles y trece celulares. Un número que no pasó desapercibido para la Justicia, pese a algunas justificaciones que buscaron instalarse.
El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, solicitó la detención de Rodríguez, pedido que fue rechazado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Para Pollicita, había riesgo de que se eliminara o adulterara el contenido del celular del funcionario camporista. Fuentes judiciales dijeron que “no hay información que nacion no pueda recuperarse” y destacaron que si se descubre que Rodríguez eliminó algo, eso sería peligroso para él porque lo dejaría muy cerca de la prisión preventiva. Todo comenzará a develarse en días, justo cuando el kirchnerismo se prepara para dejar el poder.
Desde que estalló públicamente, el caso se convirtió en una suerte de “mancha venenosa ”. No se habla ni en la propia organización camporista, que lo mantiene aún por estos días, ni en la AFIP, órgano en el que Rodríguez fue designado el año pasado al frente de la subdirección de pequeños contribuyentes.
Ayer. Alberto Fernández contó que Rodríguez pidió licencia. Según pudo saber la nacion, al funcionario se le abrió un sumario interno en la AFIP.
El primero en presentarse en la causa fue Milei. Era 7 de noviembre y todavía quedaban casi dos semanas rumbo al balotaje. Ese mismo día se presentaron también Juan Grabois y el diputado Fernando Iglesias. El 8 se sumó el expresidente de Boca Daniel Angelici, la diputada Carolina Píparo y el exfutbolista Juan Sebastián Verón, quien también insistió con su pedido para entrar a la causa. Gustavo Arribas, extitular de la AFI macrista, fue el 9, pero no pidió ser querellante, sino tener acceso a la causa, lo mismo que Joaquín de la Torre y Jaime Méndez Curuchet. Los nombres de todos figuraban como de espiados en el caso, entre muchos otros.
Desde el presidente electo Javier Milei hasta Mauricio Macri, de Máximo Kirchner, pasando por Claudio “Chiqui” Tapia, Sergio Massa, Malena Galmarini, Victoria Tolosa Paz, Daniel Angelici, hasta Antonio Stiuso. Todos ellos aparecen en la lista de casi treinta personas que buscan la causa de espionaje ilegal que involucra al camporista Fabián “Conu” Rodríguez y al expolicía Ariel Zanchetta.
Algunos pidieron información o acceso al caso y otros fueron más lejos y solicitaron convertirse en querellantes, es decir, ser reconocidos como víctimas para intervenir en el expediente. De todos los presenta dos, hasta ahora ninguno fue aceptado por la Justicia. En el caso solo figura como querellante, desde septiembre pasado, Silvio Robles, funcionario muy cercano al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Robles es precisamente uno de los blancos del kirchnerismo en el pedido de juicio político.
La mayor expectativa está en lo que sucederá a partir de los primeros días de diciembre, cuando comience el peritaje del teléfono personal de Rodríguez, que lo entregó cuatro días después de que en dos allanamientos –uno en su casa particular y otro en su oficina de la AFIP– se secuestraran once computadoras portátiles y trece celulares. Un número que no pasó desapercibido para la Justicia, pese a algunas justificaciones que buscaron instalarse.
El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, solicitó la detención de Rodríguez, pedido que fue rechazado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Para Pollicita, había riesgo de que se eliminara o adulterara el contenido del celular del funcionario camporista. Fuentes judiciales dijeron que “no hay información que nacion no pueda recuperarse” y destacaron que si se descubre que Rodríguez eliminó algo, eso sería peligroso para él porque lo dejaría muy cerca de la prisión preventiva. Todo comenzará a develarse en días, justo cuando el kirchnerismo se prepara para dejar el poder.
Desde que estalló públicamente, el caso se convirtió en una suerte de “mancha venenosa ”. No se habla ni en la propia organización camporista, que lo mantiene aún por estos días, ni en la AFIP, órgano en el que Rodríguez fue designado el año pasado al frente de la subdirección de pequeños contribuyentes.
Ayer. Alberto Fernández contó que Rodríguez pidió licencia. Según pudo saber la nacion, al funcionario se le abrió un sumario interno en la AFIP.
El primero en presentarse en la causa fue Milei. Era 7 de noviembre y todavía quedaban casi dos semanas rumbo al balotaje. Ese mismo día se presentaron también Juan Grabois y el diputado Fernando Iglesias. El 8 se sumó el expresidente de Boca Daniel Angelici, la diputada Carolina Píparo y el exfutbolista Juan Sebastián Verón, quien también insistió con su pedido para entrar a la causa. Gustavo Arribas, extitular de la AFI macrista, fue el 9, pero no pidió ser querellante, sino tener acceso a la causa, lo mismo que Joaquín de la Torre y Jaime Méndez Curuchet. Los nombres de todos figuraban como de espiados en el caso, entre muchos otros.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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