CLAVES AMERICANAS Y CONVOCATORIA

Sanciones de EE.UU. a Venezuela

Andrés Oppenheimer


A poco del 18 de abril, fecha límite que se impuso Estados Unidos para anunciar si reactivará algunas sanciones petroleras a Venezuela, gana terreno la idea de que las sanciones individuales contra miembros del régimen venezolano podrían ser más efectivas que los castigos comerciales para obligar a Nicolás Maduro a permitir candidatos opositores en las elecciones del 28 de julio. La propuesta que circula en ambientes diplomáticos es que Washington y las democracias latinoamericanas y europeas impongan sanciones personales negándoles visas o confiscando bienes a los más de 1000 funcionarios y exfuncionarios del régimen de Maduro que tienen propiedades en Miami y otras ciudades de EE.UU., América Latina y Europa.

Solo en el estado de Florida hay al menos 718 empresas de funcionarios o exfuncionarios venezolanos, según una investigación conjunta de 2022 del portal de periodismo investigativo Armando.Info y el Nuevo Herald. Al menos 232 de estos propietarios de empresas son militares activos o exmilitares, según el informe. La mayoría de quienes aparecen en esa lista no están sujetos a ninguna sanción individual por parte de EE.UU. El dirigente opositor y expresidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó me dijo que hay “más de mil, probablemente miles” de empresas adicionales de funcionarios y sus compinches en otros lugares de EE.UU., América Latina y otros países. Ewald Scharfenberg, fundador de Armando.Info, me dijo que en el caso de Venezuela “las sanciones personales son mucho más efectivas que las económicas”.

Lo que más temen los funcionarios venezolanos son las sanciones personales como las restricciones de visados, porque muchos de ellos tienen propiedades en el extranjero o quieren tener la opción de exiliarse en otros países. “Ellos quieren retirarse eventualmente en países como Francia; no en Cuba ni en Bielorrusia”, señaló. Las sanciones comerciales son menos efectivas porque Maduro muchas veces puede evadirlas con la ayuda de Turquía, Irán y otros países amigos, me dijo Scharfenberg. Además, las sanciones económicas son usadas por Maduro como una herramienta de propaganda contra Washington, agregó.

“El régimen de Maduro ha creado un movimiento de opinión que dice que las sanciones económicas golpean al pueblo”, me dijo Scharfenberg. “En cambio, las sanciones individuales a funcionarios venezolanos son mucho más quirúrgicas y mucho menos criticables”. El expresidente Barack Obama firmó en 2015 una orden ejecutiva que autorizaba el bloqueo de propiedades y la restricción de visas a los venezolanos involucrados en acciones para socavar la democracia o violar los derechos humanos. Desde entonces, al menos 110 venezolanos han sido sancionados, entre ellos Maduro, su esposa y su hijo. Pero según un informe del 26 de enero del Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., el gobierno de Joe Biden no impuso nuevas sanciones individuales a funcionarios o exfuncionarios venezolanos.

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos me dijo en una entrevista hace pocos días que las sanciones estadounidenses no obligarán a Maduro a permitir unas elecciones que podría perder. “Maduro nunca va a dejar el poder a menos que le ofrezcan un puente de oro, una salida digna”, dijo Santos. Tal vez la mejor manera de presionar a Maduro para que permita unas elecciones libres sería una estrategia de “garrote y zanahoria”: nuevas sanciones, por un lado, y garantías de seguridad personal para los dirigentes chavistas en el caso de que el régimen pierda el poder por el otro lado.

Pero es en el interés de EE.UU. y todas las democracias latinoamericanas aumentar la presión para que Maduro permita una solución política a la crisis venezolana, y se detenga el éxodo de venezolanos al exterior. Ya se han ido de Venezuela casi ocho millones de personas, y una nueva encuesta de Meganálisis muestra que el 40% de los venezolanos dicen que considerarían abandonar el país si Maduro fuera declarado ganador de la votación del 28 de julio. Eso equivaldría a 10 millones de emigrantes adicionales. Es hora de que las democracias de todo el mundo anuncien como mínimo sanciones personales a los funcionarios de Maduro y sus familias para acelerar una apertura democrática. Estamos muy cerca de las elecciones del 28 de julio, y lo que está en juego no podría ser más crítico.

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Hacia el pacto de Mayo
Alejandro Poli Gonzalvo
El 8 de abril de 1852, a dos meses de su victoria en Caseros, Urquiza convoca a los gobernadores “a complementar la obra iniciada por los pueblos, en ese gran vínculo nacional, propendiendo todos de acuerdo a la organización de la República”. El resultado es la firma del Acuerdo de San Nicolás el 31 de mayo, que establece la convocatoria para un Congreso General Constituyente, cuyo fin será la sanción de la Constitución nacional. En su art. 7º establece: “Es necesario que los diputados estén penetrados de sentimientos puramente nacionales; para que las preocupaciones de localidad no embaracen la grande obra que se emprende: que estén persuadidos de que el bien de los pueblos no se ha de conseguir por exigencias encontradas y parciales, sino por la consolidación de un régimen nacional, regular y justo”.
El 30 de mayo, Alberdi le envía a Urquiza las Bases, a cuya redacción ha consagrado muchas noches, y Urquiza le responde el 22 de julio:
“Su bien pensado libro es, a mi juicio, un medio de cooperación importantísimo”. Y agrega: “La gloria de constituir la República debe ser de todos y para todos. Yo tendré siempre en mucho la de haber comprendido bien el pensamiento de mis conciudadanos y contribuido a su realización”.
Urquiza se siente representante de la voluntad de la Nación para organizarse, es decir, reconoce la existencia de una pretensión social que lo antecede. Aunque las épocas históricas son muy diferentes, en la convocatoria al Pacto de Mayo hecha por el Presidente hay un punto común con la de Urquiza: luego de décadas de enfrentamientos estériles y de decadencia, los argentinos desean sentar las bases para un período de estabilidad y progreso económico que trascienda a los gobiernos de turno y se transformen en políticas de Estado.
Desde el Pacto de Olivos, que alumbró importantes consensos reflejados en la reforma constitucional de 1994, no ha habido lugar para nuevos consensos a largo plazo. El pacto propuesto incluye 8 puntos relacionados con la economía, un primer punto referido a la inviolabilidad de la propiedad privada (garantizado por la Constitución) y el punto 9, referido a una reforma política estructural. Justamente debido al consenso social que respalda la firma de un pacto, es deseable que se puedan incorporar más puntos a su texto. Un ejemplo es el documento impulsado por la Coalición por la Educación y otras ONG, a quienes se sumaron más de 60 instituciones, que propone la inclusión como punto 1 del pacto: “La educación es el motor del desarrollo social, económico y democrático. La alfabetización temprana es un primer paso urgente”. Seguramente hay otros puntos trascendentes para incluir en el pacto.
Del mismo modo, para que sea un poderoso instrumento de cambio se debería ampliar la convocatoria a los partidos políticos y a las asociaciones empresariales y grediado miales. Una oportunidad histórica se abre en el país: inaugurar un período de progreso con el consenso mayoritario de la sociedad. La vida social argentina está predispuesta para transformaciones estructurales. No acometer la crisis significa ahondarla. Pero la condición básica es que el presidente Milei, cuya hegemonía se basa en su victoria electoral y en el apoyo decisivo de la opinión pública, y las fuerzas políticas opositoras, cuyo rol es reconocer los anhelos de cambio de los argentinos y participar con grandeza de los debates sobre renovadas políticas de Estado, acierten a lograr consensos duraderos.
En consecuencia, el Pacto de Mayo es el eje para que el progreso se reinicie bajo políticas de Estado con amplio consenso social. Si se pierde esta oportunidad, se cumplirá la profecía de Alberdi en las Bases: “Dejad que el metal ablandado por el fuego recupere, con la frialdad, su dureza ordinaria: el martillo dará golpes impotentes”.

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