La Ciudad da subsidios para pagar el colegio
La ayuda será de hasta $30.000 y alcanzará a los 212.000 estudiantes de colegios que reciben subsidio estatal desde sala de 4; el dinero irá a las instituciones
Evangelina Himitian
El gobierno porteño anunció una ayuda de hasta $30.000 en mayo, junio y julio para todos los estudiantes de escuelas privadas con subvención estatal desde la sala de 4 años. El beneficio, se informó, alcanzará a 212.000 chicos y no estará limitado por el nivel de ingresos de las familias. Se trata de un intento de aliviar a la clase media en los próximos meses y evitar más cierres de colegios.
Será una ayuda más para la clase media, en este caso porteña, con el objetivo concreto de evitar que más colegios privados con subvención estatal cierren sus puertas ante el aumento de la morosidad en las cuotas por parte de las familias y la baja en la matriculación de nuevos alumnos. Hoy, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunciará que los padres podrán recibir un beneficio de hasta $30.000 por cada hijo escolarizado en esos establecimientos durante mayo, junio y julio, para cuando se espera el impacto más agudo de la crisis económica.
Este aporte se sumará al programa de vouchers educativos que lanzó la Secretaría de Educación de la Nación para familias que envíen a sus hijos a colegios privados con el 75% de subvención o más. Sin embargo, a diferencia del programa nacional, que se tramita vía la Anses y se acredita en la cuenta bancaria de los beneficiarios, el gobierno porteño girará los fondos directamente a cada escuela. Para ello, las familias deberán inscribirse a partir de hoy hasta el 20 de mayo en https://buenosaires.gob.ar/educacion/ayudacuotaescolar y completar los datos que se les soliciten. La única condición que se requiere es que el establecimiento esté en la Capital. Esto es, más allá de que la familia tenga domicilio en otro distrito.
Sumados los dos aportes, el de la Nación (de hasta $27.000 por hijo, ya cubre hasta el 50% de la cuota de la enseñanza programática) y el de la Ciudad (de hasta $30.000, que cubre otro 50%), muchas familias de clase media porteña podrán contar con que durante los próximos meses tendrán garantizado el dinero para pagar la mensualidad de los colegios.
Además de la porción correspondiente a la enseñanza programática, las cuotas pueden incluir otros costos contemplados en la enseñanza extraprogramática, por los contenidos no obligatorios que cada escuela suma a la currícula para su proyecto pedagógico.
A diferencia del programa nacional de vouchers educativos, una vez que lo padres informen el colegio al que asisten sus hijos, el dinero se acreditará en la cuenta de la escuela, a nombre del alumno, de forma que en el recibo figurará un descuento del 50% del valor de la mensualidad de enseñanza programática, hasta el tope de $30.000.
Según se explicó desde la Ciudad, se decidió girar los fondos directamente a las escuelas, para asegurar que ese dinero llegue a las arcas de las instituciones educativas sin demoras.
En total, explicó Macri en un encuentro ayer con periodistas, el beneficio alcanzará a unos 212.000 alumnos de los tres niveles educativos e implicará una partida de casi 11.000 millones de pesos. “Abarcará unos 36.000 alumnos de nivel inicial, desde sala de 4; otros 99.000 de primaria y unos 77.000 de secundaria, de unas 854 escuelas subvencionadas”, detalló la ministra de Educación porteña, Mercedes de Miguel. También estuvieron presentes la vicejefa de gobierno, Clara Muzzio, y el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti.
Otra diferencia con el programa de vouchers educativos es que pueden inscribirse todas las familias cuyos hijos asistan a algún colegio que recibe subsidio del Estado, que va desde el 40% hasta el 100%, en el pago de los salarios docentes. No se les solicitará que aporten datos sobre sus niveles de ingresos o si son beneficiarios de algún plan social. El programa nacional solo incluye a quienes asisten a colegios con el 75% o más de subvención, y lo limita a adultos que tengan ingresos inferiores a los $1.400.000, es decir siete veces el salario, vital y móvil.
Fondos
En este caso, si todas las familias de alumnos de escuelas privadas con subvención se inscribieran en el programa, el presupuesto alcanzaría para cubrir el 50% de las cuotas de todos ellos, enfatizó Macri. “Hemos hecho ajustes internos para no afectar el presupuesto global y esos pequeños ahorros nos permitieron generar un fondo de unos 11.000 millones de pesos, que vamos a destinar a los colegios”, dijo. Citó, por caso, la suspensión de eventos y festivales. “Este año el Festival Federal del Asado, que hacíamos todos los años, se va a hacer, pero ya no va a ser federal, sino local y más acotado”, ejemplificó. Grindetti aportó que también se ajustaron los números de partidas asignadas a viáticos y viajes, y que se redujo la dotación de personas que trabajaban para la Ciudad.
Los números que aporta la ministra de Educación apuntan que durante 2023 cerraron seis colegios privados, entre ellos tres jardines y tres escuelas primarias y secundarias, tal como vino publicando
Además, habría al menos otras tres instituciones que están analizando su continuidad y otras tantas que evalúan fusionarse para afrontar la baja en la matrícula en todos los niveles. En el caso del nivel inicial, ya se reducen un 40% las nuevas inscripciones, según datos que aportó De Miguel, debido a la baja de la natalidad en la Capital.
El beneficio tendrá un mínimo de $19.000 por alumno y el mencionado tope del $30.000. Cabe aclarar que, si bien el dinero lo recibirá la escuela, si la familia no se inscribe en la página que habilitó el Ministerio de Educación para solicitarlo, el mecanismo no se activará. La participación en el programa es voluntaria y si los padres deciden no sumarse o consideran que no lo necesitan, alcanzará con no anotarse.
“Estamos enfrentando, probablemente, una de las crisis sostenidas en el tiempo más brutales que ha sufrido la clase media argentina, por tiempo y profundidad. Hay una clase media que se sigue percibiendo como clase media, aun cuando objetivamente los números dicen que ya no lo es. Y eso está poniendo en crisis muchos aspectos sensibles de nuestra vida cotidiana: medicamentos, tratamientos, cuidado de la salud, prevención de la salud. Y también la educación”, indicó Macri antes de explicar cómo habían llegado a esta medida.
“Obviamente, la clase media que accede al servicio de educación pública y gratuita no tiene la carga económica de tener que pagar una cuota. Pero hay una porción muy grande de la ciudad, el 49% de los chicos y el 54% de las escuelas, que son de gestión privada. Son parte del sistema público, pero de gestión privada. Lo que estamos notando es que los pedidos de becas en las escuelas crecieron exponencialmente, lo mismo que la morosidad. O los padres que no están en mora, pero que van pagando de a poquito. Legalmente está claro que un chico no puede perder escolaridad por no poder pagar la cuota, pero lo que entra en crisis es el sistema. O sea, esa escuela no le va a dar de baja la matrícula, pero lo que puede pasar es que esa institución tenga que cerrar”, señaló Macri.
También admitió que si bien la migración a escuelas públicas hasta ahora fue baja, del 2%, similar al año anterior, podría tener un impacto mucho mayor si no se atendiera con medidas como esta el punto más agudo de la crisis, que podría comenzar a ceder después de mitad de año.
En esta medida no fueron alcanzados los colegios privados sin subvención como tampoco los jardines maternales. De Miguel expuso que, a diferencia de lo que ocurre en otros distritos, en el Ministerio de Educación de la ciudad no hay lista de espera de instituciones que hayan solicitado la subvención oficial y todavía no la hayan recibido. También se explicó que los jardines maternales no están cubiertos porque no están incorporados a la enseñanza obligatoria.
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Riachuelo: el ente que debe sanearlo, con ajuste de personal y de fondos
Con un 50% menos de cargos y presupuesto congelado, el organismo tripartito informó a la Justicia que sostendrá las megaobras con financiamiento del Banco Mundial
Jesús Allende
Gonzalo coliniLa limpieza del Riachuelo también enfrenta el desafío de la crisis económica
Con una exposición a libro cerrado, el nuevo presidente designado en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Lucas Figueras, que representa al gobierno nacional, presentó ayer el plan de acción del ente tripartito –integrado también por la Ciudad y la Provincia– para el saneamiento del Riachuelo, el cauce más contaminado del país en el que habita uno de cada 10 argentinos. Lo hizo ante el Juzgado Federal Nº 2 de Morón.
El funcionario ya ocupó el cargo durante la presidencia de Mauricio Macri y retoma el mando en un escenario de gran limitación presupuestaria para el organismo, que recortó la mitad de su estructura.
Los ejes de la propuesta pretenden, a través de un ente reducido, enfocar los recursos en el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, que en 2008 ordenó la recuperación de la zona tras el desastre ambiental. Hizo referencia al cambio climático, definió qué obras serán prioritarias y continúan en su gestión, adelantó la eliminación de contratos con intermediarios como los cooperativistas que hoy desempeñan tareas en la limpieza de los márgenes y superficie del río, cuál será la asistencia social que se mantiene en la población afectada, y sentó las bases para ampliar y facilitar la radicación de empresas en la cuenca.
Figueras asistió a la Justicia luego de ser citado por el juez Jorge Rodríguez, que ejecuta la sentencia “Mendoza”, en la que fueron condenados los Estados nacional, provincial y porteño, Acumar y 44 empresas por daño ambiental. El motivo de la citación fue que hasta el momento el organismo había omitido presentar el informe trimestral sobre los avances en el Riachuelo. Rodríguez ordenó entonces que Figueras explique el plan de acción, los objetivos que pretende cumplir y las dificultades para alcanzarlos.
Además del nuevo presidente de la Acumar, que adelantó el plan por escrito en el expediente, al que accedió la nacion, en la audiencia participaron los miembros del cuerpo colegiado designados por la Corte Suprema para auditar y monitorear los avances en el cumplimiento de la sentencia. No pudieron realizar preguntas ni intervenir en la exposición.
Un punto central del plan de acción fue el presupuesto acotado. La Acumar tiene para este año fondos congelados de $19.000 millones, los mismos que tuvo en 2023 y le fueran reasignados por la prórroga del presupuesto nacional de ese año, que fue elaborado en 2022, cuando la inflación anual no alcanzaba los tres dígitos como ahora. El ente redujo la estructura en un 50% (pasó de 130 cargos a 65) mediante la eliminación de las “unidades operativas cuya competencia se solapaba con otras áreas o no tenían una vinculación directa con el cumplimiento del programa de saneamiento que ordena el fallo”. En definitiva, señalaron desde el organismo, desaparecieron las oficinas que repetían funciones o roles. “Se eligió mantener solo los recursos que están directamente vinculados a cumplir el fallo y se discontinuaron tareas como, por ejemplo, financiar una bicicleteada por la cuenca”, detallaron.
Por otro lado, sostuvieron, había tareas duplicadas, como los muestreos de la calidad de aire, agua y suelos que realizaban tanto la Acumar como AySA y laboratorios por convenio. “Se va a mantener la continuidad del muestreo, pero a través del laboratorio que es propio de la
Acumar”, sostuvieron.
Según Figueras, también se suprimieron programas y fondos ligados al saneamiento. “Por ejemplo, la eliminación de intermediarios en los sistemas de planes sociales impide continuar, en los términos que venían desarrollándose, las vinculaciones con cooperativistas en la limpieza de márgenes”. El caso de los cooperativistas es una consecuencia de la discontinuación por parte del Ministerio de Capital Humano del plan Potenciar Trabajo. Desde el organismo sostuvieron que están negociando con los municipios para que absorban el gasto para mantener su actividad.
El organismo a su vez evalúa la posibilidad de transferir progresivamente al Estado nacional y a los municipios que componen la cuenca algunas responsabilidades y competencias, aunque no definió específicamente cuáles serían las tareas de las que se desligaría, ya que se encuentra en tratativas con los gobiernos comunales.
Obras prioritarias
Las obras que tienen asegurada su continuidad, con el visto bueno del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, son las más grandes que cuentan con financiamiento del Banco Mundial. Una es el Sistema Riachuelo, que bordea el margen de la ciudad de Buenos Aires en un megacolector de 30 kilómetros de túneles para recibir desechos cloacales. Su construcción incluye el Emisario Subfluvial, que recorre 12 kilómetros del lecho del Río de la Plata para liberarlos en aguas abiertas, y una planta de pretratamiento de los residuos, avanzada en un 86%.
Por otro lado, Figueras informó que continuará con el Sistema Agua Sur, obra que está ejecutando AySA y se prevé finalizará en 2027 para expandir la red de agua potable, y con la Planta Depuradora de Laferrère, que tiene como fin tratar el líquido cloacal con impacto en 150.000 habitantes. Se construye en La Matanza a la altura del arroyo Morales y avanzó un 14%.
Un punto que podría modificar la presencia de las empresas que componen la cuenca es la puesta en funcionamiento del Parque Industrial de Curtidores, cuyas obras están demoradas. Si bien el crédito del Banco Mundial que lo financia termina en septiembre próximo, la Acumar afirmó que cuenta con la aprobación del organismo para prorrogarlo y finalizar la planta de tratamiento de los contaminantes del polo de curtiembre radicado en Lanús, que estaría completada en un 75%.
“Por la crisis de los últimos años disminuyó casi en un 60% la cantidad de curtiembres que había activas al momento de iniciado el proyecto, lo que nos obliga a abrir el abanico a otras industrias que trabajan en la cuenca y puedan ser incorporadas al Parque Industrial Curtidor, abierto a más industrias para poder llegar al número de emprendimientos necesarios para poder operarlo”, sostuvieron a voceros de la la nacion Acumar. Y agregaron: “La industria de curtiembre por el estilo de efluentes es de las más contaminantes, por lo que la planta de tratamiento va a tener capacidad de recibir industrias menos contaminantes que se adapten a su sistema, como frigoríficos, pinturerías y derivados”.
Desafíos y asistencia social
El presupuesto reducido será un desafío para mantener la limpieza de los márgenes del río y el espejo de agua, terminar con la extracción y el desguace de buques abandonados, limpiar los basurales –tarea que hoy realizan las empresas Covelia, ligada al gremio de los camioneros, y Ashira– y terminar con el despeje del camino de sirga para liberar las orillas de asentamientos y obstrucciones. Según detalló el organismo, esta última iniciativa tiene un avance de un 89% y resta la relocalización de vecinos de la villa 26 de la ciudad.
Otro desafío será conservar los humedales y áreas protegidas, como las reservas naturales de Santa Catalina, Bosques Ciudad Evita y Laguna de Rocha. Allí, deberán lidiar con la multiplicación en los últimos años de usurpaciones, asentamientos consolidados y desarrollos inmobiliarios no autorizados.
En cuanto a la asistencia social, Figueras detalló que habrá un refuerzo de los corredores sanitarios con los sistemas municipal, nacional y provincial, y de la atención ambulatoria en los barrios de difícil acceso mediante unidades móviles. Sostuvo que, a los efectos de disminuir la mortalidad infantil, se mantendrá el monitoreo de la situación ambiental epidemiológica, se consignarán nacimientos y defunciones por anomalías congénitas y enfermedades oncológicas, y estará garantizado “el acceso a la atención de alta complejidad neonatal”. La Acumar pretende, a su vez, una mayor penetración en los barrios mediante mesas de participación vecinal sobre la “adaptación al cambio climático en lo referente a temperaturas extremas y catástrofes climáticas”.
En simultáneo, la Corte Suprema ordenó a los dos juzgados federales que ejecutan la sentencia “Mendoza” que informen en los próximos 30 días los avances que hubo a 15 años del fallo. Uno es el que está a cargo del juez Rodríguez; el otro es el Nº 12, liderado por Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por Milei para integrar la Corte.
Con una exposición a libro cerrado, el nuevo presidente designado en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Lucas Figueras, que representa al gobierno nacional, presentó ayer el plan de acción del ente tripartito –integrado también por la Ciudad y la Provincia– para el saneamiento del Riachuelo, el cauce más contaminado del país en el que habita uno de cada 10 argentinos. Lo hizo ante el Juzgado Federal Nº 2 de Morón.
El funcionario ya ocupó el cargo durante la presidencia de Mauricio Macri y retoma el mando en un escenario de gran limitación presupuestaria para el organismo, que recortó la mitad de su estructura.
Los ejes de la propuesta pretenden, a través de un ente reducido, enfocar los recursos en el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, que en 2008 ordenó la recuperación de la zona tras el desastre ambiental. Hizo referencia al cambio climático, definió qué obras serán prioritarias y continúan en su gestión, adelantó la eliminación de contratos con intermediarios como los cooperativistas que hoy desempeñan tareas en la limpieza de los márgenes y superficie del río, cuál será la asistencia social que se mantiene en la población afectada, y sentó las bases para ampliar y facilitar la radicación de empresas en la cuenca.
Figueras asistió a la Justicia luego de ser citado por el juez Jorge Rodríguez, que ejecuta la sentencia “Mendoza”, en la que fueron condenados los Estados nacional, provincial y porteño, Acumar y 44 empresas por daño ambiental. El motivo de la citación fue que hasta el momento el organismo había omitido presentar el informe trimestral sobre los avances en el Riachuelo. Rodríguez ordenó entonces que Figueras explique el plan de acción, los objetivos que pretende cumplir y las dificultades para alcanzarlos.
Además del nuevo presidente de la Acumar, que adelantó el plan por escrito en el expediente, al que accedió la nacion, en la audiencia participaron los miembros del cuerpo colegiado designados por la Corte Suprema para auditar y monitorear los avances en el cumplimiento de la sentencia. No pudieron realizar preguntas ni intervenir en la exposición.
Un punto central del plan de acción fue el presupuesto acotado. La Acumar tiene para este año fondos congelados de $19.000 millones, los mismos que tuvo en 2023 y le fueran reasignados por la prórroga del presupuesto nacional de ese año, que fue elaborado en 2022, cuando la inflación anual no alcanzaba los tres dígitos como ahora. El ente redujo la estructura en un 50% (pasó de 130 cargos a 65) mediante la eliminación de las “unidades operativas cuya competencia se solapaba con otras áreas o no tenían una vinculación directa con el cumplimiento del programa de saneamiento que ordena el fallo”. En definitiva, señalaron desde el organismo, desaparecieron las oficinas que repetían funciones o roles. “Se eligió mantener solo los recursos que están directamente vinculados a cumplir el fallo y se discontinuaron tareas como, por ejemplo, financiar una bicicleteada por la cuenca”, detallaron.
Por otro lado, sostuvieron, había tareas duplicadas, como los muestreos de la calidad de aire, agua y suelos que realizaban tanto la Acumar como AySA y laboratorios por convenio. “Se va a mantener la continuidad del muestreo, pero a través del laboratorio que es propio de la
Acumar”, sostuvieron.
Según Figueras, también se suprimieron programas y fondos ligados al saneamiento. “Por ejemplo, la eliminación de intermediarios en los sistemas de planes sociales impide continuar, en los términos que venían desarrollándose, las vinculaciones con cooperativistas en la limpieza de márgenes”. El caso de los cooperativistas es una consecuencia de la discontinuación por parte del Ministerio de Capital Humano del plan Potenciar Trabajo. Desde el organismo sostuvieron que están negociando con los municipios para que absorban el gasto para mantener su actividad.
El organismo a su vez evalúa la posibilidad de transferir progresivamente al Estado nacional y a los municipios que componen la cuenca algunas responsabilidades y competencias, aunque no definió específicamente cuáles serían las tareas de las que se desligaría, ya que se encuentra en tratativas con los gobiernos comunales.
Obras prioritarias
Las obras que tienen asegurada su continuidad, con el visto bueno del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, son las más grandes que cuentan con financiamiento del Banco Mundial. Una es el Sistema Riachuelo, que bordea el margen de la ciudad de Buenos Aires en un megacolector de 30 kilómetros de túneles para recibir desechos cloacales. Su construcción incluye el Emisario Subfluvial, que recorre 12 kilómetros del lecho del Río de la Plata para liberarlos en aguas abiertas, y una planta de pretratamiento de los residuos, avanzada en un 86%.
Por otro lado, Figueras informó que continuará con el Sistema Agua Sur, obra que está ejecutando AySA y se prevé finalizará en 2027 para expandir la red de agua potable, y con la Planta Depuradora de Laferrère, que tiene como fin tratar el líquido cloacal con impacto en 150.000 habitantes. Se construye en La Matanza a la altura del arroyo Morales y avanzó un 14%.
Un punto que podría modificar la presencia de las empresas que componen la cuenca es la puesta en funcionamiento del Parque Industrial de Curtidores, cuyas obras están demoradas. Si bien el crédito del Banco Mundial que lo financia termina en septiembre próximo, la Acumar afirmó que cuenta con la aprobación del organismo para prorrogarlo y finalizar la planta de tratamiento de los contaminantes del polo de curtiembre radicado en Lanús, que estaría completada en un 75%.
“Por la crisis de los últimos años disminuyó casi en un 60% la cantidad de curtiembres que había activas al momento de iniciado el proyecto, lo que nos obliga a abrir el abanico a otras industrias que trabajan en la cuenca y puedan ser incorporadas al Parque Industrial Curtidor, abierto a más industrias para poder llegar al número de emprendimientos necesarios para poder operarlo”, sostuvieron a voceros de la la nacion Acumar. Y agregaron: “La industria de curtiembre por el estilo de efluentes es de las más contaminantes, por lo que la planta de tratamiento va a tener capacidad de recibir industrias menos contaminantes que se adapten a su sistema, como frigoríficos, pinturerías y derivados”.
Desafíos y asistencia social
El presupuesto reducido será un desafío para mantener la limpieza de los márgenes del río y el espejo de agua, terminar con la extracción y el desguace de buques abandonados, limpiar los basurales –tarea que hoy realizan las empresas Covelia, ligada al gremio de los camioneros, y Ashira– y terminar con el despeje del camino de sirga para liberar las orillas de asentamientos y obstrucciones. Según detalló el organismo, esta última iniciativa tiene un avance de un 89% y resta la relocalización de vecinos de la villa 26 de la ciudad.
Otro desafío será conservar los humedales y áreas protegidas, como las reservas naturales de Santa Catalina, Bosques Ciudad Evita y Laguna de Rocha. Allí, deberán lidiar con la multiplicación en los últimos años de usurpaciones, asentamientos consolidados y desarrollos inmobiliarios no autorizados.
En cuanto a la asistencia social, Figueras detalló que habrá un refuerzo de los corredores sanitarios con los sistemas municipal, nacional y provincial, y de la atención ambulatoria en los barrios de difícil acceso mediante unidades móviles. Sostuvo que, a los efectos de disminuir la mortalidad infantil, se mantendrá el monitoreo de la situación ambiental epidemiológica, se consignarán nacimientos y defunciones por anomalías congénitas y enfermedades oncológicas, y estará garantizado “el acceso a la atención de alta complejidad neonatal”. La Acumar pretende, a su vez, una mayor penetración en los barrios mediante mesas de participación vecinal sobre la “adaptación al cambio climático en lo referente a temperaturas extremas y catástrofes climáticas”.
En simultáneo, la Corte Suprema ordenó a los dos juzgados federales que ejecutan la sentencia “Mendoza” que informen en los próximos 30 días los avances que hubo a 15 años del fallo. Uno es el que está a cargo del juez Rodríguez; el otro es el Nº 12, liderado por Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por Milei para integrar la Corte.
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