EDITORIALES

Superar la bancarrota educativa
Cualquier pacto como el propuesto por el presidente Milei para el 25 de Mayo debería incluir la educación para no terminar siendo un castillo de naipes
Cuando el futuro de este bendito país se debate en el Congreso, escuchar de boca de una diputada nacional que solo llegó a terminar la primaria o que “no le gusta estudiar” es un golpe a la mandíbula. Parapetada detrás de sus convicciones, Natalia Zaracho (Unión por la Patria) lamenta haber tenido que “salir a laburar” para ayudar a su familia. “Lo que me pasó a mí lo vivieron millones de argentinos”, se defiende quien ocupa una banca por la provincia de Buenos Aires desde 2021. Militante, activista de la economía popular, cercana a Juan Grabois y con 34 años, su incapacidad para reconocer que es un claro exponente de décadas de políticas populistas que desatendieron la educación no sorprende. ¿Cuántos legisladores de años de listas sábana están o estuvieron en su misma situación? Más allá de valorar que hayan sido el esfuerzo y el compromiso asumido los que la trajeron hasta aquí, no deja de ser otro profundo llamado de atención
La educación no es ajena a la crisis que nos atraviesa. Es más, explica muchos de nuestros males, a pesar de que se insista en que su reordenamiento sería solo un objetivo de segunda instancia, una vez resuelta la cuestión económica. Negar que el conocimiento es hoy motor del desarrollo en todo el mundo es cuando menos necio. Basta observar el ejemplo de países como Corea del Sur, que supieron invertir fuertemente en un sistema educativo de calidad que les permitió generar riqueza para revertir así la pobreza. Haber llegado al actual estado muy probablemente haya sido producto de desatender la educación como herramienta para enseñar a pensar. Los bajos resultados de nuestros niños y jóvenes en pruebas internacionales así lo confirman y nos advierten respecto de la que muchos expertos definen como la verdadera “tragedia educativa”, de la que reiteradamente nos ocupáramos desde este espacio.
La aguda mirada de la investigadora Guillermina Tiramonti proponía desde nuestras páginas salir de las discusiones que en este terreno se vienen dando en los últimos 40 años y hacer de la crisis una oportunidad de cambio, adecuando la escolaridad a las demandas y necesidades de una nueva realidad. Si ya estamos tan mal, ¿qué perdemos?, se pregunta la experta. De nada sirve arreglar un modelo que ya no responde a las necesidades reales de las nuevas generaciones –advierte– ni seguir alimentando la burocracia que simula hacerlo funcionar. Hablamos de un cambio de paradigmas que, por ejemplo, revise y aborde la discusión separadamente desde dos terrenos: el económico, sometido por años a las urgencias políticas y a los aprietes corporativos, y el pedagógico, que parece anclado en la primera mitad del siglo pasado. Tiramonti propone transformar la Secretaría de Educación de la Nación en un faro que ilumine el futuro, recogiendo avances locales y foráneos, replanteando la relación alumno-docente, definiendo el perfil docente que necesitamos y formándolo en consecuencia.
Por su parte, convertido en portavoz de muchos, el doctor Roberto Borrone criticaba semanas atrás en un artículo que la salud y la educación no estuvieran entre los diez objetivos del llamado Pacto de Mayo. Distinguía entre lo urgente (economía y seguridad) y lo importante (salud y educación), señalando que lo segundo le asegurará sustentabilidad a lo primero. El propio presidente Javier Milei había pronunciado un lapidario diagnóstico en su discurso de apertura de sesiones ordinarias cuando afirmó que “el analfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía”. Demasiado benévola su mirada cuando la realidad nos muestra índices crecientes de analfabetismo. Tampoco parecería que la educación estuviera verdaderamente compartiendo escena con la inflación en sus análisis.
Sin un plan, sin inversión, sin objetivos claros, no basta con declarar la educación como servicio esencial. Creer que solo con un programa económico podremos cambiar el destino del país es ingenuo. Es de esperar que el Presidente recoja las preocupaciones ciudadanas en este terreno y que sean también las distintas fuerzas convocadas las que señalen la necesidad de acordar sobre una cuestión medular. El Gobierno debe reparar tamaña inconsistencia, pues cualquier pacto construido sin incluir la educación entre sus pilares será como un castillo de naipes. El futuro de la educación lo construimos hoy.

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Salvar los bosques chaqueños
En los últimos años, la provincia del Chaco viene encabezando los alarmantes índices de pérdida de bosques nativos que tristemente caracterizan a la región del Gran Chaco, el segundo mayor ecosistema boscoso y pulmón verde del planeta después del Amazonas.
Hace cuatro años, desde estas columnas celebrábamos la intención manifestada en aquel entonces de jerarquizar la política ambiental chaqueña, a través de encomendar a las áreas ambientales la fiscalización del desmonte y la tala ilegal, en lugar de delegar el tema a las estructuras de producción, exclusivamente enfocadas en la rentabilidad. Sin embargo, aquellos cambios nunca se efectivizaron y, pese a innumerables reclamos y denuncias de irregularidades por parte de organizaciones socioambientales, el escenario no cambió: solo en 2023 en esa provincia el desmonte ilegal alcanzó el dramático récord de 57.000 hectáreas. Entre 2008 y 2020, la plataforma de monitoreo de la deforestación a cargo de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) reportó que la provincia perdió más de 376.000 hectáreas de bosque nativo. Millones de especies se quedaron sin su hábitat.
En sintonía con los comicios nacionales, los chaqueños eligieron un cambio de gobierno. En temas ambientales, desgraciadamente la ilusión ha comenzado ya a diluirse. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial fue absorbido por el de Producción, con el consecuente desfinanciamiento. En lo que al futuro de los bosques se refiere, la presentación del bloque de legisladores provinciales del oficialismo de un nuevo proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, altamente regresivo y contrario a la ley nacional de presupuestos mínimos de bosques nativos, agrava el escenario.
Es justo consignar que la última versión del proyecto de ordenamiento territorial presentada por el gobierno anterior también disminuía la protección de cientos de miles de hectáreas de bosques nativos. Sin embargo, la nueva administración, lejos de haber tomado nota de los justificados cuestionamientos a dicha propuesta, está enarbolando una nueva que desafectaría aún más superficie de bosques protegidos en la denominada “categoría amarilla”, especialmente en el Chaco Seco o Semiárido, una ecorregión propensa a la desertificación y degradación del suelo. De aprobarse, la destrucción de los medios de vida de las comunidades indígenas y campesinas, primeros perjudicados por la desaparición del bosque nativo, será otra trágica consecuencia.
Afortunadamente, el debate recién comienza y la nueva gestión tiene margen para desandar el proceso de elaboración del proyecto, revisar su contenido y desarrollar un esquema de participación serio.
El planeta entero está observando el avance de la deforestación en el Gran Chaco. Es deseable que los cambios que la sociedad acompañó con su voto tengan el correlato de una gestión moderna, transparente y sostenible, que garantice la conservación de uno de los ambientes más amenazados de nuestro país y del mundo. Sin bosques, los seres humanos no tendríamos aire puro ni agua potable ni muchos alimentos que hoy consumimos.

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