EDITORIALES

Carlos Menem Jr.: verdad y ficción
El documental sobre la muerte del hijo del expresidente hace foco en las sospechas que aún mantiene la familia a pesar del pronunciamiento judicial
El implacable transcurso del tiempo va dejando atrás sonoras historias, a pesar de que el interés por revivirlas no decaiga y lleve a muchas a la pantalla. El expresidente Carlos Menem sostuvo durante 19 años que su hijo Carlos Facundo había fallecido el 15 de marzo de 1995, a los 26 años, como resultado de un accidente. No era el primer siniestro, pues había protagonizado varios conduciendo motos, automóviles e incluso aterrizando peligrosamente el helicóptero en la pileta vacía de Olivos, pero este les costó la vida a él y a Silvio Oltra.
Más de 40 testigos habían observado cómo, minutos antes del accidente, el moderno y seguro helicóptero Bell 206B JetRanger III hacía piruetas a baja altura sobre la ruta nacional 9. La investigación del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, confirmó que fue la imprudencia del piloto la responsable de que la aeronave se llevara por delante unos cables de media tensión a 11 metros de altura y que terminara precipitándose a tierra en un paraje de la localidad de Ramallo.
Una doliente Zulema Yoma nunca pudo aceptar que fuera el azar el que le arrebatara la vida de su hijo, lo que fue confirmado también por la junta de accidentes de Estados Unidos y la compañía Bell, fabricante del helicóptero. La señora Yoma buscó incansablemente acreditar su hipótesis de que esa violenta y temprana muerte había sido producto de un hecho político: de que a su hijo lo mataron por ser el hijo del presidente. Sustenta su interpretaen que su propio hijo le había dicho en reiteradas oportunidades que lo estaban siguiendo y que algo le podría pasar.

Al día de hoy, y tal como declara en un flamante documental que se encuadra dentro del género denominado true crime (crímenes reales), Zulema Yoma sigue sosteniendo la hipótesis del atentado, aunque jamás pudo aportar pruebas irrefutables. Tanto la Cámara de Casación como la Corte Suprema de Justicia rechazaron los recursos que presentó. Sin testigos que oyeran o vieran balaceras o explosiones, sin impactos de bala en el cuerpo de Menem Jr. –cuya identidad quedó debidamente confirmada en la exhumación del cadáver realizada en 2017– ni en el fuselaje de la aeronave, la Justicia entendió que sus planteos carecían de conrrea. sistencia probatoria, incluso luego de la reapertura de la investigación en 2010, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ella gestionó.
En su batalla legal, teñida por su interés económico, llegó incluso a convencer a su exesposo de desdecirse y pronunciarse por la hipótesis del atentado 19 años después de los hechos. Menem declaró en 2016 que agencias de inteligencia, como el FBI, la CIA y el Mossad, entre otras, elaboraron la hipótesis de que Hezbollah participó de “la génesis” del atentado que terminó con la vida de su hijo. Pero sus evasivas y silencios lo dejaron al borde de la denuncia por falso testimonio. Por su parte, la familia Oltra nunca había estado de acuerdo con la teoría del atentado.
El documental Menem Junior: la muerte del hijo del presidente, estrenado a fines de febrero, cuenta con los testimonios de Zulema Yoma y su hija Zulemita, del juez Villafuerte Ruzo, del exministro Domingo Cavallo y de numerosos periodistas. A lo largo de cuatro episodios de 45 minutos se retoman las hipótesis y especulaciones que siguieron a la tragedia que conmovió al país.
La pieza combina una amplia reconstrucción periodística con momentos de ficción que ponen de manifiesto, además, un clima de época muy particular en nuestro país: los años 90.
La recreación ficcional se enfrenta en este caso a la realidad de que la Justicia ya ha dictaminado que la muerte de Carlos Menem Jr. fue producto de su imprudencia al conducir el helicóptero.
Tanto la Cámara de Casación como la Corte Suprema de Justicia rechazaron los argumentos tendientes a acreditar que la tragedia en la que murió el hijo del expresidente no había sido producto de un accidente, sino de un hecho político

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Ecuador, ante el narcotráfico
La escalada de violencia en Ecuador no se detiene. Al atentado contra el fiscal César Suárez, que investigaba el asalto al canal TC Televisión, y al reciente asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, se suman más muertes.
Ya son 6626 las personas detenidas durante los 30 días que siguieron a la declaración, por parte del gobierno, de un conflicto armado interno contra el crimen organizado. Del total de detenidos, 241 fueron arrestados por presunto terrorismo, según se desprende del último balance diario del gobierno ecuatoriano publicado sobre las operaciones policiales y militares realizadas en el territorio nacional. Unas 22 bandas han sido consideradas grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. Las fuerzas del orden decomisaron también cerca de 47 toneladas de drogas y cientos de miles de dólares en efectivo.
No debe olvidarse que buena parte de la responsabilidad en este auge del narcotráfico corresponde al prófugo expresidente Rafael Coción Fue él quien dio carta blanca a los narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el objeto de que instalaran un campamento dentro del país donde se dictaban cursos de explosivos, de proselitismo político y adoctrinamiento comunista a jóvenes de países de América.
Las bandas narco no solo pelean por cuantiosas utilidades o por rutas privilegiadas. Buscan espacios en la estructura del poder. La infiltración del crimen organizado ha sido profunda y diversificada.
La Operación Metástasis, puesta en marcha por la fiscal general Diana Salazar, provocó la captura de personas señaladas por vínculos con el crimen organizado y es considerada el proceso más grande de la historia en contra de la corrupción y el narco. Este operativo desnuda la radiografía de cómo el narcotráfico tomó las instituciones del Estado para operar con dinero mal habido en instancias judiciales y políticas. La red de corrupción estaba conformada por jueces, agentes fiscales, abogados, policías y funcionarios judiciales y penitenciarios.
Un juez, un exasambleísta, una exfiscal provincial, una excomisionada para la pacificación de las cárceles y otras nueve personas quedaron involucradas en la investigación. Los 13 procesados fueron descubiertos cuando las autoridades avanzaron en la revisión de los teléfonos celulares de Leandro Norero, cabecilla de una red criminal con conexiones con altos funcionarios judiciales, de la policía, del sistema penitenciario y políticos, que fue asesinado el año pasado en una reyerta de presos dentro de una cárcel ecuatoriana.
Ecuador es víctima de un fenómeno delictivo continental. Su destino puede afectar inevitablemente la seguridad regional. Daniel Noboa y su gobierno no deben quedar solos frente al desafío. La solidaridad, el apoyo de la comunidad internacional, la inteligencia compartida, la coordinación de esfuerzos y el intercambio de mejores prácticas son esenciales para combatir un problema que no reconoce límites.

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