GIRO EN EL TRIBUNAL Y DIANA MONDINO

Giro en el tribunal. La Corte podría elegir a su presidente antes de la llegada de los candidatos de Milei
La actual mayoría, integrada por los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, anticiparía la elección de autoridades de octubre
Texto Hernán CappielloEl juez federal Ariel Lijo, propuesto por Milei para la Corte Suprema
La renovación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, traumático rito que se repite cada tres años y que ahora debería ocurrir antes del 1° de octubre, se coló en medio de la discusión por la postulación de nuevos integrantes para el máximo tribunal. Por eso, no se descarta que la votación se anticipe un mes y se consoliden las actuales mayorías que ungieron sucesivamente a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti en ese lugar.
Este debate se da en momentos en que la Corte analiza un caso de alto impacto que interesa al mundo de las empresas, y que podría conocerse en los próximos días, señalan fuentes del ámbito judicial. El contenido del fallo se mantiene bajo estricta reserva. Pero anticipan que será de carácter financiero y es una buena noticia para el sector empresario, que ya festejó el fallo que puso límites al cálculo de interés en las indemnizaciones laborales.
La elección del presidente de la Corte es el origen de las diferencias que mantienen Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, por un lado, y Ricardo Lorenzetti, por el otro. Esta mayoría se aplica a la gestión de la Corte, no de las sentencias, que se mueven por otra lógica jurídica, la de los precedentes y las posiciones de cada juez.
En 2018, cuando Rosenkrantz fue elegido presidente, fue el fin de 11 años ininterrumpidos de Lorenzetti al frente de la Corte. Fue clave en esa votación el voto de Maqueda, que durante años se había inclinado por Lorenzetti.
El final del ciclo de Lorenzetti y la elección posterior de Rosatti consolidaron un cambio en la gestión del tribunal, que pasó de un estilo personalista a uno más colegiado, con Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda funcionando en conjunto, y el expresidente exponiendo sus diferencias, en ocasiones públicamente.
Ocurrió cuando cuestionó el funcionamiento de la obra social del Poder Judicial y el cambio de administrador en la Corte, que implicó el alejamiento de Héctor Marchi, rafaelino como él, que llevó las cuentas del máximo tribunal en su gestión. Ocurrió también con la acordada de la Corte sobre el lenguaje claro. Lorenzetti, además, no oculta sus críticas a que el presidente de la Corte, Rosatti, presida también el Consejo de la Magistratura.
Ahora, luego de seis años del nuevo equilibrio de poder, vuelve la tensión a la Corte. El presidente Javier Milei propuso dos candidatos para completar el tribunal: Ariel Lijo, para que cubra la vacante de Elena Highton, y Manuel García Mansilla, para que ocupe el lugar de Maqueda, que este año cumple 75 años y deberá jubilarse.
El Gobierno inició el proceso de designación de ambos magistrados con la publicación en el Boletín Oficial de sus candidaturas y empezó a recolectar adhesiones y objeciones. Lijo y García-Mansilla están activos para conseguir el apoyo de sus colegas.
Pero Lijo cuenta con el auxilio de Lorenzetti, de fluido diálogo con la Justicia Federal en Comodoro Py y en el interior del país. El juez de la Corte fue quien le llevó el nombre de Lijo a Milei. Ambos se conocen de cuando el actual presidente era un economista que debatía con Lorenzetti en su despacho las teorías económicas en torno a los contratos, especialidad del magistrado.
En campaña, Milei había prometido que iba a conversar sobre el nombre de los candidatos a la Corte con los jueces del máximo tribunal. No lo hizo, o al menos lo hizo solo con Lorenzetti. Milei terminó por convencerse de que Rosatti es contrario a la dolarización (dijo que “no se puede dolarizar” porque la Constitución manda defender el valor de la moneda), cercano al peronismo y alguien que coqueteó en campaña con Sergio Massa.
Milei prefirió no consultar con Rosatti, de quien desconfía, y se recostó sobre Lorenzetti. De hecho, el Presidente hizo públicas sus suspicacias cuando dijo que “tres jueces de la Corte han tomado una posición poco amigable” con su decreto de necesidad y urgencia 70/23, que desregula la economía.
Los hechos le demostraron que estaba siendo mal informado. La Corte rechazó la semana pasada dos demandas contra el DNU de Milei por razones formales. No convalidó su constitucionalidad, pero rechazó dos planteos. Y ahora se apresta a hacer lo propio con otras demandas que no cumplan con los estándares que fijó el tribunal: que haya un caso o controversia y que se establezca la legitimidad del que reclama.
Una causa clave
Ahora la Corte tiene en sus manos el capítulo laboral del DNU, cuestionado por la CGT. Pero el radicalismo llevó su propio proyecto de reforma laboral al Gobierno para tratarlo junto a la “Ley de bases” en Diputados, por lo que el tribunal dejará que avance el diálogo político en el Congreso. Por supuesto, esa ventana no será eterna. Rosatti ya dijo que la Justicia debe esperar un “plazo razonable” y luego resolver. Solo los jueces saben hasta cuándo se extenderá ese margen.
Si el Senado sesiona y Lijo consigue la mayoría para ser juez de la Corte, el Gobierno y Lorenzetti se ilusionan con que el nuevo integrante llegue a sumarse antes del 1° de octubre, cuando debería elegirse el nuevo presidente.
Sin embargo, la llegada de Lijo no alteraría las mayorías. Tanto si Rosatti intenta la reelección o Rosenkrantz busca regresar a la presidencia, sumarían tres votos con el de Maqueda. Del otro lado, en minoría, quedarían Lorenzetti y, eventualmente, Lijo.
En el Gobierno circuló la intencionada especie –originada en los tribunales– que señala que Maqueda dejaría la Corte antes de su cumpleaños, el 29 de diciembre. Nada más alejado de la realidad. “No hay ninguna posibilidad de que Maqueda deje el cargo antes de tiempo. Seguirá hasta el último día en su despacho”, señalaron allegados al juez. Lo notaron más vigoroso que nunca, tras soportar la embestida del Gobierno para intentar jubilarlo antes de tiempo.
Solo la salida anticipada de Maqueda permitiría la llegada de García-Mansilla y que la elección del presidente de la Corte se sumergiera en el suspenso. Pero nada de eso parece hoy posible.
Lijo y García-Mansilla son dos caras de la misma moneda, dicen en los tribunales. La intención del Gobierno es que ambos pliegos prosperen. El de Lijo, para congraciarse con el peronismo, y el de García-Mansilla, para que la Corte tenga un juez que comparte algunas ideas conservadoras de Milei, como sus cuestionamientos al aborto o a la ideología de género.
Lijo aún no tiene los votos necesarios para superar el debate en el Senado. Necesita el visto bueno de Cristina Kirchner, que influye de manera directa sobre casi la mitad de los 33 senadores de Unión por la Patria. Un legislador cristinista dijo que aún no recibió ninguna directiva.
Pero un gesto puede más que mil palabras. Esta semana, en el Consejo de la Magistratura, el exdiputado kirchnerista y actual consejero por los abogados Héctor Recalde pidió suspender el sorteo para designar instructor en una denuncia contra Lijo. “No es oportuno en este momento por un principio de primacía de la realidad: cuando el juez Lijo es candidato a la Corte es muy difícil tratar estos temas. Por eso mi consideración es postergar esto, no podemos ser ajenos a lo que sucede. Mi idea es postergar el tratamiento”, dijo Recalde. Obtuvo los votos tanto para no avanzar con la investigación sobre Lijo como para postergar el sorteo de una denuncia contra el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla.
La denuncia contra Lijo es del diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, por “mal desempeño”, al entender “que efectuó maniobras en la causa de la obra social de la Justicia con el único fin de mantener la acción penal y demorar”.
Aunque aún no reúne los votos necesarios en el Senado, los impulsores de Lijo no pierden las esperanzas. Cerca de Lorenzetti recuerdan que Mauricio Macri necesitó siete meses para que los senadores, en su mayoría kirchneristas, votaran a Rosenkrantz y Rosatti.
El juez federal obtuvo la semana pasada el apoyo explícito del radical Daniel Angelici, binguero, bodeguero, dueño de restaurantes, operador de apuestas online y, sobre todo, operador judicial. “Si fuera senador, aprobaría el nombramiento de Ariel Lijo”, dijo Angelici.
A pesar de ello, el argumento de mayor peso contra Lijo puede que no sean sus antecedentes, sino la cuestión de género. Es decir que no se eligió a ninguna mujer para ocupar las vacantes en la Corte. El abogado Andrés Gil Domínguez planteó una medida cautelar para forzar la designación de una mujer.
Milei quiere diseñar una Corte que le asegure que sus reformas pasen el filtro jurídico y que también tenga sustentabilidad, según le aconsejó Lorenzetti. De nada le sirve a Milei un tribunal que deje atada a una cautelar sus normas fundacionales, para luego revocarlas en el fallo de fondo. Por eso, el Presidente sigue el modelo de Macri: un candidato propio y otro que pueda seducir al PJ.
Mientras tanto, la Corte tiene en sus manos decenas de causas que pueden generar un torbellino económico. Solo las demandas iniciadas por las provincias suman U$S1000 millones y ya se sumaron dos más de Entre Ríos. No son urgentes, pero ya están bajo estudio y giradas a diferentes vocalías.

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Mondino congela a los kirchneristas y premia a diplomáticos de Pro
Envió los pliegos para ascender a un centenar de embajadores; el ala ligada al anterior gobierno se queja; los trámites habían sido frenados por la pelea entre Cristina y Alberto Fernández

Jaime RosembergLa ministra Diana Mondino dio la venia para avanzar con los ascensos
Con la venia de la canciller Diana Mondino, llegaron al Senado cinco listados con cien pedidos de ascensos de diplomáticos, trámites que en algunos casos estaban atrasados desde principios de 2022 y que serán ahora tratados por la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.
La sorpresa, luego de que el Gobierno logró apoyo para la designación de seis embajadores políticos, llegó para distintos diplomáticos de carrera, sobre todo varios de quienes cumplieron funciones durante el gobierno kirchnerista, que consideraban haber hecho méritos suficientes para ingresar en los listados.
Funcionarios desplazados de la Cancillería, varios de ellos con fuertes vínculos con la gestión kirchnerista, estimaron, enojados, que en la lista de seleccionados “hay mayoría de candidatos ligados a Pro y partidos afines”, y que Mondino intenta diseñar “una cancillería a su medida”, que “rompería” la carrera diplomática.
“La grieta tuvo mucho que ver con todo esto”, reconocen de todos modos varios referentes de la Cancillería durante el kirchnerismo. Los ascensos, que por lógica deben enviarse –y aprobarse– en listas anuales, llevan un retraso de tres años en algunos casos.
El parate, reconocen en el kirchnerismo, tuvo que ver con “la pelea entre Cristina (Kirchner) y Alberto (Fernández)”, disidencias que, como en muchas otras áreas de gobierno, terminaron generando la parálisis en la Comisión de Acuerdos del Senado, que durante el gobierno anterior manejaba la cristinista mendocina Anabel Fernández Sagasti.
Luego de retirar los pliegos de candidatos del gobierno anterior, a principios de la gestión de Milei, Mondino nombró una junta calificadora que fijó prioridades y definió a esos cien candidatos.
Entre los miembros de esa junta se destacan el actual embajador en Uruguay, Martín García Moritán, y Marcelo Cima, secretario de Relaciones Económicas Internacionales.
Como era de esperar, fueron propuestos a la categoría de embajador plenipotenciario diplomáticos de carrera y a la vez colaboradores directos de la canciller como Leopoldo Sahores (actual vicecanciller) y Claudio Gutiérrez, quien en su carácter de director general de Recursos Humanos de la Cancillería fue el encargado de firmar todos los listados.
También son promovidos Federico Barttfeld (actual jefe de gabinete y virtual mano derecha de Mondino) y Mariano Vergara, subsecretario de Asuntos Latinoamericanos.
Además, se distinguen en esa lista Roberto Bosch (actual embajador en España) y Conrado Solari Yrigoyen (hasta esta semana, embajador en Dinamarca). Marcia Levaggi, actual subsecretaria de Política Exterior, también fue elegida para ser ascendida, en su caso a ministro categoría B, al igual que Cynthia Hotton, exdiputada nacional y fundadora del partido Más Valores.
Muchos de los que figuraban en esos listados anteriores que fueron retirados por Mondino quedaron fuera de estas propuestas.
Algunos con responsabilidades actuales, como el actual embajador en Alemania, Fernando Brun (en su momento cercano al exsecretario de Asuntos Estratégicos de Alberto Fernández Gustavo Beliz) y el ya exembajador ante la UE Atilio Berardi, nombrado nuevo embajador en Argelia.
Tampoco ascenderán a través de estos listados María Paula Mac Loughling (exjefa de gabinete de Cecilia Todesca) ni Carlos Mazzias, exjefe de gabinete del exvicecanciller de Santiago Cafiero, y Pablo Tettamanti, sindicado como cabeza del “ala rusa” de la cancillería durante el gobierno de Alberto Fernández.
“Es como ocurre en todos los gobiernos. Se promueve a los amigos y los que quedan afuera protestan. La carrera diplomática se ha politizado demasiado”, reconoció un diplomático. Del recorte no se salvó tampoco Pablo De Angelis, encargado de negocios y número dos de la embajada argentina en Brasilia durante la gestión de Daniel Scioli al frente de esa sede diplomática.
Para reforzar la idea de una “vendetta” contra todo lo que huela a kirchnerismo, recuerdan también otros “castigos” a diplomáticos vinculados con el gobierno anterior. Otro de los casos salientes es el de Gustavo Martínez Pandiani, referente de Sergio Massa en política exterior. Pandiani fue designado embajador en Trinidad y Tobago luego de algunos meses a cargo de la embajada argentina en Suiza.
Salarios
En medio del revuelo por los nombramientos, un reclamo salarial une por estas horas a la familia diplomática.
Directivos de Apsen, la organización gremial que agrupa a los diplomáticos de carrera, ya le expresaron a la Cancillería su preocupación por la modificación en el impuesto a las ganancias que dispone la renovada “Ley de bases”, a punto de volver a tratarse en el Congreso, y que traería consigo que los diplomáticos acreditados en el exterior comiencen a abonar un tributo sobre la base de sus sueldos fuera del país, y no de sus sueldos en pesos, o “sueldo país”, como sucede hasta ahora

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