Un artículo clave de la reforma laboral enfureció a la CGT y desató una pelea entre Milei y la UCR
El capítulo de “aportes solidarios” hizo estallar a los gremios, que temen por su recaudación; el Gobierno intentará retirarlo, pero los radicales presionan
Matías Moreno
El Gobierno y la oposición cooperativa se conjuran para buscar un acuerdo y lograr la aprobación de la nueva versión de la “Ley de bases”, con el fin de evitar el drama vivido por el oficialismo en febrero y dar una señal a los mercados y posibles inversores en el exterior sobre la sustentabilidad jurídica y política del programa de Javier Milei. Sin embargo, la Casa Rosada aún no logra atar los cabos sueltos de la negociación ni despegar las dudas de los bloques dialoguistas en el Congreso que tienen la llave, junto a los gobernadores, para lograr la sanción de las reformas del Presidente.
Uno de los obstáculos que empantanan el trámite es la decisión de los jefes parlamentarios de incluir en el proyecto de reforma laboral la eliminación de la obligatoriedad de las “contribuciones solidarias” –una de las principales fuentes de recursos de los gremios–, que surgen de los convenios colectivos de trabajo.
La inserción en la iniciativa del capítulo que ataca el financiamiento de los sindicatos puso en pie de guerra a los jefes de la CGT, quienes habían aceptado concurrir la semana pasada a una reunión en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en un gesto orientado a reencauzar el diálogo con el Gobierno y sellar una frágil tregua. A lo largo de la conversación, Santiago Caputo, el estratega político y comunicacional del Presidente, dejó muy en claro que Milei estaba dispuesto a firmar un armisticio. Caputo, el custodio de la identidad libertaria, se mostró comprensivo y pragmático ante Hugo Moyano y los “gordos”. Es más: sugirió que el Gobierno cometió un error al haber incluido modificaciones en los aportes solidarios en el decreto 70/2023, un fragmento que fue frenado por fallos judiciales del fuero laboral, sin haber consensuado previamente con los sindicatos esa modificación sensible a la normativa.
En un giro conciliador, debido a la urgencia por garantizarse un éxito legislativo y reducir el nivel de conflictividad social –avanzaron también para frenar los aumentos en prepagas–, Caputo y el resto de los colaboradores de Milei abrieron la puerta a consensuar con la CGT la reforma. De hecho, les adelantaron a los popes de la central obrera que habían definido darle a la UCR un rol clave: que sea el rostro de la presentación de la modernización laboral. ¿Un gesto para darles centralidad a los radicales o una trampa encubierta para que paguen el costo político? “Milei tiene un poco de picardía y es hábil para comunicar”, concede un dirigente relevante de la UCR.
La cúpula sindical estaba al tanto del proyecto que preparaban los senadores de la bancada de la UCR, a cargo del correntino Eduardo Vischi. Ese texto planteaba tres ejes centrales: un fondo de cese laboral a cambio de las indemnizaciones; la modificación de las multas de la ley 24.013, y la ampliación del período de prueba. El borrador de la iniciativa pensada por los senadores radicales circuló entre los altos mandos de la CGT y cosechó adhesiones. Esa versión era digerible, ya que no tocaba el financiamiento de los sindicatos. Incluso los jerarcas gremiales aventuraban que podría tener el aval del PJ.
El miércoles último, la plana mayor de la CGT se retiró de la Casa Rosada con una sensación de alivio, pese a la desconfianza que impera en el vínculo con los libertarios. Estaban convencidos de que el Gobierno no avanzaría contra las cajas sindicales y que tomaría el proyecto de los senadores del radicalismo. No obstante, menos de 24 horas después de la cumbre con Posse, Francos y Caputo, una rama interna de la UCR movió sus fichas y presionó para correr por derecha a Milei.
Fueron Rodrigo de Loredo, conductor del bloque, y otros quince diputados de la UCR quienes empujaron para incluir el artículo sobre la eliminación de los “aportes solidarios” en el proyecto unificado de la UCR que presentaron el jueves pasado a la Casa Rosada.
En las últimas reuniones, cuando retomaron el diálogo con el Congreso para reflotar la “Ley de bases” y el pacto fiscal, Francos y Posse les habían dicho a los radicales que preferían que la iniciativa no se inmiscuyera en el tema de los recursos sindicales porque el Gobierno estaba tratando de acercarse a la CGT para recomponer el vínculo.
Los representantes de la UCR durante la reunión de marzo en la Casa Rosada optaron por no atender el pedido y sumaron el tema de los aportes solidarios.
El jueves, los gremialistas se enteraron a través de los medios de que el proyecto que la UCR ponía sobre la mesa contemplaba la eliminación de los aportes “obligatorios”. Lo sintieron como una estocada por la espalda. Y esa fue una de las razones que los empujaron a convocar al paro del 9 de mayo.
En rigor, la UCR llegó al encuentro del jueves con Posse con un texto aggiornado, que aglutinaba los puntos primordiales de la iniciativa impulsada por Vischi y las propuestas del bloque de De Loredo. En la Cámara baja se impuso la postura más belicosa de los diputados, quienes forzaron a revisar la versión del Senado.
Si bien el texto final de la UCR retoma la base de las medidas que incluyó Milei en el DNU, los diputados radicales apostaron por una redacción más osada que sus correligionarios en el Senado. Y acordaron incorporar la “eliminación” de la contribución obligatoria –los aportes “solidarios”– . “La UCR propone que la cuota sea voluntaria”, aclaran desde el Senado. Vischi se había inclinado por no incluir el tema del aporte solidario para que el proyecto tuviera más chances de ser aprobado.
El megadecreto de Milei, que ideó Federico Sturzenegger, establece que el empleador no está obligado a cobrar retenciones sobre el salario del trabajador de cuotas, aportes o contribuciones por ser afiliados a asociaciones sindicales, a menos que exista un consentimiento del empleado.
En el gabinete de Milei admiten que la idea es retirar la cuota sindical del capítulo laboral, aunque no descartan poner un tope a las contribuciones. Saben que tienen tiempo para intentar desactivar el paro con un acuerdo in extremis y se muestran comprensivos ante la reacción sindical. En rigor, los negociadores del Gobierno creen que el artículo engorroso para los gremios podría caerse por falta de consenso durante el debate en el plenario de comisiones.
Anoche, en medio de la pulseada, Milei usó su cuenta de la red “X” para arremeter contra los detractores de la reforma. Al compartir datos sobre el récord de trabajadores no registrados (43,5%), el Presidente afirmó: “Pero después uno intenta modernizar la legislación laboral y se ponen como locos... La disonancia cognitiva que generó el lavado de cerebro en la educación pública es tremendo”, sostuvo.
La cruzada de los “halcones” radicales esconde una jugada oculta. Buscan dar un golpe de efecto y apelar al “principio de revelación”, un latiguillo académico de Milei, durante el debate en comisión. A sabiendas de que el Gobierno prefiere excluir el artículo de los “aportes solidarios” para no complicar la sanción de la reforma ni escalar el conflicto con la CGT, De Loredo y los referentes radicales en Diputados decidieron redoblar la apuesta y desafiar al Gobierno.
“No vamos a ser los radicales quienes saquemos el tema de los aportes solidarios del proyecto. Hay que ir a fondo, no hay nada más ‘casta’ que los sindicalistas. Que lo retire el oficialismo en comisión y se hagan cargo de firmar el dictamen junto con el kirchnerismo. Veamos de qué lado está cada uno”, advierten en la cúpula del bloque de la UCR. Se trata de una movida para dejar en evidencia que Milei no se anima a ir contra la “casta” como pregona en las redes.
¿Hasta qué punto están dispuestos a tensar para incluir el artículo sobre los aportes? ¿Qué harán si peligra la reforma laboral?
El alcance de la reforma laboral que diseñó la UCR para entregarle en mano a Milei no solo disgustó a los jefes de la CGT, sino que encendió las alertas en el tablero de Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto. Se trata de otro aliado clave para el Gobierno. Tanto Pichetto como Emilio Monzó y Nicolás Massot creen que, por la profundidad de la crisis y la necesidad de colaborar con un eventual reactivación, es primordial avanzar ahora con los cambios asequibles dentro de la legislación laboral. Consideran que el artículo que avanza sobre los recursos sindicales podría tratarse más adelante.
Es curioso: Lousteau, jefe de la UCR y uno de los abanderados de la resistencia a Milei en la oposición, tiene una posición similar a Pichetto o Monzó. De hecho, su proyecto de reforma laboral no contemplaba cambios en las cuotas solidarias.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Adorni fue ascendido de rango y Karina Milei suma recursos para su tropa
El vocero fue promovido a secretario de Estado y la hermana del Presidente contará con más recursos para su área
Maia Jastreblansky
Manuel Adorni, vocero presidencial
El Gobierno reasignó recursos para sueldos y promovió ascensos en la Secretaría General de la Presidencia, que comanda Karina Milei. El vocero presidencial, Manuel Adorni, un colaborador muy estrecho de la hermana del Presidente, fue ascendido ayer en el rango y tendrá jerarquía de secretario de Estado, de acuerdo con lo que el gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles en el Boletín Oficial. El funcionario percibirá un diferencial en su sueldo (”Creo que hay una diferencia”, se limitó a decir en la habitual conferencia de prensa matutina). Según pudo reconstruir LA NACION, el aumento ronda los $200.000.
Según los datos que trascendieron en febrero pasado, cuando se produjo el escándalo por los aumentos en el sueldo de Milei y sus ministros –que luego se retrotrajo– un subsecretario de Estado percibe unos $2,9 millones brutos mientras que un secretario de Estado percibe unos $3,2 millones (sin descuentos).
Karina Milei decidió así empoderar a Adorni con un movimiento que en la Casa Rosada fue leído como un gesto político interno. “Es un tema administrativo pero tiene peso y lectura política. Es un reconocimiento porque ahora es la máxima autoridad en comunicación del Gobierno y un actor relevante en el gabinete”, dijo un colaborador del área. El ascenso de Adorni es todo un mensaje hacia el secretario de Medios, Eduardo Serenellini, que, pese a que en los papeles también tiene el cargo de secretario de Estado, está cada vez más relegado del comando de decisiones de Balcarce 50.
“Asígnase rango y jerarquía de secretario de Estado al titular de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”, establece en su artículo 1º la normativa que lleva la firma de Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, publicada ayer en el Boletín Oficial.
La norma determina que el gasto “que demande el cumplimiento” de esta medida se atenderá con los créditos que se le asignaron a Karina Milei.
En la conferencia de prensa que el vocero encabezó esta mañana en la Casa Rosada dijo que cumplirá “las mismas funciones que antes”, pero con distinta jerarquía en lo formal. “Creo que hay una diferencia, menor pero hay una diferencia”, deslizó sobre su sueldo. La última planilla oficial vigente para verse online con el detalle de lo que cobran cada ministro y secretario es la del primer semestre de 2023.
En febrero, el vocero ya había recibido un fuerte espaldarazo cuando su área pasó a depender directamente de Karina Milei. Fue cuando, al unísono, comenzó la licuación de funciones de Serenellini, que –pese a los embates internos– continúa en el Poder Ejecutivo.
El martes pasado, a través de la decisión administrativa 207/2024, la hermana del Presidente se hizo con más recursos para recomponer los sueldos de los empleados de su área. La Secretaría General de la Presidencia recibió 64.100 Unidades Redistributivas (UR) extras, que son complementos que permiten engrosar los salarios de los empleados públicos de forma discrecional.
Cada unidad vale $634,72, por lo que Karina Milei sumó $40 millones extras mensuales a distribuir entre los empleados de su Secretaría. En la misma publicación se le quitaron 35.000 Unidades Redistributivas a Posse. Es decir que contará con $22,2 millones menos para los sueldos de empleados de la Jefatura de Gabinete.
“La Secretaría General de la Presidencia tuvo cambios de estructura importantes y necesitaba más UR”, justificó un importante colaborador de la Casa Rosada. La reasignación de Unidades Retributivas de un área a otra es un movimiento excepcional y es la primera vez que se hace este tipo de traspaso de recursos en esta gestión.
En la administración pública la mejora de los sueldos básicos con otros componentes discrecionales siempre fue moneda corriente. Regularmente se utilizaba el pago de las horas extras para recomponer los haberes –dado que hay empleados que están a disposición por fuera de su horario oficial– y también se distribuían las Unidades Retributivas por cuestiones de mérito.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
En marzo se pagaron $114 millones en comisiones por ART
La intermediación no es obligatoria, pero un convenio habilitó al Estado a contratar brokers
El Gobierno y la oposición cooperativa se conjuran para buscar un acuerdo y lograr la aprobación de la nueva versión de la “Ley de bases”, con el fin de evitar el drama vivido por el oficialismo en febrero y dar una señal a los mercados y posibles inversores en el exterior sobre la sustentabilidad jurídica y política del programa de Javier Milei. Sin embargo, la Casa Rosada aún no logra atar los cabos sueltos de la negociación ni despegar las dudas de los bloques dialoguistas en el Congreso que tienen la llave, junto a los gobernadores, para lograr la sanción de las reformas del Presidente.
Uno de los obstáculos que empantanan el trámite es la decisión de los jefes parlamentarios de incluir en el proyecto de reforma laboral la eliminación de la obligatoriedad de las “contribuciones solidarias” –una de las principales fuentes de recursos de los gremios–, que surgen de los convenios colectivos de trabajo.
La inserción en la iniciativa del capítulo que ataca el financiamiento de los sindicatos puso en pie de guerra a los jefes de la CGT, quienes habían aceptado concurrir la semana pasada a una reunión en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en un gesto orientado a reencauzar el diálogo con el Gobierno y sellar una frágil tregua. A lo largo de la conversación, Santiago Caputo, el estratega político y comunicacional del Presidente, dejó muy en claro que Milei estaba dispuesto a firmar un armisticio. Caputo, el custodio de la identidad libertaria, se mostró comprensivo y pragmático ante Hugo Moyano y los “gordos”. Es más: sugirió que el Gobierno cometió un error al haber incluido modificaciones en los aportes solidarios en el decreto 70/2023, un fragmento que fue frenado por fallos judiciales del fuero laboral, sin haber consensuado previamente con los sindicatos esa modificación sensible a la normativa.
En un giro conciliador, debido a la urgencia por garantizarse un éxito legislativo y reducir el nivel de conflictividad social –avanzaron también para frenar los aumentos en prepagas–, Caputo y el resto de los colaboradores de Milei abrieron la puerta a consensuar con la CGT la reforma. De hecho, les adelantaron a los popes de la central obrera que habían definido darle a la UCR un rol clave: que sea el rostro de la presentación de la modernización laboral. ¿Un gesto para darles centralidad a los radicales o una trampa encubierta para que paguen el costo político? “Milei tiene un poco de picardía y es hábil para comunicar”, concede un dirigente relevante de la UCR.
La cúpula sindical estaba al tanto del proyecto que preparaban los senadores de la bancada de la UCR, a cargo del correntino Eduardo Vischi. Ese texto planteaba tres ejes centrales: un fondo de cese laboral a cambio de las indemnizaciones; la modificación de las multas de la ley 24.013, y la ampliación del período de prueba. El borrador de la iniciativa pensada por los senadores radicales circuló entre los altos mandos de la CGT y cosechó adhesiones. Esa versión era digerible, ya que no tocaba el financiamiento de los sindicatos. Incluso los jerarcas gremiales aventuraban que podría tener el aval del PJ.
El miércoles último, la plana mayor de la CGT se retiró de la Casa Rosada con una sensación de alivio, pese a la desconfianza que impera en el vínculo con los libertarios. Estaban convencidos de que el Gobierno no avanzaría contra las cajas sindicales y que tomaría el proyecto de los senadores del radicalismo. No obstante, menos de 24 horas después de la cumbre con Posse, Francos y Caputo, una rama interna de la UCR movió sus fichas y presionó para correr por derecha a Milei.
Fueron Rodrigo de Loredo, conductor del bloque, y otros quince diputados de la UCR quienes empujaron para incluir el artículo sobre la eliminación de los “aportes solidarios” en el proyecto unificado de la UCR que presentaron el jueves pasado a la Casa Rosada.
En las últimas reuniones, cuando retomaron el diálogo con el Congreso para reflotar la “Ley de bases” y el pacto fiscal, Francos y Posse les habían dicho a los radicales que preferían que la iniciativa no se inmiscuyera en el tema de los recursos sindicales porque el Gobierno estaba tratando de acercarse a la CGT para recomponer el vínculo.
Los representantes de la UCR durante la reunión de marzo en la Casa Rosada optaron por no atender el pedido y sumaron el tema de los aportes solidarios.
El jueves, los gremialistas se enteraron a través de los medios de que el proyecto que la UCR ponía sobre la mesa contemplaba la eliminación de los aportes “obligatorios”. Lo sintieron como una estocada por la espalda. Y esa fue una de las razones que los empujaron a convocar al paro del 9 de mayo.
En rigor, la UCR llegó al encuentro del jueves con Posse con un texto aggiornado, que aglutinaba los puntos primordiales de la iniciativa impulsada por Vischi y las propuestas del bloque de De Loredo. En la Cámara baja se impuso la postura más belicosa de los diputados, quienes forzaron a revisar la versión del Senado.
Si bien el texto final de la UCR retoma la base de las medidas que incluyó Milei en el DNU, los diputados radicales apostaron por una redacción más osada que sus correligionarios en el Senado. Y acordaron incorporar la “eliminación” de la contribución obligatoria –los aportes “solidarios”– . “La UCR propone que la cuota sea voluntaria”, aclaran desde el Senado. Vischi se había inclinado por no incluir el tema del aporte solidario para que el proyecto tuviera más chances de ser aprobado.
El megadecreto de Milei, que ideó Federico Sturzenegger, establece que el empleador no está obligado a cobrar retenciones sobre el salario del trabajador de cuotas, aportes o contribuciones por ser afiliados a asociaciones sindicales, a menos que exista un consentimiento del empleado.
En el gabinete de Milei admiten que la idea es retirar la cuota sindical del capítulo laboral, aunque no descartan poner un tope a las contribuciones. Saben que tienen tiempo para intentar desactivar el paro con un acuerdo in extremis y se muestran comprensivos ante la reacción sindical. En rigor, los negociadores del Gobierno creen que el artículo engorroso para los gremios podría caerse por falta de consenso durante el debate en el plenario de comisiones.
Anoche, en medio de la pulseada, Milei usó su cuenta de la red “X” para arremeter contra los detractores de la reforma. Al compartir datos sobre el récord de trabajadores no registrados (43,5%), el Presidente afirmó: “Pero después uno intenta modernizar la legislación laboral y se ponen como locos... La disonancia cognitiva que generó el lavado de cerebro en la educación pública es tremendo”, sostuvo.
La cruzada de los “halcones” radicales esconde una jugada oculta. Buscan dar un golpe de efecto y apelar al “principio de revelación”, un latiguillo académico de Milei, durante el debate en comisión. A sabiendas de que el Gobierno prefiere excluir el artículo de los “aportes solidarios” para no complicar la sanción de la reforma ni escalar el conflicto con la CGT, De Loredo y los referentes radicales en Diputados decidieron redoblar la apuesta y desafiar al Gobierno.
“No vamos a ser los radicales quienes saquemos el tema de los aportes solidarios del proyecto. Hay que ir a fondo, no hay nada más ‘casta’ que los sindicalistas. Que lo retire el oficialismo en comisión y se hagan cargo de firmar el dictamen junto con el kirchnerismo. Veamos de qué lado está cada uno”, advierten en la cúpula del bloque de la UCR. Se trata de una movida para dejar en evidencia que Milei no se anima a ir contra la “casta” como pregona en las redes.
¿Hasta qué punto están dispuestos a tensar para incluir el artículo sobre los aportes? ¿Qué harán si peligra la reforma laboral?
El alcance de la reforma laboral que diseñó la UCR para entregarle en mano a Milei no solo disgustó a los jefes de la CGT, sino que encendió las alertas en el tablero de Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto. Se trata de otro aliado clave para el Gobierno. Tanto Pichetto como Emilio Monzó y Nicolás Massot creen que, por la profundidad de la crisis y la necesidad de colaborar con un eventual reactivación, es primordial avanzar ahora con los cambios asequibles dentro de la legislación laboral. Consideran que el artículo que avanza sobre los recursos sindicales podría tratarse más adelante.
Es curioso: Lousteau, jefe de la UCR y uno de los abanderados de la resistencia a Milei en la oposición, tiene una posición similar a Pichetto o Monzó. De hecho, su proyecto de reforma laboral no contemplaba cambios en las cuotas solidarias.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Adorni fue ascendido de rango y Karina Milei suma recursos para su tropa
El vocero fue promovido a secretario de Estado y la hermana del Presidente contará con más recursos para su área
Maia Jastreblansky
El Gobierno reasignó recursos para sueldos y promovió ascensos en la Secretaría General de la Presidencia, que comanda Karina Milei. El vocero presidencial, Manuel Adorni, un colaborador muy estrecho de la hermana del Presidente, fue ascendido ayer en el rango y tendrá jerarquía de secretario de Estado, de acuerdo con lo que el gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles en el Boletín Oficial. El funcionario percibirá un diferencial en su sueldo (”Creo que hay una diferencia”, se limitó a decir en la habitual conferencia de prensa matutina). Según pudo reconstruir LA NACION, el aumento ronda los $200.000.
Según los datos que trascendieron en febrero pasado, cuando se produjo el escándalo por los aumentos en el sueldo de Milei y sus ministros –que luego se retrotrajo– un subsecretario de Estado percibe unos $2,9 millones brutos mientras que un secretario de Estado percibe unos $3,2 millones (sin descuentos).
Karina Milei decidió así empoderar a Adorni con un movimiento que en la Casa Rosada fue leído como un gesto político interno. “Es un tema administrativo pero tiene peso y lectura política. Es un reconocimiento porque ahora es la máxima autoridad en comunicación del Gobierno y un actor relevante en el gabinete”, dijo un colaborador del área. El ascenso de Adorni es todo un mensaje hacia el secretario de Medios, Eduardo Serenellini, que, pese a que en los papeles también tiene el cargo de secretario de Estado, está cada vez más relegado del comando de decisiones de Balcarce 50.
“Asígnase rango y jerarquía de secretario de Estado al titular de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”, establece en su artículo 1º la normativa que lleva la firma de Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, publicada ayer en el Boletín Oficial.
La norma determina que el gasto “que demande el cumplimiento” de esta medida se atenderá con los créditos que se le asignaron a Karina Milei.
En la conferencia de prensa que el vocero encabezó esta mañana en la Casa Rosada dijo que cumplirá “las mismas funciones que antes”, pero con distinta jerarquía en lo formal. “Creo que hay una diferencia, menor pero hay una diferencia”, deslizó sobre su sueldo. La última planilla oficial vigente para verse online con el detalle de lo que cobran cada ministro y secretario es la del primer semestre de 2023.
En febrero, el vocero ya había recibido un fuerte espaldarazo cuando su área pasó a depender directamente de Karina Milei. Fue cuando, al unísono, comenzó la licuación de funciones de Serenellini, que –pese a los embates internos– continúa en el Poder Ejecutivo.
El martes pasado, a través de la decisión administrativa 207/2024, la hermana del Presidente se hizo con más recursos para recomponer los sueldos de los empleados de su área. La Secretaría General de la Presidencia recibió 64.100 Unidades Redistributivas (UR) extras, que son complementos que permiten engrosar los salarios de los empleados públicos de forma discrecional.
Cada unidad vale $634,72, por lo que Karina Milei sumó $40 millones extras mensuales a distribuir entre los empleados de su Secretaría. En la misma publicación se le quitaron 35.000 Unidades Redistributivas a Posse. Es decir que contará con $22,2 millones menos para los sueldos de empleados de la Jefatura de Gabinete.
“La Secretaría General de la Presidencia tuvo cambios de estructura importantes y necesitaba más UR”, justificó un importante colaborador de la Casa Rosada. La reasignación de Unidades Retributivas de un área a otra es un movimiento excepcional y es la primera vez que se hace este tipo de traspaso de recursos en esta gestión.
En la administración pública la mejora de los sueldos básicos con otros componentes discrecionales siempre fue moneda corriente. Regularmente se utilizaba el pago de las horas extras para recomponer los haberes –dado que hay empleados que están a disposición por fuera de su horario oficial– y también se distribuían las Unidades Retributivas por cuestiones de mérito.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
En marzo se pagaron $114 millones en comisiones por ART
La intermediación no es obligatoria, pero un convenio habilitó al Estado a contratar brokers
Camila Dolabjian
La trama de los seguros que investiga la Justicia por ahora hace foco sobre una sola parte del entramado de brokers que cobraron comisiones millonarias sobre las pólizas del Estado. Hay otro capítulo, el de las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART), que comienza a abrirse. No solamente gran parte de los seguros patrimoniales (auto, incendio, obras de arte, etc.) fueron intermediados, sino que también los de riesgos del trabajo, que tienen un esquema distinto. La mayor parte del Estado contrata a Provincia ART, del Grupo Provincia, ya que a nivel nacional no hay una aseguradora similar. Por esas pólizas, el Estado pagó el mes pasado cerca de $114 millones en comisiones, según fuentes del mercado. En comparación, de acuerdo con la auditoría que se realizó sobre Nación Seguros, se pagaron en los primeros dos meses del año $239.961.680 sobre los seguros patrimoniales.
Entre 2020 y 2023, Provincia ART absorbió 28 nuevas carteras del sector público nacional, que antes no estaban en su órbita, ocho de las cuales fueron designadas junto con un broker. En esta rama no hubo un decreto del expresidente Alberto Fernández que obligara a contratar una empresa estatal. Así, por ejemplo, YPF no contrata con a una compañía pública. Existe sí un convenio marco con Provincia ART, que le permite a los organismos hacer contratos administrativos y, a criterio de estos, colocar a un intermediario.
Por eso, en el caso del Ministerio de Seguridad, Provincia ART recibió modificaciones de los productores asociados a las pólizas de las distintas fuerzas. Hasta el gobierno de Fernández, Castello Mercuri, empresa que donó US$16.000 a su campaña, tenía las ART de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y de los empleados del mismo Ministerio. Los últimos tres fueron pasados a la órbita de Héctor Martínez Sosa durante la gestión anterior. Ahora, con el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich al frente del ministerio, todas las fuerzas pasaron a un contrato directo.
Los productores son designados en las ART de la misma manera que en los seguros patrimoniales: se requiere una nota firmada y certificada por el área para que Provincia ART le pague una comisión que, a diferencia del caso de Nación Seguros, está determinada por ley. Es un 5% de la prima mensual contra el pago de la entidad, que es abonada por la empresa y no por el organismo, por lo que no le conlleva una erogación directa a los ministerios o entes, o una modificación de la alícuota que pagan, sino que le implica un costo adicional a la compañía.
Cerca de una decena de organismos, en la gestión de Fernández, pasaron de contratar de manera directa a Provincia ART a colocar un broker, lo cual generó un dolor de cabeza para la compañía: la empresa tenían armado un equipo acorde a la atención sin intermediación de esas áreas y, con la aparición de un productor, esas personas quedan ociosas y deben reubicarse en otras tareas. Es por este motivo que la empresa deberá hacer una reestructuración ahora que una gran parte de sus clientes públicos le están requiriendo la remoción de los intermediarios.
El broker interviene en dos momentos. Cuando se contrata un servicio, podría ofrecer distintas opciones, con las distintas empresas de mercado, al negociar una mejor alícuota de la prima, que dependen de la masa salarial y del riesgo del trabajo asociado y precio final de la ART. Pero allí es donde el sector público debe ir a licitación, por lo que su rol pierde sentido. Si se hace un convenio interadministrativo con Provincia ART, con quien hay un acuerdo marco, tampoco su rol tiene relevancia porque el sector público contrata con sí mismo.
La segunda instancia en la que interviene el broker es en la de los “servicios posventa”: hacen gestiones entre las partes ante los accidentes de los trabajadores y buscan “mejoras” de lo que ofrece la ART, como cubrir preocupaciones y elementos de prevención, entre otros. La irregularidad yacería, en ese momento, en la discrecionalidad para la colocación del mismo sin licitación ni ningún mecanismo que permita competencia entre ellos para determinar un mejor precio o prestación.
La trama de los seguros que investiga la Justicia por ahora hace foco sobre una sola parte del entramado de brokers que cobraron comisiones millonarias sobre las pólizas del Estado. Hay otro capítulo, el de las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART), que comienza a abrirse. No solamente gran parte de los seguros patrimoniales (auto, incendio, obras de arte, etc.) fueron intermediados, sino que también los de riesgos del trabajo, que tienen un esquema distinto. La mayor parte del Estado contrata a Provincia ART, del Grupo Provincia, ya que a nivel nacional no hay una aseguradora similar. Por esas pólizas, el Estado pagó el mes pasado cerca de $114 millones en comisiones, según fuentes del mercado. En comparación, de acuerdo con la auditoría que se realizó sobre Nación Seguros, se pagaron en los primeros dos meses del año $239.961.680 sobre los seguros patrimoniales.
Entre 2020 y 2023, Provincia ART absorbió 28 nuevas carteras del sector público nacional, que antes no estaban en su órbita, ocho de las cuales fueron designadas junto con un broker. En esta rama no hubo un decreto del expresidente Alberto Fernández que obligara a contratar una empresa estatal. Así, por ejemplo, YPF no contrata con a una compañía pública. Existe sí un convenio marco con Provincia ART, que le permite a los organismos hacer contratos administrativos y, a criterio de estos, colocar a un intermediario.
Por eso, en el caso del Ministerio de Seguridad, Provincia ART recibió modificaciones de los productores asociados a las pólizas de las distintas fuerzas. Hasta el gobierno de Fernández, Castello Mercuri, empresa que donó US$16.000 a su campaña, tenía las ART de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y de los empleados del mismo Ministerio. Los últimos tres fueron pasados a la órbita de Héctor Martínez Sosa durante la gestión anterior. Ahora, con el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich al frente del ministerio, todas las fuerzas pasaron a un contrato directo.
Los productores son designados en las ART de la misma manera que en los seguros patrimoniales: se requiere una nota firmada y certificada por el área para que Provincia ART le pague una comisión que, a diferencia del caso de Nación Seguros, está determinada por ley. Es un 5% de la prima mensual contra el pago de la entidad, que es abonada por la empresa y no por el organismo, por lo que no le conlleva una erogación directa a los ministerios o entes, o una modificación de la alícuota que pagan, sino que le implica un costo adicional a la compañía.
Cerca de una decena de organismos, en la gestión de Fernández, pasaron de contratar de manera directa a Provincia ART a colocar un broker, lo cual generó un dolor de cabeza para la compañía: la empresa tenían armado un equipo acorde a la atención sin intermediación de esas áreas y, con la aparición de un productor, esas personas quedan ociosas y deben reubicarse en otras tareas. Es por este motivo que la empresa deberá hacer una reestructuración ahora que una gran parte de sus clientes públicos le están requiriendo la remoción de los intermediarios.
El broker interviene en dos momentos. Cuando se contrata un servicio, podría ofrecer distintas opciones, con las distintas empresas de mercado, al negociar una mejor alícuota de la prima, que dependen de la masa salarial y del riesgo del trabajo asociado y precio final de la ART. Pero allí es donde el sector público debe ir a licitación, por lo que su rol pierde sentido. Si se hace un convenio interadministrativo con Provincia ART, con quien hay un acuerdo marco, tampoco su rol tiene relevancia porque el sector público contrata con sí mismo.
La segunda instancia en la que interviene el broker es en la de los “servicios posventa”: hacen gestiones entre las partes ante los accidentes de los trabajadores y buscan “mejoras” de lo que ofrece la ART, como cubrir preocupaciones y elementos de prevención, entre otros. La irregularidad yacería, en ese momento, en la discrecionalidad para la colocación del mismo sin licitación ni ningún mecanismo que permita competencia entre ellos para determinar un mejor precio o prestación.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.