La oposición pide mejorar jubilaciones y reincorporar el impuesto al tabaco
Los bloques dialoguistas nucleados en Pro, la UCR, Hacemos e Innovación Federal reclaman modificaciones a la “Ley de bases”; van a solicitar que se incorpore la reforma laboral
Laura Serra
El bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Pichetto, plantea cambios
Tras mantener reuniones por separado con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la Casa Rosada, los cuatro bloques de diputados dialoguistas –incluido Pro, el aliado más cercano del Gobierno– decidieron ayer cerrar filas para ganar impulso en el planteo de modificaciones a la versión acotada de la nueva “Ley de bases”. Reclamarán que se incorpore en la iniciativa la reforma laboral, la reintroducción de los artículos que garanticen el pago equitativo de impuestos al sector tabacalero y un esquema alternativo a la derogación de las moratorias previsionales, entre otros puntos.
Los bloques de Pro, la UCR, Hacemos e Innovación Federal reclamarán que la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, como así también de las respectivas escalas, sea trimestral y no anual, como propone el Gobierno. Legisladores patagónicos plantearán, por su parte, sus objeciones al monto mínimo a partir del cual se gravarán los salarios (1,8 millones para los solteros y 2,2 millones para los casados) por considerar que un amplio abanico de asalariados de aquella región quedarían comprendidos por el tributo.
La reversión del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría está incluida en el paquete fiscal que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados y será uno de los puntos salientes en la discusión que arrancará mañana en la Comisión de Presupuesto. La versión acotada de la “Ley de bases”, en cambio, todavía no tiene fecha de discusión. La intención del oficialismo es tomar como base el dictamen que tuvo aprobación en enero, cuando se discutió el texto original –que naufragó en el recinto–, e incorporarle las modificaciones acordadas con la oposición dialoguista durante las negociaciones que se desarrollaron en la Casa Rosada. Estos bloques, si bien anticiparon que votarán en general la iniciativa, advierten que todavía persisten artículos sobre los que no están de acuerdo y reclamarán cambios.
Fondos fiduciarios: este fue uno de los temas que hizo naufragar la versión original de la “Ley de bases”. La nueva versión faculta al Poder Ejecutivo a modificar o cancelar los fondos fiduciarios y que los recursos que los nutren –provenientes de asignaciones específicas de impuestos coparticipables– vayan al Tesoro. La oposición sostiene que los recursos de los fondos fiduciarios, si estos son eliminados por el Gobierno, deben ir a la masa de coparticipación, no al Tesoro.
Organismos públicos: a instancias de la oposición, el Gobierno excluyó en la iniciativa a varios organismos pasibles de ser disueltos o intervenidos por el Poder Ejecutivo a partir de las facultades delegadas. Los opositores propondrán ampliar esta lista e incluir al Instituto Malbrán; el Banco Nacional de Datos Genéticos; la Anmat; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae); el Instituto NaDía cional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai); el Servicio Meteorológico Nacional; el Senasa, y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).
Privatizaciones: la venta del Banco Nación y sus seis empresas anexas genera posiciones contrapuestas entre los bloques. Algunos están a favor, otros en contra. Propondrán al Gobierno separar, en un artículo aparte, a esta entidad bancaria del resto de las empresas públicas a ser privatizadas. Asimismo, sugerirán que en el caso de que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emita un informe crítico soluego bre la privatización de una determinada empresa, el proceso se frene durante 45 días para que el Congreso intervenga.
Desregulación económica: no aceptarán el artículo 70 de la iniciativa por considerar que es demasiado concesivo. Allí se faculta al Ejecutivo a disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público.
Reforma laboral: fue presentada por la UCR. Si bien los bloques no tienen una posición unívoca sobre esta iniciativa –que propone eliminar las llamadas “cuotas sindicales”–, sí están de acuerdo en que debería ser incorporada en la nueva versión de la “Ley de bases”.
Moratoria previsional: el Gobierno propone derogar este régimen, pero los opositores plantearán que se incorpore un esquema alternativo que permita que aquellos en condiciones de jubilarse que no cumplieron con los 30 años de aportes que exige la ley puedan recibir una prestación proporcional.
Tabaco: el Gobierno eliminó del proyecto el capítulo para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, resistido por las empresas como Tabacalera Sarandí. Los opositores insistirán en que este capítulo sea reincorporado.
Grandes inversiones: solo admite proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a US$200 millones. A ellos se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, como una alícuota única del impuesto a las ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos.
El FGS de Anses: el Gobierno tiene la intención de consolidar las tenencias de los títulos de deuda pública en poder de las entidades del Sector Público Nacional (SPN), entre ellos los $26.000 millones en títulos que están en manos del FGS. Los opositores quieren condicionar la aprobación de este artículo a que, previamente, el Gobierno garantice que la Anses afrontará la deuda con las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a Nación.
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El Gobierno envió el paquete fiscal, con blanqueo y Ganancias
El proyecto tiene 102 artículos y prevé modificar varios tributos; hoy comenzará a debatirse en la Comisión de Presupuesto
Maia Jastreblansky
El Gobierno envió ayer al Congreso la iniciativa con la “ley de medidas fiscales paliativas y relevantes”, un paquete fiscal de 102 artículos que contiene, entre otros puntos, una moratoria, un amplio blanqueo de capitales y la propuesta de restituir la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. La gestión de Javier Milei dejó afuera los capítulos más controvertidos –como la reforma del impuesto al tabaco– y cree haber generado un consenso en torno al proyecto para que avance sin grandes contratiempos la semana que viene en la Cámara baja junto a la nueva “Ley de bases”.
El proyecto fiscal no tuvo variaciones significativas respecto del último borrador que se envió a los gobernadores y los jefes de bloque. En un intento de acelerar el debate en Diputados, el oficialismo convocó para hoy a una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, en la que expondrán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y José Salim, director de Auditoría de la AFIP (ver aparte). “Estamos terminando de contar las cabezas antes de iniciar el debate”, dijo a la nacion un estrechísimo colaborador del Presidente.
Respecto de los acuerdos políticos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, viajó ayer al interior para hacer gestos hacia algunos gobernadores. Cerró su raid en Santiago del Estero para encontrarse con Gerardo Zamora, un viejo aliado de Cristina Kirchner que puede ser clave para Milei porque controla a los tres senadores de su provincia. Ayer, en tanto, Francos recibió a los nueve diputados del bloque Innovación Federal, que se mostraron proclives a acompañar. Ya no quedan demasiadas instancias políticas para zurcir acuerdos. Lo único que resta es el poroteo fino de los votos y la hora de la verdad.
El único reloj que corre para la gestión de Milei es el que termina en el Pacto de Mayo, previsto para el de la Patria en la ciudad de Córdoba. Faltan algo más de cinco semanas. Pese a que Milei había dicho que la sanción de las leyes era condición sine qua non para habilitar el “gran acuerdo nacional”, ayer en la Casa Rosada un colaborador del Presidente aseguraba que el evento del 25 de Mayo “se hará igual” con aquellos actores que demuestren acompañar al Gobierno.
La ley fiscal, para la que el Gobierno enhebró acuerdo con diferentes gobernadores, contiene seis capítulos bien definidos: régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social (una moratoria fiscal); régimen de regularización de activos (un blanqueo); impuesto sobre los bienes personales (Ganancias); impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas; régimen simplificado para pequeños contribuyentes, y régimen de transparencia fiscal al consumidor.
Según los fundamentos del proyecto, “el Estado nacional se encuentra obligado a balancear sus cuentas fiscales, debiendo para ello apoyarse en dos pilares fundamentales: la reducción de gasto público y la mejora en la recaudación impositiva”.
En la iniciativa, el blanqueo tiene un plazo hasta el 30 de abril de 2025, aunque podría extenderse a julio de ese mismo año. Los bienes a regularizar incluyen desde dinero, inmuebles, acciones o títulos hasta criptomonedas. Se habilita el sinceramiento de hasta US$100.000 sin penalidad.
La propuesta del nuevo impuesto a las ganancias, rebautizado “impuesto a los ingresos personales”, fija un mínimo no imponible en $1,8 millones para los solteros y en $2,2 millones para los casados con hijos. Si prosperara esta medida, casi un millón de asalariados volverán a pagar el tributo. Los montos se ajustarán anualmente, por el índice de precios al consumidor.
La iniciativa indica que el Estado y las provincias deben “recomponer los ingresos perdidos por la política fiscal adoptada en forma previa a diciembre de 2023” (en alusión a la reforma en el impuesto a las ganancias impulsada por Sergio Massa durante la última campaña electoral) “sin dejar de lado la capacidad contributiva de cada contribuyente en particular y la progresividad del impuesto”. En la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda hacen hincapié en la escala progresiva del impuesto, que va del 5 al 35% según los ingresos.
Respecto del impuesto a los bienes personales, el proyecto del Gobierno advierte que entre 2016 y el 2023 “la alícuota nominal del impuesto sobre los bienes personales fue incrementada en sucesivos saltos desde 0,25% hasta una tasa máxima de 2,25%. “Resulta excesivo a la luz de las garantías constitucionales de capacidad contributiva y no confiscatoriedad”, advierte el texto.
El proyecto elimina el impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. El Gobierno justificó que este gravamen tiene “baja incidencia recaudatoria y poca eficacia práctica”
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Francos buscó el apoyo del último bloque dialoguista en Diputados
Se reunió con Innovación Federal, que responde a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro
Tras mantener reuniones por separado con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la Casa Rosada, los cuatro bloques de diputados dialoguistas –incluido Pro, el aliado más cercano del Gobierno– decidieron ayer cerrar filas para ganar impulso en el planteo de modificaciones a la versión acotada de la nueva “Ley de bases”. Reclamarán que se incorpore en la iniciativa la reforma laboral, la reintroducción de los artículos que garanticen el pago equitativo de impuestos al sector tabacalero y un esquema alternativo a la derogación de las moratorias previsionales, entre otros puntos.
Los bloques de Pro, la UCR, Hacemos e Innovación Federal reclamarán que la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, como así también de las respectivas escalas, sea trimestral y no anual, como propone el Gobierno. Legisladores patagónicos plantearán, por su parte, sus objeciones al monto mínimo a partir del cual se gravarán los salarios (1,8 millones para los solteros y 2,2 millones para los casados) por considerar que un amplio abanico de asalariados de aquella región quedarían comprendidos por el tributo.
La reversión del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría está incluida en el paquete fiscal que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados y será uno de los puntos salientes en la discusión que arrancará mañana en la Comisión de Presupuesto. La versión acotada de la “Ley de bases”, en cambio, todavía no tiene fecha de discusión. La intención del oficialismo es tomar como base el dictamen que tuvo aprobación en enero, cuando se discutió el texto original –que naufragó en el recinto–, e incorporarle las modificaciones acordadas con la oposición dialoguista durante las negociaciones que se desarrollaron en la Casa Rosada. Estos bloques, si bien anticiparon que votarán en general la iniciativa, advierten que todavía persisten artículos sobre los que no están de acuerdo y reclamarán cambios.
Fondos fiduciarios: este fue uno de los temas que hizo naufragar la versión original de la “Ley de bases”. La nueva versión faculta al Poder Ejecutivo a modificar o cancelar los fondos fiduciarios y que los recursos que los nutren –provenientes de asignaciones específicas de impuestos coparticipables– vayan al Tesoro. La oposición sostiene que los recursos de los fondos fiduciarios, si estos son eliminados por el Gobierno, deben ir a la masa de coparticipación, no al Tesoro.
Organismos públicos: a instancias de la oposición, el Gobierno excluyó en la iniciativa a varios organismos pasibles de ser disueltos o intervenidos por el Poder Ejecutivo a partir de las facultades delegadas. Los opositores propondrán ampliar esta lista e incluir al Instituto Malbrán; el Banco Nacional de Datos Genéticos; la Anmat; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae); el Instituto NaDía cional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai); el Servicio Meteorológico Nacional; el Senasa, y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).
Privatizaciones: la venta del Banco Nación y sus seis empresas anexas genera posiciones contrapuestas entre los bloques. Algunos están a favor, otros en contra. Propondrán al Gobierno separar, en un artículo aparte, a esta entidad bancaria del resto de las empresas públicas a ser privatizadas. Asimismo, sugerirán que en el caso de que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emita un informe crítico soluego bre la privatización de una determinada empresa, el proceso se frene durante 45 días para que el Congreso intervenga.
Desregulación económica: no aceptarán el artículo 70 de la iniciativa por considerar que es demasiado concesivo. Allí se faculta al Ejecutivo a disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público.
Reforma laboral: fue presentada por la UCR. Si bien los bloques no tienen una posición unívoca sobre esta iniciativa –que propone eliminar las llamadas “cuotas sindicales”–, sí están de acuerdo en que debería ser incorporada en la nueva versión de la “Ley de bases”.
Moratoria previsional: el Gobierno propone derogar este régimen, pero los opositores plantearán que se incorpore un esquema alternativo que permita que aquellos en condiciones de jubilarse que no cumplieron con los 30 años de aportes que exige la ley puedan recibir una prestación proporcional.
Tabaco: el Gobierno eliminó del proyecto el capítulo para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, resistido por las empresas como Tabacalera Sarandí. Los opositores insistirán en que este capítulo sea reincorporado.
Grandes inversiones: solo admite proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a US$200 millones. A ellos se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, como una alícuota única del impuesto a las ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos.
El FGS de Anses: el Gobierno tiene la intención de consolidar las tenencias de los títulos de deuda pública en poder de las entidades del Sector Público Nacional (SPN), entre ellos los $26.000 millones en títulos que están en manos del FGS. Los opositores quieren condicionar la aprobación de este artículo a que, previamente, el Gobierno garantice que la Anses afrontará la deuda con las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a Nación.
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El Gobierno envió el paquete fiscal, con blanqueo y Ganancias
El proyecto tiene 102 artículos y prevé modificar varios tributos; hoy comenzará a debatirse en la Comisión de Presupuesto
Maia Jastreblansky
El Gobierno envió ayer al Congreso la iniciativa con la “ley de medidas fiscales paliativas y relevantes”, un paquete fiscal de 102 artículos que contiene, entre otros puntos, una moratoria, un amplio blanqueo de capitales y la propuesta de restituir la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. La gestión de Javier Milei dejó afuera los capítulos más controvertidos –como la reforma del impuesto al tabaco– y cree haber generado un consenso en torno al proyecto para que avance sin grandes contratiempos la semana que viene en la Cámara baja junto a la nueva “Ley de bases”.
El proyecto fiscal no tuvo variaciones significativas respecto del último borrador que se envió a los gobernadores y los jefes de bloque. En un intento de acelerar el debate en Diputados, el oficialismo convocó para hoy a una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, en la que expondrán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y José Salim, director de Auditoría de la AFIP (ver aparte). “Estamos terminando de contar las cabezas antes de iniciar el debate”, dijo a la nacion un estrechísimo colaborador del Presidente.
Respecto de los acuerdos políticos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, viajó ayer al interior para hacer gestos hacia algunos gobernadores. Cerró su raid en Santiago del Estero para encontrarse con Gerardo Zamora, un viejo aliado de Cristina Kirchner que puede ser clave para Milei porque controla a los tres senadores de su provincia. Ayer, en tanto, Francos recibió a los nueve diputados del bloque Innovación Federal, que se mostraron proclives a acompañar. Ya no quedan demasiadas instancias políticas para zurcir acuerdos. Lo único que resta es el poroteo fino de los votos y la hora de la verdad.
El único reloj que corre para la gestión de Milei es el que termina en el Pacto de Mayo, previsto para el de la Patria en la ciudad de Córdoba. Faltan algo más de cinco semanas. Pese a que Milei había dicho que la sanción de las leyes era condición sine qua non para habilitar el “gran acuerdo nacional”, ayer en la Casa Rosada un colaborador del Presidente aseguraba que el evento del 25 de Mayo “se hará igual” con aquellos actores que demuestren acompañar al Gobierno.
La ley fiscal, para la que el Gobierno enhebró acuerdo con diferentes gobernadores, contiene seis capítulos bien definidos: régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social (una moratoria fiscal); régimen de regularización de activos (un blanqueo); impuesto sobre los bienes personales (Ganancias); impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas; régimen simplificado para pequeños contribuyentes, y régimen de transparencia fiscal al consumidor.
Según los fundamentos del proyecto, “el Estado nacional se encuentra obligado a balancear sus cuentas fiscales, debiendo para ello apoyarse en dos pilares fundamentales: la reducción de gasto público y la mejora en la recaudación impositiva”.
En la iniciativa, el blanqueo tiene un plazo hasta el 30 de abril de 2025, aunque podría extenderse a julio de ese mismo año. Los bienes a regularizar incluyen desde dinero, inmuebles, acciones o títulos hasta criptomonedas. Se habilita el sinceramiento de hasta US$100.000 sin penalidad.
La propuesta del nuevo impuesto a las ganancias, rebautizado “impuesto a los ingresos personales”, fija un mínimo no imponible en $1,8 millones para los solteros y en $2,2 millones para los casados con hijos. Si prosperara esta medida, casi un millón de asalariados volverán a pagar el tributo. Los montos se ajustarán anualmente, por el índice de precios al consumidor.
La iniciativa indica que el Estado y las provincias deben “recomponer los ingresos perdidos por la política fiscal adoptada en forma previa a diciembre de 2023” (en alusión a la reforma en el impuesto a las ganancias impulsada por Sergio Massa durante la última campaña electoral) “sin dejar de lado la capacidad contributiva de cada contribuyente en particular y la progresividad del impuesto”. En la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda hacen hincapié en la escala progresiva del impuesto, que va del 5 al 35% según los ingresos.
Respecto del impuesto a los bienes personales, el proyecto del Gobierno advierte que entre 2016 y el 2023 “la alícuota nominal del impuesto sobre los bienes personales fue incrementada en sucesivos saltos desde 0,25% hasta una tasa máxima de 2,25%. “Resulta excesivo a la luz de las garantías constitucionales de capacidad contributiva y no confiscatoriedad”, advierte el texto.
El proyecto elimina el impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. El Gobierno justificó que este gravamen tiene “baja incidencia recaudatoria y poca eficacia práctica”
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Francos buscó el apoyo del último bloque dialoguista en Diputados
Se reunió con Innovación Federal, que responde a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro
Jaime Rosemberg
PRESIDENCIAEl ministro y los legisladores, ayer, en la Casa Rosada
“Un momento, me llama el gobernador”, se disculpó con una sonrisa la diputada Pamela Calletti ante los periodistas en la Casa Rosada, mientras buscaba un espacio sin testigos para hablar vía celular con el mandatario salteño, Gustavo Sáenz.
La escena ocurrió ayer, al término de la reunión que Guillermo Francos mantuvo durante poco más de una hora con los ocho integrantes del bloque Innovación Federal, últimos en la ajetreada ronda de encuentros que el ministro del Interior tuvo para lograr apoyo a la renovada “Ley de bases” y el paquete fiscal, que por la tarde llegó a la Cámara baja.
“Tenemos la voluntad de darle al Gobierno las herramientas que necesita, en la medida en que no afecte los intereses de nuestras provincias”, dijo Calletti, exministra de Justicia de Salta, al término del cónclave, del que también participaron los diputados Pablo Outes y Yolanda Vega (ambos salteños); Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik (los cuatro, del oficialista Frente para la Concordia, de Misiones), y el rionegrino Agustín Domingo.
Junto a Francos, estuvieron el secretario ejecutivo del Gobierno, José Rolandi, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.
Además de Sáenz, los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro) estuvieron informados sobre lo conversado. También el caudillo misionero Carlos Rovira, hombre fuerte de esa provincia. Luego de sus tres reuniones de anteayer, primero en la Casa Rosada con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; luego en Paraná, con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), que en Interior valoraron como muy positiva, y finalmente en Santiago del Estero con Gerardo Zamora, Francos acelera la búsqueda de aliados para tratar ambas iniciativas, con fecha posible para el 3 de mayo.
A la salida, los diputados dejaron entrever que ya sabían que hoy comenzará a tratarse el paquete fiscal en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, con la presencia de Rolandi
“No habíamos sido convocados hasta ahora, y el diálogo fue bueno porque se han tomado en cuenta inquietudes importantes para nosotros”, agregó el diputado Domingo, interesado –como el resto de la delegación– en dejar en claro el carácter “independiente” del bloque, más allá de sus acuerdos puntuales con Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto.
Los diputados pidieron que se coparticipe el blanqueo de capitales y la posibilidad de reflotar la obra pública, reducida de modo dramática en la mayor parte del país.
Inquietud
“Transmitimos la inquietud, hay una disposición del Gobierno de regularizar este tema de aquí a unos meses, de acuerdo al estado de avance de las obras”, afirmó el misionero Fernández. Los diputados también entendieron que los cambios en la industria tabacalera quedarán excluidos de la “Ley de bases”, a pesar de que, según Calletti, los diputados “vamos a defender a nuestros productores, y el Fondo Especial del Tabaco (FET) a pesar de los lobbies”, en referencia crítica a la presión de empresarios del sector, que lograron retirar este punto del proyecto.
Además de los votos propios y los de Pro, el Gobierno confía en el apoyo de Hacemos y de Innovación Federal para acercarse a los 129 diputados que necesita en Diputados. También, en una parte del bloque de la UCR, que le presentó al oficialismo días atrás una nueva y acotada ley laboral, y que también podrían dar apoyo a la “Ley de bases”.
NUEVOS PLANTEOS CONTRA EL DNU
A instancias del kirchnerismo y un sector de la oposición dialoguista, cámaras farmacéuticas, usuarios de la salud privada, inquilinos y defensores de jubilados expresaron ayer su rechazo al DNU 70/2023 en la Comisión de Defensa de la Competencia de la Cámara baja.
Por la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, Sergio Barilari exigió rechazar la libre venta de medicamentos en los comercios. Contra la desregulación de aumentos de las prepagas se expresaron Roberto Sukerman (Fundación por los Derechos Económicos Sociales ), Jo sé Luis G ar cía V enture ira( abogados auto convocados)y Facundo Man cebo( De fe ns o ría del Pueblo de Lanús ).
“Un momento, me llama el gobernador”, se disculpó con una sonrisa la diputada Pamela Calletti ante los periodistas en la Casa Rosada, mientras buscaba un espacio sin testigos para hablar vía celular con el mandatario salteño, Gustavo Sáenz.
La escena ocurrió ayer, al término de la reunión que Guillermo Francos mantuvo durante poco más de una hora con los ocho integrantes del bloque Innovación Federal, últimos en la ajetreada ronda de encuentros que el ministro del Interior tuvo para lograr apoyo a la renovada “Ley de bases” y el paquete fiscal, que por la tarde llegó a la Cámara baja.
“Tenemos la voluntad de darle al Gobierno las herramientas que necesita, en la medida en que no afecte los intereses de nuestras provincias”, dijo Calletti, exministra de Justicia de Salta, al término del cónclave, del que también participaron los diputados Pablo Outes y Yolanda Vega (ambos salteños); Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik (los cuatro, del oficialista Frente para la Concordia, de Misiones), y el rionegrino Agustín Domingo.
Junto a Francos, estuvieron el secretario ejecutivo del Gobierno, José Rolandi, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.
Además de Sáenz, los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro) estuvieron informados sobre lo conversado. También el caudillo misionero Carlos Rovira, hombre fuerte de esa provincia. Luego de sus tres reuniones de anteayer, primero en la Casa Rosada con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; luego en Paraná, con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), que en Interior valoraron como muy positiva, y finalmente en Santiago del Estero con Gerardo Zamora, Francos acelera la búsqueda de aliados para tratar ambas iniciativas, con fecha posible para el 3 de mayo.
A la salida, los diputados dejaron entrever que ya sabían que hoy comenzará a tratarse el paquete fiscal en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, con la presencia de Rolandi
“No habíamos sido convocados hasta ahora, y el diálogo fue bueno porque se han tomado en cuenta inquietudes importantes para nosotros”, agregó el diputado Domingo, interesado –como el resto de la delegación– en dejar en claro el carácter “independiente” del bloque, más allá de sus acuerdos puntuales con Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto.
Los diputados pidieron que se coparticipe el blanqueo de capitales y la posibilidad de reflotar la obra pública, reducida de modo dramática en la mayor parte del país.
Inquietud
“Transmitimos la inquietud, hay una disposición del Gobierno de regularizar este tema de aquí a unos meses, de acuerdo al estado de avance de las obras”, afirmó el misionero Fernández. Los diputados también entendieron que los cambios en la industria tabacalera quedarán excluidos de la “Ley de bases”, a pesar de que, según Calletti, los diputados “vamos a defender a nuestros productores, y el Fondo Especial del Tabaco (FET) a pesar de los lobbies”, en referencia crítica a la presión de empresarios del sector, que lograron retirar este punto del proyecto.
Además de los votos propios y los de Pro, el Gobierno confía en el apoyo de Hacemos y de Innovación Federal para acercarse a los 129 diputados que necesita en Diputados. También, en una parte del bloque de la UCR, que le presentó al oficialismo días atrás una nueva y acotada ley laboral, y que también podrían dar apoyo a la “Ley de bases”.
NUEVOS PLANTEOS CONTRA EL DNU
A instancias del kirchnerismo y un sector de la oposición dialoguista, cámaras farmacéuticas, usuarios de la salud privada, inquilinos y defensores de jubilados expresaron ayer su rechazo al DNU 70/2023 en la Comisión de Defensa de la Competencia de la Cámara baja.
Por la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, Sergio Barilari exigió rechazar la libre venta de medicamentos en los comercios. Contra la desregulación de aumentos de las prepagas se expresaron Roberto Sukerman (Fundación por los Derechos Económicos Sociales ), Jo sé Luis G ar cía V enture ira( abogados auto convocados)y Facundo Man cebo( De fe ns o ría del Pueblo de Lanús ).
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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