El Gobierno envió a un diplomático a Caracas para destrabar la crisis
Andrés Mangiarotti se hará cargo de la representación ante Venezuela, mientras negocian con el gobierno de Maduro el salvoconducto para los seis dirigentes opositores
Jaime Rosemberg
Andrés Mangiarotti
Un nuevo actor en la novela de desencuentros, enojos y distancia entre el gobierno de Javier Milei y la Venezuela de Nicolás Maduro hizo ayer su aparición en escena.
Andrés Mangiarotti, diplomático de carrera con pasado reciente en la embajada argentina en Bélgica y Luxemburgo, llegó a Caracas para hacerse cargo de una embajada en la que desde hace diez días siguen refugiados seis dirigentes opositores al chavismo, que aguardan el salvoconducto para llegar, precisamente, a Buenos Aires.
Altas fuentes del Palacio San Martín y mensajes desde el gobierno chavista confirmaron a la nacion la llegada de Mangiarotti a una embajada que hoy tiene su puesto principal vacante, desde que el embajador Oscar Laborde, de inmejorables lazos con Maduro y el chavismo, dejara su cargo, el 9 de diciembre pasado. El encargado de negocios interino, Gabriel Volpi, que en los hechos fue el número dos de la embajada durante el gobierno kirchnerista, fue quien tuvo a su cargo la recepción de los dirigentes, todos cercanos a la líder opositora María Corina Machado, impedida por la Justicia Electoral venezolana de participar en las elecciones del 28 de julio próximo, en las que Maduro buscará una nueva reelección.
La llegada de Mangiarotti responde, según evalúan fuentes diplomáticas, al interés del Gobierno en encarrillar a su modo las negociaciones que desde ambos lados reconocen. “Estamos hablando”, dicen, sin dar mayores detalles, desde el gobierno argentino, mientras el chavismo dejó trascender, desde el comienzo del entuerto, que la decisión de Maduro es dejar salir hacia Buenos Aires a los refugiados Pedro Urruchurtu, Magalí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González, todos cercanos a Machado y su partido Vente, al igual que un sexto dirigente cuyo nombre no trascendió inicialmente.
“Maduro no quiere más problemas. Si se quieren ir, que lo hagan”, dijo una fuente cercana al gobierno venezolano, que acusó a los disidentes de “montar un show, porque saben que pierden la elección”. Fue horas antes de que el gobierno argentino confirmara su decisión de enviar gendarmes para proteger a los refugiados, a quienes –según denunciaron– les cortaron la luz y el agua en la residencia oficial de la embajada argentina, presuntamente como forma adicional de hostigamiento. Fuentes cercanas a los refugiados acotaron entonces que hasta desaparecieron los fusibles de la electricidad, hecho que atribuyen a empleados de la empresa estatal Corpoelec.
La decisión de enviar ocho gendarmes fue frenada el fin de semana largo, cuando la canciller Diana Mondino y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibieron señales concretas de que el gobierno de Maduro no los dejaría pisar territorio venezolano. Fue entonces cuando se puso en marcha, entonces sí con mayor velocidad, un mínimo acercamiento entre ambas autoridades para llegar a un acuerdo. El chavismo, en tanto, hizo trascender que aún no ha recibido de las autoridades argentinas el pedido oficial de un salvoconducto para los disidentes venezolanos.
El contexto, claro, no ayuda a la concordia. Las relaciones entre la Argentina y Venezuela pasan por uno de sus peores momentos desde que Milei asumió la presidencia. Antes de la llegada de los refugiados, uno de los últimos episodios fue la prohibición para los aviones argentinos de surcar espacio aéreo venezolano, en represalia por el decomiso hacia Estados Unidos del avión de Emtrasur, retenido en Ezeiza durante meses por orden del juez Federico Villena, al igual que su tripulación, compuesta por venezolanos e iraníes. Desde la oposición venezolana se repiten las críticas contra Maduro, a quien acusan de amañar el proceso electoral y perseguir a los opositores con el fin de complicar sus chances en las elecciones.
A ellos se sumó, el miércoles, el máximo responsable del gobierno de Estados Unidos para temas de América Latina, Brian A. Nichols, quien advirtió sobre las “carencias democráticas” que aún persisten en Cuba, Nicaragua y Venezuela y, con relación a Maduro, ha admitido al día de hoy que la inhabilitación de opositores y el aumento de la represión no permiten albergar “mucha esperanza” de que vayan a organizarse elecciones libres, si bien cree que “todavía hay tiempo” para que el “régimen” de Nicolás Maduro “cambie de ruta”.
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Investigan a un funcionario de Milei por el negocio de los seguros con el Estado
Fue imputado el gerente de Nación Seguros por las operatorias con la Anses
Candela Ini
Un nuevo actor en la novela de desencuentros, enojos y distancia entre el gobierno de Javier Milei y la Venezuela de Nicolás Maduro hizo ayer su aparición en escena.
Andrés Mangiarotti, diplomático de carrera con pasado reciente en la embajada argentina en Bélgica y Luxemburgo, llegó a Caracas para hacerse cargo de una embajada en la que desde hace diez días siguen refugiados seis dirigentes opositores al chavismo, que aguardan el salvoconducto para llegar, precisamente, a Buenos Aires.
Altas fuentes del Palacio San Martín y mensajes desde el gobierno chavista confirmaron a la nacion la llegada de Mangiarotti a una embajada que hoy tiene su puesto principal vacante, desde que el embajador Oscar Laborde, de inmejorables lazos con Maduro y el chavismo, dejara su cargo, el 9 de diciembre pasado. El encargado de negocios interino, Gabriel Volpi, que en los hechos fue el número dos de la embajada durante el gobierno kirchnerista, fue quien tuvo a su cargo la recepción de los dirigentes, todos cercanos a la líder opositora María Corina Machado, impedida por la Justicia Electoral venezolana de participar en las elecciones del 28 de julio próximo, en las que Maduro buscará una nueva reelección.
La llegada de Mangiarotti responde, según evalúan fuentes diplomáticas, al interés del Gobierno en encarrillar a su modo las negociaciones que desde ambos lados reconocen. “Estamos hablando”, dicen, sin dar mayores detalles, desde el gobierno argentino, mientras el chavismo dejó trascender, desde el comienzo del entuerto, que la decisión de Maduro es dejar salir hacia Buenos Aires a los refugiados Pedro Urruchurtu, Magalí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González, todos cercanos a Machado y su partido Vente, al igual que un sexto dirigente cuyo nombre no trascendió inicialmente.
“Maduro no quiere más problemas. Si se quieren ir, que lo hagan”, dijo una fuente cercana al gobierno venezolano, que acusó a los disidentes de “montar un show, porque saben que pierden la elección”. Fue horas antes de que el gobierno argentino confirmara su decisión de enviar gendarmes para proteger a los refugiados, a quienes –según denunciaron– les cortaron la luz y el agua en la residencia oficial de la embajada argentina, presuntamente como forma adicional de hostigamiento. Fuentes cercanas a los refugiados acotaron entonces que hasta desaparecieron los fusibles de la electricidad, hecho que atribuyen a empleados de la empresa estatal Corpoelec.
La decisión de enviar ocho gendarmes fue frenada el fin de semana largo, cuando la canciller Diana Mondino y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibieron señales concretas de que el gobierno de Maduro no los dejaría pisar territorio venezolano. Fue entonces cuando se puso en marcha, entonces sí con mayor velocidad, un mínimo acercamiento entre ambas autoridades para llegar a un acuerdo. El chavismo, en tanto, hizo trascender que aún no ha recibido de las autoridades argentinas el pedido oficial de un salvoconducto para los disidentes venezolanos.
El contexto, claro, no ayuda a la concordia. Las relaciones entre la Argentina y Venezuela pasan por uno de sus peores momentos desde que Milei asumió la presidencia. Antes de la llegada de los refugiados, uno de los últimos episodios fue la prohibición para los aviones argentinos de surcar espacio aéreo venezolano, en represalia por el decomiso hacia Estados Unidos del avión de Emtrasur, retenido en Ezeiza durante meses por orden del juez Federico Villena, al igual que su tripulación, compuesta por venezolanos e iraníes. Desde la oposición venezolana se repiten las críticas contra Maduro, a quien acusan de amañar el proceso electoral y perseguir a los opositores con el fin de complicar sus chances en las elecciones.
A ellos se sumó, el miércoles, el máximo responsable del gobierno de Estados Unidos para temas de América Latina, Brian A. Nichols, quien advirtió sobre las “carencias democráticas” que aún persisten en Cuba, Nicaragua y Venezuela y, con relación a Maduro, ha admitido al día de hoy que la inhabilitación de opositores y el aumento de la represión no permiten albergar “mucha esperanza” de que vayan a organizarse elecciones libres, si bien cree que “todavía hay tiempo” para que el “régimen” de Nicolás Maduro “cambie de ruta”.
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Investigan a un funcionario de Milei por el negocio de los seguros con el Estado
Fue imputado el gerente de Nación Seguros por las operatorias con la Anses
Candela Ini
Mauro Tanos Gerente General de nación Seguros
La Justicia ordenó ayer una serie de allanamientos por el escándalo de los seguros del Estado e imputó a Mauro Tanos, gerente general de Nación Seguros, por su presunto rol como intermediario en una operatoria con la Anses durante la gestión del Frente de Todos.
Tanos, que militó en La Cámpora, fue gerente de compras públicas de Nación Seguros con Alberto Fernández. Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, fue ascendido a gerente general de la aseguradora, que depende del Banco Nación. Desde ayer, Tanos es investigado por el juez Julián Ercolini por haber sido el presunto nexo entre una compañía que intermedió en la millonaria póliza de la Anses.
También quedó imputado Marcos Federico Eufemio, el actual gerente de compras de nación seguros.
El Gobierno informó en la Justicia que por el escándalo de los seguros del Estado, que involucra al expresidente y a varios productores, se pagaron comisiones por al menos $3453 millones. El decreto que obliga a las empresas del Estado a contratar a Nación Seguros, firmado por Fernández en 2021, sigue vigente actualmente.
Como parte de una serie de allanamientos ocurridos en la causa que investiga la trama millonaria de contrataciones de seguros, la Justicia federal imputó y allanó ayer a Mauro Tanos, el actual gerente general de Nación Seguros. Tanos está sospechado de ser el nexo con la firma productora de seguros San Ignacio, una de las que intermediaron en la millonaria póliza de la Anses.
Durante la gestión del Frente de Todos, Tanos se desempeñó como gerente comercial del sector público en Nación Seguros y con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada fue ascendido a gerente general de la compañía. También quedó imputado y fue allanado en su domicilio Marcos Federico Eufemio, el actual gerente de compras de Nación Seguros.
Las vinculaciones entre los miembros de Nación Seguros SA y los directivos de una de las empresas coaseguradoras se verificaron, según supo la nacion, por la modalidad de varios de ellos de usar, como autorizados, autos de alta gama a nombre de cooperativas, cuyas sedes también fueron allanadas ayer.
La documentación recabada en la investigación indica que Tanos actuaba como contacto con la firma San Ignacio, empresa que cobró comisiones millonarias junto a la firma TG Brokers –de Pablo Torres García– por la contratación de la póliza de la Anses, según reconstruyó la nacion de fuentes judiciales. Además, en el expediente hay documentación que prueba que Tanos tiene cédulas para conducir autos de alta gama que pertenecen a dos cooperativas: 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo Limitada y Cooperativa de Trabajo Irigoin Limitada. Estas últimas dos entidades quedaron bajo la mira de la Justicia.
De la vieja guardia de La Cámpora, Tanos estuvo ligado a José Ottavis, quien supo ser uno de los hombres fuertes de la organización que conduce Máximo Kirchner. Más allá de la pertenencia de entonces a la organización, su recorrido por el Estado fue diverso: comenzó en 2010 como director en Foncap, empresa público-privada que entonces conducía Ottavis y que luego quedó en sus manos. Allí manejó un presupuesto millonario. Luego pasó por la Cámara de Diputados, donde trabajó como asesor. Según reconstruyó la nacion, el directorio actual de la empresa Nación Seguros SA fue aprobado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, y Tanos fue promovido como gerente general por el actual presidente de la compañía, Alfredo José Torres.
Pero no solamente fueron objeto de los allanamientos Tanos y Eufemio, actuales funcionarios de Nación Seguros. La Justicia detectó una trama de vinculaciones entre las autoridades de la firma San Ignacio y un conjunto de personas que estuvieron a cargo de otras compañías coeaseguradoras que intervinieron en la póliza de la Anses, relacionadas, a su vez, con los funcionarios de Nación Seguros.
En las pólizas de Nación Seguros aportadas por la Anses se observa, según la Justicia, que aquellas que registran la intermediación de la empresa San Ignacio y TG Brokers (como organizador y productor) simultáneamente cuentan entre sus coaseguradoras con la intervención de la firma San Germán. En esa línea de investigación fueron allanados también los domicilios de Brian Kelly y Hernán Marcos Bressi, quienes figuran respectivamente como presidente y director suplente de San Ignacio. También se investiga a Diego Nicolás Rosendi y Lucas Pablo Rosendi, con Bressi y con Héctor Basilio Villaverde través la firma coaseguradora San Germán.
No solo son investigados por el rol de la empresa en el complejo entramado de contrataciones, sino porque también hay sospechas en torno a los allanamientos ocurridos el mes pasado en los domicilios donde supuestamente funcionaba la empresa San Ignacio. Según supo la nacion de fuentes judiciales, en uno de esos procedimientos Brian Kelly estuvo acompañado de su abogado, Emanuel Nagel, quien entregó cajas con documentación a la policía. Pero esas cajas, según los registros que obtuvo la Justicia, fueron trasladadas a la sede allanada poco antes de que la policía llegara al lugar. Las cajas las entregó un hombre llamado Carlos Alberto Suárez, quien manejaba un auto cuya titular es familiar de una socia del gerente de compras de Nación Seguros, Marcos Federico Eufemio. Se trata de Mariana Paola Trupia, pareja de Alfredo del Corro, socio de Marcos Federico Eufemio. De allí surge, entre otros elementos, la relación entre este funcionario de Nación Seguros y los directivos de la firma San Ignacio.
Por una serie de irregularidades que se produjeron en los allanamientos ordenados el mes pasado en las empresas San Ignacio y Bachellier (vinculada a Héctor Martínez Sosa), la Justicia considera incierta la documentación que ambas firmas aportaron. No solo hay incertidumbre por la información que aportaron las compañías –ya que se detectaron movimientos de cajas con documentos que fueron entregadas en el estacionamiento de la empresa–, sino también sobre la sede real de sus negocios.
También hay nuevas sospechas en torno a la sede de la empresa Bachellier SA, la principal beneficiaria de los millones de las pólizas del Estado. Según la auditoría de Nación Seguros, Bachellier figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación en los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y las distintas fuerzas de seguridad, y que equivale a casi la mitad del monto total relevado. Los funcionarios judiciales sospechan que esa firma está relacionada con la empresa Héctor Martínez Sosa y Cía. SA, del esposo de la histórica secretaria privada del Alberto Fernández, María Cantero.
Los procedimientos de ayer ocurrieron después de que los funcionarios judiciales a cargo del caso recibieran un informe elaborado por los síndicos internos de Nación Seguros, que responden a la Sindicatura General de la Nación, en el que se incluyen los nombres de todos los productores que cobraron comisiones y los montos. El monto de las comisiones asciende a $3453 millones
Quién es Mauro Tanos, el excamporista que promovió Milei en Nación Seguros y que estaría involucrado en el caso de los brokers
Se abrió camino en la función pública de la mano de los kirchneristas José Ottavis y Walter Festa; su ascenso en la compañía estatal fue aprobado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse
Candela Ini
Mauro Tanos, el gerente general de Nación Seguros que está en la mira de la Justicia por las comisiones a brokers de seguros por contratos con el Estado
Mauro Tanos es un funcionario de bajo perfil que estuvo históricamente alineado a La Cámpora. Ocupa hoy una función clave en Nación Seguros S.A, empresa que quedó bajo la lupa de la justicia federal por los contratos millonarios con distintas áreas del Estado. Tanos fue imputado y allanado como parte del avance judicial que investiga las comisiones a los brokers de seguros que hicieron negocios con el Estado durante la gestión de Alberto Fernández.
Tanos se desempeñó como gerente comercial del sector público en Nación Seguros S.A durante la presidencia de Fernández y su situación es peculiar: no solo continúa dentro de la compañía sino que fue designado como gerente general con la llegada del gobierno libertario.
Tanos, un dirigente pampeano con un largo recorrido en la función pública, se mueve con sigilo en la nueva administración y conserva por ahora su lugar de poder. Estuvo muy ligado a José Ottavis, quien supo ser uno de los hombres fuertes de la organización que conduce Máximo Kirchner. Comenzó como director en Foncap en 2010, una empresa público-privada dependiente del Ministerio de Economía. También pasó por la Cámara de Diputados, como asesor.
José Ottavis, el exdirigente de La Cámpora que le abrió las puertas a Mauro Tanos en la administración pública
Tanos siguió su carrera política en el partido de Moreno, cerca del exintendente Walter Festa, de quien se volvió muy cercano, señalan fuentes del peronismo bonaerense. Fue apoderado de Unidad Ciudadana en ese municipio en 2017, donde se desempeñó como secretario de Economía. También fue en ese municipio titular de la Subsecretaría Legal y Técnica y de la Oficina Anticorrupción.
Se dedicó luego a trabajar en la discusión de temas tales como la transparencia institucional, sobre el cual escribió un libro que presentó el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade en la Feria del Libro de Merlo.
“Estuve acá acompañando a Mauro Tanos que acaba de publicar su libro de Transparencia Institucional, y el aporte de Mauro es fundamental para la militancia para que la corrupción deje de ser un tema solo de la derecha contra el peronismo y el campo popular como una bandera”, dijo hace dos años Tailhade. Tanos disertó en paneles y dio charlas sobre la transparencia en el mercado asegurador.
Mauro Tanos, de saco azul, junto con Rodolfo Tailhade durante la presentación del libro Transparencia Institucional, en el partido de Merlo
Como gerente general de Nación Seguros S.A, cargo para el que fue nombrado en febrero, tiene injerencia en las operaciones de la entidad aseguradora que quedó bajo la lupa de la Justicia. Quienes conocen a Tanos le atribuyen todavía tener llegada al kirchnerismo. Sin embargo, también participó de actos políticos de Alberto Fernández mientras crecía el enfrentamiento del expresidente con Cristina Kirchner.
“Estaba en las contrataciones de gobierno pero no participó de la póliza de Anses”, dijo a la nacion una fuente que conoce el funcionamiento interno de la compañía Nación Seguros. En esa compañía, desde el recambio de autoridades, se reestructuró el organigrama y fueron desvinculados varios exgerentes. Tanos, en cambio, fue promovido a gerente general.
El ascenso de Tanos durante la gestión libertaria fue aprobado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, según reconstruyó
Nicolás Posse, jefe de Gabinete, fue el que aprobó la promoción de Tanos como gerente general de Nación Seguros
Al respecto de la maniobra orquestada durante el gobierno del Frente de Todos y de las implicancias de Nación Seguros, su actual presidente, Alfredo José Torres, publicó una nota que en la que dice que suscribieron a la denuncia presentada por el Gobierno. El decreto que obliga a las empresas del Estado a contratar a Nación Seguros S.A, firmado por Alberto Fernández en 2021, sigue vigente actualmente, según informaron diferentes fuentes
“En relación a los seguros que la gestión anterior contrataba para otorgarle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos mediante el Anses, suscribimos una denuncia penal conjunta con el Ministerio de Capital Humano y Anses por los posibles delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro.10″, dice la nota firmada por Torres. La compañía fue una de las sedes allanados por orden del juez Julián Ercolini.
La Justicia ordenó ayer una serie de allanamientos por el escándalo de los seguros del Estado e imputó a Mauro Tanos, gerente general de Nación Seguros, por su presunto rol como intermediario en una operatoria con la Anses durante la gestión del Frente de Todos.
Tanos, que militó en La Cámpora, fue gerente de compras públicas de Nación Seguros con Alberto Fernández. Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, fue ascendido a gerente general de la aseguradora, que depende del Banco Nación. Desde ayer, Tanos es investigado por el juez Julián Ercolini por haber sido el presunto nexo entre una compañía que intermedió en la millonaria póliza de la Anses.
También quedó imputado Marcos Federico Eufemio, el actual gerente de compras de nación seguros.
El Gobierno informó en la Justicia que por el escándalo de los seguros del Estado, que involucra al expresidente y a varios productores, se pagaron comisiones por al menos $3453 millones. El decreto que obliga a las empresas del Estado a contratar a Nación Seguros, firmado por Fernández en 2021, sigue vigente actualmente.
Como parte de una serie de allanamientos ocurridos en la causa que investiga la trama millonaria de contrataciones de seguros, la Justicia federal imputó y allanó ayer a Mauro Tanos, el actual gerente general de Nación Seguros. Tanos está sospechado de ser el nexo con la firma productora de seguros San Ignacio, una de las que intermediaron en la millonaria póliza de la Anses.
Durante la gestión del Frente de Todos, Tanos se desempeñó como gerente comercial del sector público en Nación Seguros y con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada fue ascendido a gerente general de la compañía. También quedó imputado y fue allanado en su domicilio Marcos Federico Eufemio, el actual gerente de compras de Nación Seguros.
Las vinculaciones entre los miembros de Nación Seguros SA y los directivos de una de las empresas coaseguradoras se verificaron, según supo la nacion, por la modalidad de varios de ellos de usar, como autorizados, autos de alta gama a nombre de cooperativas, cuyas sedes también fueron allanadas ayer.
La documentación recabada en la investigación indica que Tanos actuaba como contacto con la firma San Ignacio, empresa que cobró comisiones millonarias junto a la firma TG Brokers –de Pablo Torres García– por la contratación de la póliza de la Anses, según reconstruyó la nacion de fuentes judiciales. Además, en el expediente hay documentación que prueba que Tanos tiene cédulas para conducir autos de alta gama que pertenecen a dos cooperativas: 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo Limitada y Cooperativa de Trabajo Irigoin Limitada. Estas últimas dos entidades quedaron bajo la mira de la Justicia.
De la vieja guardia de La Cámpora, Tanos estuvo ligado a José Ottavis, quien supo ser uno de los hombres fuertes de la organización que conduce Máximo Kirchner. Más allá de la pertenencia de entonces a la organización, su recorrido por el Estado fue diverso: comenzó en 2010 como director en Foncap, empresa público-privada que entonces conducía Ottavis y que luego quedó en sus manos. Allí manejó un presupuesto millonario. Luego pasó por la Cámara de Diputados, donde trabajó como asesor. Según reconstruyó la nacion, el directorio actual de la empresa Nación Seguros SA fue aprobado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, y Tanos fue promovido como gerente general por el actual presidente de la compañía, Alfredo José Torres.
Pero no solamente fueron objeto de los allanamientos Tanos y Eufemio, actuales funcionarios de Nación Seguros. La Justicia detectó una trama de vinculaciones entre las autoridades de la firma San Ignacio y un conjunto de personas que estuvieron a cargo de otras compañías coeaseguradoras que intervinieron en la póliza de la Anses, relacionadas, a su vez, con los funcionarios de Nación Seguros.
En las pólizas de Nación Seguros aportadas por la Anses se observa, según la Justicia, que aquellas que registran la intermediación de la empresa San Ignacio y TG Brokers (como organizador y productor) simultáneamente cuentan entre sus coaseguradoras con la intervención de la firma San Germán. En esa línea de investigación fueron allanados también los domicilios de Brian Kelly y Hernán Marcos Bressi, quienes figuran respectivamente como presidente y director suplente de San Ignacio. También se investiga a Diego Nicolás Rosendi y Lucas Pablo Rosendi, con Bressi y con Héctor Basilio Villaverde través la firma coaseguradora San Germán.
No solo son investigados por el rol de la empresa en el complejo entramado de contrataciones, sino porque también hay sospechas en torno a los allanamientos ocurridos el mes pasado en los domicilios donde supuestamente funcionaba la empresa San Ignacio. Según supo la nacion de fuentes judiciales, en uno de esos procedimientos Brian Kelly estuvo acompañado de su abogado, Emanuel Nagel, quien entregó cajas con documentación a la policía. Pero esas cajas, según los registros que obtuvo la Justicia, fueron trasladadas a la sede allanada poco antes de que la policía llegara al lugar. Las cajas las entregó un hombre llamado Carlos Alberto Suárez, quien manejaba un auto cuya titular es familiar de una socia del gerente de compras de Nación Seguros, Marcos Federico Eufemio. Se trata de Mariana Paola Trupia, pareja de Alfredo del Corro, socio de Marcos Federico Eufemio. De allí surge, entre otros elementos, la relación entre este funcionario de Nación Seguros y los directivos de la firma San Ignacio.
Por una serie de irregularidades que se produjeron en los allanamientos ordenados el mes pasado en las empresas San Ignacio y Bachellier (vinculada a Héctor Martínez Sosa), la Justicia considera incierta la documentación que ambas firmas aportaron. No solo hay incertidumbre por la información que aportaron las compañías –ya que se detectaron movimientos de cajas con documentos que fueron entregadas en el estacionamiento de la empresa–, sino también sobre la sede real de sus negocios.
También hay nuevas sospechas en torno a la sede de la empresa Bachellier SA, la principal beneficiaria de los millones de las pólizas del Estado. Según la auditoría de Nación Seguros, Bachellier figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación en los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y las distintas fuerzas de seguridad, y que equivale a casi la mitad del monto total relevado. Los funcionarios judiciales sospechan que esa firma está relacionada con la empresa Héctor Martínez Sosa y Cía. SA, del esposo de la histórica secretaria privada del Alberto Fernández, María Cantero.
Los procedimientos de ayer ocurrieron después de que los funcionarios judiciales a cargo del caso recibieran un informe elaborado por los síndicos internos de Nación Seguros, que responden a la Sindicatura General de la Nación, en el que se incluyen los nombres de todos los productores que cobraron comisiones y los montos. El monto de las comisiones asciende a $3453 millones
Quién es Mauro Tanos, el excamporista que promovió Milei en Nación Seguros y que estaría involucrado en el caso de los brokers
Se abrió camino en la función pública de la mano de los kirchneristas José Ottavis y Walter Festa; su ascenso en la compañía estatal fue aprobado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse
Candela Ini

Mauro Tanos es un funcionario de bajo perfil que estuvo históricamente alineado a La Cámpora. Ocupa hoy una función clave en Nación Seguros S.A, empresa que quedó bajo la lupa de la justicia federal por los contratos millonarios con distintas áreas del Estado. Tanos fue imputado y allanado como parte del avance judicial que investiga las comisiones a los brokers de seguros que hicieron negocios con el Estado durante la gestión de Alberto Fernández.
Tanos se desempeñó como gerente comercial del sector público en Nación Seguros S.A durante la presidencia de Fernández y su situación es peculiar: no solo continúa dentro de la compañía sino que fue designado como gerente general con la llegada del gobierno libertario.
Tanos, un dirigente pampeano con un largo recorrido en la función pública, se mueve con sigilo en la nueva administración y conserva por ahora su lugar de poder. Estuvo muy ligado a José Ottavis, quien supo ser uno de los hombres fuertes de la organización que conduce Máximo Kirchner. Comenzó como director en Foncap en 2010, una empresa público-privada dependiente del Ministerio de Economía. También pasó por la Cámara de Diputados, como asesor.

Tanos siguió su carrera política en el partido de Moreno, cerca del exintendente Walter Festa, de quien se volvió muy cercano, señalan fuentes del peronismo bonaerense. Fue apoderado de Unidad Ciudadana en ese municipio en 2017, donde se desempeñó como secretario de Economía. También fue en ese municipio titular de la Subsecretaría Legal y Técnica y de la Oficina Anticorrupción.
Se dedicó luego a trabajar en la discusión de temas tales como la transparencia institucional, sobre el cual escribió un libro que presentó el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade en la Feria del Libro de Merlo.
“Estuve acá acompañando a Mauro Tanos que acaba de publicar su libro de Transparencia Institucional, y el aporte de Mauro es fundamental para la militancia para que la corrupción deje de ser un tema solo de la derecha contra el peronismo y el campo popular como una bandera”, dijo hace dos años Tailhade. Tanos disertó en paneles y dio charlas sobre la transparencia en el mercado asegurador.

Como gerente general de Nación Seguros S.A, cargo para el que fue nombrado en febrero, tiene injerencia en las operaciones de la entidad aseguradora que quedó bajo la lupa de la Justicia. Quienes conocen a Tanos le atribuyen todavía tener llegada al kirchnerismo. Sin embargo, también participó de actos políticos de Alberto Fernández mientras crecía el enfrentamiento del expresidente con Cristina Kirchner.
“Estaba en las contrataciones de gobierno pero no participó de la póliza de Anses”, dijo a la nacion una fuente que conoce el funcionamiento interno de la compañía Nación Seguros. En esa compañía, desde el recambio de autoridades, se reestructuró el organigrama y fueron desvinculados varios exgerentes. Tanos, en cambio, fue promovido a gerente general.
El ascenso de Tanos durante la gestión libertaria fue aprobado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, según reconstruyó

Al respecto de la maniobra orquestada durante el gobierno del Frente de Todos y de las implicancias de Nación Seguros, su actual presidente, Alfredo José Torres, publicó una nota que en la que dice que suscribieron a la denuncia presentada por el Gobierno. El decreto que obliga a las empresas del Estado a contratar a Nación Seguros S.A, firmado por Alberto Fernández en 2021, sigue vigente actualmente, según informaron diferentes fuentes
“En relación a los seguros que la gestión anterior contrataba para otorgarle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos mediante el Anses, suscribimos una denuncia penal conjunta con el Ministerio de Capital Humano y Anses por los posibles delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro.10″, dice la nota firmada por Torres. La compañía fue una de las sedes allanados por orden del juez Julián Ercolini.
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