EL ESCENARIO , POSTURA Y REGIÓN CENTRO

Una vieja disputa que impacta en la billetera y en la política
Diego CabotJorge Macri
Cualquier empresario podría decir que cuando hay una discusión de dinero no hay un problema, sino que lo que se presenta es un costo. La discusión, entonces, es quién lo afronta. Ese pragmatismo extremo indica, entonces, que aquel desacuerdo cambia de sentido y lo que se empieza a debatir es quién lo afronta.
Algo así sucede entre los gobiernos de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires, que desde hace tiempo disputan porciones de dinero y compensaciones cruzadas. Ese contrapunto tiene ahora un nuevo capítulo: el traspaso de 31 líneas de colectivos que circulan solamente por el territorio que queda dentro de los límites de la General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. La Casa Rosada dice que los subsidios los deberá pagar el gobierno de Jorge Macri porque son líneas que solo recorren calles porteñas; en la casa del alcalde replican que eso no es constitucional, ya que el transporte metropolitano lo maneja la Nación y que este tipo de planteos podrían terminar en la Justicia.
El tema conflictivo es la particularidad de las tres jurisdicciones en el área metropolitana. Allí conviven con claridad la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En principio, hay algunos colectivos que circulan solo por el conurbano, que no tienen paradas más que en el terreno que maneja Axel Kicillof. Pero, además, existen decenas de líneas que pasan de una jurisdicción a otra. En esas interviene la Nación, y es lo que presupuestariamente se llama Jurisdicción Federal.
Esas líneas son las que se enumeran del 1 al 199 y tienen en común que todas tocan en algún punto del recorrido la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, de ese universo hay 31 líneas que tienen las dos cabeceras en terrenos porteños y que jamás traspasan los límites. Ahí radican la particularidad y la complejidad del asunto.
En principio, un recorrido por los números. A grandes rasgos, el sistema metropolitano de colectivos tiene 18.000 unidades, según lo empresarios, y alrededor de 16.500 si se toman los números del Gobierno, que sostiene que varias de aquellas no circulan. De ese número, alrededor de 10% son las que ahora la Nación intenta pasar a la Ciudad, mientras que otro 40% son las que pasan de una jurisdicción a otra. El resto, solo provincia.
Es decir, esta discusión entre la administración de Javier Milei y la de Jorge Macri es por uno de cada 10 colectivos del área metropolitana. A simple vista, pareciera que es sencilla la resolución del problema, ya que si circulan por la ciudad, pues que su administración se haga cargo de los subsidios.
Ese planteo tiene algunos problemas. En principio, hay que decir que algo de esto ya sucede. Los contribuyentes porteños aportan 50% del costo del transporte de colectivos. ¿Por qué el 50 y no el 100? Porque en épocas de Alberto Fernández en el poder hubo una cierta comprensión presupuestaria, ya que fue decisión suya quitarle una parte importante de los ingresos coparticipables a la Ciudad para dárselos, justamente, a su vecina bonaerense. Así, se negoció que el jefe de gobierno de entonces, Horacio Rodríguez Larreta, pondría uno de cada dos pesos que consume el sistema.
Como expresó en un comunicado la administración local, esta medida –solventar el 100% de los costos– no va a ser aceptada. Las razones que esgrime son relativamente atendibles, ya que la Nación no le entrega la posibilidad de “fijar tarifas, regular el servicio, otorgar los permisos de operación, autorizar los recorridos, definir las frecuencias, establecer el monto y mecanismo de los subsidios y, finalmente, implementar el pago a las empresas”. Es decir, se convertiría en un pagador sin derecho a revisar ninguna cuenta.
“La Secretaría de Transporte de la Nación tiene la facultad de decidir si mantiene o quita los subsidios, aumentar sus tarifas o cambiar sus recorridos. La Ciudad ha venido subsidiando al gobierno nacional y a sus líneas de transporte público de colectivos; la Ciudad no recibe subsidios por parte de la Nación. Lo reciben directamente las líneas de colectivos a través de la Secretaría de Transporte”, argumentan en sede porteña.
Ahora bien, ¿qué podría pasar si la Nación entregara todas las obligaciones, pero también todos los derechos, a los hombres de Parque Patricios? En principio, sería lógico que sucediera, ya que todas las jurisdicciones provinciales tienen esas facultades. El punto es cómo podría suceder que se separe un tipo de líneas, las absolutamente porteñas, de las otras que ingresan hacia y desde la provincia. De hecho, se podría dar el caso de que por un mismo recorrido transiten líneas de colectivos subsidiadas por distintas cajas y con regulaciones de dos agencias estatales.
El mundo, claro, resolvió este tipo de conflictos. Franco Mogetta, secretario de Transportes, lo ha dicho varias veces. La forma en que estas jurisdicciones llegan a soluciones es con la creación de un consorcio metropolitano que tenga poder delegado de las tres partes que intervienen y se dedique a las cuestiones fundamentales para mantener la llamada “coordinación tarifaria”. Claro que en ese eventual ente estarían representados los intereses de todos los actores.
Dicho esto, vale la pena recordar que esa agencia ya está creada en la Argentina, solo que, rareza burocrática, nunca tuvo funciones concretas porque nadie quiere desprenderse de nada. La Nación, hay que recordarlo, hizo de los subsidios a los servicios públicos una enorme caja de financiamiento para cualquier emprendimiento político, además de regularlo con una mirada electoral más que de planeamiento. Así, por caso, pisó durante décadas la tarifa del transporte público con la vista puesta en no tocar el bolsillo de los electores, además de no generar el impacto que los boletos de colectivo tienen en los índices de inflación.
Mientras la Ciudad no está dispuesta a recibir la herencia sin beneficio de inventario, en la provincia de Buenos Aires sí aceptaron esta solución en épocas de Fernández. El punto es que para pagar el 100% de los subsidios siempre se utilizaron las transferencias de la Nación y la quita de coparticipación a la Ciudad. Pero como se dijo, esto es cuestión de billetera; un costo y no un problema. Y como suelen hacer los pragmáticos, la resolución vendrá por saber quién asumirá el costo. Los candidatos son tres: Nación, provincia o los usuarios.

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La UCR rechazó la nominación de Lijo y exigió diversidad de género
Karina Banfi, Luis Naidenoff, Inés Brizuela y Doria, y Ricardo Gil Lavedra expusieron los argumentos de su impugnación en un acto

Delfina CelichiniGil Lavedra, Brizuela y Doria, Naidenoff y Banfi
La UCR cuestionó ayer la falta de paridad de género en los postulantes del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia. Fue en el evento convocado bajo la consigna “idoneidad, ejemplaridad y paridad”, donde distintos referentes radicales expusieron desde las 18 su opinión sobre la forma en que debiera componerse el máximo tribunal de Justicia de la Argentina.
“No podemos naturalizar que en la agenda pública no se cuestione la necesidad de que la Corte esté integrada por mujeres. El partido radical debe pedir que las dos vacantes sean para mujeres”, sentenció la diputada Karina Banfi, la primera expositora. La legisladora por la provincia de Buenos Aires y referente feminista dictaminó: “La UCR debe reivindicar su concepción feminista y debe poner en consideración, más allá de los nombres propios, la necesidad de la paridad”.
Por su parte, el exsenador formoseño Luis Naidenoff cuestionó el accionar del juez Ariel Lijo en la causa Ciccone –que condenó al exministro de Economía Amado Boudou–. “Le garantizó impunidad a Gildo Insfrán en Formosa”, denunció Naidenoff sobre el gobernador de su provincia. Por eso, exigió: “Pedimos que un juez como Lijo no integre el tribunal supremo”.
La vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR, Inés Brizuela y Doria, enfatizó que los candidatos para integrar la Corte “deben estar libres de cualquier sospecha de corrupción”. Tras ello, cuestionó la nominación de Lijo y consideró: “No puede existir ningún tipo de duda sobre la ejemplaridad de los postulantes porque van a estar bajo la custodia de la Constitución Nacional. Sin una Justicia fuerte se debilita la seguridad jurídica”, consideró.
“Lijo fue objeto de denuncias graves en el Consejo de la Magistratura, como de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Esas denuncias ponen un manto de duda sobre la independencia y son impropias para quien aspira a integrar el máximo tribunal de Justicia de la Nación”, agregó.
Brizuela y Doria también adhirió a los argumentos de género listados por Banfi y calificó la propuesta del Gobierno de “anticonstitucional y regresiva”. “La pluralidad de voces es fundamental para la eficiencia de la Corte”, sentenció.
El abogado y exjuez del Juicio a las Juntas Ricardo Gil Lavedra se sumó a la exigencia de respetar la paridad para integrar la Corte Suprema. “No se trata de una opción, esto no es una facultad optativa, es una exigencia constitucional el respetar la diversidad de género”, sentenció.
Sin nombrarlo, pero en una clara alusión a Lijo, Gil Lavedra sumó: “Hay que tener en cuenta la necesidad de sostener la integridad de los postulantes. Si hay dudas sobre la ejemplaridad de uno de ellos, siempre va a estar bajo el brasero de la sospecha sobre por qué está decidiendo de determinada manera”. Y concluyó: “Tenemos que defender la imparcialidad e independencia de la Corte Suprema. Aspiro a que la UCR tenga una posición que busque priorizar los intereses de la República”.
El evento se desarrolló en el salón La Argentina, en la calle Rodríguez Peña 361. Fue organizado por el referente de la UCR porteña Jesús Rodríguez, uno de los fundadores de la agrupación Adelante Radicales. El presentador de los expositores fue Martín Scotto, abogado y dirigente del partido centenario, quien señaló: “No podemos privar a la Corte Suprema de Justicia de la voz de las mujeres”.

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Pullaro, Llaryora y Frigerio pidieron al Gobierno eliminar las retenciones
Se reunieron en Rosario para unificar demandas comunes

Germán de los Santos
ROSARIO.– Los gobernadores de la región centro, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba), volvieron a reclamar ayer la eliminación de las retenciones, pero esta vez le sumaron a la queja una apuesta positiva, centrada en que ese alivio para el sector productivo puede ser la clave de la recuperación económica en el interior del país.
Desde que asumieron en sus provincias, Pullaro, Frigerio y Llaryora tienen como estrategia mostrarse como un bloque diferente del interior del país, a pesar de sus diferencias políticas. Lo que los une, según manifestaron en Experiencia IDEA, que se llevó adelante en Rosario, es la defensa de los sectores productivos, una postura que los obliga, por las características de las tres provincias, a poner la quita de las retenciones como una demanda prioritaria.
Pero, además, como ocurrió hace dos meses en la muestra Agroactiva, los tres gobernadores empiezan a exponerse como la contracara del “porteñocentrismo”, término que usó Frigerio, que hasta ser gobernador en Entre Ríos vivió casi toda su vida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante una exposición de más de una hora ninguno de los tres mandatarios mencionó al presidente Javier Milei. Trataron de evitar referirse al gobierno nacional de forma franca y directa, sino que buscaron plantear por sobre las quejas los problemas que enfrentan en las provincias y los desafíos hacia un futuro promisorio, según coincidieron.
“El desarrollo del país se va a dar desde el interior. Por eso estamos juntos para compensar el porteñocentrismo”, destacó Frigerio, sentado en el medio de Pullaro y Llaryora en el salón de un hotel céntrico de Rosario, repleto de empresarios de la región. Las palabras producción y desarrollo se repitieron hasta empalagar a la audiencia.
El ex ministro del Interior admitió que les toca “gobernar en uno de los peores contextos de la historia, con una caída de la recaudación comparable con el período de la pandemia, pero ahora con mayores responsabilidades y obligaciones que enfrentar y menores recursos”.
Antes, el gobernador cordobés consideró en un plano general, sin mencionar a nadie, que “muchos hablan de federalismo, pero pocos lo practican”. Y advirtió que en cualquier país del mundo “no hay plan fiscal que se mantenga sin el desarrollo y la producción”. “Entendemos que hay que ordenar la macroeconomía, pero sin un plan productivo no se puede hacer”, reiteró Llaryora, que agregó que “en los países desarrollados ocurre al revés. Primero se elabora un programa de desarrollo”.
Luego, el mandatario cordobés ahondó en el concepto de posicionar a la región centro como un polo productivo. “Uno de los problemas más complejos en el mundo es la seguridad alimentaria, y nosotros tenemos soluciones. En vez de sacarle provecho a esa situación en la Argentina se castiga a los que producen. Por eso creció la producción en todos los países de la región, como Bolivia, Uruguay, Paraguay, menos en la Argentina

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