BENEFICIOS Y CORTE SUPREMA

Nuevo boleto universitario para estudiantes porteños
Será para quienes asistan a entidades de gestión pública o 100% subvencionadas
Los cambios serán para residentes porteños 
Después de varios años de reclamos del sector estudiantil y mientras en la calle se desarrollaba una marcha en apoyo a la iniciativa, la Legislatura porteña aprobó anteayer el boleto estudiantil universitario. El beneficio se extenderá a los alumnos universitarios, terciarios y de educación especial ya sea de instituciones de gestión pública o subvencionada al 100%, con cuota cero. E incorpora a los acompañantes de menores de 12 años.
Con 53 votos afirmativos, solo estuvo en contra el diputado mileísta Ramiro Marra y se abstuvieron el resto de los legisladores libertarios –Rebeca Fleitas, Marina Kienast, Lucía Montenegro, María del Pilar Ramírez y Leonardo Saifert–, se aprobó en la sesión maratónica que se inició en el mediodía del jueves y concluyó ayer por la mañana la modificación de la ley 5.656, y consiguieron darle un marco legal a la ampliación del alcance del Boleto Educativo, pero resta definir su reglamentación.
Según contestaron a la nacion desde la gestión porteña, el boleto gratuito para viajar en colectivos, subtes y premetro empezará a regir a partir de 2025 y lo implementarán los Ministerios de Educación y de Infraestructura y Transporte.
La iniciativa señala que los estudiantes, además de residir en la Ciudad de Buenos Aires, deberán pertenecer a hogares considerados pobres, de clase media vulnerable, o clase media frágil, según la clasificación actualizada por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La modificación a la normativa vigente extiende el boleto a los alumnos de institutos de educación superior; universidades, instituciones universitarias; centros de formación profesional o en instituciones de educación especial. Pero aún no está definido cómo verificarán estos requisitos.
El boleto estudiantil ya regía en la ciudad para alumnos de los niveles inicial, primario y secundario. Para acceder al beneficio debían registrarse en la página web, solicitar un turno y luego ir a retirar una SUBE estudiantil que es de uso personal e intransferible. Para hacerlo, es necesario presentar documento de identidad y certificado de alumno regular. Y luego debe activarse por única vez esa tarjeta en las terminales automáticas SUBE.
La iniciativa también incrementa la cantidad de viajes mensuales para los estudiantes que ya contaban con el beneficio que pasarán de 50 viajes mensuales a 96. Se mantiene el tope de cuatro viajes diarios, que podrá utilizarse en los días en que se cuente con actividades educativas (de lunes a sábado). Superados los límites del beneficio, se cobrará la tarifa correspondiente al medio de transporte.
Los acompañantes de alumnos menores de 12 años que estén cursando la escolaridad obligatoria también podrán acceder a la Tarifa Social SUBE (viaje subsidiado al 55%). Podrá acreditarse un padre/ madre/tutor por estudiante. Entre los fundamentos, el proyecto considera que los niños requieren acompañamiento para ir a la escuela y busca “prevenir que sean removidos de la escuela por dificultades de pagar los costos del pasaje de sus padres o tutores legales”.
A su vez, señalan entre los fundamentos, los aumentos efectuados a lo largo del año. Según calculan, para fin de año la tarifa de subte alcanzará un aumento del 600%. “No solo se trata de subas que se encuentran muy por encima de la inflación, sino que, en términos porcentuales en relación al salario mínimo, vital y móvil (SMVM), el costo del transporte pasará a representar en promedio un 8,9% del SMVM, situándose como uno de los más altos del mundo”, apuntan.
“Un aumento así de drástico en el transporte solo puede resultar en la deserción educativa de las personas que deberían ser, justamente, los principales destinatarios de la educación pública”, consideran.
El proyecto, que contó con amplio apoyo, fue celebrado por distintos sectores educativos. “Logramos el boleto estudiantil. Gracias por acompañarnos en este proyecto. Juntos hicimos historia”, difundieron en sus redes sociales la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). En los últimos días de noviembre habían lanzado una campaña para juntar firmas. La Unión Cívica Radical también instaló unas 50 mesas en las principales esquinas de la ciudad para reunir adhesiones en apoyo de la iniciativa aprobada ayer.
“Gracias a todos los legisladores porteños que acompañaron este proyecto. Ahora luchemos por conseguir también en la provincia de Buenos Aires el boleto estudiantil para residentes del conurbano”, adelantaron desde la FUBA. Y agregaron: “Cuando se protocolice estaremos informando como acceder en CABA al boleto estudiantil universitario en 2025”.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

La amenaza de jueces nombrados por simple decreto
Sebastián Guidi


En 2023, el entonces presidente festejó el Año Nuevo anunciando que buscaría enjuiciar a todos los miembros de la Corte Suprema. Superada esta intentona, y cuando alguien podría haber pensado que finalmente dejaríamos a la Corte tranquila, el Año Nuevo 2025 nos acecha con la amenaza de jueces nombrados por simple decreto, que durarán en sus cargos solo unos meses salvo que el Senado y el Presidente opten por confirmarlos en sus cargos.
Una inquietud nos golpea como un pelotazo: ¿puede ser, acaso, que la Constitución permita jueces provisorios que estarán decidiendo las causas más importantes del país mientras miran de reojo al Senado y al Presidente para que confirmen su nombramiento antes de fin de año? La sola pregunta vuelve evidente su respuesta: no. Es cierto que la Constitución da al Presidente la facultad de “llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso”, pero es también la Constitución la que garantiza la independencia judicial disponiendo que “los jueces conservarán su empleo mientras dure su buena conducta”. La idea de un juez “en período de prueba” es completamente aberrante en un sistema republicano.
Es curioso: hasta quienes defienden este plan reconocen que los jueces precarios son en general una mala idea. Sin embargo –nos dicen– no hay nada que hacerle: serán una mala política, nos conceden, lastimarán la legitimidad de la Corte, minarán la confianza en las instituciones… pero están permitidos por la Constitución. Para sostener tan contraintuitivo planteo, los defensores de los nombramientos en comisión esgrimen tres argumentos: el texto constitucional, la práctica institucional y la incomodidad de una Corte con tres jueces. Ninguno de ellos alcanza para avalar semejante despropósito.
Es falso que el texto de la Constitución sea tan claro como pretenden leerlo quienes defienden la propuesta. La cláusula permite llenar “empleos” en comisión, y es trivialmente cierto que los jueces son “empleados”. Pero el contexto importa: la cláusula de los nombramientos en comisión está incluida en el capítulo de la Constitución dedicado a las facultades del Poder Ejecutivo. Todas las otras veces que las palabras “empleo” o “empleado” aparecen en ese capítulo, se refieren a agentes del Poder Ejecutivo. Así, por ejemplo, la Constitución también permite al Presidente nombrar a los “empleados” que no tengan previsto otro modo de designación, y no se ha escuchado a nadie decir que entonces el Presidente debería nombrar asesores legislativos o secretarios judiciales: todo el mundo interpreta sin dramas que esa cláusula se refiere solo a empleados del Ejecutivo. Del mismo modo, podríamos entender sin dificultad que también los nombramientos en comisión se refieren a “empleos” del Ejecutivo que requieren acuerdo del Senaenero do, como embajadores y militares. El texto, sin embargo, sí es claro en otros aspectos que no parecen preocupar tanto al Gobierno: cuando se usa esta herramienta, la vacante a cubrir tiene que haber “ocurrido” durante el receso (no antes) y el juramento de los jueces debe tomarlo el presidente de la Corte.
Es falso, también, que debamos entregarnos impotentes a una supuesta práctica ancestral de nombramientos judiciales en comisión. Es verdad que en el pasado se han nombrado jueces de la Corte de este modo; pero también es cierto que la última vez fue antes del Centenario, cuando el receso legislativo duraba siete meses y las carretas a la Capital tardaban semanas. De todos modos, incluso si nos declaráramos incapaces de remediar errores y concediéramos valor de precedente a esa historia, las prácticas cambian con el contexto. La reforma constitucional de 1994 puso un especial énfasis en la idoneidad de los jueces, y por eso comenzó a exigir concursos y dos tercios del Senado. Desde entonces, la única vez que se intentó nombrar jueces en comisión la reacción de la política y la sociedad civil fue tan enérgica que el plan fue inmediatamente abortado. Cabría preguntarles a quienes enarbolan la práctica como argumento por qué dan más importancia a los nombramientos de Avellaneda o Roca que a la exitosa resistencia del Senado y la Corte de 2015.
La cláusula de los nombramientos en comisión se dirige a una situación puntual: que el Senado no esté en sesiones; aquí se trata más bien de lo contrario: sesionó durante meses, solo que no hizo lo que el Presidente habría deseado
Finalmente, es falso que una supuesta emergencia, causada por el hecho de que la Corte quedará integrada por tres miembros, habilite esta herramienta. Cualquier número multiplicado por cero da cero: si el Presidente no puede nombrar jueces en comisión cuando hay una vacante, tampoco puede cuando hay dos. La cláusula de los nombramientos en comisión se dirige a una situación puntual: que el Senado no esté en sesiones. Aquí, se trata más bien de lo contrario: sesionó durante meses, solo que no hizo lo que el Presidente habría deseado. En fin, no hay tal crisis: en
la Corte no trabaja, febrero tiene cuatro semanas, y en marzo el Congreso estará sesionando nuevamente. Si al Gobierno le preocupa que la Corte quede con dos vacantes, tiene una poderosa herramienta: negociar con el Senado, como hicieron todos los presidentes desde 1994.
Esta disquisición no es solo académica. Apenas iniciado el año, la causa de Cristina Kirchner ingresará en la Corte. De su decisión en esta causa dependerá no solamente la libertad de la expresidenta, sino probablemente el escenario electoral. ¿Podrá un juez provisorio fallar con tranquilidad sabiendo que el Senado y el Presidente estarán mirándolo de cerca, viendo si su voto se alinea con sus expectativas? Aun si pudiera hacerlo, ¿logrará la ciudadanía confiar en ese fallo? Probablemente existan personas tan íntegras como para que esta enorme presión no las afecte, y otras lo suficientemente corruptas como para vender su voto en cualquier circunstancia. Sin embargo, como dijo James Madison, el gobierno no está hecho para ángeles ni demonios: debemos tener reglas que nos incentiven a todos, inescapablemente humanos, a actuar lo mejor que podemos. Al diseñar instituciones, como en tantas otras cosas, es mejor no depender de las fuerzas que vienen del cielo

Abogado y doctor en Derecho

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA