LA CANASTA DE SERVICIO PÚBLICOS SE QUINTUPLICÓ EN 1 AÑO Y EL ESCENARIO SINDICAL

El valor de la canasta de servicios públicos para una familia se quintuplicó en un año
Dos adultos y dos menores de ingresos elevados gastaron este mes unos $143.819 para cubrir pagos de luz, gas, transporte y agua
Sofía Diamante
de los mayores desafíos que tenía el Gobierno al asumir la gestión era el de recomponer los precios de las tarifas de servicios públicos, que estaban atrasados debido a años de congelamiento.
En ese sentido, en la primera parte de 2024 se aplicó un fuerte ajuste de precios, que luego se actualizó apenas por encima de la inflación en la segunda mitad del año. De esta forma, cuando se compara la canasta de servicios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un año atrás, la suba fue de 402%, muy por encima de la inflación de 120% estimada para el mismo período.
Este mes, una familia tipo –dos adultos y dos menores– de ingresos medios altos (que no recibe subsidios) destina aproximadamente $143.819 a cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar, según el último informe que realiza el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet. Un año atrás, esa misma familia gastaba $28.651.
El costo de la canasta de servicios equivale al 11,9% del salario promedio registrado estimado de este mes, casi el doble del 5,9% que representaba un año atrás, pero por debajo del pico de 14,5% de los ingresos al que llegó en junio, período en el que suele aumentar el consumo de gas por las bajas temperaturas.
La suba más significativa en el último año ocurrió en el transporte, ya que cuando Javier Milei asumió, el boleto de colectivo costaba $52,96 (tramo mínimo). Después de aplicar un aumento escalonado de 600%, hoy el pasaje cuesta $370 para los usuarios que tienen la SUBE registrada y $590, para los que no. Pese al fuerte incremento, los pasajes de colectivo en el área metropolitana siguen siendo los más baratos del país, exceptuando La Rioja ($300 el costo promedio del boleto). El último aumento de boletos en el AMBA fue en agosto.
En las principales ciudades del interior el pasaje es más caro: cuesta $1200 en Rosario y Santa Fe; $1180, en Mar del Plata, y $950 y $940, respectivamente, en San Miguel de Tucumán y Córdoba Capital, según el relevamiento que habitualmente realiza la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta).
El gas fue el segundo servicio que más aumentó en el último año, con una suba de 531%. En diciembre de 2023, un hogar de ingresos medios y altos (N1) del AMBA pagaba $2838 la boleta de gas, mientras que ahora se destina $17.901, según el informe del IIEP.
El alza de la luz
En electricidad, el aumento fue menor para los usuarios de ingresos altos, ya que el Gobierno anterior había realizado una fuerte quita de subsidios en el marco del esquema de segmentación tarifaria; sin embargo, la actualización fue por encima de la inflación registrada. La suba interanual fue 268%, y una familia tipo pasó de gastar $11.112 a $40.905.
El gran desafío que tiene el Gobierno por delante el año próximo es cambiar el vigente esquema de segmentación de subsidios, que actualmente se divide en tres grupos de usuarios: los de altos ingresos (N1), bajos (N2) y medios (N3).
Mientras que los N1 pagan casi el costo total de los servicios –93% en luz y 85% en gas–, los N2 tienen una bonificación de 64% del valor de referencia sobre un bloque determinado de consumo y los de ingresos medios (N3), un 55%, respectivamente. Los N2 pagan el 26% del costo total del servicio eléctrico y el 31% de gas, mientras que los N3, el 41% y 38%, respectivamente. El resto lo cubre el Estado con subsidios.
La idea de la Secretaría de Energía es ir bajando los niveles de bonificación en los próximos seis meses, para que cada vez los hogares paguen una mayor parte del valor de referencia, que sería igual al costo del servicio.
Asimismo, la bonificación que hoy reciben es sobre un bloque de consumo, para pagar luego el precio pleno sobre el excedente; el objetivo también es ir reduciendo la cantidad de consumo subsidiado.
En cuanto al servicio de agua en el área metropolitana, el Gobierno autorizó un incremento de 331% en el último año, por lo que hoy todos los usuarios pagan el 100% del costo. Las boletas de AySA pasaron de costar $6677 un año atrás, a $28.785, según el IIEP.
Estos incrementos representaron una baja importante en el gasto de subsidios que destina el Estado. En el acumulado del año hasta noviembre, las transferencias por subsidios cayeron 38% en términos reales y representaron $7,8 billones, de los cuales $6,1 billones se destinaron al sector energético (gas y electricidad).

$40.905



Es lo que paga en promedio una familia tipo (N1) en la actualidad. Un año atrás debía aportar $11.112, según los datos relevados. El alza anual de la electricidad siempre fue por encima de la inflación (268%).

$28.785
LA NACION
21 Dec 2024


Es lo que debe abonar una familia tipo por el consumo de agua. Un año atrás, pagaba $6677. El Gobierno autorizó un aumento del servicio de 331% en doce meses. Todo los usuarios pagan el 100% del costo.

$19.901



Es el promedio que paga actualmente una familia tipo en el AMBA. Las subas anuales llegaron a 531%. En 2023, un hogar de ingresos medios altos pagaba una factura de gas de aproximadamente $2838.

$370



Ese es el costo del pasaje de colectivo hoy en Buenos Aires. Hace un año, costaba $52.96. El aumento interanual fue del 600% en tramos. Sin embargo, el boleto es más barato que en las ciudades del interior.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Contradicciones del manual anticasta que ponen en duda la tregua de Milei con la CGT
La orden de Luis Caputo para moderar paritarias abrió conflictos sectoriales inesperados; el regreso de Luis Barrionuevo como uno de los aliados del Gobierno
Nicolás Balinotti
Julio Cordero, el secretario de Trabajo que llegó desde Techint, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello
La caída en prisión de un senador aliado con más de 200.000 dólares sin declarar en la triple frontera, el boicot de legisladores digitados desde la Casa Rosada al proyecto de ficha limpia y que se conozca ahora que es un evasor el jefe del organismo a cargo de la recaudación de los impuestos. Éste es el epítome de una agenda de fin de año incómoda para Javier Milei, quien estaría cada vez más dispuesto a virar hacia el pragmatismo y abandonar el perfil antisistema que lo impulsó a la Presidencia. En esta enumeración podría también caber la novedosa alianza con la casta sindical, que sigue por ahora vigente a pesar de una escalada de conflictos sectoriales que podrían alterar la tregua.
Luis Caputo ordenó que se moderen los aumentos salariales en línea con las proyecciones inflacionarias. El ministro de Economía reforzó su postura después de una reunión privada en el exclusivo Palacio Duhau con los empresarios más poderosos del país. Paolo Rocca, del Grupo Techint, retomó su pedido de “nivelar la cancha” como parte de su reclamo por una mayor baja de impuestos, incluidos los vinculados a los costos laborales.
La primera reacción corporativa de los empresarios tras este encuentro fue plantarse en el Consejo del Salario con una propuesta de aumento del salario mínimo, vital y móvil más moderada de lo que imaginaba el propio Caputo. La voz cantante la llevó Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina (UIA). Las centrales obreras reclamaron elevarlo de $270.000 a $572.000 en diciembre, mientras que la UIA propuso llevarlo a $295.000, pero recién en marzo, a efectivizarse en cuatro cuotas. No hubo acuerdo y por tercera vez, la gestión que hace culto de la libertad dispondrá el monto del aumento por decreto. Significa otro golpe para Julio Cordero, el secretario de Trabajo que se jacta de su espíritu querendón y dialoguista. “Yo no quiero que el funcionario me diga que me quiere mucho, pretendo que resuelva”, se enojó un dirigente gremial. Si la reunión con los empresarios y sindicalistas no hubiera sido virtual podría haber terminado en un escándalo. Alexandra Biasutti, que encabezó el encuentro por parte del Gobierno, evitó otra vez el cara a cara con los sectores. La funcionaria de Capital Humano pidió por “la institucionalidad” del Consejo del Salario, un comité desvirtuado, en el que últimamente hay más imposición que diálogo y negociación.
Los empresarios que participaron del exclusivo almuerzo con el ministro de Economía, Luis Caputo
El malestar sindical venía acentuado porque apenas unas horas antes de la reunión del Consejo del Salario, la Secretaría de Trabajo, por orden de Caputo, había decidido no homologar la paritaria trimestral del gremio de la Sanidad para la rama clínicas y sanatorios por considerar que pone en riesgo la meta inflacionaria. Sanidad, cuyo referente es Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, pactó con las cámaras del sector un aumento de 11,4 en tres cuotas para el período octubre-diciembre.
Una situación parecida atraviesa Hugo Moyano. El jefe camionero bajó su demanda salarial de 15% a 8,5% por un trimestre y accedió a fraccionar en cómodas cuotas un bono de fin de año de $600.000. Sin embargo, hubo una fuerte presión del Gobierno a las empresas del transporte de cargas para no otorgar ese incremento. Se trata de un sector clave porque cualquier suba en este rubro impacta en los precios de prácticamente todos los productos. Moyano comenzó ayer con asambleas en todas las ramas y amenazó con un paro de camioneros para la semana navideña. Trabajo apuró entonces el dictado de la conciliación obligatoria. La pulseada salarial de los Moyano se reanudará en enero.
¿Está realmente en riesgo la tregua que sellaron el Gobierno y la CGT? Por ahora no, y tal vez más por una cuestión de calendario. Sin embargo, se anticipa una escalada de conflictos sectoriales. Abrieron el fuego camioneros, sanitaristas, estatales y ¿aeronáuticos? Los gremios que tallan en Aerolíneas Argentinas volvieron esta semana a la carga por su paritaria, pero también retomaron la batalla política: un dirigente influyente hizo circular ayer que Fabián Lombardo, titular de Aerolíneas Argentinas, había viajado a Miami a pasar las fiestas de fin de año a pesar del pedido de austeridad que se bajó desde la Casa Rosada. En la empresa estatal negaron la versión y afirmaron que Lombardo está en el país. Fue un contraataque de la guerra sucia: la compañía estatal había sido la que en pleno conflicto con los gremios mostró pruebas en septiembre de que Edgardo Llano había viajado de vacaciones a España junto con su esposa y cuatro hijas en clase turista.
Los dirigentes gremiales aeronáuticos Edgardo Llano, Rubén Fernández, Juan Pablo Brey y Pablo Biró vuelven a la carga en su pelea con el titular de Aerolíneas Argentinas
Este tenso ida y vuelta entre empleados y empleadores, con el Gobierno muchas veces en un rol pasivo, frustró los planes que Cordero tenía para cerrar 2025. El secretario de Trabajo había convocado el miércoles pasado a los empresarios del Grupo de los Seis y a la cúpula de la CGT para escenificar el diálogo tripartito y coronar un diciembre sin conflictos de magnitud. Cordero hasta imaginó por un momento invitar al encuentro a Sandra Pettovello, la ministra que tiene el área laboral bajo su órbita. La CGT plantó finalmente al Gobierno en rechazo a la intromisión oficial en las paritarias y puso en duda, al menos desde lo retórico, su acuerdo de paz social a cambio de blindar el cobro de la cuota solidaria, no reformar la ley de Asociaciones Sindicales y mantener la fluidez de recursos en sus obras sociales. Había cierta expectativa por el encuentro porque aún resta definir la letra chica de la reglamentación del artículo 242 de la Ley Bases, que se refiere a los bloqueos como “justa causa” de despido. La CGT distingue en el secretario de Trabajo un aliado para mitigar el alcance de la normativa, que fue aprobada hace cinco meses en el Congreso, pero que aún tiene puntos sin precisar, con zonas grises abiertas a interpretaciones disímiles.
La sombra de Barrionuevo
“Decidimos apostar al diálogo, pero no hay eso, ni siquiera. Nos quieren debilitar e imponer una reforma laboral más amplia, como la del DNU 70″, alertó un jerárquico de la CGT que duda de las intenciones de Cordero y también de los empresarios. Su escepticismo trepó después de la frustrada negociación en el Consejo del Salario. Lo cierto es que Milei tuvo que resignar 42 de los 58 artículos que contenía su propuesta original de reforma laboral que envió al Congreso. Como parte de su pacto con los gremios, excluyó los puntos que atentaban contra la recaudación y representación de los sindicatos, pero también evitó avanzar sobre los costos y penalizaciones. El cambio estructural más novedoso fue la posibilidad de acordar sectorialmente un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones. Salvo la Uocra, que tiene desde hace años este modelo, no hubo otro gremio que haya decidido abandonar el sistema de cese tradicional que está vigente en la legislación laboral. Hubo algún sondeo con el Sindicato de Comercio, el más numeroso del país, pero Pettovello no logró convencer al legendario Armando Cavalieri. También hubo conversaciones con Luis Barrionuevo, el líder gastronómico que mantiene intactos sus puentes con la gestión libertaria después de su fugaz alianza electoral del año pasado.
La sombra de Barrionuevo se proyecta en dos sindicatos en los que el Gobierno tiene un particular interés. Uno de ellos es la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), que reúne a vigiladores privados, policías exonerados, patovicas, barras bravas y en menor medida a personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Después de años de intervención y padrones nublados de sospechas, la Secretaría de Trabajo habilitó las elecciones y el histórico Ángel García, aliado del gastronómico, retuvo esta semana su poder.
Luis Barrionuevo se recuperó de un ACV y volvió a la actividad gremial
El otro caso en el que influye Barrionuevo, pero que esconde una trama de intereses de alcance inimaginable, es el de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), un gremio que administra $9000 millones mensuales mientras que su obra social llegó a tener $1300 millones de superávit. La pelea por el control de la Uatre y su obra social se dirime en la Justicia, pero también en los despachos oficiales. El Gobierno detectó una serie de irregularidades y designó nuevo interventor en la prestadora médica de los peones rurales. Marcelo Carlos Petroni está ahora al frente de la institución. Petroni respondería a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, según deslizaron fuentes cercanas a José Voytenco, el jefe de la Uatre que teme ser desbancado por Pablo Ansaloni, un dirigente opositor que es además diputado nacional de La Libertad Avanza.
Aacorralado por una denuncia judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, Voytenco les abrió las puertas del gremio y la obra social a empresarios vinculados a Barrionuevo y tendió puentes con la gestión libertaria porque siente amenazado su poder. Voytenco le quitó el servicio de seguro de sepelio al grupo Néspola para cedérselo a El Surco, de Jorge Giani y Julio Comparada, casi un hijo para el jefe gastronómico. Comparada fue presidente de Independiente y entre sus clientes tiene a gremios, aunque su gran negocio es con el fútbol, gracias al acuerdo que selló hace años con la AFA en los tiempos de Julio Grondona. La Uatre le paga a El Surco $400 millones mensuales por los seguros de sepelio, según fuentes de la entidad ruralista. Comparada fue hasta hace poco socio del ministro de Salud, Mario Lugones. Lugones fue presidente hasta hace algunos meses de la Fundación Sanatorio Güemes, una clínica en cuyo paquete accionario coinciden el sindicato de gastronómicos, es decir, Barrionuevo, y Comparada. Ahora, a esa mesa se sumó Lule Menem, a través de Petroni, el interventor que dispuso Lugones para la obra social de los ruralistas. La de Uatre es una caja codiciada para los tiempos electorales que se aproximan.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA