EL CAMBIO SERÁ UNA REALIDAD....A PESAR DE LOS PALOS Y LAS RUEDAS....

El cambio cultural que impulsa Macri tropieza con la falta de dirigentes dispuestos a dejar atrás el pasado sin agravar problemas del presente

Jorge Todesca y Rodolfo Canicoba Corral se ubican en las antípodas, al menos en su función dentro del Estado. El economista logró en poco más de un año reconstruir las estadísticas del Indec. El juez federal, en cambio, lleva más de diez sin dictar sentencia en la causa por la escandalosa falsificación de la época de Guillermo Moreno, pese a que el fiscal Carlos Stornelli renovó hace pocos meses el pedido de procesamiento del polémico ex secretario de Comercio.
Este contraste es un botón de muestra que puede replicarse en múltiples sectores y no solo en el Estado. El pasado siempre se cuela para desalentar la perspectiva del futuro.
El Indec es un cambio concreto y tangible que puede exhibir el Gobierno. De ahí que el presidente Mauricio Macri haya inaugurado la jornada realizada para celebrar su 50° aniversario, que por primera vez contó con especialistas de organismos internacionales que asesorarán en el diseño de una futura ley estadística. Allí resaltó que el organismo es un símbolo del "sí se puede" y fue clave para recuperar la credibilidad de la Argentina en el mundo. Todesca enfatizó por su lado que se está trabajando en el Indec del siglo XXI reconstruyendo el mejor Indec del siglo XX, con otra organización interna, incorporación de tecnología digital y satelital y profesionalización de sus recursos humanos. 

Un breve video institucional destaca que la misión del Indec es "saber dónde estamos para pensar el futuro, con más y mejores datos para una ciudadanía informada".
Los 50 años del Indec deberían descontar una década perdida en esta tarea de aportar transparencia. Aun así, hace poco más de dos años, un nunca confirmado ni desmentido dictamen jurídico del entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas, se valió del cajoneo de la causa judicial por Canicoba para argumentar que no estaba comprobado el delito de alterar el índice de precios al consumidor ante una demanda de tenedores de bonos ajustables por CER en reclamo de resarcimiento estatal. Pocos recuerdan además que hasta hace solo 13 meses la Argentina figuraba con un asterisco en las estadísticas internacionales, antes de que el FMI le retirara la tarjeta roja (moción de censura) por la invalidez de sus indicadores oficiales.
Ahora ni los más acérrimos dirigentes políticos y sindicales opositores ponen en duda los datos del IPC. Pero el problema a futuro es otro: la falta de consenso político para bajar la inflación a niveles civilizados, como vía más directa para reducir la pobreza (de ingresos) y aportarle competitividad a la economía. Precisamente, la mayor transparencia estadística permite comprobar que -con casi 25% en 2017-, la Argentina oscila entre el 6° y el 8° puesto en el ranking de países con mayor inflación, en un mundo donde predominan niveles de un dígito anual incluso en el vecindario latinoamericano (excepto la debacle de Venezuela). Pocos se atreverían a comparar esta deshonrosa posición con la que hubiera significado quedar afuera en las eliminatorias del Mundial de Rusia.

El "cambio cultural" que impulsa Macri debería tener este problema como eje principal, aunque lleve tiempo resolverlo y el populismo haya dejado una impronta difícil de borrar en la memoria colectiva. En paralelo con el bajísimo crecimiento del PBI per cápita (0,7% anual), la sociedad internalizó en los últimos 45 años consignas políticas que fueron desde la "Argentina Potencia" hasta conformarse con ser un "país normal". Es probable que buena parte del 45% que votó al oficialismo en las últimas elecciones haya avalado este último objetivo, más como aspiración a futuro que inmediata. No puede hablarse todavía de un país normal con una inflación de dos dígitos anuales; casi 30% de pobreza; alto gasto público, déficit fiscal y presión impositiva; inversión de 17% del PBI; baja creación de empleos de calidad; 35% de trabajadores en negro; fuerte dispersión de ingresos y graves carencias acumuladas en materia de justicia, educación, seguridad e infraestructura económica y social.

En este marco, la inflación es una cortina de humo que produce u oculta muchas de esas distorsiones. Y la excusa perfecta para que dirigentes políticos, sindicales, empresariales y sociales se quejen de sus efectos sin ocuparse de las causas. Como ya se señaló en estas columnas, existe un consenso que no es tal: todos los actores están de acuerdo en bajarla, siempre que el costo recaiga en otro. Lo mismo ocurre con las reformas para bajar el "costo argentino" y aportarle competitividad a la economía.
La Argentina necesita de reformas por donde se la mire. Pero el desafío para la Casa Rosada es aportarle volumen político a esa necesidad para compensar la escasez de aliados dentro de una dirigencia que, salvo escasas y honrosas excepciones, suele refugiarse en el pasado, en el conflicto o en el silencio para cuidar sus "quintitas".
Sin mayoría en el Congreso, por ahora el Gobierno parece haber transformado el "reformismo permanente" en cambios negociables, aunque con el agregado de datos que echan luz sobre la naturaleza de algunos conflictos.

 Una prueba es el desguace de la reforma laboral acordada con la CGT antes de su última fractura, que además divide aguas para las negociaciones salariales en paritarias. En este caso, la detención de dirigentes sindicales que amasaron enormes fortunas personales a base de prácticas mafiosas, descolocó a gremialistas perpetuados desde hace décadas en sus cargos vitalicios o hereditarios, que no produjeron ninguna condena explícita o, a lo sumo, los consideraron casos aislados. Otra fue la divulgación de los negocios familiares de Hugo Moyano, en vísperas de la marcha convocada para el 22 de febrero mientras se define la prórroga de la concesión a OCA. En cambio, el gesto de Moyano de invitar en enero a Jorge Triaca a la segunda inauguración del sanatorio Antártida del gremio de Camioneros (la primera había sido en 2009 con Cristina Kirchner) volvió a complicar al ministro de Trabajo. La fachada de ese centro médico en Caballito está hoy tapiada como entonces, sin indicios de cuándo comenzará a atender a los afiliados.
Estas pulseadas de poder colocan a años luz cualquier debate serio sobre un tema que se discute en el mundo y formará parte de la agenda del G-20 a fin de año en la Argentina: el impacto de los avances tecnológicos sobre el empleo y la necesidad de actualizar los contenidos educativos a la nueva realidad laboral. Sin ir más lejos, a un mes del comienzo de las clases, la paritaria de los gremios docentes está empantanada como todos los años. Y cuesta creer que no haya un reclamo sindical sobre el dispar cumplimiento de la ley de jornada extendida en las escuelas, sancionada en 2006, pese a que multiplicaría los cargos docentes en todo el país.
Más dificultosa se presenta en este marco la intención oficial de incluir cláusulas de productividad en las paritarias, donde el debate pasa por las cláusulas gatillo para actualizar los salarios en función de la inflación pasada y no de la expectativa a futuro. La indexación de salarios y jubilaciones torna más lenta la reducción de la inflación.

Máxime cuando persisten los desequilibrios macroeconómicos (fiscal y externo); falta un trecho de casi dos años para recuperar el atraso tarifario acumulado en doce; lo que se ahorra en subsidios se contrarresta con el mayor pago de intereses de la deuda -externa e interna- para cubrir el déficit fiscal y se busca apuntalar el crecimiento de la economía a base de inversión. Con la política monetaria claramente no alcanza y menos cuando el crédito doméstico representa poco más del 16% del PBI. Sin un plan integral, articulado y con prioridades explícitas, el gradualismo oficial implica comprar tiempo a crédito a razón de 25.000 millones de dólares anuales. Pero así como era insostenible emitir pesos sin límite para financiar el déficit fiscal, la Argentina también fracasó en el pasado con la estrategia de endeudarse para financiar -o evitar- inciertas reformas estructurales.

N. Sc.

ANÁLISIS DE GESTIÓN; MARTÍN TETAZ

Balance de dos años de gestión

Se cumplieron dos años del nuevo gobierno y desde el punto de vista del conjunto de problemas que enfrentaba al asumir la nueva gestión, 2017 es una analogía de 1959. Ese año le toco a Arturo Frondizi corregir un conjunto de distorsiones similares a las que desafiaron a Mauricio Macri: cepo con atraso cambiario, tarifas parcialmente congeladas, inflación inercial del orden del 25% anual, desabastecimiento energético, déficit fiscal y desinversión en infraestructura pública, con bajo nivel de formación de capital en el sector privado, sobre todo en el sector con capacidad de generar divisas, que había sufrido la regulación de precios que le impuso el IAPI.
La lectura de lo que le pasó a la economía cuando ese gobierno intento desarmar la bomba explica de hecho buena parte de la estrategia del actual equipo que lidera y comanda desde la Jefatura de Gabinete, el tridente Peña, Quintana, Lopetegui.
Las primeras medidas de Cambiemos, en ese contexto, no podrían haber sido más acertadas. La economía se había quedado sin dólares y si no se salía urgente del cepo no había manera de reactivar la producción, ni tampoco se podía frenar las expectativas de inflación que se habían desatado en noviembre de 2015 cuando el mercado trataba de adivinar si el dólar se estacionaría en los $15 que salía el Blue, o en torno a los $20 que pronosticaban algunos colegas.
Al mismo tiempo, como sobraban muchos pesos en la economía, que estaban atrapados en el corralito que implicaba en la practica el cepo, el Banco Central tuvo que inyectar un shock de LEBACS que, aunque salvaron al paciente de una inflación superior al 100%, constituyen hoy uno de los máximos desafíos de la autoridad monetaria.
El otro gran acierto del nuevo equipo fue la rápida resolución de la crisis con los fondos buitres y la vuelta a los mercados de crédito externo. Obviamente esta es al mismo tiempo una de las luces amarillas del modelo actual, porque todo el mundo entiende que la estrategia de financiar déficit con deuda, al igual que la de hacerlo emitiendo, tiene patas cortas. En el mediano plazo no hay salida posible si el déficit no cae de manera sostenida. Todas y cada una de las formas alternativas de financiarlo terminan tarde o temprano en una crisis
Pero lo notable de la eficiente gestión de Prat Gay es que si el Gobierno no hubiera conseguido colocar los 50.000 millones de deuda externa con los que se financió, se habría encontrado entre la espada de la hiperinflación y la pared del ajuste fiscal inexorable. Para muestra, basta recordar como termino el radicalismo en 1989 cuando, en un escenario de similar déficit, se encontró con los mercados externos cerrados y debió financiar el déficit sólo con emisión. Sin la posibilidad de endeudarse afuera, Macri habría sido Alfonsín.
En el lado del haber se cuenta también la recuperación de la obra pública que es record histórico y la vuelta del crédito hipotecario que le está permitiendo a la clase media el acceso a la vivienda.
Desde el 10 de diciembre de 2015 quedó claro que el gobierno, en materia fiscal, había elegido el camino del gradualismo. Primero lo explicó el Presidente, luego el entonces ministro de Economía; no iba a haber un ajuste fiscal ortodoxo. El plan era reducir el déficit sin tocar el gasto. Mantener las erogaciones creciendo al mismo ritmo que la inflación y aprovechar la recuperación de la economía para que el crecimiento licuara el déficit, por la vía del aumento de los recursos tributarios, asociados a un mayor nivel de actividad. El problema de ese camino es la matemática. Hay que cerrar un rojo de 5% del PBI y cada 4% que crece la economía, la recaudación se expande 1%. La regla de tres simple dicta que para alcanzar el equilibrio fiscal primario la economía necesita crecer 20%, algo que al ritmo del 3 o 3,5% anual, llevará seis años, de manera que habrá que tolerar un crecimiento de la deuda externa por lo menos hasta 2022.

En materia económica el gobierno anterior nos llevaba en el tren bala, pero a Venezuela. Este promete llevarnos a Mar del Plata, pero en un lechero que para en todos los pueblos. El rumbo es el correcto, pero el viaje es lento y el tren puede fundirse en el camino.
La raíz del problema es que el Ejecutivo tuvo enormes dificultades, desde el primer día, en transmitir un mensaje simple: cada uno tiene que pagar lo que consume, salvo que no pueda, en cuyo caso habrá una red de contención en la forma de una tarifa social según el grado de necesidad.
El gobierno, aun a pesar de haber pagado el costo político de cuatro tarifazos todavía financia el 40% de la luz y el gas que consumen las clases media y media alta.
Ese gradualismo hace que sea más difícil bajar la inflación y encima fuerza el error del gobierno que ahora busca juntar los fondos para seguir subsidiando a los que pueden pagar, del exiguo bolsillo de las jubilaciones y asignaciones que administra la Anses.
La lentitud en cerrar el déficit condena al país a tener un dólar barato mientras perdure el ingreso de dólares para tapar el agujero fiscal.