PEDIR PERAS AL OLMO....ESPERO EQUIVOCARME

La responsabilidad de la oposición
La sociedad espera de los dirigentes opositores mucho más que simples recetas demagógicas o una vuelta al pasado

Para mañana se espera que el Senado de la Nación debata el proyecto de ley que votó favorablemente la Cámara de Diputados por el cual se retrotraen las tarifas de gas a las de fines del año pasado y se congelan sus valores. Se trata, por cierto, de una oportunidad para que la oposición política dé cuenta de su nivel de responsabilidad y de su grado de voluntad para coadyuvar a resolver el desastroso estado de las cuentas de un sector público que no puede seguir subsidiando el atraso tarifario y aumentando el déficit fiscal.
Los senadores deberán optar entre el dictamen de mayoría, que propone la sanción de la ley tal como fue aprobada por los diputados, y que sería respaldado por los senadores que responden tanto a Miguel Ángel Pichetto como a Cristina Fernández de Kirchner, y la posición que suscriben legisladores de Cambiemos y de otros bloques provinciales, tendiente a mantener los aumentos tarifarios previstos por el Poder Ejecutivo, aunque disminuyendo a la mitad el IVA que grava las facturas.
Llama mucho la atención la anunciada decisión de Pichetto de respaldar en forma integral y sin modificaciones un proyecto que ha merecido fundadas críticas y reparos hasta de algunos gobernadores y senadores del justicialismo, porque invade atribuciones y competencias de los poderes ejecutivos nacional y provinciales. Entre los críticos más enfáticos del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados está el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, quien, en ocasión de reunirse con el presidente de la Nación días atrás, tomó la iniciativa de buscar una solución razonable al conflicto político generado en relación con las tarifas, acercando una iniciativa "superadora", consistente en la reducción del IVA que grava a las tarifas de usuarios residenciales al 10,5%.
El presidente Macri, quien ya había anunciado su voluntad de vetar el proyecto si se convirtiera en ley tal como fue votado en la Cámara baja, sorprendió al aceptar una negociación sobre la base del esquema propuesto por el gobernador Urtubey. Parece una solución razonable y una buena salida para todos, por cuanto el Gobierno no se vería forzado a vetar una norma y, en poco tiempo más, los usuarios de todo el país se beneficiarían con una inmediata y efectiva reducción del IVA. El bloque justicialista, al mismo tiempo, podría mostrar esto como un logro propio de la oposición, al haber partido la iniciativa de un mandatario provincial peronista. Sin embargo, el bloque de senadores del PJ hasta ahora ha desconocido la gestión de ese gobernador y reclamó que el Gobierno anunciara otra alternativa para mejorar el proyecto.

Es probable que detrás de la obstinación de los senadores encabezados por Pichetto haya un cambio de estrategia en un bloque peronista que durante buena parte de los dos últimos años no dudó en colaborar en no pocas iniciativas con el oficialismo y en actuar con valor y convicción cuando le tocó revisar proyectos con media sanción de Diputados para dotar de racionalidad y seriedad iniciativas demagógicas e inviables tales como el proyecto de la ley de ganancias, cuya sanción habían festejado juntos massistas y kirchneristas.
El abandono de esa senda de racionalidad solo parece justificarse por la convicción íntima de los senadores del PJ y del kirchnerismo de que el proyecto tarifario en cuestión jamás se pondrá en ejecución por cuanto será vetado por Macri, quien pagará todos los costos políticos. La actitud de la oposición privará a millones de usuarios de luz, agua y gas de tener una reducción efectiva en el IVA sobre las tarifas, que mitigaría algo los efectos de su inevitable proceso de actualización.
Una vez más, los líderes de la oposición se equivocarían si piensan que esta actuación política les reportará beneficios en la carrera hacia la presidencia de la Nación. La sociedad argentina espera de la dirigencia opositora mucho más que recetas de rancio populismo y demagogia o que una vuelta al pasado.

ERA HORA DE REPARTIR LA RESPONSABILIDAD

Así es el nuevo protocolo para prevenir las tomas de escuelas públicas porteñas
El año pasado se registraron en la ciudad 30 tomas de escuelas

El gobierno porteño quiere terminar con las tomas de escuelas públicas en el próximo ciclo lectivo, que empieza el 1º de marzo. Por eso, el Ministerio de Educación dictó "pautas de acción" para restaurar las responsabilidades de quienes participen o alienten esas acciones: los directores deberán citar a los padres para retirar a sus hijos de la escuela. Los padres serán responsables de los daños eventuales.
"Queremos que las responsabilidades por las tomas queden claras", dijo la ministra Soledad Acuña, al recordar que en 2017 se tomaron 30 escuelas.
El nuevo protocolo establece que en la toma de un colegio su principal autoridad deberá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al SAME y citar de manera inmediata (por teléfono u otras vías de contacto habituales) a los padres o tutores de los alumnos para que los retiren del establecimiento.
Además se exige que las autoridades labren un acta en la que se deje constancia de la imposibilidad de ejercer la conducción de la escuela y luego la eleven a la máxima autoridad de la cartera.
El acta deberá incluir un relato de los hechos apoyado en fotografías (preferentemente certificadas por un escribano) del estado del patrimonio escolar al momento de iniciarse la toma.
"Los rectores que no cumplan con las obligaciones procedimentales establecidas en el nuevo protocolo serán pasibles de distintas sanciones sobre su carrera docente, según el caso: apercibimientos, sumarios administrativos o pérdida de consideración en los concursos", explicó Acuña a la nacion.
Luego, cuando los padres retiren a sus hijos, deberán firmar un acta en la cual se consignará que "mientras dure la situación, y en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo, la responsabilidad sobre el mismo recaerá sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental".

Los padres que en estas circunstancias no retiren a sus hijos podrían ser considerados responsables de los eventuales daños registrados en los edificios públicos y ser sometidos a una acción judicial.
Acuña citó el antecedente de un caso de amenaza de bomba en una escuela que fue denunciado en la Justicia y cuyos responsables fueron multados.
"Confiamos en que el Poder Judicial se pondrá los pantalones largos y no se dedicará a hacer oposición política", consideró.
"Hasta ahora se privilegió el derecho de protesta por sobre los de educación y trabajo, y se perdió el sentido de la responsabilidad inherente a las acciones coercitivas", dijo Acuña. Y agregó que esta medida busca volver a instalar entre los alumnos que "las acciones tienen consecuencias".
El protocolo fue diseñado por el Ministerio de Educación porteño en colaboración con la Procuración General de la Ciudad, el órgano jurídico de la ciudad de Buenos Aires.
"Este protocolo es una respuesta jurídica vaciada de contenido pedagógico", consideró Claudia Romero, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Agregó que la normativa se limita a establecer pautas administrativas de acción para preservar la integridad física de las personas y del patrimonio escolar, pero nada dice de la función pedagógica del director. "Es imprescindible poner en juego criterios educativos que trabajen en la prevención de estos hechos", concluyó.
Aunque la nacion consultó a la Unión de Trabajadores Estatales (UTE), desde allí respondieron que desconocían la noticia del protocolo y se disponían a evaluar su contenido.
También cuestionó la efectividad del protocolo el rector de un importante colegio porteño que pidió preservar su identidad. "Esta gente [por el gobierno porteño] no sabe lo que es una toma", dijo.

Agregó que en las grandes escuelas, de unos 900 alumnos, es muy difícil conocer el nombre de todos los estudiantes. "Muy pocos preceptores y profesores van a querer colaborar con esa tarea de delación, porque terminada la toma hay que reconstruir la convivencia cotidiana", añadió. Y expresó que si un directivo no quiere colaborar dirá que no puede reconocer a los estudiantes.
En tanto, los centros de estudiantes de escuelas porteñas también cuestionaron la iniciativa. "Se ofende a los alumnos cuestionando su falta de responsabilidad: en las tomas del año pasado, en muchos colegios, como el Fader y el Raggio, las instalaciones quedaron impolutas", dijo Mateo Grassi, alumno de las Escuelas Técnicas Raggio, en Núñez. Agregó que las tomas no impiden el dictado de clases y que el nuevo protocolo "criminaliza la protesta, un instrumento legal de la democracia".
Sin embargo, hay padres que celebraron la nueva medida. "Estoy de acuerdo en que se accione judicialmente contra los padres que alientan las tomas, porque muchos de ellos se aprovechan de que los hijos no son pasibles de acciones judiciales para hacer su propio juego político", dijo Franco, cuya hija estudia en el Lenguas Vivas.

F. J. de A.

ES HORA QUE LOS PADRES "SE HAGAN CARGO"... TENER HIJOS NO ES SÓLO ENGENDRARLOS

Tomas de escuelas y el rescate del principio de autoridad
Si se ha llegado a la instancia de establecer un protocolo, ha sido como respuesta a la violencia moral, física y material ejercida en tantas usurpaciones

La decisión del gobierno porteño de establecer pautas de acción frente a tomas de escuelas estatales constituye un paso importante para garantizar tanto la integridad física de los estudiantes y de los docentes como los derechos de aprender y de enseñar. Representa también un avance en la consideración, el cuidado y la protección del mobiliario de las escuelas de gestión pública. Pero, fundamentalmente, implica volver a poner el acento en la responsabilidad que cabe a los adultos en estas manifestaciones que el año pasado, por ejemplo, terminaron con denuncias de abusos hacia una adolescente y la destrucción de bienes que son patrimonio de toda la comunidad.
Las nuevas pautas de acción fueron decididas a partir de un dictamen de la Procuración General, el órgano jurídico de la ciudad de Buenos Aires, respecto de las medidas por adoptar para salvaguardar los derechos de los menores de edad, las responsabilidades inherentes a los equipos de conducción de los establecimientos educativos y la corresponsabilidad de las familias de los estudiantes. Básicamente, el protocolo dispone:
Que la autoridad escolar debe comunicar esos hechos al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al SAME, y citar, de forma inmediata, a los padres de los alumnos para que los retiren del establecimiento.
Que se labre un acta en la que se deje constancia de la imposibilidad de ejercer la conducción de la escuela y se la eleve a la máxima autoridad de la cartera educativa.
Que se fotografíe el estado del patrimonio escolar al comenzar la medida de fuerza.
Que los rectores que no cumplan con esas obligaciones serán pasibles de sanciones sobre su carrera docente.
Y que los padres que no retiren a sus hijos podrían ser considerados responsables de los daños que se registren en los edificios públicos y ser sometidos a una acción judicial.
Apenas conocidas estas medidas, hubo quejas airadas de parte de algunos especialistas en educación y de padres que ven vulnerado el derecho de los estudiantes a protestar. Nada de eso está vedado en la nueva disposición. De lo que se trata, por el contrario, es de que ese derecho se ejerza en libertad, pero respetando personas y bienes, permitiendo a quienes no participan de las tomas ejercer sus derechos a ser educados y a educar, y hacer responsables a los adultos de las conductas improcedentes de los menores a su cargo.
Si se ha llegado a la instancia de establecer un protocolo ha sido como respuesta a la violencia moral, física y material ejercida durante algunas de las 30 tomas realizadas tan solo en 2017. Desde ya que hubo muchos padres y tutores -la mayoría- que se hicieron cargo de sus hijos o representados, pero hubo otros que aprovecharon la impunidad que da la minoría de edad para canalizar a través de ellos sus propios reclamos político-partidarios. Y no fueron solo padres los que actuaron de manera equivocada. Hubo también educadores que se desentendieron de lo ocurrido y hasta una jueza que prohibió a las autoridades aplicar los procedimientos sancionatorios y disciplinarios establecidos al considerar, en una grosera interpretación de los hechos, que hacerlo era violar el derecho de los adolescentes a la libre expresión y a ser escuchados.
Es sabido que los chicos copian modelos de la sociedad adulta. Hace tiempo ya que en la nuestra muchos debates pretenden ser dirimidos en las calles, por la fuerza, mediante piquetes, amenazas y extorsiones. Ese ejemplo cunde con rapidez en las aulas, máxime si es apañado por adultos irresponsables que aprovechan los reclamos estudiantiles para agitar las aguas de la política.
La importancia de escuchar la opinión de los adolescentes no está en discusión. Pero sus opiniones no pueden ser impuestas. La decisión sobre el futuro de la educación y sobre los planes del sector la toman los adultos responsables de cada área. El personal especializado, con la debida experiencia y apertura al diálogo, es el más capacitado para buscar las mejores herramientas hacia una educación de calidad.
Es necesario que como adultos volvamos la mirada hacia los chicos, enseñándoles a reclamar sin agredir, a pedir sin exigir, a la importancia de expresarse, pero también de escuchar a los demás Y, fundamentalmente, urge restablecer el sano y necesario ejercicio del poder de autoridad que les cabe a los mayores.
Es hipócrita decir que no se quiere criminalizar a los adolescentes cuando está claro que se los criminaliza desprotegiéndolos, alentándolos a transgredir normas, a violentar la ley.
Hace falta una mayor conciencia cívica sobre el derecho de peticionar ante las autoridades. Se necesita que docentes, padres y alumnos vuelvan a formar aquel triángulo virtuoso basado en el respeto mutuo y el trabajo mancomunado que tan buenos resultados nos ha dado en el pasado.
Perturbar el funcionamiento escolar y consentir la usurpación y el daño a bienes públicos nunca será la solución a los problemas que atraviesa nuestro degradado sistema educativo. El colapso de la educación lleva inevitablemente al colapso de una nación.