TRANSPARENCIA, GRESCA Y CAMBIOS

El Gobierno se apoya en datos de un fiscal para depurar planes
Sin información propia, los funcionarios recurren a Marijuan para hacer la auditoría del Potenciar Trabajo
Cecilia Devanna
A poco de empezar la auditoría con la que buscará tener en claro el universo de planes sociales en el país, el Ministerio de Capital Humano, en la órbita de Sandra Pettovello, dio de baja en las últimas horas 4588 planes. La cifra fue con base en irregularidades detectadas por el fiscal federal Guillermo Marijuan, “luego del entrecruzamiento de la base de datos de beneficiarios del Potenciar Trabajo y de la nómina de empleados públicos de 14 provincias”.
Según pudo saber la nacion, al menos hasta que se tenga terminada la auditoría, que comenzará a realizarse en los próximos días y se extenderá por al menos tres meses, la Justicia colaborará con el Poder Ejecutivo mensualmente.
Marijuan, fiscal federal con base en Comodoro Py, es también el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) –que abarca el subsistema previsional, el de riesgos de trabajo y el de desempleo, entre otros–. Desde allí viene llevando adelante diferentes investigaciones sobre el tema y, tras el cambio de gobierno, se le solicitó colaboración para los pagos mensuales de los planes.
“Hasta ahora estamos a oscuras”, dicen en la cartera que dirige Sandra Pettovello en referencia a la falta de datos concretos sobre los planes actuales. Agregan que encontraron un ministerio “tabicado” entre los diferentes movimientos y sectores políticos que marcaron el ritmo de la gestión anterior. Por caso, Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, en la anterior gestión estuvo a cargo de la Secretaría de Economía Social, encargada de la administración de los planes Potenciar Trabajo.
Según pudo saber este diario de fuentes oficiales, la cartera trabaja con Marijuan mandándole el listado de las personas enroladas para cobrar al mes siguiente y desde la Ufises se “corrobora si no hay anomalías”, a través del cruce de datos. El primer cruce arrojó más de 4500 irregularidades, lo que devino en la baja inmediata de esos planes.
Según precisaron desde la cartera de Capital Humano, la investigación arrojó que, luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan. De acuerdo con lo informado, las provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
El Ministerio de Capital Humano se prepara para empezar esta semana con la primera auditoría de esta gestión en el tema, en la que todo indica que usarán como base primordial la de la Anses y a partir de allí irán cruzando datos con otras bases de la administración pública. Por estas horas, se trabaja en un software que permita los cruzamientos luego de que los beneficiarios actualicen su información personal.
“La idea es ser lo más transparentes posible y necesitamos tener información sobre los beneficiarios, porque si no, el sistema no sirve”, dijeron a fuentes que trabajan en el tema. “Hay que auditar todo”, dicen. El Gobierno ya anunció que se le quitarán los planes a quienes corten las calles (aunque no dijo cómo se implementará esa medida) y que avanzará para eliminar las figuras de los intermediarios.
Segmentación
En el país hay alrededor de 1.200.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, un programa que a cambio de una contraprestación de cuatro horas –certificada por las organizaciones sociales– otorga un salario social complementario que equivale a la mitad del salario mínimo.
La idea del Gobierno es no ampliar el número de beneficiarios y tener la mayor información posible sobre ellos. Para eso, se avanzó en diálogos entre Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia en Capital Humano, y el titular de la Anses, Osvaldo Giordano, para el uso de la base del organismo como fuente de información.
Una vez obtenidos y analizados los datos, el plan es segmentar los beneficiarios según las diferentes áreas. Un amplio porcentaje de titulares de entre 18 y 29 años, que representan alrededor de un 30% del padrón, con unas 450.000 personas, podría pasar a la órbita de Trabajo. Los de más de 55 años podrían quedar en la órbita de Desarrollo Social, reorientados a trabajos comunitarios, dicen. Otra parte, si todavía le resta completar estudios, podría quedar bajo la Secretaría de Educación, todas dependientes de Pettovello.
Por estas horas en el oficialismo hablan del “acompañamiento” que cada una de las personas que recibe planes podría tener en un futuro cercano. Planean que haya un acompañante cada 20 familias, que podría ser un enfermero o un trabajador social, entre otras disciplinas, con el objetivo de que siga de cerca las realidades y necesidades de cada una de ellas y oficie como nexo con otras esferas del Estado. “En nueve meses salen adelante”, dicen, muy optimistas sobre lo que puede suceder, aunque reconociendo que la situación va a estar atada a la suerte económica del país. “Todo va a suceder si se encamina la economía”, es la frase repetida en medio de un complejo escenario económico y social.
Cuando hablan del tema, en el Gobierno imaginan un modelo similar al que se da en Chile con el Registro Social de Hogares (RSH), el sistema de información que permite los procesos de selección de beneficiarios de subsidios y programas sociales de acuerdo con las diferentes necesidades de las personas.

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Natalia Zaracho, diputada por el bloque de Unión por la Patria, protagonizó un confuso episodio que se difundió en redes a través de un video en el que se la ve a los empujones en un partido de fútbol cinco. Zaracho, cuyo referente político es el dirigente social Juan Grabois, alegó que estaba “separando” para que las personas que estaban trenzadas en el forcejeo no se lastimaran. El hecho sucedió el domingo en Lomas de Zamora y no pasó a mayores. Según dijo Zaracho, se trataba del partido de fútbol de su sobrina. Grabois también la defendió y dijo que intervino para separar a quienes se peleaban.

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Claves de la reforma política de Milei: posibles perdedores, ganadores y las dudas irresueltas
Las iniciativas oficialistas podrían generar un reacomodamiento de las fuerzas partidarias; el riesgo de ungir a “minigobernadores”

Delfina Celichini
Las ambiciosas reformas electorales que plantea el gobierno de Javier Milei introducen modificaciones a un conjunto de engranajes coordinados entre sí. La supresión de las PASO, la reformulación de la elección de los diputados nacionales bajo un esquema de circunscripciones uninominales por provincia y la introducción de la boleta única de papel (BUP) son parte del compendio de cambios que el Poder Ejecutivo motoriza para el sistema político argentino. Con efectos contrapuestos, las iniciativas impulsadas podrían generar un reacomodamiento de las fuerzas políticas, así como una reestructuración del sistema de partidos que beneficiaría a unos y perjudicaría a otros.
Esto preanuncia un debate legislativo intenso y siembra dudas sobre los plazos fijados por el Gobierno, que reclama que las iniciativas sean sancionadas en solo un mes por ambas cámaras. Si bien el proyecto de la BUP ya cuenta con media sanción de Diputados, tendría que atravesar el mismo proceso en el Senado. Para su sanción, además, el oficialismo debería reunir 37 voluntades, la mayoría absoluta que se requiere para aprobar iniciativas de índole electoral. Las otras dos reformas –eliminación de las PASO y modificación de la composición de Diputados y la representación de las provincias en la Cámara baja– son parte de la ley ómnibus que el Ejecutivo envió el miércoles al Congreso y también requieren mayorías agravadas para convertirse en ley.
“Una reforma tiene impacto sobre la otra. Hay que ir resolviendo cada una de las cosas. Si uno diseña un sistema de boleta única tiene que estar articulado con circunscripciones uninominales, condicionado por el tipo de lista que se utiliza y por la existencia o no de las primarias”, señaló a
Lourdes Lodi, doctora en Ciencias Políticas y directora del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Es que mientras que un sistema de BUP tiende a favorecer a los partidos más chicos, porque elimina la barrera de la fiscalización y los costos de la impresión de papeletas, la adopción de un sistema de circunscripciones uninominales para la elección de diputados nacionales robustece a las mayorías y les quita visibilidad a las terceras fuerzas que no logran imponerse. Es decir, atenta contra la representación de las minorías que habitualmente obtienen bancas gracias a la suma de los votos que sacaron en todo un distrito mediante el reparto proporcional por sistema D’Hondt.
La supresión de las PASO, en tanto, se impulsa desde el Gobierno con el argumento de la reducción del gasto. Sin embargo, podría obstruir el recambio generacional si los líderes tradicionales conservan para sí la definición de quiénes van a ocupar los lugares en las listas.
A pesar de estas contradicciones, existe un denominador común. Las reformas fomentan los personalismos en desmedro de las estructuras partidarias, una característica inherente a la meteórica llegada al poder de Milei, quien logró consagrarse presidente con un partido creado solo dos años antes.
Si bien uno de los argumentos a favor de la elección por circunscripción uninominal tiene que ver con que mejora el conocimiento de los candidatos, así como también la rendición de cuentas –o accountability–, tiene un efecto sobre la personalización de la política en detrimento del partido, que presentaría un único candidato por cada circunscripción y en cada una de ellas se elegiría a un único representante por simple mayoría.
“Esto puede afectar la gobernabilidad en algunas provincias porque le estás dando preeminencia a un candidato por sobre el propio gobernador”, advierte Lodi, quien piensa en la posible situación de Tierra del Fuego, que podría terminar –si se aprueba la reforma– con un solo diputado nacional. “En distritos con poca población y con la variable del calendario desdoblado, prácticamente lo que se estaría eligiendo serían minigobernadores”, agrega.
Eso se suma a un sistema de boleta única que deja de lado a las boletas partidarias y le da entidad al candidato en el momento de la elección, facilitando el voto cruzado entre fuerzas. En una sola papeleta se incluirían todas las categorías en las que se compita y estaría dividida en franjas horizontales por agrupación política, así como en columnas por categorías de cargos.
Sobre la importancia de esta transformación para Milei, Lucas Romero, politólogo, analista político y director de la consultora Synopsis, consideró: “El actual presidente tuvo dificultades para fiscalizar y naturalmente para él es mucho más importante que para cualquier otro candidato. Sin embargo, no deja de ser raro que desde el oficialismo se impulse la BUP porque ahora tiene el aparato detrás”.

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TRANSPARENCIA

“Necesitamos una mayoría del 70 por ciento para gobernar”

Ricardo Lafferriere
Es una verdad de Perogrullo. Se requiere contar con una gran mayoría para gobernar, sí. La pregunta es: ¿para hacer qué cosa? No sirve el apoyo del setenta por ciento de la Argentina corporativa, sino el setenta por ciento de las opiniones ciudadanas. Y eso se logrará con la transparencia en los objetivos y los necesarios acuerdos parlamentarios.
¿Qué acuerdo programático preelectoral se podría firmar con Schiaretti y, si se firma, cuál es la garantía de cumplimiento? No es una pregunta por él, sino por lo que implica. ¿Contendría la reforma sindical, la reforma laboral, la reforma del Estado, la apertura de la economía, la recuperación de las empresas estatales cooptadas y fundidas por la ineptitud cleptómana, la independencia total de la Justicia o la reforma sanitaria que libere a los argentinos de la dictadura corrupta de las obras sociales sindicales?
Más bien se trataría de un pacto para que nada cambie, y si se deseara, cambiar, desestabilizar al gobierno al que eventualmente perteneciera. ¿o no recordamos al acuerdo de la Alianza, con la deserción del peronismo del Frepaso en la mitad del gobierno y el golpe de diciembre de 2001, motorizado por la “corporación de la decadencia” en pleno, con el ariete de choque del peronismo político, gremial, piquetero y parlamentario? ¿Cuánto duraría el presidente de un eventual gobierno de este “70%” si decidiera cambiar la ley de asociaciones profesionales, la de obras sociales, la grotesca protección arancelaria de los empresarios rentistas, terminar con el narcotráfico, poner en regla a las empresas de servicios públicos, sancionar una ley de coparticipación federal o llegar a un Estado sin déficit?
No podría sostener que es imposible un acuerdo con Schiaretti o cualquier peronista, o cualquier compatriota de cualquier fuerza política. La cuestión es para qué acordar y en qué momento. Y eso debe formar parte del debate electoral transparente, que sirva para hacer pensar a los ciudadanos sobre cuál es el mejor camino para la Argentina y lo lleve a reflexionar sobre lo que está decidiendo cuando vota. Un “trato pampa” no fabricaría un acuerdo lúcido y transparente, sino que lo anularía.
La democracia exige honestidad. Esa honestidad debe mostrarse en las posiciones parlamentarias apoyando las medidas necesarias para la transformación, y en eso, sin perjuicio de lo que hicieren en el futuro, los legisladores que responden a Schiaretti no han mostrado su mejor cara. Su actitud futura en el Congreso les dará oportunidad de cambiarla.
Si hay honestidad en los protagonistas, la mayoría del setenta por ciento debe lograrse en el Congreso luego de las elecciones. Ahí podrá verse quiénes prestan apoyo en los temas indispensables para el relanzamiento argentino. Llegarán los que defienden el statu quo y llegarán los quieren cambiar. Ahí se verá lo que hacen los legisladores que han llegado por el voto a través de una u otra fuerza política. Hacerlo antes sería una doble traición.
Habría una traición de Schiaretti a sus compañeros peronistas, que seguramente no lo seguirían por haber pactado con “los gorilas”. Y habría una traición de JXC a sus propios simpatizantes, a los que les ofrecería el espectáculo bochornoso de la disolución de sus principios fundamentales aun antes de comenzar un eventual gobierno, renunciando a la claridad de sus objetivos esenciales nada más que por una hipotética –y pequeña– ganancia electoral. El gran beneficio sería, una vez más, para la opción antisistema que podría exhibir el disvalor del pacto de “la casta” ante una ciudadanía cada vez más confundida, desorientada y escéptica por el comportamiento de sus liderazgos políticos.
Con Schiaretti no vendría lo mejor del peronismo –sus ciudadanos, los compatriotas que votan al peronismo por lealtad partidaria, a los que les ha tocado soportar el desastre de sus gobiernos, pero que han seguido votándolos con admirable tenacidad y que seguramente seguirán haciéndolo por la propuesta que consideran la propia a su identidad, que hoy pasa claramente por su adhesión al kirchnerismo–. Vendrá lo peor: los puentes con las corporaciones que conforman el entramado de la “coalición de la decadencia”. Vendrán los empresarios prote
Se harán “schiarettistas” no los peronistas que votan, sino los que han lucrado con los votos peronistas escondiendo sus propósitos, muchos de ellos –la mayoría– con el actual gobierno, al que les convendrá demonizar para liberarse de culpas
los burócratas sindicales, los concesionarios amañados de servicios públicos monopólicos, la red delictiva de policías, jueces, punteros y fiscales del conurbano, los vínculos con el narcotráfico, los que negocian desde ambos lados del mostrador con fondos públicos y decisiones administrativas lesivas para el patrimonio público y aun los comunicadores que hace rato que decidieron dejar de responder a la ética de su profesión para convertirse en propagandistas.
No será seguramente porque Schiaretti –con nombre y apellido– los traiga con él, sino por los puentes de años construidos por el peronismo con esa coalición de la decadencia de la que forma su pata política fundamental. Se harán “schiarettistas” no los peronistas que votan, sino los que han lucrado con los votos peronistas escondiendo sus propósitos, muchos de ellos –la mayoría– con el actual gobierno, al que les convendrá demonizar para liberarse de culpas.
El peronismo, como expresión política difusa –más que el radicalismo, aunque menos que Pro, la CC o los propios libertarios–, seguirá existiendo. No puede saberse por cuánto tiempo, pero es una realidad en la Argentina. Debe darse su propio proceso renovador, hacer su reorganización interna, poner en orden sus ideas y lealtades y volver a identificar su esencia con la del país, que ha abandonado durante el período kirchnerista. No entorpezcamos su puesta al día y su necesaria reorganización con inventos de corto aliento y poca ética tratando de aprovechar hilachas de sus votos. Seamos leales, aun con ellos, seamos leales con los ciudadanos que aún creen en los liderazgos no peronistas y seamos por una vez aunque sea leales con el país que sufrimos ver derrumbarse día a día por nuestra incapacidad de concertar las medidas imprescindibles para frenar su decadencia y relanzarlo hacia un destino mejor.
Exsenador nacional entrerriano por la UCR

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TRANSPARENCIA

La Argentina mantuvo el aplazo y en un año no mostró avances en un ranking internacional de anticorrupción
El país solo obtuvo 38 puntos sobre 100 en la evaluación de la ONG Transparencia Internacional y quedó ubicado junto a Marruecos, Etiopía, Brasil y Moldavia; el juicio a la Corte Suprema y la condena a Cristina Kirchner en la mira de analistas
Cecilia Devanna
El ranking de países de Transparencia Internacional
En 2022 Argentina no presentó cambios respecto a 2021 en el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por la ONG Transparencia Internacional: sobre 100 puntos posibles solo obtuvo 38. La única modificación fue en el puesto que ocupa el país, que pasó del 96 al 94, pero solo por cambios en otros países, no por mejoras propias. De este modo, la Argentina se encuentra en una ubicación semejante a la de países como Marruecos, Etiopía, Brasil, Moldavia y Colombia. “Estamos absolutamente estancados y, como siempre aplazados. No es una situación que sorprenda”, dijo  Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
Ferreira Rubio explicó que se ven “casos de corrupción, denuncias de periodistas, de organizaciones civiles y que sobre ellos hay un gran manto de impunidad. Y eso genera percepción de que la corrupción es muy alta en Argentina”. Tras lo que ubicó como “telón de fondo” para la corrupción el “deterioro de la calidad de las instituciones, ataques a la independencia judicial y falta de seguridad jurídica”.
En la misma línea fue Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional y profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, quien consideró que “la Argentina vuelve a ser aplazada en la lucha anticorrupción, en un marco de estancamiento, anomia y luchas internas de poder”.
Experto en Acceso a la Información Pública, Calidad Institucional y Transparencia, Bermolén agregó que con la ubicación en la que quedó en el ranking, “la Argentina se mantiene en el pelotón de países latinoamericanos relegados junto a Colombia y Brasil, muy por debajo de los líderes de la transparencia latinoamericana que siguen siendo Chile y Uruguay. Sólo Venezuela y Paraguay muestran peores resultados”.
Entre 2020 y 2022, la Argentina retrocedió 18 casilleros en el índice anticorrupción anual realizado por Transparencia Internacional y quedó ubicada en el puesto 96 entre 180 países. A su vez, en 2020 ya había perdido 12 puestos en el ranking mundial, lo que significó una recaída luego de haber escalado durante los últimos años.
El índice, donde la mejor puntuación es 100 y la peor 0, califica a los países según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, construido a partir de datos de siete fuentes externas: encuestas y evaluaciones realizadas por varias instituciones que incluyen a especialistas en la materia, empresarios y consultoras.
D. Ferreira Rubio
De acuerdo a lo que se refiere a la posición local, se destaca que no se observan cambios durante los últimos años “producto de que no se han llevado adelante políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción, y el tema no está dentro de la agenda pública del gobierno”, según señala Pablo Secchi, de la ONG Poder Ciudadano.
En su análisis, Secchi señala que “se podría destacar como positivo el avance en políticas de integridad del Ministerio de Obras Públicas, especialmente lo relacionado al Mapa de Inversiones, y el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) impulsado por la Oficina Anticorrupción (OA) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para contribuir al desarrollo y mejora de los programas de integridad, el intercambio de buenas prácticas y la promoción de ambientes transparentes en negocios y mercados”.
Se trata de dos puntos que son resaltados desde el Poder Ejecutivo como “banderas” de lo que consideran que es una gestión “ejemplar”, en referencia a que no acumularon causas en la Justicia como sí sucedió en otras administraciones kirchneristas, en especial cuando Julio de Vido era titular del Ministerio de Planificación Federal. De todos modos, ante la consulta por la ubicación del país en el ranking no hubo respuesta oficial de la administración de Alberto Fernández.
El rol de la OA, el juicio a la Corte y la “fatiga institucional”, en la mira de los expertos
El rol de la Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del poder de turno y caracterizada por no emitir más que recomendaciones frente a sospechas de corrupción, no está exento de la mirada de los expertos. “Fracaso coronado con la reciente salida de Félix Crous como titular de la OA, en la práctica una institución dependiente del poder que se reduce a formalizar meras recomendaciones”, resalta Bermolén. El especialista destacó que “mientras la energía del Gobierno está puesta en sitiar a la Corte Suprema y propiciar la exoneración de sus dirigentes, la sociedad mantiene a la corrupción en el podio de los problemas más severos que afectan la Argentina, detrás de la inflación y la situación económica del país”.
Pablo Secchi
Mientras que la OA está acéfala desde la salida de Crous a fines del año pasado, sin que se designe un sucesor, el avance contra la Corte suma capítulos en el Congreso. “Es un aspecto preocupante el enfrentamiento constante entre el Gobierno y la Justicia que terminó con el pedido de juicio político a la Corte Suprema”, destacó Secchi. También subrayó como otro aspecto que atenta contra la situación local en materia de corrupción el hecho de que el Congreso no haya avanzado “con la prometida reforma de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, ni con la de Obras Públicas, ambas normativas necesarias para modernizar la regulación anticorrupción”.
Sin un impacto fuerte en el resultado total, “los hechos aislados difícilmente provocan cambios significativos”, explica Ferreira Rubio, quien sí se destaca como un punto positivo el hecho de que se haya logrado una veredicto condenatorio en la causa Vialidad, que llevó a Cristina Kirchner a juicio oral y público.
“En medio de la una fatiga institucional, condenas por corrupción a encumbrados funcionarios, ataques a la Justicia, debilitamiento de los organismos de control y parálisis de la actividad legislativa y del Consejo de la Magistratura, Argentina luce como un país entumecido y a la deriva”, evaluó Bermolén.
El experto también consideró que, en materia de calidad institucional, “los avances son esporádicos, vinculados a exigencias internacionales, crisis políticas, escándalos o tragedias que exponen las debilidades y falencias de un sistema que facilita la impunidad”. Y sentenció: “Se carece en la práctica de una una política pública de lucha contra la corrupción permanente y eficaz”.
Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda a la cabeza del ranking mundial
A nivel global, el ranking es encabezado por Dinamarca, con 90 puntos, seguido por Finlandia y Nueva Zelanda, con 87 puntos cada uno. Las peores posiciones fueron de Venezuela, con 14 puntos, Siria y Sudan del Sur, con 13, y Somalía, con 12.
El ranking de países de Transparencia Internacional
En el top ten de países con los mejores standares en lucha anticorrupción están Noruega, Singapur, Suecia, Suiza y Países Bajos. Estados Unidos, por su parte, se ubica en el puesto 24 y el Reino Unido, en el 20.
A nivel global, Ferreira Rubio introdujo como punto central en el ranking “la diferencia en cómo reaccionan ante la corrupción” los distintos países y los niveles de tolerancia que presentan las sociedades frente a esos hechos. Como ejemplo, señaló lo que sucedió en el Reino Unido y la Argentina frente a las fiestas que en plena cuarentena por Covid-19 realizaron sus respectivos mandatarios, Boris Johnson y Fernández, y las consecuencias que tuvieron cada uno. Para el primero marcaron el principio del fin de su gestión; mientras que para el segundo la crisis derivó en el pago de una multa.
Ferreira Rubio agregó otro factor: “Cuanto más cerca estamos de que la impunidad termine, mayores son los ataques” en represalia, y en esa línea mencionó, por ejemplo, la avanzada contra la Corte Suprema de Justicia encarada por el Poder Ejecutivo tras la condena a la vicepresidenta.
“El deterioro de calidad de las instituciones democráticas, eso es lo más preocupante. Lleva al abuso de poder, al discurso de enemigos y genera el caldo de cultivo para que haya más corrupción”, completó.

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TRANSPARENCIA EN EL VOTO

Buscan implementar un sistema de verificación de huellas dactilares en las próximas elecciones
La iniciativa busca evitar la suplantación de identidades y se complementación con la modalidad actual de verificación manual del DNI; también planean escanear los telegramas para acelerar el proceso de contabilización de votos
Además de la modalidad actual de comprobación de identidad con DNI, la cámara electoral planea sumar un sistema biométrico de huellas dactilares.
En las próximas elecciones, para votar será necesario acreditar la identidad de la forma tradicional mediante el DNI y se sumará una nueva modalidad: la verificación mediante un sistema biométrico de huellas dactilares.
Este sistema de chequeo estará en las entradas de los establecimientos, donde todos los votantes deberán poner su huella digital para verificar su identidad. En caso que no coincida con los datos del DNI o con la huella archivada en el RENAPER (con la digitalización incluida en el nuevo documento), podrían pasar a otro proceso de mayor inspección, pero no se le impedirá el voto a nadie, al menos en esta prueba piloto.
A su vez, en la mesa de votación también seguirá el proceso normal de verificación de la identidad con el documento nacional de identidad.
En rigor, el "objetivo biométrico" es evitar la suplantación de las identidades, tanto de argentinos como de aquellos que vienen de países limítrofes. La CNE no cree que sea un número "significativo" y que no hay cruces de frontera "desmedidos". Sin embargo apuntan a evitar el "peso subjetivo" y de "deslegitimación" que estas acciones producen en un acto eleccionario.
Cuándo se implementará el lector de huellas
Sin embargo, la necesidad de la implementación de tecnología en las próximas elecciones legislativas parece ser una necesidad tanto del gobierno como de la Cámara Nacional Electoral.
La CNE ya obtuvo el permiso para que en agosto se estrene un sistema biométrico de comprobación de identidad en alrededor de 120 establecimientos del Norte del país, como Jujuy, Salta, Formosa, Corrientes, Misiones, entre otros. Este plan tuvo el aval de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ministro de Justicia, Germán Garavano, en noviembre pasado y, según confirmaron desde la Cámara, lo único que esperan es que el Consejo de la Magistratura apure el trámite para comprar las máquinas, con un presupuesto de 67 millones de pesos que le giraron desde la Corte Suprema para que se puedan utilizar en las PASO.
Escanear los telegramas

La CNE también mostró en los últimos días su preocupación por el conteo del resultado provisorio, luego de las "demoras que existieron en la emisión de resultados en las elecciones presidenciales". En este caso, Santiago Corcuera, presidente, y Alberto Dalla Via, vice, establecieron los requisitos y condiciones para la realización del escrutinio provisorio, que "si bien no tiene relevancia jurídica a efectos de la imputación de los resultados, es incuestionable su trascendencia en la opinión pública". La idea es evitar el traslado manual para ahorrar tiempos.
Para ello, el plan de "agilizar" este mecanismo es que haya escáners en todos los establecimientos (13.885 más 217 cárceles) que permitan enviar de manera inmediata los telegramas al centro de cómputos. "Que en vez de recibir estos resultados a las 21, lo puedan recibir a las 19.30", se entusiasman desde Interior. La implementación estará a cargo del Ministerio de Modernización.
Los jueces de la Cámara Nacional Electoral se reunieron el miércoles también para avanzar en un plan que garantice mayor seguridad informática en los padrones (algo que había sido pedido por la Jueza María Servini de Cubría) y en la modernización de los registros electorales, con una mejor gestión de las bases de datos.

¿Habrá boleta única electrónica en todo el país?
Cada cambio en la forma de emitir el voto siempre es una ocasión donde sobrevuela el tema de la boleta única electrónica, un tema que no deja de estar presente incluso durante la implementación de otros mecanismos de control. "Es posible que no se llegue a implementar para esta elección, porque los tiempos no dan", admitió en conferencia de prensa Marcos Peña sobre la implementación de la Boleta Única Electrónica . En rigor la ley tiene media sanción en Diputados, pero fue frenada a fines de noviembre de 2016.
Desde la oficina del Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, a cargo de Adrián Pérez , todavía son optimistas y creen que podría ser votada en marzo, con la posibilidad de que se incluya a la Ciudad de Buenos Aires y Salta como pruebas piloto de lo que será una implementación total para 2019.
S. D.