TRANSPARENCIA, GRESCA Y CAMBIOS

El Gobierno se apoya en datos de un fiscal para depurar planes
Sin información propia, los funcionarios recurren a Marijuan para hacer la auditoría del Potenciar Trabajo
Cecilia Devanna
A poco de empezar la auditoría con la que buscará tener en claro el universo de planes sociales en el país, el Ministerio de Capital Humano, en la órbita de Sandra Pettovello, dio de baja en las últimas horas 4588 planes. La cifra fue con base en irregularidades detectadas por el fiscal federal Guillermo Marijuan, “luego del entrecruzamiento de la base de datos de beneficiarios del Potenciar Trabajo y de la nómina de empleados públicos de 14 provincias”.
Según pudo saber la nacion, al menos hasta que se tenga terminada la auditoría, que comenzará a realizarse en los próximos días y se extenderá por al menos tres meses, la Justicia colaborará con el Poder Ejecutivo mensualmente.
Marijuan, fiscal federal con base en Comodoro Py, es también el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) –que abarca el subsistema previsional, el de riesgos de trabajo y el de desempleo, entre otros–. Desde allí viene llevando adelante diferentes investigaciones sobre el tema y, tras el cambio de gobierno, se le solicitó colaboración para los pagos mensuales de los planes.
“Hasta ahora estamos a oscuras”, dicen en la cartera que dirige Sandra Pettovello en referencia a la falta de datos concretos sobre los planes actuales. Agregan que encontraron un ministerio “tabicado” entre los diferentes movimientos y sectores políticos que marcaron el ritmo de la gestión anterior. Por caso, Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, en la anterior gestión estuvo a cargo de la Secretaría de Economía Social, encargada de la administración de los planes Potenciar Trabajo.
Según pudo saber este diario de fuentes oficiales, la cartera trabaja con Marijuan mandándole el listado de las personas enroladas para cobrar al mes siguiente y desde la Ufises se “corrobora si no hay anomalías”, a través del cruce de datos. El primer cruce arrojó más de 4500 irregularidades, lo que devino en la baja inmediata de esos planes.
Según precisaron desde la cartera de Capital Humano, la investigación arrojó que, luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan. De acuerdo con lo informado, las provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
El Ministerio de Capital Humano se prepara para empezar esta semana con la primera auditoría de esta gestión en el tema, en la que todo indica que usarán como base primordial la de la Anses y a partir de allí irán cruzando datos con otras bases de la administración pública. Por estas horas, se trabaja en un software que permita los cruzamientos luego de que los beneficiarios actualicen su información personal.
“La idea es ser lo más transparentes posible y necesitamos tener información sobre los beneficiarios, porque si no, el sistema no sirve”, dijeron a fuentes que trabajan en el tema. “Hay que auditar todo”, dicen. El Gobierno ya anunció que se le quitarán los planes a quienes corten las calles (aunque no dijo cómo se implementará esa medida) y que avanzará para eliminar las figuras de los intermediarios.
Segmentación
En el país hay alrededor de 1.200.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, un programa que a cambio de una contraprestación de cuatro horas –certificada por las organizaciones sociales– otorga un salario social complementario que equivale a la mitad del salario mínimo.
La idea del Gobierno es no ampliar el número de beneficiarios y tener la mayor información posible sobre ellos. Para eso, se avanzó en diálogos entre Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia en Capital Humano, y el titular de la Anses, Osvaldo Giordano, para el uso de la base del organismo como fuente de información.
Una vez obtenidos y analizados los datos, el plan es segmentar los beneficiarios según las diferentes áreas. Un amplio porcentaje de titulares de entre 18 y 29 años, que representan alrededor de un 30% del padrón, con unas 450.000 personas, podría pasar a la órbita de Trabajo. Los de más de 55 años podrían quedar en la órbita de Desarrollo Social, reorientados a trabajos comunitarios, dicen. Otra parte, si todavía le resta completar estudios, podría quedar bajo la Secretaría de Educación, todas dependientes de Pettovello.
Por estas horas en el oficialismo hablan del “acompañamiento” que cada una de las personas que recibe planes podría tener en un futuro cercano. Planean que haya un acompañante cada 20 familias, que podría ser un enfermero o un trabajador social, entre otras disciplinas, con el objetivo de que siga de cerca las realidades y necesidades de cada una de ellas y oficie como nexo con otras esferas del Estado. “En nueve meses salen adelante”, dicen, muy optimistas sobre lo que puede suceder, aunque reconociendo que la situación va a estar atada a la suerte económica del país. “Todo va a suceder si se encamina la economía”, es la frase repetida en medio de un complejo escenario económico y social.
Cuando hablan del tema, en el Gobierno imaginan un modelo similar al que se da en Chile con el Registro Social de Hogares (RSH), el sistema de información que permite los procesos de selección de beneficiarios de subsidios y programas sociales de acuerdo con las diferentes necesidades de las personas.

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Natalia Zaracho, diputada por el bloque de Unión por la Patria, protagonizó un confuso episodio que se difundió en redes a través de un video en el que se la ve a los empujones en un partido de fútbol cinco. Zaracho, cuyo referente político es el dirigente social Juan Grabois, alegó que estaba “separando” para que las personas que estaban trenzadas en el forcejeo no se lastimaran. El hecho sucedió el domingo en Lomas de Zamora y no pasó a mayores. Según dijo Zaracho, se trataba del partido de fútbol de su sobrina. Grabois también la defendió y dijo que intervino para separar a quienes se peleaban.

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Claves de la reforma política de Milei: posibles perdedores, ganadores y las dudas irresueltas
Las iniciativas oficialistas podrían generar un reacomodamiento de las fuerzas partidarias; el riesgo de ungir a “minigobernadores”

Delfina Celichini
Las ambiciosas reformas electorales que plantea el gobierno de Javier Milei introducen modificaciones a un conjunto de engranajes coordinados entre sí. La supresión de las PASO, la reformulación de la elección de los diputados nacionales bajo un esquema de circunscripciones uninominales por provincia y la introducción de la boleta única de papel (BUP) son parte del compendio de cambios que el Poder Ejecutivo motoriza para el sistema político argentino. Con efectos contrapuestos, las iniciativas impulsadas podrían generar un reacomodamiento de las fuerzas políticas, así como una reestructuración del sistema de partidos que beneficiaría a unos y perjudicaría a otros.
Esto preanuncia un debate legislativo intenso y siembra dudas sobre los plazos fijados por el Gobierno, que reclama que las iniciativas sean sancionadas en solo un mes por ambas cámaras. Si bien el proyecto de la BUP ya cuenta con media sanción de Diputados, tendría que atravesar el mismo proceso en el Senado. Para su sanción, además, el oficialismo debería reunir 37 voluntades, la mayoría absoluta que se requiere para aprobar iniciativas de índole electoral. Las otras dos reformas –eliminación de las PASO y modificación de la composición de Diputados y la representación de las provincias en la Cámara baja– son parte de la ley ómnibus que el Ejecutivo envió el miércoles al Congreso y también requieren mayorías agravadas para convertirse en ley.
“Una reforma tiene impacto sobre la otra. Hay que ir resolviendo cada una de las cosas. Si uno diseña un sistema de boleta única tiene que estar articulado con circunscripciones uninominales, condicionado por el tipo de lista que se utiliza y por la existencia o no de las primarias”, señaló a
Lourdes Lodi, doctora en Ciencias Políticas y directora del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Es que mientras que un sistema de BUP tiende a favorecer a los partidos más chicos, porque elimina la barrera de la fiscalización y los costos de la impresión de papeletas, la adopción de un sistema de circunscripciones uninominales para la elección de diputados nacionales robustece a las mayorías y les quita visibilidad a las terceras fuerzas que no logran imponerse. Es decir, atenta contra la representación de las minorías que habitualmente obtienen bancas gracias a la suma de los votos que sacaron en todo un distrito mediante el reparto proporcional por sistema D’Hondt.
La supresión de las PASO, en tanto, se impulsa desde el Gobierno con el argumento de la reducción del gasto. Sin embargo, podría obstruir el recambio generacional si los líderes tradicionales conservan para sí la definición de quiénes van a ocupar los lugares en las listas.
A pesar de estas contradicciones, existe un denominador común. Las reformas fomentan los personalismos en desmedro de las estructuras partidarias, una característica inherente a la meteórica llegada al poder de Milei, quien logró consagrarse presidente con un partido creado solo dos años antes.
Si bien uno de los argumentos a favor de la elección por circunscripción uninominal tiene que ver con que mejora el conocimiento de los candidatos, así como también la rendición de cuentas –o accountability–, tiene un efecto sobre la personalización de la política en detrimento del partido, que presentaría un único candidato por cada circunscripción y en cada una de ellas se elegiría a un único representante por simple mayoría.
“Esto puede afectar la gobernabilidad en algunas provincias porque le estás dando preeminencia a un candidato por sobre el propio gobernador”, advierte Lodi, quien piensa en la posible situación de Tierra del Fuego, que podría terminar –si se aprueba la reforma– con un solo diputado nacional. “En distritos con poca población y con la variable del calendario desdoblado, prácticamente lo que se estaría eligiendo serían minigobernadores”, agrega.
Eso se suma a un sistema de boleta única que deja de lado a las boletas partidarias y le da entidad al candidato en el momento de la elección, facilitando el voto cruzado entre fuerzas. En una sola papeleta se incluirían todas las categorías en las que se compita y estaría dividida en franjas horizontales por agrupación política, así como en columnas por categorías de cargos.
Sobre la importancia de esta transformación para Milei, Lucas Romero, politólogo, analista político y director de la consultora Synopsis, consideró: “El actual presidente tuvo dificultades para fiscalizar y naturalmente para él es mucho más importante que para cualquier otro candidato. Sin embargo, no deja de ser raro que desde el oficialismo se impulse la BUP porque ahora tiene el aparato detrás”.

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