Población y territorio, un problema en el camino al desarrollo
En un país con áreas urbanas atestadas y donde el federalismo se ha convertido en una ficción, urgen políticas inteligentes de descongestión y relocalización de sus habitantes
Jorge Ossona Miembro del Club Político Argentino y de Profesores Republicanos
La relación entre población y extensión territorial siempre fue problemática en esta lejana comarca del Imperio Español. Lo sigue siendo doscientos cincuenta años más tarde, como lo prueba la actual macrocefalia en torno al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) resultante de sucesivos movimientos demográficos. Procuraremos analizarlos: primero, en su dimensión cuantitativa; y luego, cualitativa.
Cuando la Revolución Industrial convirtió al dominio del océano Atlántico en una preocupación geopolítica para las potencias europeas de fines del siglo XVIII, el rey Carlos III creó el virreinato del Río de la Plata con sede en Buenos Aires. Se calcula que por entonces todas sus gobernaciones e intendencias no alcanzaban el medio millón de personas. Lo paradojal era la asimetría entre sus dos polos: el lejano Potosí, rico en plata, contaba con unas ciento cincuenta mil; mientras que la capital porteña, apenas cuarenta mil.
Tras la emancipación, el Alto Perú quedo fuera de las Provincias Unidas y de su ulterior Confederación. Ya en marcha la organización nacional del país, el presidente Sarmiento ordenó en 1869 el primer censo. El saldo no podía ser más desalentador: la Argentina no llegaba ni a los dos millones de habitantes. Con un territorio tan vasto, cualquier proyecto estatal era fiscalmente inviable. Urgía aprovechar la nueva fase de la industrialización europea comenzada a mediados del siglo XIX, atrayendo una parte de sus ejércitos de reserva laborales diseminados en todo el subcontinente. Tarea dificultada por la distancia y por las guerras civiles iniciadas en 1810 y aun inconclusas.
Hasta 1880, los inmigrantes llegaron con cuentagotas atraídos por el ciclo lanar y la incipiente agricultura litoraleña. Pero bastó el fin de los conflictos regionales con la federalización de Buenos Aires para que se convirtieran en una marea humana apenas interrumpida por la crisis de 1890 y la Primera Guerra Mundial. Hacia 1895, el flamante país ya contaba con cuatro millones de habitantes; y hacia su tercer censo, en 1914, con el doble. En 1910, durante los festejos del Centenario, el desolador diagnóstico de 1869 había quedado definitivamente atrás: estaba en marcha “una nueva y gloriosa Nación”.
De la angustia se transitó a una euforia que inspiraba a los más optimistas a prever unos cien millones de habitantes para la segunda centuria de la patria. El último censo, realizado en 2010, arrojó apenas cuarenta millones. Algo falló; aunque sin comprometer los cimientos de la obra fundacional. El flujo inmigratorio se aletargó durante la primera posguerra, para detenerse con el marasmo de la Gran Depresión de 1929.
Desde 1930, el país se cerró y solo llegaron contingentes marginales durante la segunda posguerra y hasta mediados de los 50. Veinte años más tarde aceleraron su llegada nuevos remanentes procedentes de nuestros vecinos; sobre todo de Paraguay y Bolivia, el antiguo y próspero Alto Perú.
Por entonces, estaba comenzando un nuevo trastorno colectivo que ya lleva medio siglo. Veamos su saldo demográfico y sus connotaciones cualitativas.
Como en los antiguos tiempos virreinales, la Argentina actual exhibe una polarización no solo cuantitativa, sino también cualitativa. Sin datos censales de última generación, pero estimando el crecimiento vegetativo, seremos unos 45 millones de habitantes. Diecinueve se concentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su provincia homónima; con lo que un 40% de la población se asienta en el 4% del territorio nacional.
El AMBA, que suma a la CABA (3 millones) con su conurbano provincial (11 millones), contiene a 14. Dicho de otro modo, una tercera parte del país vive en el 0,5% de su superficie. Un diagnóstico más sombrío que el del censo de 1869; y no solo La Argentina actual exhibe una polarización no solo cuantitativa, sino también cualitativa por la macrocefalia: el Gran Buenos Aires aglutina a un poco menos de la mitad de la nueva pobreza endémica nacional (40%) alcanzando al 48% de sus habitantes. ¿Cómo se llegó a este estado de cosas? Retomemos el análisis histórico.
Desde la unificación nacional en 1861, luego de la guerra entre la Confederación y la rebelde Buenos Aires, una sigilosa prosperidad empezaba a golpear nuestras puertas incrementando la llegada de europeos, que, como no podía ser de otra manera, tendieron a radicarse en las llanuras del este y en torno de sus grandes centros urbanos. Desde hacía ya varias décadas, la bonanza litoraleña también motivó un efecto magnético respecto del millón de habitantes –la mitad nacional– residentes entre Córdoba y la frontera con Bolivia por el norte, y las zonas cordilleranas por el oeste.
De acelerarse la expansión agropecuaria, como en efecto ocurrió desde la capitalización, los europeos habrían de confluir con los provincianos. Con lo que el éxito de la Nación podía llegar a destruir uno de los pilares de su diseño institucional: el federalismo heredado de las luchas emancipatorias. Un artefacto costoso tanto por la extensión y la heterogeneidad regional del país como por la avidez de las elites interiores de lograr por vías políticas aquello que la geografía les negaba desde la pérdida de la capital económica potosina. Conscientes del problema, y consolidadas en el poder central desde fines de los 70, pergeñaron ingeniosos dispositivos económicos y políticos. Enumeremos algunos.
El Ferrocarril Central Argentino se extendió de Córdoba a Tucumán entre 1870 y 1876 por iniciativa estatal, con el fin de incentivar la producción azucarera tucumana. Asimismo, se la protegió mediante altas barreras arancelarias respecto de las importaciones del nordeste brasileño y Cuba. Durante las presidencias consecutivas de dos tucumanos –Nicolás Avellaneda y Julio A. Roca– se dispuso un generoso financiamiento para modernizar sus ingenios. Sobre todo, tras la sanción de la ley de bancos garantidos de 1887, que habilitaba a las provincias a emitir sus propias monedas. El crack financiero de 1890, nuestro primer default, puso fin al alegre derroche. Pero por entonces, decenas de miles de trabajadores golondrina procedentes del norte y del oeste emigraban cada año a Tucumán a participar de la zafra. Poco después, emergió otro polo en torno del vino mendocino.
Estos retenes demográficos salvaron al federalismo de su colapso durante casi un siglo y sustentaron en su transcurso a nuevos cultivos industriales. Las compuertas se rompieron hacia los 60 del siglo XX a raíz de las políticas de racionalización económica del gasto inflacionario. Estas confluyeron con una complejización de la demanda de los grandes centros urbanos del Litoral, conduciendo a la crisis de esas economías regionales.
En los 70 también colapsó la industrialización protegida desde la crisis de 1930, que durante medio siglo siguió las directrices del azúcar tucumano. Las multitudes radicadas desde entonces en los grandes conurbanos del país se toparon desde los 80 con la nueva realidad de la marginalidad; sobre todo, en el bonaerense y sus sucesivos cinturones industriales. El federalismo, por su parte, se ha convertido en una ficción, como lo prueban provincias pobres devenidas en feudos nepóticos. Su dependencia absoluta del poder central convierte a sus legisladores en alfiles de sus gobernadores mendicantes más que en representantes genuinos de sus poblaciones sumidas en la miseria o regimentadas por el empleo público.
Sin duda, urgen políticas de descongestión y relocalización inteligentes. Aunque imposibles en el país trabado de la inflación y la anomia jurídica y política.
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