Frenan las subas de aranceles para transferencias de autos
El Gobierno había anunciado en el Boletín Oficial aumentos que llegaban hasta 300%; los desactivó anoche Cúneo Libarona
Iván Mazorco
A última hora de ayer, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dio marcha atrás con los aumentos de hasta 300% en los aranceles para las transferencias de autos. Con su firma, se había publicado por la mañana en el Boletín Oficial una resolución que actualizaba los aranceles cobrados por el Registro Automotor en las transferencias de vehículos. Esos valores no se modificaban desde el 31 de octubre de 2023.
“Luego de revaluar la situación hemos decidido dejar sin efecto dos resoluciones que se conocieron hoy [por ayer]. Se suspende así el aumento de los formularios y de los ingresos de los encargados de los registros automotores”, escribió el ministro en la red social X.
Para que se tenga una noción del volumen burocrático que se maneja en una oficina registral, apenas el rubro automotor acumula un total de 43 aranceles, número que crece exponencialmente si se contemplaran también los motovehículos y maquinarias. Se estima que en la Argentina los traspasos de autos entre particulares tienen un costo promedio de US$1123 únicamente en el pago de once aranceles.
Las últimas actualizaciones de estos montos habían sido en 2023: una en junio y la otra en el citado octubre, aunque entraron en vigor el 1º denoviembreúltimo.Segúnquéoperación se lleve adelante, los costos y arancelesaabonarvariaban,pero,en este caso, todos habían aumentado.
Por ejemplo, la expedición del Título del Automotor o su duplicado implicaba un pago de $920 y la certificación de firmas (que se abona una vez por firma y en cada trámite), $1300. Con esta nueva disposición, los valores subían a $3870 y $2990, respectivamente.
La transferencia de automotores para transporte de pasajeros o de carga tenía un costo de $60.000, actualizado subía a $157.000, y la transferencia de autos subastados, armados fuera de fábrica o clásicos se pagaba $19.500, y había quedado en $45.000. En algunos casos, se acumulan varios aranceles a pagar en la misma operación, según corresponda en cada caso.
Patricia Vásquez, diputada nacional de Juntos por el Cambio, impulsa un proyecto de ley que busca eliminar el Registro Automotor así como varios trámites que son obligatorios, como el grabado de autopartes; además de plantear una completa reformulación de la VTV.
El cambio en el Registro Automotor quedó afuera de la nueva ley ómnibus. El objetivo principal del proyecto es que la patente pertenezca al usuario y no al vehículo, teniendo “tantas patentes únicas como vehículos tenga, siempre unidas al DNI”, como comentó la legisladora ante la consulta
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En los grandes bancos solo se habla del dólar
Francisco Jueguen
Terminó la primera etapa. Ahora es necesario un relanzamiento”, dijo el economista en jefe de uno de los principales bancos argentinos por la mañana. En esa entidad financiera, prevén una aceleración del crawling peg –microdevaluaciones– desde el tercer trimestre y ven al dólar oficial en $1350 a fin de año con un desarme parcial del cepo cambiario. Si no hay una reformulación del esquema monetario y cambiario, que en el banco preveían para el mes que viene, pero que –estiman– el Gobierno sostendrá durante la cosecha, el encargado de hacer los ajustes podría ser el propio mercado. Y se sabe: el mercado es desprolijo.
“Cuando el río suena...”, afirmó otro economista jefe de otro gran jugador bancario en el país, que por la tarde había dado una charla para clientes brasileños. “¿A que no sabés qué me preguntaron?”, dijo sobre las dudas acerca del dólar. En esa entidad internacional prevén un dólar oficial a $1600. “Lo vamos a reajustar para abajo”, recalculó. “El policy maker siempre dice que no va a devaluar, pero cuando se empiezan a ver viajes de compras a Chile...”, ironiza sobre el atraso cambiario, que ubica en un 7%.
Entre café y jugo de naranja, algún scon de queso y medialunas en un encuentro cerrado para algunos pocos, el primero de los expertos es muy optimista. “La batalla la están ganando”, concluyó y se sorprendió por la convicción del Gobierno de ir al hueso con lo que, cree, es el gran problema argentino: el fiscal.
Celebró el sinceramiento de la inflación reprimida –licuación de Leliq y pases, suba del tipo de cambio, cambio de tarifas– y el apretón fiscal-monetario. Ve, en cambio, más dificultades en el plano estructural, o sea, en las reformas para la mejora de la competitividad de la economía. Sin embargo, afirma que esos cambios pueden esperar hasta 2025 y que la sola estabilización económica –más reservas, menos brecha cambiaria y descenso de la inflación– ya puede comenzar a dar algunos resultados para motorizar la actividad.
Su colega es más pesimista. Señala que la productividad argentina “es una porquería (sic)”. Es lo que llevará, asiente, a un cambio obligado en el régimen monetario después de la cosecha gruesa. “Quizás un crawl más rápido en el marco de un plan. Si no, esto [el tipo de cambio] te va a afectar la cuenta corriente y el mercado se te pone nervioso”, agrega.
Para el primero de los expertos, la inflación núcleo llegaría a 7% en este mes (casi dos puntos por debajo de la de marzo) y prevé un alza para este año de 179%, por debajo de la que dejó Alberto Fernández (211%), pero levemente por encima de la que calcula el FMI, de 150%. El primer dato mensual de un dígito llegaría después del impacto de los fuertes saltos tarifarios de abril, quizás en mayo o junio, estima. El Ministerio de Economía todavía confía en que abril tenga un nivel general de un dígito, tal como preveía el ministro Luis Caputo en diciembre.
Ambos colegas coinciden en que el cambio del esquema cambiario debe hacerse en el marco de un plan de segunda generación para hacer que el ajuste sea sustentable en el tiempo. “No se puede paralizar la obra pública para siempre”, dicen.
Se profundizará la quita de subsidios y deberán ganar protagonismo nuevos ingresos (moratoria, blanqueo, Ganancias y ¿retenciones?).
El nuevo esquema cambiario no tendrá un traslado a precios alto, descuentan, porque, luego de la sobrerreacción de los precios, hay posibilidades para estrechar márgenes, sobre todo cuando no hay pesos y el PBI caería 4% este año (más del 2,8% previsto por el FMI).
La posibilidad de retrasar la modificación del actual régimen cambiario de transición depende de sumar nuevos dólares, del FMI o de inversiones. Cerca de Caputo, que viajaba anoche a Washington, siguen diciendo que esa posibilidad está verde. La segunda depende del Congreso y del régimen para grandes inversiones en la “Ley de bases” (que podría atraer desembolsos rápidos de grandes jugadores) y de que la estabilidad macro se sostenga. En 2025 habrá que pagar vencimientos de deuda por US$8000 millones: esa estabilidad deberá devolver a la Argentina a los mercados de crédito.
Acciones y bonos son un tema que preocupa a un trader, como Caputo, cuando mira el impacto del conflicto en Medio Oriente. “La información dice que no va a pasar a mayores, pero obviamente puede cambiar. Veremos…”, dicen en el quinto piso de Economía.
¿Y la dolarización? Fue un tema que alguna vez preocupó mucho a los bancos, tanto como la posibilidad de un Plan Bonex para desarmar la bola de Leliq. “Está descartada”, afirman en el banco mientras sirven otro café para el desayuno. “Pasó el momento”, agregan.
Mientras, se despiertan algunas dudas empresarias por la relación del Gobierno con el sector privado. Javier Milei, que destrató el año pasado a IDEA e ignoró al Cippec, volverá a hablar el viernes al cierre del encuentro de líderes de negocios en el Llao Llao. Influye su cercanía con Eduardo Elsztain. Esa buena sintonía no es con todos. Daniel Funes de Rioja terminó afuera de la Copal (alimentos) y Claudio Belocopitt, de la Unión Argentina de Salud (prepagas). Son las dos batallas que, en medio de la guerra contra la inflación –en honor a Alberto Fernández–, libraron los libertarios. Con relación al sector de la salud, en Economía dicen que no fueron a la Justicia y que seguirán otros caminos: ¿Comisión Nacional de Defensa a la Competencia? En las empresas descuentan una medida cautelar. Cuentan que la pelea estuvo a punto de solucionarse el miércoles pasado entre Mario Lugones y Santiago Caputo. El acuerdo era congelar los precios. Todo se rompió en la Jefatura de Gabinete. Una cautelar en la Justicia para retrotraer precios haría que el mes que viene no se pagaran sueldos en las clínicas, advierten en las empresas. Y eso que la Anmat cambió de categoría, de venta bajo receta a venta libre, unos 22 medicamentos, un guiño a prepagas y laboratorios.
También hay desprolijidades. En Comercio no hay firma porque el Gobierno modificó la estructura de Economía y Capital Humano. La orfandad de funcionarios pone el foco en los massistas que quedaron, o en los renovados, como Gustavo Martínez Pandiani –canciller de Sergio Massa–, nombrado en la embajada de Trinidad y Tobago.
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A última hora de ayer, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dio marcha atrás con los aumentos de hasta 300% en los aranceles para las transferencias de autos. Con su firma, se había publicado por la mañana en el Boletín Oficial una resolución que actualizaba los aranceles cobrados por el Registro Automotor en las transferencias de vehículos. Esos valores no se modificaban desde el 31 de octubre de 2023.
“Luego de revaluar la situación hemos decidido dejar sin efecto dos resoluciones que se conocieron hoy [por ayer]. Se suspende así el aumento de los formularios y de los ingresos de los encargados de los registros automotores”, escribió el ministro en la red social X.
Para que se tenga una noción del volumen burocrático que se maneja en una oficina registral, apenas el rubro automotor acumula un total de 43 aranceles, número que crece exponencialmente si se contemplaran también los motovehículos y maquinarias. Se estima que en la Argentina los traspasos de autos entre particulares tienen un costo promedio de US$1123 únicamente en el pago de once aranceles.
Las últimas actualizaciones de estos montos habían sido en 2023: una en junio y la otra en el citado octubre, aunque entraron en vigor el 1º denoviembreúltimo.Segúnquéoperación se lleve adelante, los costos y arancelesaabonarvariaban,pero,en este caso, todos habían aumentado.
Por ejemplo, la expedición del Título del Automotor o su duplicado implicaba un pago de $920 y la certificación de firmas (que se abona una vez por firma y en cada trámite), $1300. Con esta nueva disposición, los valores subían a $3870 y $2990, respectivamente.
La transferencia de automotores para transporte de pasajeros o de carga tenía un costo de $60.000, actualizado subía a $157.000, y la transferencia de autos subastados, armados fuera de fábrica o clásicos se pagaba $19.500, y había quedado en $45.000. En algunos casos, se acumulan varios aranceles a pagar en la misma operación, según corresponda en cada caso.
Patricia Vásquez, diputada nacional de Juntos por el Cambio, impulsa un proyecto de ley que busca eliminar el Registro Automotor así como varios trámites que son obligatorios, como el grabado de autopartes; además de plantear una completa reformulación de la VTV.
El cambio en el Registro Automotor quedó afuera de la nueva ley ómnibus. El objetivo principal del proyecto es que la patente pertenezca al usuario y no al vehículo, teniendo “tantas patentes únicas como vehículos tenga, siempre unidas al DNI”, como comentó la legisladora ante la consulta
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En los grandes bancos solo se habla del dólar
Francisco Jueguen
Terminó la primera etapa. Ahora es necesario un relanzamiento”, dijo el economista en jefe de uno de los principales bancos argentinos por la mañana. En esa entidad financiera, prevén una aceleración del crawling peg –microdevaluaciones– desde el tercer trimestre y ven al dólar oficial en $1350 a fin de año con un desarme parcial del cepo cambiario. Si no hay una reformulación del esquema monetario y cambiario, que en el banco preveían para el mes que viene, pero que –estiman– el Gobierno sostendrá durante la cosecha, el encargado de hacer los ajustes podría ser el propio mercado. Y se sabe: el mercado es desprolijo.
“Cuando el río suena...”, afirmó otro economista jefe de otro gran jugador bancario en el país, que por la tarde había dado una charla para clientes brasileños. “¿A que no sabés qué me preguntaron?”, dijo sobre las dudas acerca del dólar. En esa entidad internacional prevén un dólar oficial a $1600. “Lo vamos a reajustar para abajo”, recalculó. “El policy maker siempre dice que no va a devaluar, pero cuando se empiezan a ver viajes de compras a Chile...”, ironiza sobre el atraso cambiario, que ubica en un 7%.
Entre café y jugo de naranja, algún scon de queso y medialunas en un encuentro cerrado para algunos pocos, el primero de los expertos es muy optimista. “La batalla la están ganando”, concluyó y se sorprendió por la convicción del Gobierno de ir al hueso con lo que, cree, es el gran problema argentino: el fiscal.
Celebró el sinceramiento de la inflación reprimida –licuación de Leliq y pases, suba del tipo de cambio, cambio de tarifas– y el apretón fiscal-monetario. Ve, en cambio, más dificultades en el plano estructural, o sea, en las reformas para la mejora de la competitividad de la economía. Sin embargo, afirma que esos cambios pueden esperar hasta 2025 y que la sola estabilización económica –más reservas, menos brecha cambiaria y descenso de la inflación– ya puede comenzar a dar algunos resultados para motorizar la actividad.
Su colega es más pesimista. Señala que la productividad argentina “es una porquería (sic)”. Es lo que llevará, asiente, a un cambio obligado en el régimen monetario después de la cosecha gruesa. “Quizás un crawl más rápido en el marco de un plan. Si no, esto [el tipo de cambio] te va a afectar la cuenta corriente y el mercado se te pone nervioso”, agrega.
Para el primero de los expertos, la inflación núcleo llegaría a 7% en este mes (casi dos puntos por debajo de la de marzo) y prevé un alza para este año de 179%, por debajo de la que dejó Alberto Fernández (211%), pero levemente por encima de la que calcula el FMI, de 150%. El primer dato mensual de un dígito llegaría después del impacto de los fuertes saltos tarifarios de abril, quizás en mayo o junio, estima. El Ministerio de Economía todavía confía en que abril tenga un nivel general de un dígito, tal como preveía el ministro Luis Caputo en diciembre.
Ambos colegas coinciden en que el cambio del esquema cambiario debe hacerse en el marco de un plan de segunda generación para hacer que el ajuste sea sustentable en el tiempo. “No se puede paralizar la obra pública para siempre”, dicen.
Se profundizará la quita de subsidios y deberán ganar protagonismo nuevos ingresos (moratoria, blanqueo, Ganancias y ¿retenciones?).
El nuevo esquema cambiario no tendrá un traslado a precios alto, descuentan, porque, luego de la sobrerreacción de los precios, hay posibilidades para estrechar márgenes, sobre todo cuando no hay pesos y el PBI caería 4% este año (más del 2,8% previsto por el FMI).
La posibilidad de retrasar la modificación del actual régimen cambiario de transición depende de sumar nuevos dólares, del FMI o de inversiones. Cerca de Caputo, que viajaba anoche a Washington, siguen diciendo que esa posibilidad está verde. La segunda depende del Congreso y del régimen para grandes inversiones en la “Ley de bases” (que podría atraer desembolsos rápidos de grandes jugadores) y de que la estabilidad macro se sostenga. En 2025 habrá que pagar vencimientos de deuda por US$8000 millones: esa estabilidad deberá devolver a la Argentina a los mercados de crédito.
Acciones y bonos son un tema que preocupa a un trader, como Caputo, cuando mira el impacto del conflicto en Medio Oriente. “La información dice que no va a pasar a mayores, pero obviamente puede cambiar. Veremos…”, dicen en el quinto piso de Economía.
¿Y la dolarización? Fue un tema que alguna vez preocupó mucho a los bancos, tanto como la posibilidad de un Plan Bonex para desarmar la bola de Leliq. “Está descartada”, afirman en el banco mientras sirven otro café para el desayuno. “Pasó el momento”, agregan.
Mientras, se despiertan algunas dudas empresarias por la relación del Gobierno con el sector privado. Javier Milei, que destrató el año pasado a IDEA e ignoró al Cippec, volverá a hablar el viernes al cierre del encuentro de líderes de negocios en el Llao Llao. Influye su cercanía con Eduardo Elsztain. Esa buena sintonía no es con todos. Daniel Funes de Rioja terminó afuera de la Copal (alimentos) y Claudio Belocopitt, de la Unión Argentina de Salud (prepagas). Son las dos batallas que, en medio de la guerra contra la inflación –en honor a Alberto Fernández–, libraron los libertarios. Con relación al sector de la salud, en Economía dicen que no fueron a la Justicia y que seguirán otros caminos: ¿Comisión Nacional de Defensa a la Competencia? En las empresas descuentan una medida cautelar. Cuentan que la pelea estuvo a punto de solucionarse el miércoles pasado entre Mario Lugones y Santiago Caputo. El acuerdo era congelar los precios. Todo se rompió en la Jefatura de Gabinete. Una cautelar en la Justicia para retrotraer precios haría que el mes que viene no se pagaran sueldos en las clínicas, advierten en las empresas. Y eso que la Anmat cambió de categoría, de venta bajo receta a venta libre, unos 22 medicamentos, un guiño a prepagas y laboratorios.
También hay desprolijidades. En Comercio no hay firma porque el Gobierno modificó la estructura de Economía y Capital Humano. La orfandad de funcionarios pone el foco en los massistas que quedaron, o en los renovados, como Gustavo Martínez Pandiani –canciller de Sergio Massa–, nombrado en la embajada de Trinidad y Tobago.
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Belocopitt renunció a la cámara de las prepagas, pero el Gobierno mantiene la presión sobre el sector
El empresario dijo que lo hace para no obstaculizar la negociación; el Poder Ejecutivo presentará una cautelar para retrotraer los aumentos
Ignacio Grimaldi
Claudio Belocopitt, dueño de swiss Medical, anoche en una entrevista en ln+
El titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, renunció a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que agrupa a las empresas de medicina privada más importantes del país. En medio de las tensiones con el Gobierno, el directivo afirmó que no hubo cartelización en su sector y opinó que lo que va a hacer el Poder Ejecutivo al retrotraer los aumentos es “control de precios”. No obstante, la Casa Rosada sigue adelante con la presión sobre las pepagas.
Belocopitt explicó, mediante un comunicado, que renuncia para priorizar los canales de diálogo, entendiendo que quizás el debate sobre su persona “sea obstáculo para lograr posiciones superadoras”. A su vez, concluyó su carta con un deseo de “éxito en su gestión” al presidente Javier Milei.
Como se dijo, la renuncia de Belocopitt llega en medio de un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y las prepagas, empresas a las que él representaba hasta antes de dimitir. De hecho, hace tan sólo una semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, posteó en X que las empresas de medicina privada habían iniciado una “guerra contra la clase media” por lo aumentos en las cuotas, que promediaron subas del 165% entre enero y abril.
Además, el Gobierno impulsó una investigación a través de la Secretaría de Comercio por posible colusión, que en palabras sencillas significa “cartelización”. Ayer, una fuente de la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende de la misma cartera, confirmó que la administración de Milei prepara una medida cautelar para presentar en la Justicia y retrotraer los aumentos a “enero o febrero”.
Luego de la renuncia de Belocopitt, consultó a la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud, y recibió informes de las prepagas sobre prestaciones y costos. Desde el área respondieron además que la renuncia de Belocopitt “no altera” los planes del Gobierno de presentarse en la Justicia para retrotraer los aumentos.
En una entrevista en el canal de televisión LN+, Belocopitt señaló que no hay cartelización. Y profundizó sobre el tema: “El sistema de salud no es oligopólico. ¿Hay algún sistema en la Argentina que tenga tantos actores como el de la medicina prepaga? Acá hay infinidad de actores, que además todos saben de qué manera compiten con uñas y dientes para ganar posiciones en el mercado”.
Además, el ejecutivo remarcó que él ve que el camino que ha tomado el Gobierno es correcto en muchos aspectos y que el país va a un sinceramiento de precios que es necesario. “Y eso obviamente incluye al sistema privado de salud. No hay nada político, sino una cuestión técnica”, dijo.
Al relatar cómo se llegó a los aumentos que causaron la polémica, Belocopitt explicó que el sistema venía con “poderosos” atrasos en su ecuación y que en diciembre específicamente, como consecuencia de la devaluación, los precios tomaron una aceleración realmente asombrosa. No negó esos incrementos, pero preguntó: “¿Y qué pasa con el pan, la leche, los fideos, la luz, el gas, el agua, los peajes? El Gobierno se reunió con los supermercados, pero con nosotros no se reunió. ¿Se nos fue la mano a nosotros o se le fue la mano a la inflación?”, comentó.
“Control de precios”
Respecto del acautelar para retrotraerlos aumentos por de las pre pagas, el directivo opinó que eso no es otra cosa que control de precios. “Ahora, ese precio que va a fijar deberá tener un sustento con la realidad estructural de los costos, porque si no se transforma en el mayor de los disparates. El Gobierno puede sacar las cautelares que quiera, pero si no tiene la sensatez de ir con la estructura de costos, va a tener una victoria a lo Pirro”, subrayó.
En tanto, en el comunicado en el que hizo pública su renuncia, Belocopitt expuso: “Se deben despejar subjetividades que obstruyan la posibilidad de encontrar salidas consensuadas”, escribió el ahora expresidente de la UAS. Desde el sector privado de la salud habían indicado que “hay cero puentes” con el Ejecutivo después de haber tenido diálogos frustrados. “Hubo conversaciones informales que contemplaban la posibilidad de no aumentar cuotas, a lo que se pedía que tampoco subieran insumos o medicamentos. Se estaba muy cerca de un acuerdo y el Gobierno pateó la mesa y dijo no vamos a hablar más”, resumieron.
Por su parte, Economía trabaja en una denuncia contra las prepagas que presentará en la Comisión de Defensa de la Competencia. Es por presunta cartelización. Además, como ya se dijo, el Gobierno espera presentar hoy una cautelar pidiendo retrotraer precios. Es algo similar a lo que muchos afiliados, de forma particular, comenzaron a hacer.
Ante las consultas de fuentes oficiales explicaron que aún no está el texto definitivo de la denuncia por presunta cartelización, pero el Gobierno planea sostener dicha acusación a través de números que, según el Ejecutivo, demostrarían una “acción coordinada entre los principales actores del mercado al aumentar los valores de cuotas iguales entre sí durante cuatro meses”.
La semana pasada, el Gobierno solicitó informes a las prepagas con información sobre prestaciones y costos. Las cifras que incluiría en esta acusación están elaborados a partir de los aumentos de cinco de ellas. En un cuadro analiza que registraron subas entre enero y abril que oscilan entre 142,7% y 163,9%. Al desgranar esa información, se ve que en enero las variaciones en las cuotas de esas cinco empresas habrían fluctuado entre 39,8% y 44%; en febrero, entre 27,5% y 29,4%; en marzo, entre 19% y 22,9%; y en abril, entre 14% y 18,9%.
Según las empresas, los aumentos son parecidos porque es el costo que tiene el PMO. Es el Plan Médico Obligatorio que confecciona el Gobierno. Incluye qué prestaciones deben garantizar los distintos agentes del sistema de salud. “Vendemos el mismo producto y todas [las prepagas] usamos más o menos los mismos insumos”, resumió una fuente privada.
Consultados sobre la posibilidad de volver a los valores anteriores, en el sector privado de la salud respondieron que “generaría un grave colapso en el sistema, porque no solo los precios de las cuotas retrocederían, sino también lo que perciben los prestadores”.
El titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, renunció a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que agrupa a las empresas de medicina privada más importantes del país. En medio de las tensiones con el Gobierno, el directivo afirmó que no hubo cartelización en su sector y opinó que lo que va a hacer el Poder Ejecutivo al retrotraer los aumentos es “control de precios”. No obstante, la Casa Rosada sigue adelante con la presión sobre las pepagas.
Belocopitt explicó, mediante un comunicado, que renuncia para priorizar los canales de diálogo, entendiendo que quizás el debate sobre su persona “sea obstáculo para lograr posiciones superadoras”. A su vez, concluyó su carta con un deseo de “éxito en su gestión” al presidente Javier Milei.
Como se dijo, la renuncia de Belocopitt llega en medio de un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y las prepagas, empresas a las que él representaba hasta antes de dimitir. De hecho, hace tan sólo una semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, posteó en X que las empresas de medicina privada habían iniciado una “guerra contra la clase media” por lo aumentos en las cuotas, que promediaron subas del 165% entre enero y abril.
Además, el Gobierno impulsó una investigación a través de la Secretaría de Comercio por posible colusión, que en palabras sencillas significa “cartelización”. Ayer, una fuente de la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende de la misma cartera, confirmó que la administración de Milei prepara una medida cautelar para presentar en la Justicia y retrotraer los aumentos a “enero o febrero”.
Luego de la renuncia de Belocopitt, consultó a la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud, y recibió informes de las prepagas sobre prestaciones y costos. Desde el área respondieron además que la renuncia de Belocopitt “no altera” los planes del Gobierno de presentarse en la Justicia para retrotraer los aumentos.
En una entrevista en el canal de televisión LN+, Belocopitt señaló que no hay cartelización. Y profundizó sobre el tema: “El sistema de salud no es oligopólico. ¿Hay algún sistema en la Argentina que tenga tantos actores como el de la medicina prepaga? Acá hay infinidad de actores, que además todos saben de qué manera compiten con uñas y dientes para ganar posiciones en el mercado”.
Además, el ejecutivo remarcó que él ve que el camino que ha tomado el Gobierno es correcto en muchos aspectos y que el país va a un sinceramiento de precios que es necesario. “Y eso obviamente incluye al sistema privado de salud. No hay nada político, sino una cuestión técnica”, dijo.
Al relatar cómo se llegó a los aumentos que causaron la polémica, Belocopitt explicó que el sistema venía con “poderosos” atrasos en su ecuación y que en diciembre específicamente, como consecuencia de la devaluación, los precios tomaron una aceleración realmente asombrosa. No negó esos incrementos, pero preguntó: “¿Y qué pasa con el pan, la leche, los fideos, la luz, el gas, el agua, los peajes? El Gobierno se reunió con los supermercados, pero con nosotros no se reunió. ¿Se nos fue la mano a nosotros o se le fue la mano a la inflación?”, comentó.
“Control de precios”
Respecto del acautelar para retrotraerlos aumentos por de las pre pagas, el directivo opinó que eso no es otra cosa que control de precios. “Ahora, ese precio que va a fijar deberá tener un sustento con la realidad estructural de los costos, porque si no se transforma en el mayor de los disparates. El Gobierno puede sacar las cautelares que quiera, pero si no tiene la sensatez de ir con la estructura de costos, va a tener una victoria a lo Pirro”, subrayó.
En tanto, en el comunicado en el que hizo pública su renuncia, Belocopitt expuso: “Se deben despejar subjetividades que obstruyan la posibilidad de encontrar salidas consensuadas”, escribió el ahora expresidente de la UAS. Desde el sector privado de la salud habían indicado que “hay cero puentes” con el Ejecutivo después de haber tenido diálogos frustrados. “Hubo conversaciones informales que contemplaban la posibilidad de no aumentar cuotas, a lo que se pedía que tampoco subieran insumos o medicamentos. Se estaba muy cerca de un acuerdo y el Gobierno pateó la mesa y dijo no vamos a hablar más”, resumieron.
Por su parte, Economía trabaja en una denuncia contra las prepagas que presentará en la Comisión de Defensa de la Competencia. Es por presunta cartelización. Además, como ya se dijo, el Gobierno espera presentar hoy una cautelar pidiendo retrotraer precios. Es algo similar a lo que muchos afiliados, de forma particular, comenzaron a hacer.
Ante las consultas de fuentes oficiales explicaron que aún no está el texto definitivo de la denuncia por presunta cartelización, pero el Gobierno planea sostener dicha acusación a través de números que, según el Ejecutivo, demostrarían una “acción coordinada entre los principales actores del mercado al aumentar los valores de cuotas iguales entre sí durante cuatro meses”.
La semana pasada, el Gobierno solicitó informes a las prepagas con información sobre prestaciones y costos. Las cifras que incluiría en esta acusación están elaborados a partir de los aumentos de cinco de ellas. En un cuadro analiza que registraron subas entre enero y abril que oscilan entre 142,7% y 163,9%. Al desgranar esa información, se ve que en enero las variaciones en las cuotas de esas cinco empresas habrían fluctuado entre 39,8% y 44%; en febrero, entre 27,5% y 29,4%; en marzo, entre 19% y 22,9%; y en abril, entre 14% y 18,9%.
Según las empresas, los aumentos son parecidos porque es el costo que tiene el PMO. Es el Plan Médico Obligatorio que confecciona el Gobierno. Incluye qué prestaciones deben garantizar los distintos agentes del sistema de salud. “Vendemos el mismo producto y todas [las prepagas] usamos más o menos los mismos insumos”, resumió una fuente privada.
Consultados sobre la posibilidad de volver a los valores anteriores, en el sector privado de la salud respondieron que “generaría un grave colapso en el sistema, porque no solo los precios de las cuotas retrocederían, sino también lo que perciben los prestadores”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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