Auditorías internas y de la AGN detectaron falencias en las universidades
En las casas de estudios niegan la falta de controles que denuncia el Gobierno, pero los informes son parciales y referidos al pnadsado
Jaime Rosemberg y Camila Dolabjian
En plena jornada de protesta universitaria, el gobierno de Javier Milei reiteró, en voz baja, que las casas de estudio públicas “son la casta” y que carecen de controles, que prometieron intensificar. Fuentes de la Auditoría General de la Nación (AGN) durante la gestión de Alberto Fernández, y de facultades que dependen de la UBA, sin embargo, desmintieron a esa carencia de controles, la nacion con una salvedad: los estudios realizados por la AGN son referidos a un pasado relativamente reciente en el mejor de los casos.
La Sindicatura General de la Nación (Sigen) sí tiene la posibilidad de auditar la gestión en tiempo presente, aunque un dictamen de 2022 del exprocurador del Tesoro Carlos Zannini le quitó la potestad de investigar las cuentas y movimientos de fondos de las universidades.
La última auditoría aprobada por la AGN data del año pasado, pero el período auditado es de 2018. Centrada en la Facultad de Psicología de la UBA, encontró irregularidades en el movimiento de fondos y cuentas bancarias. “Se detectaron diferencias (en los créditos y en los recursos) las cuales fueron puestas en conocimiento de la Unidad Académica para su conciliación y/o justificación, algunas de las cuales no fueron conciliadas”, dice el informe de la AGN, firmado por su entonces presidente, el radical Jesús Rodríguez.
El informe también especifica que “la Facultad llevó adelante procesos de compras y contrataciones utilizando la modalidad de Contratación Directa por trámite simplificado” contra lo dispuesto por la normativa vigente. También detectó irregularidades en el seguimiento de obras y de becas otorgadas.
Otras universidades auditadas en los últimos años fueron las de Formosa
y Tucumán, ambas ligadas al peronismo. La AGN aprobó el informe de Tucumán, pero cuestionó en Formosa que “el sistema de control interno no brinda una seguridad razonable en la información, la confiabilidad y validez de la información financiera y el cumplimiento de la normativa vigente”.
En otros casos, los informes de la AGN y la Sigen derivaron en causas judiciales. De hecho, días atrás el exministro Julio De Vido fue procesado por un convenio multimillonario de 2011 con la Universidad de San Martín, para la creación del sistema de televisión digital, con un sobreprecio estimado en el 56%.
En el caso de la Universidad del Chaco Austral, una de las 17 creadas durante el kirchnerismo, y siempre ligada al exgobernador Jorge Capitanich, fue investigada por la Sigen y la AGN durante el gobierno de Mauricio Macri, por distintas irregularidades en la designación de directivos en 2017.
Más atrás, en 2014, La AGN emitió un lapidario informe que derivó en una causa judicial que involucró a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y la fundación que lleva el mismo nombre, en el fallido plan de viviendas Sueños Compartidos.
Los análisis internos
Por fuera de los informes de la AGN y la Sigen, existen análisis internos de la UBA, que pueden considerarse parciales, pero que destacan debilidades en el funcionamiento y en el manejo de fondos.
No todas las facultades publican sus informes: en la pagina oficial de la UBA están cargados 226 links a documentos sobre distintas áreas de la UBA: 40 de ellos corresponden a 2023, 92 a 2022, 65 a 2021 y 28 a 2020. Solamente abren correctamente una veintena de ellos. El resto, dan “error 502”, un problema de servidor. Por otra parte, una primera lectura de las conclusiones de los auditores da cuenta de que quienes padecen las irregularidades son, especialmente, los estudiantes.
La auditoría 1383/202 hizo una revisión sobre el Rectorado y el Consejo Superior. En primer lugar, se destaca que la dependencia no cuenta con manuales de procedimientos para el circuito de recursos propios. En lo relativo a la gestión académica, alerta que los legajos de los alumnos que tramitan su título no cuentan con back up y que falta seguridad ante siniestros en los sectores de resguardo de los legajos de los graduados, entre otros ítems.
También señala irregularidades en las compras y contrataciones del Consejo Superior. Uno de los reclamos principales, de riesgo alto, es que no se encuentran debidamente justificados los gastos realizados por Fondos Rotatorios y Cajas Chicas, que se reintegran facturas en las que no se consignan el nombre y domicilio legal y que se aprobaron gastos que superaban el límite legal.
Las auditorías que están disponibles son, en general, las relativas a la Facultad de Derecho, de Psicología (sometida a análisis de la AGN), de Ciencias Exactas y Naturales, el Colegio Nacional, el Pellegrini, el CBC y los institutos de investigación.
En el análisis del Ciclo Básico Común se destaca que no cuenta con un informe técnico determinando la disponibilidad de fondos de las distintas fuentes y los plazos de disponibilidad de estos para determinar las inversiones a realizar para que no pierdan valor sus ingresos.
A su vez, se emitió una alerta por dos cuentas bancarias (N° 1727/89 y N° 1881/32) del Banco Nación que no cuentan con resolución que autorice su apertura ni los funcionarios habilitados para operar. El CBC explicó que no cuenta con la documentación correspondiente porque la misma estaba en el archivo de Ciudad Universitaria, que sufrió una inundación y “no se recuperó nada”
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El antecedente de 2001. Cuando la universidad marchó antes de la crisis
Estudiantes y sindicatos salieron a la calle para resistir las medidas que había lanzado López Murphy
Mariano de Vedia
La salida de las universidades a las calles para expresar su rechazo al ajuste presupuestario aplicado por el gobierno de Javier Milei tuvo un antecedente en marzo de 2001, cuando docentes y estudiantes resistieron el recorte de $360 millones que implicaban las medidas del entonces ministro de Economía Ricardo López Murphy, quien pagó los costos del ajuste con su renuncia.
Era el gobierno de Fernando de la Rúa, nueve meses antes del estallido de diciembre de 2001, y aún sobrevivía la convertibilidad. El plan de López Murphy, quien llevaba menos de dos semanas en el Palacio de Hacienda, contemplaba el ajuste de $360 millones para el presupuesto de ese año y otro más pronunciado, de $450 millones, para 2002, lo que provocó la reacción de universidades, organizaciones estudiantiles y sindicatos con marchas, cortes de calles, tomas de facultades y clases en la vía pública.
Más de veinte años después, en diciembre pasado, el propio López Murphy –hoy diputado nacional– aseguró que el ajuste propuesto en 2001 era “mucho menor” que el que ejecutó el presidente Javier Milei.
El mensaje en el que el fugaz ministro de Economía anticipó el recorte en el presupuesto universitario el viernes 16 de marzo de 2001 provocó casi en forma inmediata la renuncia de los ministros del Interior, Federico Storani, de larga militancia en el radicalismo y en el movimiento estudiantil, y de Educación, el médico Hugo Juri, muy vinculado con la Universidad Nacional de Córdoba, en medio de un clima en ebullición. “Toda mi vida defendí la educación pública. No puedo avalar este recorte. Es mi límite político”, le dijo Storani a De la Rúa, al fundamentar su decisión.
Storani pidió hablar a solas con el presidente, quien debió interrumpir una reunión en su despacho con miembros de su equipo: el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, para definir los decretos que iban a poner en marcha las medidas del plan de López Murphy.
Una masiva marcha, que se sumó a los cortes y tomas estudiantiles, reflejó el malestar de las universidades. Franja Morada dominaba el movimiento estudiantil, en cuya conducción había noveles dirigentes que con el tiempo cobraron relevancia. Pablo Javkin, hoy intendente de Rosario, había concluido su mandato como presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), donde fue reemplazado por Manuel Terrádez, también radical y de la Universidad Nacional de Rosario. Al año siguiente, en 2002, tomó la presidencia de la FUA Emiliano Yacobitti, hoy vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y lugarteniente del presidente de la UCR, Martín Lousteau. El radical Oscar Shuberoff atravesaba su cuarto mandato consecutivo como rector de la UBA.
El movimiento estudiantil había protagonizado en los años 90 un fuerte rechazo a las políticas educativas y económicas del gobierno de Carlos Menem y mostrado una particular inquina con la gestión de Domingo Cavallo, quien a la postre sucedería a López Murphy, tras la primera crisis de la administración de la Alianza.
El gobierno de De la Rúa llegaba a esta crisis luego de algunos avances en materia educativa, al lograr diez días después de su asunción, en diciembre de 1999, el levantamiento de la carpa blanca instalada por los gremios docentes frente al Congreso, en reclamo de un mayor financiamiento para la educación.
Fruto del acuerdo que permitió el levantamiento de la carpa blanca surgió el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que la gestión de Milei interrumpió ahora, incrementando el malestar de la comunidad educativa.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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