COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y AUDITORÍA

Se abrió el debate por el paquete fiscal y anticipan que no se aceptarán cambios
En la Comisión de Presupuesto, los bloques dialoguistas reclamaron que la actualización por inflación de Ganancias sea trimestral, no anual
Laura Serra
Tras la primera ronda de intercambio entre la oposición y funcionarios del Gobierno en torno al paquete de leyes fiscales que ayer remitió a la Cámara de Diputados –que incluye la reversión del impuesto a las ganancias–, una conclusión quedó clara: por ahora el oficialismo no reformulará la iniciativa, al menos en sus aspectos medulares.
Frente al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, los diputados de la oposición dialoguista –incluido Pro, el bloque más cercano al Gobierno– formularon una serie de planteos, sobre todo en torno al impuesto a las ganancias. Insistieron, por caso, en que la actualización por inflación del mínimo no imponible del gravamen ($1,8 millones para los solteros y $2,2 millones para los casados con dos hijos) sea trimestral y no anual, como propone el Gobierno.
“Yo confío en que se va a lograr el objetivo (de una baja sostenida de la inflación), pero en caso de que no está la posibilidad de incorporar una cláusula para que, si se excede un determinado índice de inflación en un trimestre, se dispare la posibilidad de actualizar”, propuso la diputada de Pro Germana Figueroa Casas, quien, entre otras cosas, también pidió que se contemple el reingreso al régimen de monotributo de aquellos contribuyentes cuya facturación anual, por el efecto de la inflación, excedió el monto máximo que permite este sistema.
Asimismo, la legisladora, y también el diputado Agustín Domingo (Innovación Federal), insistió en que el impuesto a las ganancias contemple algún tipo de alivio para los trabajadores de la región patagónica, donde el costo de vida –y, por ende, los salarios– es más alto que el promedio del resto del país.
La negativa del funcionario fue tajante. “La idea es garantizar un tratamiento igualitario en términos fiscales para todo el mundo, que el sistema tributario sea el mismo para todos y que todos paguen de acuerdo con su condición puramente económica”, enfatizó Guberman. Un latiguillo que repitió a lo largo de su exposición.
También le cerró la puerta a la posibilidad de que los mínimos no imponibles de este tributo, al igual que los montos de facturación contemplados en el régimen de monotributo, puedan ser actualizados de manera trimestral, pese a que el Gobierno así lo había planteado en la iniciativa original que envió al Congreso en enero pasado. Los opositores advirtieron que el efecto de la inflación, si bien evidenció una baja en los últimos dos meses, podría provocar que, eventualmente, nuevos contribuyentes sean alcanzados por el impuesto a lo largo del ejercicio fiscal si se mantienen incólumes los mínimos no imponibles y las escalas. “La idea es hacer un ajuste anual por IPC, un indicador claro, de acceso general. El impuesto a las ganancias es un impuesto anual: a un empleado se le va reteniendo durante el año, al final del ejercicio se hace un cierre anual y se determina si pagó de más o pagó de menos. Hacer un ajuste anual tiene más sentido que seguir con ajustes a lo largo del año porque complejiza el tratamiento impositivo”, respondió Guberman, quien, no obstante, aclaró que el proyecto establece la facultad del Ejecutivo para actualizar los montos del tributo. A los opositores no les satisfizo la respuesta.
Tabacaleras
El funcionario se mostró esquivo frente al planteo de gravar con la misma carga tributaria a las empresas tabacaleras. Este capítulo estaba incluido en la versión original del paquete: allí se establecía un aumento en los impuestos internos al tabaco del 70% al 73% y se suprimía el gravamen mínimo a los cigarrillos. Sin embargo, sin dar demasiadas explicaciones, el Gobierno decidió excluir este capítulo de la iniciativa, lo alimentó todo tipo de suspicacias sobre supuestos lobbies de empresarios tabacaleros en contra del aumento.
El argumento del funcionario no convenció; todos los bloques, incluso Pro, anticiparon que insistirán en que este capítulo sea incorporado al proyecto.
Ante los cuestionamientos de la oposición al proyecto, no fueron los legisladores del bloque de La Libertad Avanza los que primero salieron a defenderlo, sino la diputada Silvana Giudici, encolumnada en el sector de Pro que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

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Despiden a directores en Trabajo e investigan “severas irregularidades”
Cordero echó a 13 funcionarios de alto rango por presunta corrupción; a su vez, designó como número dos a una exasesora de Triaca; siguen las tensiones con Economía

Nicolás BalinottiPresidenciaJulio Cordero, secretario de Trabajo, y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano
El despido de 13 funcionarios, cuatro de ellos de alto rango, abrió ayer una nueva crisis en la Secretaría de Trabajo, que está a cargo de Julio Cordero, exabogado del Grupo Techint.
Se desconocen por ahora los motivos oficiales de los desplazamientos, aunque se ordenó una auditoría interna para verificar una serie de gastos irregulares, según fuentes consultadas por
“Ninguno de los que se fueron ocupaban cargos políticos, eran funcionarios con experiencia, que están desde hace varias gestiones”, dijo un dirigente que conoce el funcionamiento del organismo.
Cuatro de los funcionarios desplazados son directores de áreas sensibles y con trayectoria. Las salidas se oficializaron en paralelo con la designación de Liliana Acosta de Archimbal como subsecretaria de Relaciones del Trabajo, una suerte de número dos de Cordero. Acosta de Archimbal es una abogada que ya fue directora de Asuntos Jurídicos de Trabajo durante la gestión del macrista Jorge Triaca. Su nombramiento se concretó ayer en el Boletín Oficial a pesar de que ya estaba en funciones desde hace dos semanas.
“En el marco de las auditorías que se vienen realizando desde la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano, se detectaron severas irregularidades en el área de Administración de la Secretaría de Trabajo. En este sentido, como medida inicial se dispuso la separación de su cargo a 13 funcionarios del área, el inicio de sumarios administrativos y el precintado de oficinas para custodia de posible evidencia. Al finalizar las auditorías, de corresponder, se iniciarán acciones judiciales pertinentes”, informaron desde la cartera laboral, donde ya se habla “de un presunto caso de corrupción”.
Dos de los 13 desplazados son Nicolás Sojit, director general de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, y Martín Bugeiro, director general de Administración y Programación Financiera, según precisaron fuentes oficiales. Ambos ya habrían presentado su renuncia.
Las otras áreas involucradas en el escándalo interno de la cartera laboral serían Infraestructura e Informática.
En la sede central de la Secretaría de Trabajo, en la avenida Alem 650, está inhabilitado el 5° piso, donde se realizarán los peritajes para verificar si es que hubo irregularidades. La zona está custodiada, según informaron testigos. También hubo oficinas clausuradas en el anexo lindero, en Alem 638. Cordero evitó hablar con 
sobre la auditoría, que habría cion comenzado con Omar Yasin, su antecesor, que fue despedido hace un mes. Desde el Gobierno no descartaron activar una denuncia judicial en caso de comprobar que existieron irregularidades.
El control de la Secretaría de Trabajo se volvió un fusible más del superministerio de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello y en la que la motosierra de Javier Milei hizo estragos: 3611 despidos, entre ellos, más de diez cargos políticos de jerarquía. De esos 3611, unas 520 cesantías fueron en Trabajo. La última salida de alto impacto fue la de Mariana Hortal Sueldo, la número dos del organismo laboral y quien siguió los pasos del exsecretario del área, Yasin, a quien el Presidente responsabilizó sin argumentos del escándalo por la suba de su sueldo y de los ministros en tiempos de ajuste.
La salida de Yasin y la llegada de Cordero dejaron al descubierto los cortocircuitos entre la Secretaría de Trabajo y otras áreas claves del Gobierno, como el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, al mando de Luis Caputo y Nicolás Posse, respectivamente.
“Está muy trabada la comunicación con Economía y la Jefatura de Gabinete. Hay cosas que necesitan de autonomía y urgencia para resolver”, reconocieron cerca de Cordero, en un intento de argumentar el retraso en las homologaciones de los acuerdos salariales sellados entre empresarios y gremialistas.
Las tensiones entre la cartera laboral y Economía se agudizaron después de los intentos de Caputo de moderar e intervenir en las paritarias del sector privado. Para el jefe del Palacio de Hacienda, que está en Washington en reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fijar el tope salarial es determinante en su plan antiinflacionario.
La polémica que dejó al descubierto los cortocircuitos fue la paritaria de los camioneros. El gremio que lidera Hugo Moyano pactó hace casi dos meses un aumento de 45% para el bimestre marzo-abril que no fue homologado por el Gobierno, que pretende que las subas salariales no superen el 9%. El martes último, después de un conflicto que escaló, Moyano, Cordero y las dos federaciones empresarias del sector reformularon los porcentajes del acuerdo [15% en marzo y 9% en abril] y se añadió una suma fija. Nominalmente, no hubo cambios en el aumento para los trabajadores. “Fue un maquillaje”, dijo alguien que conoció los detalles del nuevo trato salarial

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