sábado, 20 de abril de 2024

PREVENCIÓN ,SINDICALISMO Y RENUNCIA


Un informe secreto llevó a Milei a dejar de viajar en vuelos comerciales
El documento del Ministerio de Seguridad advierte que existieron amenazas anónimas contra el Presidente
El Presidente, en uno de los últimos vuelos de línea que usó para viajar
Javier Milei decidió dejar de volar en aerolíneas comerciales luego de recibir un informe reservado del Ministerio de Seguridad que lo alertó sobre la existencia de llamativas amenazas registradas en el último tiempo. El documento, además, enumeró múltiples vulnerabilidades a las que se somete como presidente al viajar sin un protocolo acorde con su investidura.
A Milei no le gustan los aviones privados y en la Casa Rosada siempre señalaron que poner en funcionamiento a la flota oficial de aviones Tango resultaba muy costoso. Por eso, hasta acá el jefe del Estado hizo sus misiones al exterior en vuelos comerciales (excepto algún trayecto interno particular donde alquiló aeronave), una modalidad que le permitió exhibir austeridad y mostrar cercanía con los pasajeros a bordo.
Pero todo eso se terminó luego de que Milei decidiera, esta semana, regresar anticipadamente de su gira a los Estados Unidos y Dinamarca. El Ministerio de Seguridad les entregó a Milei y a otros funcionarios de la Casa Rosada el “Informe de seguridad presidencial en traslados aéreos”, elaborado por la Dirección General de Logística y Equipamiento Federal.
Allí se advierte que, desde su asunción, Milei recibió “diferentes violentos mensajes y amenazas de atentar contra su vida y entorno”. Y subrayó un hecho peculiar detectado antes de su último viaje a Miami: “El hecho más reciente la singular frase que circulara por algunos medios de comunicación social, que daban nota sobre la web para realizar el check in, ‘EZE-Desaparecido en combate’, para los pasajeros que tomarían el mismo vuelo en el que viajaría el primer mandatario”.
El documento advierte que, más allá de las amenazas personales a Milei, durante el segundo semestre de 2023 se produjeron distintas “amenazas de bombas anónimas sobre vuelos comerciales salientes de Aeroparque y Ezeiza, como así también de vuelos provenientes del exterior de diferentes empresas comerciales ”.
El informe enumera una serie de vulnerabilidades que se verifican en el protocolo de seguridad presidencial cuando el Presidente aborda un vuelo comercial. La primera es que no es posible que haya una custodia armada que proteja al jefe del Estado en la cabina del avión. “Las líneas comerciales no transportan custodias armadas, en caso de un ataque directo, imposibilita dar respuesta y repeler la agresión”.
El documento agrega que no es posible contar con los antecedentes del personal de la tripulación ni con la lista de pasajeros “que deliberadamente o no constituyen una posible amenaza contra la seguridad presidencial”. Además, advierte que durante los vuelos puede haber “personas con manifiesta intencionalidad de producir daño o realizar un acto delictivo contra la figura del Presidente y sus acompañantes” y que “configuran una situación de alto riesgo” ya que los potenciales atacantes pueden aprovechar la falta de chequeo de antecedentes de los pasajeros.
El documento del Ministerio de Seguridad agrega que también pueden existir riesgos por “pasajeros con desequilibrio emocional y psicológico” a bordo.” “Con la situación de hermeticidad del vuelo y con la imposibilidad de descensos de urgencia y emergencia, una persona con patología agresiva, con pérdida de equilibrio emocional, constituye un peligro latente que podría afectar en forma directa la integridad física presidencial”, señala el informe.
El documento agrega que en los vuelos comerciales no hay buena capacidad para responder a “ataques cibernéticos y del espectro electromagnético, mediante la utilización de sensores, nuevas tecnologías, redes de internet, wifi de la empresa aérea” que podrían afectar los sistemas de controles y radares de la aeronave.
Otro capítulo del informe aborda la ausencia de “libertad de acción” que tienen el Presidente y su comitiva para tomar decisiones de urgencia durante el vuelo

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Se entregó un nieto del Pata Medina buscado por un ataque
sindicalismo. Es uno de los tres familiares del exjefe de la Uocra platense que huyeron el viernes luego de agredir a un grupo rival
Javier Fuego Simondet
Juan Pablo Medina, nieto homónimo del exsecretario general de la Uocra de La Plata apodado “el Pata”, se entregó ayer, tras permanecer seis días prófugo de la Justicia. Era buscado junto a dos de sus primos y otros militantes de la facción que los Medina lideran en el gremio de albañiles por “tentativa de homicidio agravado por la premeditación en concurso real con daño”. La búsqueda se había activado luego de que protagonizaran un ataque a balazos, botellazos y palazos contra integrantes de un grupo sindical rival, liderado por Iván “el General” Tobar, que realizaban una olla popular en un barrio de Ensenada.
Juan Pablo Medina se entregó ayer, al presentarse en la Fiscalía N° 5, que investiga los hechos y cuyo titular es el fiscal Juan Mennucci. Otros dos nietos del Pata Medina son buscados por la Justicia: Braian Medina y Kevin Parrado (hijos de Analía Medina). Según pudo saber estarían próximos a entregarse. El padre de Juan Pablo Medina, detenido desde ayer, es Cristian “Puly” Medina, uno de los hijos del Pata. Frente a la casa de Puly, en el barrio Villa Tranquila, de Ensenada, ayer se desarrolló una marcha organizada por Tobar, líder de la facción rival del gremio, que está intervenido por la Uocra nacional (el interventor es Oscar Rizzo). Se desplegó un importante operativo de seguridad en el lugar. La protesdorsal. ta fue pacífica, según pudo saber
de fuentes municipales, y estuvo nacion integrada por mujeres.
El hecho por el que se pidió la detención de los tres nietos de Medina (y de otras seis personas) sucedió alrededor de las 18.30 del viernes pasado, en la calle, Güemes, entre Alberdi y Marqués de Avilés, Ensenada, Allí, integrantes del grupo de la Uocra liderado por Tobar (jefe de la barra brava de Estudiantes de La Plata) realizaban una olla popular y fueron agredidos por unas 30 personas que llegaron al grito de “Aguante el Braian Medina, aguante El Puly”, según consta en las fojas judiciales.
Los atacantes arremetieron contra sus rivales con palos, botellas y armas. Resultaron heridas dos personas, en el rostro y en la región Un auto marca Fiat, modelo Siena, recibió dos impactos de bala, sufrió las roturas de parabrisas, luneta, ventanillas y una puerta, además de abolladuras en el capot, una de las puertas y el techo, y la pinchadura de una rueda.
La pelea entre la facción de Medina y la de Tobar lleva años y acumula enfrentamientos violentos. Se disputan los puestos laborales, sobre todo en la refinería de YPF en Ensenada, que se reparten entre afiliados de la Uocra que integran una bolsa de trabajo.
En la refinería de YPF en Ensenada trabaja la subcontratista AESA, pero también ascendería últimamente la firma Techint, afirmaron fuentes al tanto de los cambios en la actividad de la refinería bajo la gestión nacional de Javier Milei. Destacaron que el cambio de firmas encargadas de las obras beneficiaría al grupo de Tobar.
Braian y Puly Medina lideran una facción dentro de la Uocra platense que disputa con Tobar, pero que también tiene cuentas pendientes con el propio Pata Medina. Esto quedó en evidencia el miércoles de la semana pasada, cuando la esposa del exjefe sindical (liberado en 2022 luego de haber estado preso por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión), Fabiola García, atacó a golpes y repartió insultos a un grupo de militantes de Braian y Puly que habrían intentado hacer pintadas vinculadas a la política interna del gremio frente a un camping sindical

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Renunció el jefe del órgano de control de Santa Cruz
Se trata de Carlos Ramos, quien encabezó el tribunal de cuentas provincial durante el kirchnerismo
Mariela Arias
EL CALAFATE.– El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Carlos Ramos, renunció al cargo después de 13 años al frente del máximo órgano de control de la provincia. No fue una decisión aislada: lo hizo mientras en la Legislatura está en curso el proceso de juicio político contra él y las vocales nombradas por Alicia Kirchner, en tanto que en los tribunales de Comodoro Py su nombre está en danza dentro del tercer tramo de la causa Vialidad: tiene un pedido de indagatoria solicitado por el Ministerio Público Fiscal pendiente desde 2018.
La renuncia de Ramos fue informada ayer por la gobernación santacruceña, pero empezó a tejerse el último martes, cuando por más de una hora y media se reunió con el gobernador Claudio Vidal, al que le expresó su voluntad de dejar el cargo por considerar que había “cumplido un ciclo” y que era “necesario oxigenar las instituciones de la provincia”, según se informó oficialmente.
Ramos había llegado al cargo en 2011, luego de estar al frente de la Fiscalía de Estado de Santa Cruz, y fue nombrado por el entonces gobernador Daniel Peralta.
La carta de renuncia de Ramos, que también incluyó el pedido de iniciar los trámites correspondientes a la jubilación ordinaria ante la Caja de Previsión Social, dejó ahora en libertad de acción a la gobernación para nombrar un vocal en el Tribunal de Cuentas.
Para el gobernador Vidal, la renuncia del ahora exvocal fue “un gesto de grandeza que no es común en estos tiempos y que agradezco”. Y amplió: “Uno ve a algunos agarrados con garras y dientes a sus cargos, con tal de preservar sus privilegios”. Más duro en sus términos fue el vicegobernador Fabián Leguizamón, quien denunció a Ramos por no ejercer el control “que posibilitó el robo” al kirchnerismo y había iniciado el jury para la destitución del cargo.
En febrero, Leguizamón había denunciado penalmente a Ramos y a dos vocales del Tribunal de Cuentas, Matilde Morales y Romina Gaitán, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión para luego solicitar formalmente el juicio político. El vicegobernador confirmó ayer que el juicio para los dos vocales sigue adelante, al igual que la denuncia penal efectuada en la Justicia.
A mediados de marzo ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político a los tres representantes del Poder Ejecutivo en el Tribunal de Cuentas. Leguizamón les atribuye a los funcionarios falta de control de las cuentas municipales y los ministerios, y la aprobación sin observaciones de las rendiciones de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), a través de la cual se licitaron obras públicas para Santa Cruz y en su mayoría el beneficiario fue Lázaro Báez, lo que derivó en la causa Vialidad.
En el primer tramo de ese expediente, la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por el desvío de obras públicas santacruceñas en beneficio de Báez. Ramos es parte del tercer tramo de la causa. Los investigadores afirmaron que el Tribunal de Cuentas santacruceño “contribuyó a la maniobra criminal investigada a través de la omisión sistemática y deliberada de ejercer sus deberes de fiscalización y control de legalidad sobre las obras viales direccionadas hacia el Grupo Báez, por la Administración General de Vialidad Provincial”

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

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