CRISIS EN TODO EL PAÍS Y DESARROLLO Y DISCURSO

Un reclamo que se replicó en casi todo el país
Con banderas y consignas en favor de la educación pública, las marchas se sucedieron en el interior desde cerca del mediodía
Fotos Mario Sar, Marcelo Manera, Mauro V. Rizzi y Marcelo AguilarMendoza. Marcha en el centro de la capital
Carteles de todos los tamaños, pero con la misma consigna: defensa de la universidad pública. Esa fue la coincidencia en casi todo el país donde ayer por la tarde, en simultáneo con la Capital Federal, se sucedieron las marchas en reclamo de la educación superior y gratuita. En algunos casos, como sucedió en Rosario, luego de la manifestación varios colectivos con estudiantes y manifestantes de otros sectores viajaron hacia Buenos Aires para sumarse al tramo final de la amplia convocatoria en la Plaza de Mayo. En algunas ciudades del interior, como en Junín, en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba), se reunieron docentes, estudiantes y otras agrupaciones

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¿Reflota el Gobierno el proyecto para arancelar la universidad pública?
Las universidades ya habrían deslizado la posibilidad de establecer que a futuro los egresados paguen por las carreras que cursaron
Evangelina Himitian
La entrada de la Facultad de Medicina de la UBA, esta mañana
El tema surgió hacia el final de la conferencia de prensa que dieron ayer los rectores de las universidades públicas nacionales, para dar a conocer los alcances de la marcha de hoy. Se les preguntó sobre versiones surgidas en el entorno presidencial. El mensaje era un planteo que apuntaba básicamente que las universidades, si son autárquicas y autónomas, según establece la ley, que también “deberían autofinanciarse y ser aranceladas”.
El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi tomó la palabra, aunque no le dio crédito al planteo, que ya había sido parte de los argumentos que se impulsaron durante la campaña política del presidente Javier Milei, aunque hasta ahora no se planteó concretamente esa propuesta. No obstante, con el correr de las horas, en el entorno presidencial se volvió a deslizar esa idea, pero como un proyecto a futuro.

De izq a derecha: Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la FUA; Víctor Morinigo, presidente del CIN; Víctor Alpa, vicepresidente del Consejo; Ricardo Gelpi, rector de la UBA; y Flavia Terigi, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento

En ese sentido sostienen que las universidades ya habrían deslizado la posibilidad de establecer que a futuro los egresados paguen por las carreras que cursaron. “Nos dijeron que es algo que está muy avanzado y el tema se va a hablar en el encuentro del 30 [de abril]″, dijeron en relación con la reunión que se dará entre el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el próximo martes.
En el Gobierno analizan como una posibilidad un modelo de financiamiento al estilo estadounidense, con aportes de exalumnos. Pero dicen saber que la idea de ir a un esquema en el que la universidad termine siendo de algún modo arancelada no es para dar ahora, sino algún tiempo todavía algo lejano, cuando muchas de las variables que hoy son negativas, eventualmente mejoren.
La palabra de los rectores
“Hay un artículo de nuestra Constitución Nacional que habla sobre la gratuidad de las universidades, el 18, inciso 75. O sea, que si uno quisiera cobrar, no digo que no se pueda discutir, pero implicaría modificar la Constitución. Eso hasta ahora no está en consideración. Habría que modificar las leyes de la Constitución Nacional”, dijo Gelpi.
“Si tuviéramos aranceles se perdería uno de los fuertes de nuestra querida universidad, y de nuestro país, que es el ascenso social, eso que ha permitido que estudie a tanta gente que hijos de padres que no eran universitarios, de bajos recursos económicos, con pocos trabajos. Eso fue la superación que es parte de nuestra identidad nacional. El día que se arancele, eso se pierde. Sería un tremendo paso atrás para la Argentina”, dijo.
La masiva marcha en defensa de la educación pública
El rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, en cambio sí tomó el planteo como una posibilidad, en cuando a su interpretación de qué busca el Gobierno nacional con los recortes. “Están buscando asfixiar a la universidad. Estoy convencido que esta lucha no es presupuestaria, que es parte de la batalla cultural que quieren dar. Están buscando asfixiar a las universidades para que hagamos este planteo, de si tenemos que cobrar o no, y no lo van a lograr. Eso está solucionado, no se discute, la universidad es pública, es gratuita, es al servicio del pueblo, es la Universidad Pública Argentina. No vamos a entrar en esa discusión. Nuestras universidades son gratuitas, lo van a hacer siempre. Y esa es una de las batallas que vamos a tener que dar día a día en esto que recién empieza, porque esto va a ser un proceso largo. La universidad pública es gratuita, no se discute”, dijo.
“Estamos justamente en el aniversario de los 30 años de la autonomía universitaria, que tiene rango constitucional desde el año 1994. Justamente los constitucionalistas se reunieron en una universidad, la Universidad Nacional del Litoral, en el año 1994, donde en un rico debate establecieron el rango de autonomía universitaria para las universidades nacionales. O sea, ya rediscutir la constitución realmente empieza a moverse en terreno bastante peligroso el Gobierno Nacional. Me parece que es un problema”, apuntó Víctor Morinigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
“No tiene sentido ese planteo. Lo complemento con el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, que es el que garantiza esta gratuidad, y dice que justamente no puede ser reemplazado los fondos, la obligación del Estado no puede ser reemplazada por otro tipo de fondos”, agregó Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del CIN.

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“La universidad atraviesa un proceso crítico”: qué dice el documento que leyeron en la marcha
“No queremos que nos arrebaten nuestros sueños”, apuntó Piera Fernández de Piccoli, representante de la FUA, responsable de leer el escrito consensuado
Evangelina Himitian

La marcha universitaria en Plaza de Mayo
“La universidad atraviesa un proceso crítico, agradecemos el apoyo y convocamos a la ciudadanía a no bajar los brazos”, lanzó Piera Fernández Piccoli, representante de la Federación Universitaria Argentina, la responsable de leer el documento conjunto de la marcha, consensuado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En la lectura, se reclamaron paritarias libres, se rechazó el recorte de presupuesto y se denunció la caída de miles de docentes bajo la línea de pobreza.
Las que siguen son algunas de las frases más relevantes del documento, que se publica completo más abajo:“Convocamos a la ciudadanía a trabajar para sostener las universidades abiertas”.
“La universidad pública atraviesa un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas. Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022″.
“El incremento del 70%, más el reciente anuncio de un 70% adicional constituyen un aliciente aún ineficaz, en tanto la inflación fue del 300%”.
“En estos meses, el salario de los trabajadores docentes y no docentes perdió un 50% respecto a la inflación. ¡Ningún trabajador por debajo de la línea de la pobreza!”
“El Gobierno Nacional, quien hasta ahora malversa su participación (en la paritaria docente), imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral. Exigimos paritarias libres”.
“Los estudiantes enfrentan el aumento generalizado de precios que impacta sobre salarios, servicios, alquiler y transporte, poniéndose en jaque el acceso, la permanencia y el egreso”.
“No queremos que nos arrebaten nuestros sueños: nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la universidad argentina”
“Nuestros científicos y científicas son desprestigiados respecto de la calidad de sus trabajos, cuestionados sobre el valor de la ciencia y privados del reconocimiento. Muchos no llegan a fin de mes”.
“El desfinanciamiento de la universidad y del sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico”.
“Gracias a la investigación aeroespacial en la universidad pública, Argentina es uno de los diez países que tiene capacidad para diseñar y producir satélites”.
“Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública”.
El texto completo
La universidad pública argentina atraviesa un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional. Agradecemos las manifestaciones de la sociedad en apoyo del sistema universitario público y convocamos a la ciudadanía a trabajar para sostener las universidades abiertas haciendo docencia, investigación y extensión. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales.
Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento: la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las universidades para que puedan funcionar (mantener edificios, realizar obras, sostener programas de becas, residencias y comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación, y pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes). Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo y aún no abonado, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70 % adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo. Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaban la posibilidad de desarrollar infraestructura incorporando obras que, por su envergadura, es imposible afrontar con propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad.
Cabe destacar que más del 90% de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades.
En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y los trabajadores ha perdido 50% respecto de la inflación. Este deterioro salarial se hermana con el del resto de los sectores del mundo del trabajo. Ello lleva a retomar consignas de hace más de 20 años: ¡Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza!
Reivindicamos los convenios colectivos sectoriales –docentes y no docentes– y el espacio paritario nacional con participación plena del Gobierno nacional, quien hasta ahora malversa su participación, imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral. De esta manera, se cancela de hecho la negociación colectiva, pilar del diálogo social, y uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. Exigimos paritarias libres, sin techos, para garantizar salarios acordes a la situación inflacionaria y que permitan recuperar con urgencia lo que se ha perdido. Sin salarios dignos de docentes y no docentes, la universidad pública es inviable. También, es indispensable que se mejore de manera urgente la situación de las jubiladas y los jubilados que atraviesan otro período de pérdida salarial, y que se restituya inmediatamente el Fondo Nacional de Incentivo Docente para toda la docencia inicial, primaria, media, terciaria y preuniversitaria. Rechazamos la política de ajuste y disciplinamiento. La comunidad universitaria se organiza, resiste y se solidariza con todos los sectores que hoy atraviesan una situación similar o peor por afrontar despidos masivos.
La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Defender esta concepción de la educación es de vital importancia y, más aún, en una universidad argentina en la que sus estudiantes se enfrentan al aumento generalizado de precios que impacta sobre salarios, servicios, alquiler y transporte, poniéndose en jaque el acceso, la permanencia y el egreso. Las y los estudiantes trabajan y cuidan sus familias. En ese contexto, las políticas de becas son fundamentales para democratizar. Sin embargo, su recorte es alarmante: tanto así que al retraso respecto de la inflación que sufren las Becas Progresar y Manuel Belgrano se le suman recortes en términos de montos, requisitos y período de inscripción. Estas decisiones del Gobierno nacional hacen que el desguace sobre las herramientas conquistadas sea prácticamente total. Hoy las universidades carecen del presupuesto suficiente para sostener becas propias. Se necesitan presupuesto y políticas de bienestar estudiantil para poder estudiar. Ante esto, asumimos la tarea de defender inclaudicablemente el acceso a la educación de las grandes mayorías.
No queremos que nos arrebaten nuestros sueños: nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la universidad argentina; somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad para el gran pueblo argentino. Por eso, lucharemos en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación que queremos, por el país que anhelamos.
Por otra parte, los sectores científico-tecnológicos y de investigación nacionales atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia. A través de las universidades y centros de investigación distribuidos federalmente, la Argentina se ha caracterizado por ser una referencia de ciencia y tecnología en el mundo entero, dotando de desarrollos de punta y profesionales de excelencia al sector público y privado. Nuestras científicas y científicos son desprestigiados respecto de la calidad de sus trabajos, cuestionados respecto del valor que la ciencia y la tecnología tienen para el desarrollo nacional y privados del reconocimiento que poseen su arduas labores, muchas veces de dedicación exclusiva. La ciencia y la tecnología forman parte de la universidad pública ya que la investigación es uno de sus pilares. Muchas investigadoras e investigadores no llegan a fin de mes y carecen de información cierta sobre la posibilidad de continuar con sus proyectos por los recortes en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, así como en institutos dependientes de las universidades. La ciencia y tecnología son aspectos sustanciales para la producción de soberanía, desarrollo y progreso. “Un país que no invierte en ciencia renuncia a su soberanía”.
El desfinanciamiento de la universidad y del sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico. Es un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo. Gracias a su sistema universitario y científico, Argentina es el primer país de América Latina en I+D+I. En este país se fabricó uno de los diez reactores de energía más importantes del mundo. Entre 2018 y 2022, la producción de software generó 19.500.000.000 de dólares. Más de cien nuevas empresas en biotecnología han puesto al país, también, en el primer puesto de América Latina. Gracias a la investigación aeroespacial en la universidad pública, Argentina es uno de los diez países que tienen capacidad para diseñar y producir satélites.
Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla.

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