EL ANÁLISIS Y LIJO

Mensajes ocultos y operaciones encubiertas
Joaquín Morales SoláJavier Milei
El DNU es la herramienta que eligió Milei para implementar una profunda desregulación de la economía argentina. Los jueces supremos argumentaron en sus resoluciones que en ninguno de los casos planteados (la provincia de La Rioja y la Asociación Gente de Derecho) existe un agravio o un daño de parte de los demandantes como para que el máximo tribunal de Justicia se aboque al expediente. Pero también la Corte señaló que el país está cerca de que se haya cumplido un plazo razonable para que la política resuelva los problemas de la política. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, había indicado públicamente que el procedimiento ideal era ese: que la política se ocupe de sus problemas y no los judicialice. Pero también existe el “tiempo razonable” para que se alcancen esas soluciones y, en el caso del DNU, para que la política adopte una posición con respecto a la decisión presidencial.
Aquella declaración de Rosatti provocó un enorme malestar en Milei, según el testimonio de varios funcionarios que lo escucharon. Algunos aseguran que fueron esas palabras del presidente de la Corte las que explican la posterior nominación del juez federal Ariel Lijo como miembro del máximo tribunal. El juez de la Corte Ricardo Lorenzetti habría percibido el momento oportuno para colocar a un juez muy cercano a él, como lo es Lijo, en un tribunal en el que él está en franca minoría. Lorenzetti no se lleva bien con los tres restantes miembros de la Corte (Rosatti, Carlos Ronsenkrantz y Juan Carlos Maqueda) y siempre encuentra una forma de incomodarlos. Los otros tres conformaron una mayoría que decide en la Corte. Pero Lorenzetti es el único de todos ellos que frecuenta a Milei desde hace un año, por lo menos.
Esta es la primera vez que la Corte decidió sobre el famoso DNU de Milei, que ya fue rechazado por el Senado y que ahora está siendo debatido en la Cámara de Diputados, con final incierto. El tribunal deslizó ayer que no rehusará el ejercicio de su rol institucional y, de paso, fijó qué condiciones tienen que cumplirse para poder cuestionar el DNU. La primera condición es que el demandante debe ser un perjudicado directo por esa decisión del Presidente y que, por lo tanto, no es necesario solo ser una provincia (que puede llegar directamente a la Corte sin pasar por las instancias inferiores), un ciudadano o cualquier asociación en desacuerdo con el decreto. La Corte Suprema no está para resolver las diferencias políticas, sino para velar por el cumplimiento de la Constitución. Esto es: independientemente de la envergadura individual, social o política del reclamante, debe haber un interés concreto afectado para que un planteo pueda ser atendido por la Corte. Es la ratificación de una vieja jurisprudencia de la Corte y también el cumplimiento de un mandato constitucional según el cual la Justicia no puede hacer interpretaciones en abstracto o emitir pronunciamientos meramente teóricos o consultivos. La Corte estima que si hiciera eso violaría el principio de la división de poderes.
La resolución anticipa que la Corte se expedirá en breve sobre el
DNU si la política no resuelve rápidamente el caso, siempre, desde ya, que haya una demanda correctamente planteada. Al tribunal le queda en estudio solo el planteo de inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU que hizo la CGT. Un juez de primera instancia y la Cámara Federal del Trabajo coincidieron en que es inconstitucional. El fuero laboral está impregnado por el sindicalismo. El Gobierno apeló a la Corte, donde está ahora. Ese capítulo legislaba fundamentalmente sobre los despidos y las indemnizaciones, pero también ponía límites a los aportes obligatorios de los trabajadores a los sindicatos y creaba una nueva legislación sobre los enormes recursos de las obras sociales, el único asunto no negociable para la dirigencia gremial. Según el criterio esbozado ayer por la Corte, seguramente los jueces están analizando si existe en el caso laboral un daño cierto a quien planteó la inconstitucional, la CGT, para decidir luego si se abocarán a la cuestión de fondo.
La Corte no interviene en la designación de los jueces que la integran; esa es una responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Senado, que debe darles el acuerdo a los candidatos con una mayoría muy especial de votos: los dos tercios de sus miembros. Está por comenzar el período de 15 días establecido por un decreto de Néstor Kirchner para que la sociedad impugne o apoye las candidaturas de Lijo y del académico Manuel García-Mansilla. En ese contexto, trascendió una información que no es cierta. Se publicó que la Cámara Federal Penal se había pronunciado en respaldo de la candidatura de Lijo. Tres jueces de ese tribunal, inde tegrado por seis magistrados en dos salas de tres cada una, desmintieron rotundamente que el cuerpo se hubiera manifestado de esa manera.
“No recuerdo un caso en la historia en el que la Cámara haya hecho un pronunciamiento de esa naturaleza”, dijo uno de ellos. Hubo, sí, un par de esos jueces que se dirigieron, en forma personal, al Ministerio de Justicia para apoyar la polémica candidatura de Lijo, como es el caso del expresidente de la Cámara Martín Irurzun. Irurzun les dijo a sus pares que conoce a Lijo desde hace 30 años, cuando el actual candidato a juez de la Corte comenzó a trabajar en la Cámara Federal. Es, sobre todo, un compromiso personal. El propio Irurzun subrayó que su posición es esa: una actitud absolutamente personal, que no compromete al tribunal ni al resto de sus colegas en el tribunal penal. Hubo otros jueces esa Cámara que desmintieron la información sobre una supuesta decisión del tribunal con evidente fastidio. “Fue una operación grosera”, dijo uno de ellos.
También ayer Elisa Carrió, autora de la denuncia por asociación ilícita, lavado de dinero y coimas contra los hermanos Lijo (el juez y su hermano Freddy), Julio De Vido y Gustavo Cinosi, entre otros, pidió al Consejo de la Magistratura una copia de la declaración jurada patrimonial de Lijo. A Carrió le llegaron versiones serias de que habría desaparecido del Consejo la declaración jurada de Lijo. Carrió también pedirá al Consejo que investigue por qué ese juez federal y ahora candidato a la Corte tiene paralizada una denuncia suya por el vaciamiento de YPF que presentó en 2008, hace más de 15 años, y que cayó en el juzgado de Lijo. Carrió denunció la “venta ficticia” de una parte del paquete accionario de la petrolera a la familia Eskenazi.
La denuncia de Carrió incluyó a esa familia de empresarios argentinos, a los entonces dueños españoles de la petrolera, Repsol, y a los Kirchner. La otra denuncia, que es por asociación ilícita, fue presentada en 2018 y archivada por el juez Julián Ercolini. En rigor, Ercolini delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, un integrante de la agrupación judicial kirchnerista Justicia Legítima y exfuncionario judicial del gobierno de Cristina Kirchner. Fue Picardi quien le pidió al juez Ercolini que archivara la causa porque después de varios años de investigación no había conseguido, según él, nada que inculpara a los hermanos Lijo, a De Vido y a Cinosi, un lobista que es accionista de hoteles y funge ahora como asesor de la OEA en Washington. Según señalaron en Comodoro Py, el juez debe archivar la denuncia cuando se lo requiere un fiscal que se hizo cargo de la investigación. No tiene otra alternativa.
En rigor, la mayor carga de pruebas en la Justicia cae sobre la moral del hermano del juez, Freddy Lijo, un lobista en los tribunales donde su hermano es juez federal. Cerca del juez Ercolini señalaron que él no podía agregar como prueba un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) porque se lo prohíbe la ley. Según versiones coincidentes, ese informe de la UIF, que es también un servicio de inteligencia y tiene las mismas limitaciones judiciales de esos servicios, fue devastador sobre las correrías de Freddy Lijo. El hermano del juez hizo una fortuna importante, y es común en las conversaciones de jueces y abogados dar por sentado que está asociado al magistrado que es candidato a la Corte. Freddy Lijo no hizo la fortuna con actividades alejadas de las importantes funciones que desempeña su hermano, sino muy cerca de él. Si se tratara de una causa penal, tal vez el juez Lijo podría alegar que no existen pruebas que lo vinculen con los negocios de su hermano. Pero no estamos ante un juicio penal, sino ante la evaluación política y moral de quien podría sentarse en la cabeza misma del Poder Judicial. El peritaje de la información es, por lo tanto, muy distinto.
La conformación de la Corte es importante porque ese tribunal es también la instancia final de defensa de los derechos de las personas. A propósito, debe consignarse que el periodismo está pasando un mal momento en su relación, naturalmente tensa, con el poder. Javier Milei acusó al periodista Jorge Lanata de corrupto, y señaló en un reciente reportaje en un medio norteamericano que el periodismo argentino es “la peor cloaca del mundo”. No hay solución: el Presidente está aferrado a la hipérbole. Lanata es un hombre honesto. No cabe duda de eso después de varias décadas ocupando destacadas funciones periodísticas. El ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló, cuando le preguntaron sobre el conflicto con Lanata, que el jefe del Estado tiene derecho a opinar. ¿Quién se lo niega? Nadie. La calumnia es el acto que el Presidente tiene prohibido, sobre todo cuando debe responder a un cuestionamiento periodístico. En la Argentina se ha hecho costumbre, desde la madrugada kirchnerista, la anomalía de que los gobernantes no respondan sobre la crítica o la información que los incrimina; atacan, descalifican y calumnian al periodista que contó la informaciónoqueopinócríticamente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló a su vez que “el Presidente es así”. Vale la pena reiterar lo que es obvio: un presidente de la Nación tiene que ser como debe ser, no como se le ocurre ser. Es extraño, pero Milei no habla del peronismo ni del kirchnerismo ni del radicalismo actual (solo de Raúl Alfonsín); habla del periodismo. Pero ¿no era eso lo que hacían los Kirchner cuando inauguraron un tiempo en que los únicos enemigos del poder eran los periodistas? La esperanza de un tiempo político más amable y menos beligerante se agotó.ß
Es la primera vez que la Corte decidió sobre el famoso DNU del presidente Milei
Está por comenzar el plazo de 15 días para impugnar o apoyar la postulación de Lijo
El periodismo pasa un mal momento en su relación, siempre tensa, con el poder

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Con apoyo de Lorenzetti, Lijo junta avales en Comodoro Py
Más de una decena de jueces y camaristas compartieron su apoyo a la candidatura

Paz Rodríguez Niell
El Poder Ejecutivo abrió anteayer la etapa para que ciudadanos y entidades presenten sus “posturas” y “observaciones” a la candidatura a la Corte Suprema del académico Manuel García-Mansilla y del juez federal Ariel Lijo, quien ya reunió el aval de buena parte de sus colegas y camaristas de los tribunales de Comodoro Py.
En gran medida, los apoyos los gestionó el propio candidato, que hizo llegar a sus pares y superiores, a través de su secretaria privada, una nota “modelo” de aval. Es algo frecuente en los tribunales, según relatan jueces y funcionarios, que el postulante reúna opiniones favorables a su candidatura.
En el caso de Lijo, el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti también colaboró activamente con la búsqueda de firmas, contaron fuentes judiciales al tanto de las gestiones. Cerca del magistrado de la Corte actualizan en tiempo real la lista de los apoyos conseguidos.
En las últimas horas hubo gran cantidad de mensajes y llamadas cruzadas entre despachos judiciales.
Quedan todavía dos semanas para que quien quiera pueda opinar y ya hicieron saber que avalan a Lijo más de una decena de jueces de los tribunales federales de Retiro entre los juzgados de primera instancia, la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal, según contabilizó la nacion.
En la Cámara Federal, el tribunal que controla las decisiones de los jueces de primera instancia –Lijo incluido–, cinco de los seis magistrados ratificaron su beneplácito con la postulación, según cuentan cerca del interesado.
El presidente de la Cámara, Pablo Bertuzzi, dijo a la nacion: “Fueron adhesiones individuales, como la mía, pero no es cierto lo que se publicó de que hubo un pronunciamiento de la Cámara”.
La aclaración se debe a que Infobae informó el lunes, pocas horas después de que empezó a correr el plazo de los 15 días para las observaciones, que la Cámara Federal había emitido un pronunciamiento con un enfático apoyo a la postulación de Lijo.
Bertuzzi, que firmó la adhesión “modelo” la semana pasada, junto con su colega Leopoldo Bruglia, y se la hizo llegar a Lijo, destacó la condición de juez y penalista del candidato y afirmó a la nacion: “Reúne los requisitos de ser una persona con la que tengo diálogo y que acceda a ese puesto va a permitir un ida y vuelta fluido con la Corte ante los problemas que podamos tener en la Cámara, sobre todo, en miras a la reforma por venir [en alusión a la puesta en marcha del sistema acusatorio]. No es lo mismo hablar con alguien que está en la trinchera y es penalista”.
Roberto Boico es otro de los camaristas que firmaron el aval a Lijo. “Firmé el texto sugerido que circulaba, como los que todos hacemos circular para que nos firmen nuestros avales. Yo creo que es un buen candidato, más allá de las críticas que se le hacen –dijo Boico–. El conocimiento que tengo es de una persona correcta, comprometida con la función. Lo conozco de la facultad”.
Boico relató que él tuvo más de 300 avales en el proceso para ser camarista. “Desde expresidentes, como José Luis Rodríguez Zapatero, Evo Morales, Rafael Correa y Manuel Zelaya hasta Fito Páez, Leo Sbaraglia y Alejandro Dolina”, contó.
Otro camarista que adhirió a la postulación coincidió en que la búsqueda es una práctica generalizada y que llegan pedidos todo el tiempo a los despachos de magistrados. “Las adhesiones no se cuentan, se pesan”, se sonrió.
Mariano Llorens, también miembro de la Cámara Federal, dijo que está “evaluando la firma” del aval. “Tengo 15 días. No tengo urgencia”, declaró.
A Martín Irurzun y Eduardo Farah, los otros dos integrantes de esta Cámara, también los cuentan en la lista de los que ya le hicieron saber a Lijo su apoyo.
En la Cámara Federal de Casación hubo un pedido que llegó, según cuentan fuentes directas, a través del presidente del tribunal, Mariano Borinsky, que fue uno de los que firmaron un apoyo.
Fuentes de este tribunal informaron que también Javier Carbajo, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, en distintos momentos, firmaron adhesiones.
Los otros integrantes del tribunal son Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Algunos ya informaron que no van a firmar.
De primera instancia, la mayoría le comunicó a Lijo su aval.
Marcelo Martínez de Giorgi redactó su propia adhesión, destacando los 30 años de trayectoria del candidato, que él conoció de cerca porque los dos trabajaron en los tribunales.
María Servini, Sebastián Ramos, María Eugenia Capuchetti y Julián Ercolini también hicieron saber su apoyo, según supo la nacion, aunque no todos presentaron ya el escrito.
No comprometieron su aval ni Sebastián Casanello ni Daniel Rafecas. “Es un tema de coherencia. Yo ya dije que creo que debe nombrarse a una mujer”, dijo Rafecas.
Mientras Lorenzetti impulsa la candidatura de Lijo con apoyo en Comodoro Py, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, integrante en el alto tribunal de una mayoría que no incluye a Lorenzetti, informó que visitará los tribunales de Retiro mañana para reunirse con los jueces de Casación. Se tratará, según dijeron en Comodoro Py, una agenda de temas abiertos entre los dos tribunales.
El documento modelo de apoyo a Lijo no solo circuló por Comodoro Py, sino también por otros tribunales y por el chat de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), agrupación de la que Lijo fue fundador y secretario general. Está dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona

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