Asesores del Congreso. Familiares, presupuestos generosos y muy pocas explicaciones públicas
Hay nombrados 2258 para 329 diputados y senadores; advierten sobre la “desprofesionalización”; insólito error en la Cámara baja
Ignacio Grimaldi 
Una asesora, en plena tarea, asiste al diputado Cristian Ritondo en el recinto
El Congreso suele exponer, con gran notoriedad, todo su trabajo cada vez que una de las cámaras sesiona. Los debates se extienden durante largas horas y la prensa habla de “maratónicas sesiones”. En el último año, ocurrió 26 veces. Pero cuando esto no sucede, las luces se apagan y pocos saben cómo funcionan los engranajes que hacen mover esa maquinaria: los asesores.
El “personal a cargo” de los 72 senadores suma 1309 empleados. Esa es la terminología técnica que la Dirección de Recursos Humanos del Senado utiliza para referirse a lo que, popularmente, se conoce como asesores. El promedio arroja 18 por cada legislador de la Cámara alta, según los datos publicados en su sitio oficial.
En el caso de Diputados, la Cámara no publica cuántos asesores trabajan en ella. En consecuencia, la nacion presentó un pedido de acceso a la información pública, cuya respuesta desnudó algo incomprensible para la educación cívica y la lógica matemática. La Cámara baja está compuesta por 257 diputados, pero la Oficina de Transparencia de esta reporta que 268 “diputados” poseen despacho con asesores. Sobran 11 que no son diputados.
Incluso, el listado incorpora otras nueve personas que tampoco ejercen el cargo. Entre ellas, se destacan el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que dejó de ser diputado en 2019, o el actual senador Sergio Leavy, quien también abandonó Diputados el mismo año.
Pero más allá del excedente, el listado confeccionado por la Oficina de Transparencia de Diputados omitió incluir los datos correspondientes del presidente de la Cámara, Martín Menem (LLA), Bertie Benegas Lynch (LLA), Lilia Lemoine (LLA), Guillermo Montenegro (LLA), Alejandro Bongiovanni (Pro), Ernesto Alí (Unión por la Patria), Belén Avico (Pro), Jorge Ávila (Hacemos Coalición Federal), Beltrán Beneditt (LLA) y Alida Ferreyra (LLA).
Todos estos diputados comenzaron sus mandatos el 10 de diciembre de 2023. Sin embargo, los 120 restantes que entraron en funciones al mismo tiempo están bien consignados en la información brindada por la Oficina de Transparencia.
Luego de detectar estas incongruencias, la nacion contactó al mismo organismo reiteradas veces, a través de llamados y de correos electrónicos, pero nunca hubo una explicación.
Según el documento brindado por la Oficina de Transparencia, en Diputados hay una dotación de 949 asesores, formalmente llamados “personal ley 24.600, que regula a la planta del Congreso.
De esta manera, con los del Senado suman 2258. Ellos son los que responden directamente a los legisladores. La cifra no contempla a los trabajadores de áreas administrativas ni de ordenanzas del Parlamento, tales como la Biblioteca del Congreso.
“Creo que los diputados y senadores tienen que tener asesores. El problema es si hay gente que no va a trabajar o si es el tío o el primo, porque termina siendo una agencia de colocación”, sostuvo el director de la fundación Poder Ciudadano, Pablo Secchi, quien además remarcó la necesidad de saber qué hace el personal a cargo de los legisladores.
la nacion envió un correo electrónico a cada uno de los 72 senadores y 257 diputados, a las direcciones publicadas en el sitio oficial de cada Cámara, a la que cualquier ciudadano puede acceder. De esta manera, todos los legisladores tuvieron, en igualdad de condiciones y por vía institucional, la posibilidad de responder la pregunta que pedía explicar la función específica desarrollada por cada asesor y, en casos puntuales, confirmar si una persona con el mismo apellido era pariente.
El resultado de “la odisea de los 329 mails” no fue satisfactorio. Solo el 7% explicó específicamente qué hace cada uno de sus asesores, a qué se dedican y qué rol cumplen dentro del despacho legislativo. “Legalmente es el mail de ellos. Si no contestan es porque no lo ven o porque no quieren mostrar la basura debajo de la alfombra”, señaló Secchi.
Incluso, en los pedidos de acceso a la información pública presentados también se había solicitado detallar la función específica de cada asesor, pero en los dos casos, tanto en el Senado como en Diputados, la consigna no fue respondida.
Uno de los pocos que contestaron fue el senador Ricardo Zimmermann, de la Unión Cívica Radical. Dijo que “no se puede ser especialista en todo”, razón por la que, sostuvo, cuenta con un asesor por cada comisión en la que participa, que son 14. Posee 23 asesores a su cargo. Consultado sobre los 9 restantes, respondió que se dedican a “trámites administrativos y atención al público”.
A diferencia de los senadores, que en varios casos reportaron que se necesitarían más asesores, las respuestas en Diputados muestran lo contrario. En la Cámara baja, los diputados Pablo Carro, Marcela Pagano, Pamela Verasay, Manuel Quintar, Martín Yeza y Lisandro Nieri manifestaron que pueden cumplir su función adecuadamente con el personal a su cargo, que en número es bastante más chico que el promedio del Senado.
Por su parte, el diputado Pablo Juliano señaló que existe una “desprofesionalización del trabajo de asesoramiento legislativo” y lo vinculó a la existencia de “sueldos no competitivos con el sector privado”.
En el escalafón hay 14 categorías que determinan cuánto dinero perciben a fin de mes los asesores. La escala salarial básica de cada uno de ellos oscila entre $177.236,86 y $1.085.254,69, según cifras anteriores al aumento aprobado en el Senado. Esto arroja que la suma anual de los sueldos de todos los asesores alcanza al menos $32.649 millones, según la última actualización de haberes de noviembre del año pasado.
Esta cifra no contempla los adicionales por antigüedad. Para poner en contexto la dimensión del número, supera o se equipara a lo que el Estado destina en programas específicos de áreas sensibles como Salud, Asistencia Social y Transporte.
Por ejemplo, según muestra el portal gubernamental Presupuesto Abierto, Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes recibe $10.865 millones. Es decir, casi un tercio del gasto anual en asesores.
En Transporte, el ítem Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Repavimentación asciende a $22.805 millones, por debajo de los 32.000 millones de los asesores legislativos.
En Salud, el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica recibe un monto similar, aunque superior: $37.541 millones.
Los legisladores cuyos equipos más dinero demandan son Jesús Rejal, de Unión por la Patria ($323 millones al año), María Inés Pilatti de Vergara, de Unión por la Patria ($321 millones al año) e Ivana Arrascaeta de La Libertad Avanza ($279 millones al año).
En paralelo, los legisladores con las flotas de asesores más nutridas son Pilatti Vergara y María Carolina Moisés, con 38; y Jesús Rejal, con 35, todos del bloque de UP.
Según el reglamento de la Cámara de Diputados, “los bloques tendrán el personal de empleados que se les asigne en el presupuesto de la Cámara, cuyo nombramiento y remoción se hará a propuesta del mismo bloque”.
Una fuente de la administración del Senado le explicó a la nacion que en la Cámara alta cada legislador tiene 7330 “módulos” para gastar en asesores por mes. El “módulo” es una asignación de dinero, cuyo valor equivale a $1.284,32. Es decir, ningún senador debería exceder los $9.414.065,6 en la designación de personal transitorio a su cargo. Sin embargo, una decena lo incumple.
“No debería haber excesos pero no es fácil, si cortamos de cuajo, nos paran el Senado durante dos años”, señaló esta fuente de la administración de la Cámara alta.
Mientras que la actual gestión de La Libertad Avanza asegura que cambiará estas prácticas de “la casta”, resulta curiosa la composición de los incumplidores que, en el Senado, gastan en asesores más de lo permitido: Bruno Olivera Lucero (LLA), Maximiliano Abad (UCR), José Mayans
(Frente Nacional y Popular), Zimmermann (UCR), Pablo Blanco (UCR), Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular), Beatriz Ávila (Por la Justicia Social), Cristina López (Unidad Ciudadana), Carolina Moises (Unidad Ciudadana) y Mercedes Valenzuela (UCR). Olivera Lucero y Abad comenzaron en diciembre sus funciones. No tardaron demasiado tiempo en superar el gasto permitido por asesores.
Los despachos de los senadores están compuestos por el personal de planta permanente y transitorio, que es el designado especialmente por cada legislador y su estadía en el Congreso finaliza cuando tal legislador lo decida o deje el cargo, y el personal de planta permanente. Es común escuchar que los de planta permanente son empleados valiosos que hacen funcionar al Congreso, con conocimiento específico del Parlamento.
Familiares
Ninguno de los reglamentos de ambas cámaras prohíbe la designación de familiares. Tampoco existe una ley que lo impida. Esto parece beneficiar a algunos legisladores.
Los jefes de los bloques LLA y UP en el Senado, Ezequiel Atauche y José Mayans, comparten algo más que la jerarquía partidaria. Ambos poseen entre sus asesores a personas con su mismo apellido. En el caso del libertario, a Pedro Atauche, y en el del peronista, a Celina Yael Mayans. Ante las consultas de la nacion para conocer si la coincidencia corresponde a un vínculo familiar, ambos legisladores decidieron no contestar.
Según la información presente en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, los hijos de Pilatti, Zimmermann, Carlos Linares y Edgardo Kueider, del Frente de Todos, fueron designados en el Senado.
En el caso de la senadora peronista, su hijo, Facundo Cáceres, trabaja en su despacho. En el caso del radical, su hija, Carla Zimmermann, primero trabajó en su despacho y actualmente se desempeña en el equipo del senador Pablo Blanco. En el caso de Linares, su hijo, Nicolás Manuel, ostenta la tercera categoría más alta en la escala salarial del personal legislativo y trabaja en su equipo. En el caso de Kueider, su hijo fue contratado por su compañero de bloque, el correntino Espínola.
“¿Qué problema hay en que un senador designe a un familiar si el Presidente hizo lo mismo con su hermana?”, cuestionó el fueguino Blanco.
“Si es solo un familiar me parece bien, pero si son 20 ya no estoy de acuerdo”, dijo el senador Juan Carlos Pagotto, de LLA, sobre el nombramiento de parientes en el Estado. De hecho, designó a su hijo, Juan María, con el cargo más alto dentro de la grilla de sus asesores.
“Andá a Mercado Libre y preguntá si el gerente contrata a sus hijos porque son de su confianza. Las cosas no funcionan así. No es normal, es un problema ético”, comentó por su parte Secchi.
Además, del análisis de las declaraciones juradas se desprende que una de las asesoras del senador camporista Martín Doñate tiene el mismo apellido que su cónyuge. La empleada legislativa se llama Victoria Lopata. Pese a las reiteradas consultas, el senador decidió no responder si lo une un vínculo familiar con ella.
Algo similar ocurre con los senadores Daniel Bensusan y la asesora Paula Bensusan; y el senador Daniel Kroneberger, con la asesora Candela Báez Kroneberger, quien fue incorporada al Senado en 2021 por petición del legislador pampeano, según consta en documentos oficiales.
Un axioma popular dice “menos es más”. En el misterioso mundo de los asesores del Congreso, la frase parecería adaptarse como “menos controles, es más”.
Solamente el 7% de los legisladores explicó a qué se dedican sus asesores
El Congreso suele exponer, con gran notoriedad, todo su trabajo cada vez que una de las cámaras sesiona. Los debates se extienden durante largas horas y la prensa habla de “maratónicas sesiones”. En el último año, ocurrió 26 veces. Pero cuando esto no sucede, las luces se apagan y pocos saben cómo funcionan los engranajes que hacen mover esa maquinaria: los asesores.
El “personal a cargo” de los 72 senadores suma 1309 empleados. Esa es la terminología técnica que la Dirección de Recursos Humanos del Senado utiliza para referirse a lo que, popularmente, se conoce como asesores. El promedio arroja 18 por cada legislador de la Cámara alta, según los datos publicados en su sitio oficial.
En el caso de Diputados, la Cámara no publica cuántos asesores trabajan en ella. En consecuencia, la nacion presentó un pedido de acceso a la información pública, cuya respuesta desnudó algo incomprensible para la educación cívica y la lógica matemática. La Cámara baja está compuesta por 257 diputados, pero la Oficina de Transparencia de esta reporta que 268 “diputados” poseen despacho con asesores. Sobran 11 que no son diputados.
Incluso, el listado incorpora otras nueve personas que tampoco ejercen el cargo. Entre ellas, se destacan el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que dejó de ser diputado en 2019, o el actual senador Sergio Leavy, quien también abandonó Diputados el mismo año.
Pero más allá del excedente, el listado confeccionado por la Oficina de Transparencia de Diputados omitió incluir los datos correspondientes del presidente de la Cámara, Martín Menem (LLA), Bertie Benegas Lynch (LLA), Lilia Lemoine (LLA), Guillermo Montenegro (LLA), Alejandro Bongiovanni (Pro), Ernesto Alí (Unión por la Patria), Belén Avico (Pro), Jorge Ávila (Hacemos Coalición Federal), Beltrán Beneditt (LLA) y Alida Ferreyra (LLA).
Todos estos diputados comenzaron sus mandatos el 10 de diciembre de 2023. Sin embargo, los 120 restantes que entraron en funciones al mismo tiempo están bien consignados en la información brindada por la Oficina de Transparencia.
Luego de detectar estas incongruencias, la nacion contactó al mismo organismo reiteradas veces, a través de llamados y de correos electrónicos, pero nunca hubo una explicación.
Según el documento brindado por la Oficina de Transparencia, en Diputados hay una dotación de 949 asesores, formalmente llamados “personal ley 24.600, que regula a la planta del Congreso.
De esta manera, con los del Senado suman 2258. Ellos son los que responden directamente a los legisladores. La cifra no contempla a los trabajadores de áreas administrativas ni de ordenanzas del Parlamento, tales como la Biblioteca del Congreso.
“Creo que los diputados y senadores tienen que tener asesores. El problema es si hay gente que no va a trabajar o si es el tío o el primo, porque termina siendo una agencia de colocación”, sostuvo el director de la fundación Poder Ciudadano, Pablo Secchi, quien además remarcó la necesidad de saber qué hace el personal a cargo de los legisladores.
la nacion envió un correo electrónico a cada uno de los 72 senadores y 257 diputados, a las direcciones publicadas en el sitio oficial de cada Cámara, a la que cualquier ciudadano puede acceder. De esta manera, todos los legisladores tuvieron, en igualdad de condiciones y por vía institucional, la posibilidad de responder la pregunta que pedía explicar la función específica desarrollada por cada asesor y, en casos puntuales, confirmar si una persona con el mismo apellido era pariente.
El resultado de “la odisea de los 329 mails” no fue satisfactorio. Solo el 7% explicó específicamente qué hace cada uno de sus asesores, a qué se dedican y qué rol cumplen dentro del despacho legislativo. “Legalmente es el mail de ellos. Si no contestan es porque no lo ven o porque no quieren mostrar la basura debajo de la alfombra”, señaló Secchi.
Incluso, en los pedidos de acceso a la información pública presentados también se había solicitado detallar la función específica de cada asesor, pero en los dos casos, tanto en el Senado como en Diputados, la consigna no fue respondida.
Uno de los pocos que contestaron fue el senador Ricardo Zimmermann, de la Unión Cívica Radical. Dijo que “no se puede ser especialista en todo”, razón por la que, sostuvo, cuenta con un asesor por cada comisión en la que participa, que son 14. Posee 23 asesores a su cargo. Consultado sobre los 9 restantes, respondió que se dedican a “trámites administrativos y atención al público”.
A diferencia de los senadores, que en varios casos reportaron que se necesitarían más asesores, las respuestas en Diputados muestran lo contrario. En la Cámara baja, los diputados Pablo Carro, Marcela Pagano, Pamela Verasay, Manuel Quintar, Martín Yeza y Lisandro Nieri manifestaron que pueden cumplir su función adecuadamente con el personal a su cargo, que en número es bastante más chico que el promedio del Senado.
Por su parte, el diputado Pablo Juliano señaló que existe una “desprofesionalización del trabajo de asesoramiento legislativo” y lo vinculó a la existencia de “sueldos no competitivos con el sector privado”.
En el escalafón hay 14 categorías que determinan cuánto dinero perciben a fin de mes los asesores. La escala salarial básica de cada uno de ellos oscila entre $177.236,86 y $1.085.254,69, según cifras anteriores al aumento aprobado en el Senado. Esto arroja que la suma anual de los sueldos de todos los asesores alcanza al menos $32.649 millones, según la última actualización de haberes de noviembre del año pasado.
Esta cifra no contempla los adicionales por antigüedad. Para poner en contexto la dimensión del número, supera o se equipara a lo que el Estado destina en programas específicos de áreas sensibles como Salud, Asistencia Social y Transporte.
Por ejemplo, según muestra el portal gubernamental Presupuesto Abierto, Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes recibe $10.865 millones. Es decir, casi un tercio del gasto anual en asesores.
En Transporte, el ítem Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Repavimentación asciende a $22.805 millones, por debajo de los 32.000 millones de los asesores legislativos.
En Salud, el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica recibe un monto similar, aunque superior: $37.541 millones.
Los legisladores cuyos equipos más dinero demandan son Jesús Rejal, de Unión por la Patria ($323 millones al año), María Inés Pilatti de Vergara, de Unión por la Patria ($321 millones al año) e Ivana Arrascaeta de La Libertad Avanza ($279 millones al año).
En paralelo, los legisladores con las flotas de asesores más nutridas son Pilatti Vergara y María Carolina Moisés, con 38; y Jesús Rejal, con 35, todos del bloque de UP.
Según el reglamento de la Cámara de Diputados, “los bloques tendrán el personal de empleados que se les asigne en el presupuesto de la Cámara, cuyo nombramiento y remoción se hará a propuesta del mismo bloque”.
Una fuente de la administración del Senado le explicó a la nacion que en la Cámara alta cada legislador tiene 7330 “módulos” para gastar en asesores por mes. El “módulo” es una asignación de dinero, cuyo valor equivale a $1.284,32. Es decir, ningún senador debería exceder los $9.414.065,6 en la designación de personal transitorio a su cargo. Sin embargo, una decena lo incumple.
“No debería haber excesos pero no es fácil, si cortamos de cuajo, nos paran el Senado durante dos años”, señaló esta fuente de la administración de la Cámara alta.
Mientras que la actual gestión de La Libertad Avanza asegura que cambiará estas prácticas de “la casta”, resulta curiosa la composición de los incumplidores que, en el Senado, gastan en asesores más de lo permitido: Bruno Olivera Lucero (LLA), Maximiliano Abad (UCR), José Mayans
(Frente Nacional y Popular), Zimmermann (UCR), Pablo Blanco (UCR), Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular), Beatriz Ávila (Por la Justicia Social), Cristina López (Unidad Ciudadana), Carolina Moises (Unidad Ciudadana) y Mercedes Valenzuela (UCR). Olivera Lucero y Abad comenzaron en diciembre sus funciones. No tardaron demasiado tiempo en superar el gasto permitido por asesores.
Los despachos de los senadores están compuestos por el personal de planta permanente y transitorio, que es el designado especialmente por cada legislador y su estadía en el Congreso finaliza cuando tal legislador lo decida o deje el cargo, y el personal de planta permanente. Es común escuchar que los de planta permanente son empleados valiosos que hacen funcionar al Congreso, con conocimiento específico del Parlamento.
Familiares
Ninguno de los reglamentos de ambas cámaras prohíbe la designación de familiares. Tampoco existe una ley que lo impida. Esto parece beneficiar a algunos legisladores.
Los jefes de los bloques LLA y UP en el Senado, Ezequiel Atauche y José Mayans, comparten algo más que la jerarquía partidaria. Ambos poseen entre sus asesores a personas con su mismo apellido. En el caso del libertario, a Pedro Atauche, y en el del peronista, a Celina Yael Mayans. Ante las consultas de la nacion para conocer si la coincidencia corresponde a un vínculo familiar, ambos legisladores decidieron no contestar.
Según la información presente en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, los hijos de Pilatti, Zimmermann, Carlos Linares y Edgardo Kueider, del Frente de Todos, fueron designados en el Senado.
En el caso de la senadora peronista, su hijo, Facundo Cáceres, trabaja en su despacho. En el caso del radical, su hija, Carla Zimmermann, primero trabajó en su despacho y actualmente se desempeña en el equipo del senador Pablo Blanco. En el caso de Linares, su hijo, Nicolás Manuel, ostenta la tercera categoría más alta en la escala salarial del personal legislativo y trabaja en su equipo. En el caso de Kueider, su hijo fue contratado por su compañero de bloque, el correntino Espínola.
“¿Qué problema hay en que un senador designe a un familiar si el Presidente hizo lo mismo con su hermana?”, cuestionó el fueguino Blanco.
“Si es solo un familiar me parece bien, pero si son 20 ya no estoy de acuerdo”, dijo el senador Juan Carlos Pagotto, de LLA, sobre el nombramiento de parientes en el Estado. De hecho, designó a su hijo, Juan María, con el cargo más alto dentro de la grilla de sus asesores.
“Andá a Mercado Libre y preguntá si el gerente contrata a sus hijos porque son de su confianza. Las cosas no funcionan así. No es normal, es un problema ético”, comentó por su parte Secchi.
Además, del análisis de las declaraciones juradas se desprende que una de las asesoras del senador camporista Martín Doñate tiene el mismo apellido que su cónyuge. La empleada legislativa se llama Victoria Lopata. Pese a las reiteradas consultas, el senador decidió no responder si lo une un vínculo familiar con ella.
Algo similar ocurre con los senadores Daniel Bensusan y la asesora Paula Bensusan; y el senador Daniel Kroneberger, con la asesora Candela Báez Kroneberger, quien fue incorporada al Senado en 2021 por petición del legislador pampeano, según consta en documentos oficiales.
Un axioma popular dice “menos es más”. En el misterioso mundo de los asesores del Congreso, la frase parecería adaptarse como “menos controles, es más”.
Solamente el 7% de los legisladores explicó a qué se dedican sus asesores
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Apuran la negociación por el paquete fiscal y la nueva “Ley de bases”
El oficialismo intenta acercar posiciones con los bloques dialoguistas sobre los puntos conflictivos; el impuesto a las ganancias, la reforma laboral y el gravamen al tabaco, en la mira
Laura Serra
Espert encabezó la primera reunión de comisión en la que se trató el pacto fiscal
Esta vez no hay margen para una nueva derrota legislativa. Con esa consigna, el Gobierno y los bloques opositores dialoguistas de la Cámara de Diputados mantienen ingentes negociaciones para acercar posturas en torno a los puntos todavía no acordados de la llamada “Ley de bases” y el paquete de reformas fiscales. El objetivo del oficialismo es lograr la media sanción de ambos proyectos en la madrugada del 1° del mes próximo y que el Senado los apruebe en las siguientes tres semanas, raid que finalizaría con la firma del Pacto de Mayo entre el presidente Javier Milei y los gobernadores.
En la oposición dialoguista como también entre los gobernadores hay predisposición a aprobarle ambos proyectos al Gobierno, las dos primeras leyes de su gestión. Las negociaciones se intensificaron en las últimas horas y se prolongarán a lo largo de esta semana con vistas a los plenarios de comisiones ya convocados para zurcir los dictámenes respectivos. Sin embargo, todavía hay aspectos medulares sin resolver, entre ellos la reforma laboral. Una demanda del radicalismo –bloque clave para alcanzar la mayoría en ambos recintos– que despertó el rechazo de la CGT y genera posturas encontradas entre los dialoguistas.
“Todos queremos que las leyes salgan; el interrogante es cómo van a salir y si Milei no va a tirar todo por la borda como hizo en la primera discusión de la ‘Ley de bases’”, se sincera un encumbrado diputado opositor.
En las últimas horas, los negociadores de los bloques dialoguistas –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– le acercaron al Gobierno sus planteos. “Hay aspectos que ellos recibieron positivamente, pero esperamos a ver la redacción final del texto y si esos cambios han sido incorporados”, anticipó, cauto, un negociador clave de la bancada radical.
Uno de los puntos más conflictivos del paquete fiscal se refiere a la actualización por el índice de inflación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y de los montos de facturación del monotributo. El oficialismo insiste en que dicha actualización sea anual; los opositores creen que debería ser trimestral para evitar que, por el efecto inflacionario, un mayor número de contribuyentes se vean afectados.
Otro aspecto, también referido al impuesto a las ganancias, tiene que ver con los pisos mínimos no imponibles, de $1,8 millones para los trabajadores solteros y de $2,2 millones para los casados con dos hijos. Los patagónicos reclaman algún tipo de alivio para los trabajadores de la región, donde el costo de vida –y, por ende, los salarios– es más alto que el promedio del resto del país.
Los opositores insistirán en reincorporar en el paquete de reformas fiscales los artículos que disponían gravar con la misma carga tributaria a las empresas tabacaleras. Este capítulo estaba incluido en la versión original del paquete fiscal: allí se fijaba un aumento en los impuestos internos al tabaco del 70% al 73% y se suprimía el gravamen mínimo a los cigarrillos. Pero el Gobierno decidió excluir este capítulo, lo que alimentó suspicacias sobre supuestos lobbies de empresarios tabacaleros.
Reforma laboral, en discusión
La reforma laboral que propone el radicalismo –que fue extraída del DNU 70 del Poder Ejecutivo tras haber sido suspendido por la Justicia– también genera diferencias. Si bien todos los bloques coinciden en que debería discutirse en simultáneo a la “Ley de bases” y el paquete de reformas fiscales, no coinciden en su contenido. El punto de mayor conflicto es el que propone eliminar y prohibir las contribuciones y aportes emanados de los convenios colectivos de trabajo. La CGT lo rechaza de plano porque atenta de lleno contra el financiamiento de los gremios. El bloque de Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto, se suma al rechazo cegetista, mientras que Pro mira para un costado.
El Gobierno, que inició un acercamiento con la CGT en los últimos días, no se atreve a ir a fondo como propone la UCR. Sin embargo, el jefe de la bancada radical, Rodrigo de Loredo, fue taxativo. “Nosotros sí vamos a ir a fondo contra la casta sindical. Si eliminan este punto en el dictamen, insistiremos en el recinto y después que cada uno vote y deje sentada su posición”, desafía.
En el bloque que conduce Pichetto proponen que la discusión sobre la reforma laboral se ciña a tres puntos: la extensión del período de prueba (el radicalismo propone seis meses, pero el resto de los bloques la estiran a ocho); la creación de un régimen de cese laboral optativo por convenio colectivo para reemplazar indemnizaciones, y las multas a empleadores por trabajo no registrado. Sobre este último punto el radicalismo propone reducirlas, mientras que el Gobierno y el bloque de Pro insisten en eliminarlas.
“La eliminación de las multas no hará otra cosa que impulsar el trabajo en negro”, advierten los radicales.
La versión acotada de la “Ley de bases” también genera chisporroteos. El destino de los recursos que fondean los fondos fiduciarios, en caso de que estos sean eliminados por decisión del Poder Ejecutivo, es uno de los puntos más discutidos, así como las amplias facultades que, en materia de desregulación de la economía del sector privado, pretende arrogarse el Gobierno
Esta vez no hay margen para una nueva derrota legislativa. Con esa consigna, el Gobierno y los bloques opositores dialoguistas de la Cámara de Diputados mantienen ingentes negociaciones para acercar posturas en torno a los puntos todavía no acordados de la llamada “Ley de bases” y el paquete de reformas fiscales. El objetivo del oficialismo es lograr la media sanción de ambos proyectos en la madrugada del 1° del mes próximo y que el Senado los apruebe en las siguientes tres semanas, raid que finalizaría con la firma del Pacto de Mayo entre el presidente Javier Milei y los gobernadores.
En la oposición dialoguista como también entre los gobernadores hay predisposición a aprobarle ambos proyectos al Gobierno, las dos primeras leyes de su gestión. Las negociaciones se intensificaron en las últimas horas y se prolongarán a lo largo de esta semana con vistas a los plenarios de comisiones ya convocados para zurcir los dictámenes respectivos. Sin embargo, todavía hay aspectos medulares sin resolver, entre ellos la reforma laboral. Una demanda del radicalismo –bloque clave para alcanzar la mayoría en ambos recintos– que despertó el rechazo de la CGT y genera posturas encontradas entre los dialoguistas.
“Todos queremos que las leyes salgan; el interrogante es cómo van a salir y si Milei no va a tirar todo por la borda como hizo en la primera discusión de la ‘Ley de bases’”, se sincera un encumbrado diputado opositor.
En las últimas horas, los negociadores de los bloques dialoguistas –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– le acercaron al Gobierno sus planteos. “Hay aspectos que ellos recibieron positivamente, pero esperamos a ver la redacción final del texto y si esos cambios han sido incorporados”, anticipó, cauto, un negociador clave de la bancada radical.
Uno de los puntos más conflictivos del paquete fiscal se refiere a la actualización por el índice de inflación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y de los montos de facturación del monotributo. El oficialismo insiste en que dicha actualización sea anual; los opositores creen que debería ser trimestral para evitar que, por el efecto inflacionario, un mayor número de contribuyentes se vean afectados.
Otro aspecto, también referido al impuesto a las ganancias, tiene que ver con los pisos mínimos no imponibles, de $1,8 millones para los trabajadores solteros y de $2,2 millones para los casados con dos hijos. Los patagónicos reclaman algún tipo de alivio para los trabajadores de la región, donde el costo de vida –y, por ende, los salarios– es más alto que el promedio del resto del país.
Los opositores insistirán en reincorporar en el paquete de reformas fiscales los artículos que disponían gravar con la misma carga tributaria a las empresas tabacaleras. Este capítulo estaba incluido en la versión original del paquete fiscal: allí se fijaba un aumento en los impuestos internos al tabaco del 70% al 73% y se suprimía el gravamen mínimo a los cigarrillos. Pero el Gobierno decidió excluir este capítulo, lo que alimentó suspicacias sobre supuestos lobbies de empresarios tabacaleros.
Reforma laboral, en discusión
La reforma laboral que propone el radicalismo –que fue extraída del DNU 70 del Poder Ejecutivo tras haber sido suspendido por la Justicia– también genera diferencias. Si bien todos los bloques coinciden en que debería discutirse en simultáneo a la “Ley de bases” y el paquete de reformas fiscales, no coinciden en su contenido. El punto de mayor conflicto es el que propone eliminar y prohibir las contribuciones y aportes emanados de los convenios colectivos de trabajo. La CGT lo rechaza de plano porque atenta de lleno contra el financiamiento de los gremios. El bloque de Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto, se suma al rechazo cegetista, mientras que Pro mira para un costado.
El Gobierno, que inició un acercamiento con la CGT en los últimos días, no se atreve a ir a fondo como propone la UCR. Sin embargo, el jefe de la bancada radical, Rodrigo de Loredo, fue taxativo. “Nosotros sí vamos a ir a fondo contra la casta sindical. Si eliminan este punto en el dictamen, insistiremos en el recinto y después que cada uno vote y deje sentada su posición”, desafía.
En el bloque que conduce Pichetto proponen que la discusión sobre la reforma laboral se ciña a tres puntos: la extensión del período de prueba (el radicalismo propone seis meses, pero el resto de los bloques la estiran a ocho); la creación de un régimen de cese laboral optativo por convenio colectivo para reemplazar indemnizaciones, y las multas a empleadores por trabajo no registrado. Sobre este último punto el radicalismo propone reducirlas, mientras que el Gobierno y el bloque de Pro insisten en eliminarlas.
“La eliminación de las multas no hará otra cosa que impulsar el trabajo en negro”, advierten los radicales.
La versión acotada de la “Ley de bases” también genera chisporroteos. El destino de los recursos que fondean los fondos fiduciarios, en caso de que estos sean eliminados por decisión del Poder Ejecutivo, es uno de los puntos más discutidos, así como las amplias facultades que, en materia de desregulación de la economía del sector privado, pretende arrogarse el Gobierno
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